PDPR-EPR, 2001
México se encuentra en el Capitalismo Monopolista de Estado, dependiente del imperialismo. El Estado mexicano es utilizado por los monopolios internacionales como instrumento necesario para el desarrollo del sistema capitalista, caracterizándose por un alto grado de socialización de la producción; que incorpora desde los niños hasta los ancianos al mercado productivo, que se ven orillados a sobrevivir incorporándose a la economía informal, que trae consigo la explotación, opresión, sometimiento, saqueo de riquezas y materias primas sin respetar fronteras, soberanías, ni territorios, por el entrelazamiento de los monopolios privados con el Estado.
En esta fase de desarrollo del capitalismo el Estado ya no puede ocultar su papel en la lucha de clases; la utilización de los Estados burgueses por los monopolios se presenta de diferentes formas, principalmente cuando los más importantes magnates monopolistas participan directamente en los principales puestos del poder político del Estado o cuando éste se encuentra constituido por representantes de los monopolios dominantes, incluyendo a altos funcionarios del Estado a los consejos de administración de los principales monopolios. Ello da origen a la lucha entre los monopolios por adueñarse de los puestos de poder del Estado.
Una de las formas de exportación de capitales es la deuda externa que ejercen los grandes grupos financieros y los países imperialistas del mundo como el Fondo Monetario Internacional (FMI), Banco Mundial (BM), Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y Estados Unidos, (EU) que permite el saqueo desmedido de los recursos financieros, materiales y mano de obra del país. El pago de los altos intereses de los prestamos internacionales se tornan impagables. La deuda externa asciende a más de 180 mil millones de dólares que ha servido para consolidar la dependencia económica y política de nuestro país, sujetándose a los dictados y directrices del imperialismo y de los centros financieros internacionales.
Para facilitar la inversión extranjera, el gobierno mexicano ha modificado los artículos constitucionales y simplificado los procedimientos, trámites y requisitos fiscales permitiendo la entrada mayormente al capital especulativo que no contribuye al desarrollo de la economía ni a la generación de empleos y si a descapitalizar al país por la transferencia y fuga de capitales que genera. La inversión financiera extranjera se realiza en el país en los aspectos que le permite tener el mayor porcentaje de ganancias.
La instalación de empresas maquiladoras que con el pretexto de crear fuentes de empleo aprovechan la abismal diferencia de los costos de la mano de obra, que es, hasta doce veces más barata respecto a los países industrializados, les permite a los dueños obtener mayores ganancias aunado a las ventajas y privilegios que el Estado les brinda pues se encuentran con bajos o libres de impuestos y aranceles y le facilitan la venta de la mercancía, esta preferencia económica contribuye a destruir la planta productiva nacional generando la quiebra de miles de pequeñas y medianas empresas.
La inversión especulativa es otro de los instrumentos que el capital financiero utiliza para el saqueo de grandes capitales, ésta se encuentra altamente favorecida por el Estado mexicano a tal grado que manejan a su antojo las instituciones financieras para su enriquecimiento, tal es el caso de los mercados bursátiles, capitales que van a caer al extranjero. Este tipo de capital no produce, solamente es especulativo, es parasitario, éste tipo de inversiones tienen capital que proviene de la corrupción y del lavado de dinero del narcotráfico.
La firma de tratados y convenios comerciales en circunstancias desventajosas para nuestro país como el Acuerdo General de Aranceles y Comercio (GATT), el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre EU, Canadá y México y el reciente acuerdo comercial con la Comunidad Europea ha propiciado el acceso indiscriminado de capital extranjero, invadiendo la mayoría de los sectores estratégicos, constituyendo un mecanismo más de sometimiento económico y saqueo ilimitado de nuestras riquezas.
El proceso de privatizaciones ha tenido un lugar importante en la venta del país. Situación que se agudizó en los últimos años, tan sólo en esta década el país está situado en el segundo lugar en privatizaciones en América Latina, con un monto acumulado de 31 mil 458 mdd, más lo ya prometido por la presente administración de privatizar por un monto de 3 mil 974 mdd. Aunado a la propuesta de privatizar el sector eléctrico y PEMEX, que el actual gobierno concretará. Esto significa la inevitable privatización del sostén económico nacional.
El desmantelamiento de la planta productiva nacional es una constante que avanza a pasos gigantescos, el deterioro de ésta ha llegado con la entrada de las empresas transnacionales, el aumento de estas ha sido tal, que en 1989 sólo había 7 empresas transnacionales y el número ascendió en 1999 a 5 mil empresas con más de 20 mil sucursales, con ventas anuales de 4mil mdd. La quiebra de los pequeños empresarios se evidencia en la imposibilidad de liquidar sus adeudos.
De esta manera el gobierno mexicano ha estimulado y protegido la concentración de la riqueza en manos de la oligarquía financiera nacional y transnacional en distintos sectores como el automotriz, electrónico, comunicaciones, alimentos, financieros, químicos y hotelería, a través de consorcios como Teléfonos de México, Banamex –Accival, Bancomer- Banco Bilbao Vizcaya (BBV), Banco Santander, Televisa, Cifra, Cemex, Bimbo, Grupo ICA y Grupo Alfa, Ford, Chrysler, Volswagen, Coca Cola, Du Pont, IBM, Colgate, Kellog’s, Sony, Panasonic, Elecktra, Samborn’s, Aurrera, Gigante, Kimberly Clark, entre otros, algunos de los cuales están ubicados entre las 200 empresas más importantes del mundo.
