La Constitución de 1978 y los estatutos de "autonomía" que en ella se enmarcan dividen a Castilla en varias comunidades "autonómicas", relegándolas a entidades de tercera categoría.

Los Estatutos de "autonomía" que se desarrollaron a partir de la Constitución de 1978 se pueden dividir en tres clases:

-Los del artículo 151, que tienen el mayor nivel competencial y fueron aplicados a aquellos pueblos del Estado español que vieron reconocido su carácter de nacionalidad histórica: Cataluña, Euskadi, Galiza, y posteriormente Andalucía, fruto de la presión popular.

-Los del artículo 143, que se aplicaron en aquellos pueblos que aún no viendo reconocido su carácter de nacionalidad histórica, se les aplicaba un nivel competencial equiparable a los del 151, casos de Canarias, País Valencino y Navarra.

-Los del artículo 143 con el nivel competencial más bajo, que es la situación en la que nos encontramos los castellan@s.

En Castilla, l@s ciudadan@s no tuvimos la oportunidad legal de dar nuestra conformidad o rechazo al proceso autonómico que nos adjudicaron, porque a diferencia de lo que ocurrió con los pueblos que accedieron a la "autonomía" por la vía del artículo 151, que expresaron en referéndum su acuerdo o desacuerdo; aquí no hubo ningún tipo de consulta popular.

El que las cosas hayan ocurrido así nos parece una gravísima discriminación hacia Castilla y supone una total falta de legitimidad democrática para el proceso autonómico.

CASTILLA tiene todos los derechos para ser reconocida como nacionalidad, en pie de igualdad con otros pueblos del Estado español, pero el que esta marginación se haya dado y se siga dando no debemos achacarlo exclusivamente a la existencia de un poder centralista, especialmente nocivo para esta tierra, hay que achacarlo también a la hegemonía de una clase política de vocación sucursalista y parasitaria que NO tiene la gran ambición de hacer país, sino que está poseída por las mezquinas ambiciones de mechar a su costa.

Hay que achacarlo también a la existencia de una sociedad civil que ha permitido que esa casta política creciera y se afianzara. En la base de esta pasividad social está la débil presencia de la conciencia castellanista.

CASTILLA sufre una marginación secular que la ha configurado como una colonia interior del Estado español.

El desarrollo económico de los años 60 y primeros de los 70, consolidó una dinámica que se había iniciado en el siglo XIX de relaciones de intercambio desigual entra la economía castellana y el conjunto de la economía española e internacional.

Las organizaciones y personas que impulsamos la campaña por el reconocimiento de Castilla como Nacionalidad Histórica consideramos que es hora ya de que la sociedad civil castellana exija, exijamos, un trato de igualdad, de dignidad, política, social y económica para nuestra tierra y , paralelamente a ello, contribuyamos con nuestro esfuerzo a levantarla.