Carmelo Ruiz Marrero
Semanario CLARIDAD
Puerto Rico, 20 de
diciembre 2002
El Area de Libre Comercio de las Américas
(ALCA) que propone Estados Unidos y el gran capital
pretende extender el Tratado de Libre Comercio de
Norteamérica (TLC)- que abarca Canadá, Estados Unidos y México- a toda América Latina. En Puerto Rico se ha discutido muy poco el ALCA, y el poco debate que ha habido sobre éste está basado mayormente en filosofía, teorías y especulación. Pero para ver qué nos depara el ALCA sólo hay que ver el efecto que ha tenido el TLC desde que entró en efecto en enero de 1994.
¿Se benefició
Estados Unidos?
¿Qué pasó con los
salarios de la clase trabajadora de Estados Unidos?
Sus salarios reales bajaron, tan drásticamente que en
1994 se registró la baja de salarios más rápida en
toda la historia de Estados Unidos. Un estudio de la Universidad de Cornell concluyó que con el TLC
los patronos están más dispuestos a amenazar a sus
empleados con mudar sus operaciones a México si se
organizan para defender sus derechos.
¿Y los 200 mil
empleos nuevos que prometieron? En 1997 les informamos
en estas páginas que los datos del propio Departamento
del Trabajo federal demuestran que para entonces se
habían perdido 126 mil empleos en 48 estados como
resultado directo del Tratado. Según la organización
Global Trade Watch, la
cifra real de desempleados en Estados Unidos por causa
directa del TLC se aproxima a los 500 mil.
Los proponentes
del TLC habían prometido que el superávit comercial de
Estados Unidos con México subiría de mil millones de
dólares a $9 mil millones para 1995. Ocurrió todo lo
contrario. En los tres años tras la implementación del
Tratado el superávit se convirtió en un déficit de
$18,300 millones.
¿Se benefició
México?
El poder
adquisitivo del trabajador mexicano bajó 45% en los
primeros tres años del Tratado, por lo menos 28 mil
negocios pequeños y medianos cerraron, y la deuda externa
del país, lejos de reducirse, pasó de los $30 mil
millones.
Para 1997 dos
millones de personas se sumaron a las filas de
desempleados en México, y un estudio de la Universidad Nacional Autónoma
determinó que la proporción de ciudadanos
extremadamente pobres subió de 31% a 50%. Entre 1993 y
1996 la cantidad de residentes de México empleados por
corporaciones estadounidenses aumentó en un 48%, pero
como reportamos en 2000, en ese período los salarios
que daban esos patronos bajaron de $1.80 a $1.21.
¿Quiénes
salieron ganando, entonces?
·
Lawrence
Bossidy, jefe de Allied Signal, dijo a CNN que el TLC no
iba a costar empleos en Estados Unidos. Sin
embargo, en los primeros cuatro años del Tratado Allied
Signal despidió a 1,125 empleados en Estados Unidos
en el curso de la mudanza de sus facilidades a México.
En 1996 las
ganancias de Allied Signal
subieron 16.6% y en ese año el señor Bossidy recibió un salario y compensaciones
valorados en $12 millones, suma que excede el salario
combinado que recibieron ese año los 3,800 trabajadores mexicanos de la
compañía.
·
Los
ejecutivos de General Electric (GE) afirmaron que el TLC crearía diez mil empleos en la compañía y sus suplidores. Si se crearon tales empleos, ciertamente no fue en Estados Unidos porque GE mudó 2,254
empleos a México en los primeros años del Tratado. En 1996 las ganancias de la
compañía subieron 11% y su jefe, Jack Welch, se hizo de $26 millones en salarios
y beneficios.
Los proponentes
del Tratado aseguraban además que las fábricas de
Estados Unidos no se mudarían a México para aprovechar
sus laxas leyes ambientales.
Pero eso es precisamente
lo que pasó. Un buen ejemplo es GTE, hoy Verizon. A mediados de los años 80 varios trabajadores de una fábrica de GTE en Nuevo México demandaron a la compañía debido a que contrajeron varios tipos de cáncer por exposición a los solventes con que tenían que trabajar. Tras resolver la demanda GTE
mudó la mayor parte de sus operaciones contaminantes a
la ciudad mexicana de Juárez. Otro ejemplo es el de la
compañía maderera Boise Cascade,
que en 1995 mudó varios de sus aserrados al estado mexicano de Guerrero.
Un equipo de
científicos de la organización National Toxics Campaign identificó
numerosas violaciones de leyes ambientales mexicanas y
estadounidenses en las maquiladoras cerca de la
frontera de México con Estados Unidos y observó que botan sus desperdicios tóxicos en ríos cercanos donde juegan niños, hombres pescan y reses beben. Los científicos creían haberlo visto todo hasta que llegaron a Matamoros, donde encontraron las condiciones más repugnantes que habían visto en sus vidas. ¡Y eso fue antes del TLC! La contaminación de las maquiladoras se ha puesto peor desde entonces.
La
contaminación no respeta fronteras nacionales. Los casos
de hepatitis en pueblos fronterizos texanos como Eagle Pass son el doble del promedio
estatal, y el parque nacional Big
Bend, que colinda con México, a menudo
está envuelto en una bruma proveniente de una planta
de carbón en México que le da electricidad a las
maquiladoras.
Varios grupos
ambientalistas, como Environmental Defense y Audubon Society apoyaron el TLC porque contenía
un acuerdo ambiental (environmental side agreement)
que supuestamente resolvería cualquier problema de
contaminación. Se estableció una Comisión de
Cooperación Ambiental con sede en Montreal para velar
por el cumplimiento del acuerdo ambiental, y un banco,
llamado NADBank, para financiar proyectos ambientales.
Pero la famosa
Comisión no tiene autoridad para inspeccionar fábricas
ni lugares tóxicos. No puede dar multas de más de $20
millones, irrespectivamente de los
daños ambientales causados por caso. Sólo los tres gobiernos
firmantes del TLC pueden radicar querellas a la
Comisión- los grupos ambientalistas no- y las multas
las pagan los gobiernos, no las compañías contaminadoras.
El NADBank, por su parte, otorga préstamos
pero no en base a la necesidad sino en base a la
capacidad que tengan los solicitantes de pagarlo.
Canadá también
ha sufrido daños ambientales por causa del TLC. En ese
país se prohibía la gasolina que contuviera el aditivo
tóxico MMT. La firma estadounidense Ethyl, fabricante del aditivo, demandó a
Canadá, alegando que la prohibición viola el Tratado. El gobierno canadiense
perdió el caso y se vio forzado a pagarle a la
compañía una compensación de $13 millones, a legalizar
el uso del MMT y a emitir un comunicado en el que dice
que el aditivo “no presenta riesgo a la salud”.
· Ruiz Marrero es catedrático (Research Associate) del Instituto de Ecología Social y becado (Fellow) de la Society of Environmental Journalists y el Environmental Leadership Program.
Hate-mail: cornershag@yahoo.com