La guerrilla es siempre un
fenómeno social. Es una parte destacada y álgida de ciertos procesos regionales
o supraregionales. Sin embargo, por su estructura clandestina, por su capacidad
de fuego, por su configuración como fuerzas de autodefensa o ejércitos
populares, la opinión pública, los discursos oficiales y los análisis de
gobierno eliminan sistemáticamente la vinculación de la guerrilla con procesos
sociales concretos y la convierten en delincuencia o criminalidad injustificable.
Al eliminar como uno de los rasgos esenciales su naturaleza social, se aleja la
actitud oficial o gubernamental de la obligación de emprender un análisis
social y político más a fondo y reduce su respuesta a medidas de represión
selectiva o desbordada.
Esta visión reduce el
análisis de los movimientos subversivos a un mecanismo simple: evaluarlos por
su capacidad de fuego, no por su significación política. Por lo tanto, los
gobiernos buscan aniquilarlos sin proponerse ningún cambio político. Y tal
decisión de aniquilarlos aparece como la única solución posible y al mismo
tiempo como justificación de arbitrariedades sin límite.
Por ello he venido
explicando durante muchos años que las fallas de Seguridad Nacional no pueden
reducirse a la lenta o fallida detección militar o policiaca de focos
guerrilleros. Porque hay una violencia previa, una violencia política y
económica que debilita, empobrece y confronta a la sociedad. El riesgo que
corre el país con los grupos armados no es tan grave como el que corre con las
cúpulas de poder político y económico que han generado la corrupción en México.
Más grave que los grupos guerrilleros es la política económica que ha estado
empobreciendo al país. La guerrilla no inicia esta violencia; la guerrilla es
la fase armada y final de una violencia que desencadenan, de manera cruel y
letal, las políticas que imponen los grupos de poder.
Para que desaparezcan
organizaciones como el EPR no bastan medidas militares. Con la hipotética
desaparición de los grupos guerrilleros no desaparecerían las necesidades
sociales y políticas de México ni la pobreza y la corrupción que son en sí
mismas la base de la injusticia permanente e institucionalizada que llamamos
paz social y estabilidad social.
Los atentados del EPR en
instalaciones de Pemex y la campaña de hostigamiento que expresa el comunicado
del día 10 de julio es resultado precisamente de la visión reducida de
considerar los movimientos guerrilleros desde una perspectiva policial y no a
partir de un análisis político y social. Esta visión restringida facilita el
resurgimiento de algunos rasgos dominantes de la guerra sucia: la
desaparición forzada de personas. El comunicado del EPR pide que se presenten
con vida dos miembros de esa organización: Edmundo Reyes Amaya y Gabriel
Alberto Cruz Sánchez, este último llamado también Raymundo Rivera Bravo. El
comunicado los considera "detenidos-desaparecidos desde el 25 de mayo en
Oaxaca". Las autoridades oaxaqueñas y federales negaron de inmediato que
esas personas se encuentren entre los detenidos del fuero común o del fuero
federal. Pero precisamente no se trata de detenidos, sino de desaparecidos. De
ahí el reclamo de que sean presentados con vida.
En su Indicador
Político, del día 11 de julio, Carlos Ramírez recordó que el columnista
oaxaqueño Pedro Ansótegui informó de un operativo policiaco y militar
realizado el 24 del pasado mes de mayo en la ciudad de Oaxaca. Releamos algunos
párrafos de la columna de Carlos Ramírez. Dice así: "alrededor del
mediodía de ese día (el 24 de mayo)
Observemos que Carlos
Ramírez recalca: "es decir, desde el operativo del 24". Pero
el comunicado señala, en cambio: "desde el 25 de mayo en Oaxaca", no
desde el día 24. En efecto, en Oaxaca las paredes no sólo oyen, sino también
miran. Las filtraciones de información en esa entidad y en muchas regiones del
país no son cosa nueva, son algo natural en un tejido social tan complejo como
es el de nuestro país. Pues bien, se filtró en ciertos círculos policiales de
Oaxaca que el día 25 se encontraban en las mazmorras de
El comunicado del EPR habla
por ello de "detenidos-desaparecidos" el día 25, no el 24, pues el 25
fue el último día en que se les vio a los dos. El reclamo de que sean
presentados con vida tiene una lógica precisa: intentan que el gobierno
demuestre que no está resurgiendo la guerra sucia, cuyo dato
relevante, aunque ya no exista
Es curioso que un día antes
del operativo mencionado por Carlos Ramírez y Pedro Ansótegui, el día
23 de mayo del año 2007, Amnistía Internacional, sección México, encabezada por
Liliana Velásquez, presentara el capítulo dedicado a nuestro país de su informe
2007, donde se enumeró lo siguiente: "continuaron tortura, detenciones
arbitrarias, uso excesivo de la fuerza y procedimientos judiciales sin garantías,
sobre todo en los estados: asimismo, fracasaron las acciones para esclarecer
las violaciones del pasado y procesar a los responsables". También Liliana
Velásquez observó que las "operaciones policiales masivas contra
manifestantes se saldaron con violaciones graves de derechos humanos". En
relación con el conflicto de Oaxaca, el informe refirió que "se constituyó
En cuanto al operativo
policiaco efectuado el 3 de mayo de 2006 en San Salvador Atenco, el informe
señalaba que "la policía utilizó gas lacrimógeno y armas de fuego contra
miembros de la comunidad y detuvo, durante los días que duró la operación, a
211 personas, muchas de las cuales fueron reiteradamente golpeadas y torturadas
mientras se les trasladaba a la prisión".
