Victor Alonso (Sep/99)  
 
ABDULÁ OCALÁN, dirigente del Partido de Trabajadores del Kurdistán (PKK), como era de esperar, ha sido sentenciado a muerte por el tribunal militar turco que le ha juzgado. El juicio farsa contra el líder kurdo ha estado sembrado de irregularidades. 

En varias ocasiones, sus abogados fueron golpeados y retenidos por la policía política, impidiéndoles su trabajo. Como parte de la parodia, Ocalán fue instalado en una “jaula” dentro de la sala de sesiones desde la que no podía escuchar a sus abogados. Los tres jueces rechazaron todos los testimonios presentados por la defensa. Entre múltiples aberraciones, se lo obligó a hablar en el idioma oficial (y no en kurdish, la lengua kurda) y a declararse “arrepentido” ante el “drama de las víctimas del terrorismo kurdo". 

Las autoridades turcas quisieron presentar a Ocalán como un “payaso” para desmitificarlo como héroe nacional kurdo. Y también para desprestigiarlo ante la opinión pública europea. A pesar del intento valdío de las autoridades por presentar un juicio “justo”, se ha tratado de una auténtica parodia judicial, asentada sobre el ilegal rapto de Ocalán en Kenia. 

Si bien Ocalán fue condenado a morir en la horca, queda por delante un largo proceso judicial y político, ya que el parlamento debe aprobar una sentencia de difícil aplicación. Las organizaciones kurdas han anunciado que, de llevarse a cabo la ejecución, comenzará una guerra de consecuencias catastróficas para Turquía. 

La Unión Europea, preocupada por las consecuencias que tendría la ejecución -sólo en Alemania hay un medio millón de kurdos-, pidió de inmediato su suspensión. Hay un creciente sector del establishment turco que prefiere mantener vivo a Ocalán para obtener concesiones del PKK. Esta vía parece imponerse. De hecho, las guerrillas del PKK han anunciado su retirada de Turquía y un alto el fuego unilateral, al mimo tiempo que han suavizado sus demandas: autonomía, en vez de independencia. 

No obstante, no se puede bajar la guardia. Nada bueno se puede esperar de Turquía, que ha perpetrado un verdadero genocidio contra los kurdos, y donde el aplastamiento de la causa kurda es una "razón de estado". Es un deber revolucionario redoblar los esfuerzos para lograr la anulación de la sentencia y la libertad incondicional de Ocalán.