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Este documento, elaborado por la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires (UTPBA) y los trabajadores de prensa de ATC, fue aprobado por el plenario de organizaciones culturales, gremiales, estudiantiles, sociales y políticas que se constituyeron en la Comisión Nacional de Defensa de ATC.

Como parte de la última etapa de la liquidación definitiva del Estado, el gobierno acaba de anunciar, en boca del presidente Carlos Menem, la privatización de Argentina Televisora Color (ATC) S.A., un objetivo del Poder Ejecutivo largamente postergado.

La demora en dar cumplimiento a esta decisión no formó parte de ningún nivel de ineficacia operativa o política de quienes debían ejecutarla -desde el presidente para abajo-, sino que tuvo que ver, fundamentalmente, con el rechazo generalizado a esa medida por parte de los trabajadores del canal junto a distintos sectores sociales, actitud esta que se ha mostrado manifiestamente firme en todos los planos: judicial, gremial y político.

Los trabajadores de ATC (principales denunciantes de las maniobras de vaciamiento de ATC; de la corrupción en cada una de las administraciones; de la política tendiente a la destrucción del único canal estatal de alcance nacional; de una programación penosa y cubierta de negocios colaterales, empezando por el insulto que significan ciertos contratos de quienes eran designados esgrimiendo como principal antecedente su estrecha amistad con el gobierno), marcaron con su lucha el punto clave de una historia que tuvo su punto de inflexión cuando a fines de diciembre de 1995 se conoció el decreto del Poder Ejecutivo facultando al COMFER para que llame a privatizar la Frecuencia 7, situación a la que se sumó el casi inmediato pedido de Concurso Preventivo realizado ante la Justicia por la intervención del canal. Se puede afirmar que desde allí arrancó la etapa más compleja de los últimos años.

Ante el Juzgado en lo Comercial Nro. 26 de la doctora Elsa María Uzal -donde estaba radicado el Concurso- aparecieron parte de los números que llevaron a ATC a su situación de empresa prácticamente quebrada. También de allí surgen los responsables de desmantelar y arrasar con un patrimonio de todos. Por aquellos días, la convicción de los trabajadores y la acción de sectores sociales, políticos, culturales, gremiales y legisladores impidió que un insostenible Procedimiento Preventivo de Crisis presentado por la intervención de ATC ante el Ministerio de Trabajo terminara con centenares de trabajadores en la calle; que se cumpliera con el decreto que habilitaba la privatización de la frecuencia 7, a partir de una presentación de la UTPBA ante la justicia que determinó una medida de no innovar dispuesta por la jueza. Asimismo, en esos días fueron reincorporados 11 trabajadores de prensa despedidos por participar de una movilización. Finalmente, la lucha evitó que los trabajadores tuvieran que suscribir un Convenio Colectivo denigrante.

En medio de esta ofensiva gubernamental, convengamos que con escasos resultados, todos los preocupados por el futuro de ATC hicimos pública una declaración en la que nos pronunciamos -igual que hoy- por resolver en otros términos (a favor de la sociedad y de los trabajadores) el conflicto planteado en torno del presente y futuro del canal.

A dos años de ese momento, el compromiso requiere ser profundizado en la misma medida en que se ha profundizado en las últimas semanas la iniciativa oficial por la privatización, sobre la que pesa, además, la sospecha de estar absolutamente amañada.

Luego del anuncio de privatización hecho por el presidente Menem -15 días después de haber declarado lo contrario y en forma coincidente con lo informado acerca de la licitación de otras dos frecuencias, en Córdoba y Rosario- el gobierno dio a conocer un nuevo decreto por el cual el edificio de ATC S.A. (especialmente diseñado para ser un canal de televisión) pasaba a ser ocupado por la Secretaria de Cultura, y de la mano de esta arribaba al lugar la Secretaria de Medio Ambiente, María Julia Alsogaray; además de que el gobierno no está en condiciones de decidir por ese espacio físico que le corresponde a ATC, en ningún párrafo del decreto se especifica qué va a pasar con el personal, cuál va a ser su lugar y que sucederá, en definitiva, con el canal. Es decir: se trata de un indisimulado paso previo para los despidos masivos hasta llegar al cierre de la emisora, teniendo en cuenta que el destino de la frecuencia 4 para el canal del estado -como se viene pretendiendo desde hace tiempo- significa la nada.

Como quedó dicho, existen obstáculos legales para concretar tanto la privatización de la Frecuencia -la Ley de reforma del Estado lo impide expresamente; ATC está en Concurso, por lo tanto tampoco lo pueden hacer, y, finalmente, está vigente la medida de no innovar respecto de la frecuencia, que en su momento solicitó la UTPBA- como para ocupar el edificio, pero el principal obstáculo oficial radica en la decisión de los trabajadores de oponerse a la privatización, de defender todos y cada uno de los puestos de trabajo, de rechazar el anunciado "traslado" del personal, de seguir sosteniendo la lucha por el mantenimiento de la frecuencia 7 y de reclamar, junto al resto de la sociedad, un ATC público, no gubernamental, con control parlamentario, pluralista, entendiendo que no se trata de una lucha corporativa que sólo involucra y preocupa al personal de ATC: se trata de un patrimonio cultural, social y comunicacional de todos, que debe preservarse en defensa del interés común, en el convencimiento de que en la era de las telecomunicaciones, y su imparable desarrollo en un mundo globalizado, el Estado no puede perder su instrumento de comunicación de alcance nacional más poderoso.

Asimismo: Nos comprometemos a continuar con la campaña nacional en defensa de un ATC para todos.

Además, denunciaremos ante la OIT, la UIT y todos los organismos internacionales correspondientes la situación presentada respecto de la continuidad de ATC.

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