Apuntó que de las 47
mujeres que fueron detenidas y trasladadas a la cárcel, "al menos 26 de
ellas denunciaron ante
Es significativo que Amnistía
Internacional expresara que el presidente Felipe Calderón "no ha mostrado
voluntad para elaborar programas que atiendan las graves violaciones" en
derechos humanos y que "lo más importante es demostrar con hechos que no
tolerará otro Atenco o Oaxaca".
Pues bien, el origen del
comunicado del EPR y de los atentados a Pemex derivan todavía, como lo veremos
en la próxima entrega, del caso Oaxaca.
En 1990 el general Mario
Arturo Acosta Chaparro publicó su informe Movimientos subversivos en
México, con análisis sucintos de la guerrilla mexicana durante algo más de
tres décadas. En ese informe el general apuntó lo siguiente: "En lo que
respecta al PROCUP, se puede decir que es, quizás, la organización más
peligrosa en México, sobre todo por el tipo de actividades que lleva a cabo en
la clandestinidad, así como por la línea violenta que lo caracteriza con el
manejo de explosivos. Sus antecedentes así lo manifiestan: actos de terrorismo
y sabotaje contra instalaciones militares, así como de oficinas y dependencias
de los gobiernos estatales y federal, incluyendo también a empresas
particulares en varios estados del país. Son ocho años que no se tiene
información fidedigna de los miembros componentes de esta organización ni de
sus actividades".
A pesar de esa falta de
información fidedigna de
En efecto, el Partido
Revolucionario Obrero Clandestino Unión del Pueblo (PROCUP) fue una de las
organizaciones guerrilleras más sobresalientes y constantes. Desde su inicio
contó con la participación del militante guatemalteco José María Ortiz Vides,
fundador de
Los recientes atentados con
explosivos en instalaciones de Pemex representan, pues, una demostración de la
continuidad histórica de los elementos iniciales de
Los atentados revelan otro
dato adicional. Independientemente de que las acciones fueron realizadas en
Querétaro y Guanajuato, actuales territorios panistas, tuvieron que realizarse
con una asesoría técnica relevante para sólo dañar instalaciones en puntos
estratégicos y no provocar daños en vidas humanas. A este asesoramiento técnico
quizás se refiere el párrafo del comunicado del EPR "contando con el apoyo
de milicias populares de todo el estado".
Difícil saber en qué
consistirán o cuál magnitud tendrán a futuro las acciones de hostigamiento
"a los intereses de la oligarquía y del gobierno ilegítimo". Pero el
comunicado es claro sobre la causa de tales acciones: la desaparición forzada
en Oaxaca de dos de sus elementos. A este respecto debemos señalar que fue tema
de dominio público la participación del EPR en el proceso de confrontación
social oaxaqueño protagonizado por
La investigación y el
análisis del periodista oaxaqueño Pedro Ansótegui durante la última semana de
mayo y los primeros días de junio le permitieron identificar que el operativo
consistió en la captura de dos eperristas, uno de ellos Gabriel Alberto Cruz
Sánchez, a quien identificó por fotografías como hermano de Tiburcio Cruz
Sánchez, llamado también Tiburcio Cerezo por su defensa de los hermanos Cerezo.
Gabriel Alberto empleaba
además otro nombre: Raymundo Rivera Bravo; en otros círculos se le llamaba,
igualmente, El Gordo. Se trata de un militante de larga trayectoria:
participó en el movimiento estudiantil del 68 en
Por otra parte, y por
último, debemos señalar que uno de los efectos más sobresalientes de los
atentados del EPR fue la inesperada reconversión de Pemex en un
"patrimonio de todos los mexicanos". A lo largo de las pasadas cuatro
administraciones presidenciales Pemex se ha visto sometido a un proceso de
desgaste, extorsión, privatización y endeudamiento que tiende a su desaparición
total como empresa pública. Suficientes indicadores fiscales, financieros y
comerciales hacen parecer inminente la privatización total de Petróleos. Su
empleo como fondo revolvente para el gasto del gobierno federal, su
aprovechamiento partidista, su constante cesión a consorcios privados y la
corrupción constante están convirtiendo a esta empresa en algo ajeno al
desarrollo industrial y tecnológico del país. En este contexto, no carece de
sentido la advertencia del comunicado del EPR: "la campaña nacional de
hostigamiento contra los intereses de la oligarquía". Es decir, desde la
perspectiva del EPR, Pemex ha dejado de ser hace tiempo un "patrimonio de
todos los mexicanos" y se ha convertido en uno de los "intereses de
la oligarquía y de este gobierno ilegítimo".
Un efecto más de los
atentados no es tan visible: los socios, coinversionistas o compradores
presentes, inmediatos o potenciales, verán con otros ojos las condiciones de
seguridad de Pemex. La experiencia de las transnacionales petroleras en los
sistemas de seguridad es amplia, particularmente a partir de ciertos sectores
de la industria de la guerra que cuentan con ejércitos privados o con
asistencia tecnológica y de seguridad en diversas regiones de Asia central,
Medio Oriente y Africa. Esto facilitaría un mayor doblegamiento a los criterios
estadunidenses de seguridad hemisférica que transforma a los ejércitos
nacionales en fuerzas de complemento y con funciones policiales regionales. Tal
industria de ejércitos privados que pueden asumir, con el carácter de apoyo
técnico especializado, la seguridad de ductos, oleoductos, distribuidores e
instalaciones diversas del sector petrolero, podría abaratar la privatización
de Pemex o favorecer una coordinación binacional en los planes de seguridad
"antiterrorista" que ahora importa tanto al gobierno de Estados
Unidos.
En ese caso, se trataría de
la seguridad de bienes que formalmente desean considerarse negocios privados o
trasnacionales y no "patrimonio de todos los mexicanos". ¿Sería un paso más en la modernización de México?