Con la actual política económica sólo las grandes empresas de capital extranjero han sido las beneficiadas, sólo esas 300 empresas con capacidad de importar han obtenido ingresos suficientes para seguir invirtiendo, mientras para el resto (2.8 millones), que representa el 92 por ciento de la planta productiva esta atrapada en el mercado interno, tendientes a la futura quiebra ante cualquier fluctuación económica, ya que durante los últimos cuatro años no han podido salir de sus problemas económicos. Con una planta productiva en vísperas de desaparecer no se puede esperar contar con la capacidad de exportación, pues el contenido nacional de exportación es apenas de 30 por ciento y lo concentran las empresas favorecidas, a las que se les otorgan préstamos millonarios que después convierten en deuda pública (FOBAPROA).
Las agrupaciones monopolistas y el Estado obligan a los medianos y pequeños industriales a pagar elevados impuestos y aranceles para así facilitar a los monopolios la conquista de las fuentes de materias primas, de las principales empresas de inversión de capitales y de los mercados de venta desplazando a la pequeña y mediana industria.
Como consecuencia de la política económica que sólo favorece a la producción de exportación se ha dejado al campo en el total abandono, pues la producción de granos básicos cayó en un 41% en el ciclo otoño – invierno de 1994 –1995 con relación al año anterior. Las mayores caídas se registran en maíz, trigo y sorgo; la superficie de siembra se contrajo de 3 millones 162 mil a un millón 990 mil hectáreas destinadas a granos básicos; la crisis del agro se ha acentuado por la falta de apoyo a la agricultura, expresada en la falta de créditos, el acaparamiento, la especulación y el intermediarismo, provocando la quiebra de miles de pequeños propietarios que ante la imposibilidad de pago han perdido sus tierras, incrementándose la dependencia alimentaria del extranjero.
El abaratamiento de las mercancías nacionales para poder competir con la invasión de productos importados, principalmente de Estados Unidos ha provocado que la mayoría de las agroindustrias estén descapitalizadas, algunas han cerrado por incosteabilidad y las que siguen operando mantienen ociosa la mayor parte de su capacidad instalada. Los rubros más afectados son la producción de huevo, leche, pollo y cerdo convirtiendo así a nuestro país en uno de los principales consumidores de productos de EU. Además existe el incumplimiento de los acuerdos comerciales (TLC) de comprar el excedente de producción de azúcar a la industria nacional mandando a la falta de liquidez y la quiebra a todo el sector azucarero, arrojando a miles de trabajadores de su centro laboral.
Con la política imperialista neoliberal se favorece, beneficia y acrecienta el capital financiero de los oligarcas nacionales e internacionales, desfavoreciendo los intereses del pueblo teniendo como consecuencia una sobreexplotación, opresión, represión, pobreza y miseria.
Social.
La política económica impuesta por el gobierno de nuestro país ha profundizado la desigualdad entre ricos y pobres, provocando un severo empeoramiento de las condiciones de vida de la mayoría de las familias; el aceleramiento de la pobreza en México, es tal que de los más de 97 millones de habitantes, 75 millones sobreviven en condiciones de pobreza, de los cuales 45 millones se encuentran en la miseria.
Mientras el pueblo mexicano se hunde en la pobreza y perece en ella, existe un 10 por ciento de la población entre las que se encuentran las 13 familias supermillonarias que han venido acaparando la riqueza nacional durante años. Tan sólo en 1984 percibieron el 34.26 por ciento del ingreso nacional. Para 1989, ésta proporción aumentó a 38.97 por ciento y para 1994 subió a 41.24 por ciento. En la actualidad este reducido grupo representante de la oligarquía financiera se apodera “legalmente” del 55. 27 por ciento de la riqueza nacional.
La imposición del modelo económico neoliberal, no ha traído al pueblo trabajador más que el retroceso de las conquistas laborales y constitucionales, privando a los habitantes del país en edad de trabajar de un puesto laboral, situación que coloca a la mayoría de los 39.5 millones de Población Económicamente Activa (PEA) estar en condiciones de desempleo, por que sólo 13.5 millones (34.2 por ciento) tiene un empleo formal, como una condición relativa, ya que el 66.4 por ciento de éstos obtiene ingresos de alguna actividad alterna para medio cubrir sus necesidades, y que el 24 por ciento de la fuerza laboral con una ocupación formal recibe una minipercepción; de esta forma, más del 50 por ciento de la PEA está inmersa en la economía informal, que sirve como válvula de escape al sistema.
El aumento de la población se acompaña inevitablemente de la mayor incorporación de los jóvenes al mercado de trabajo, por tanto el incremento de la demanda de trabajo también se acrecienta, por lo que en la actualidad esta se eleva a 1.7 millones de plazas anualmente, cifra que no es compatible con la creación de apenas 650 mil plazas al año, situación que provoca la histórica demanda laboral acumulando cada vez a más trabajadores desempleados.
México tiene la mano de obra más barata a escala mundial, el costo promedio por hora es de 1.05 dólares, similar al de China y entre tres y cuatro veces inferior al de Corea, Tailandia, Hong Kong y Brasil, cuando en Estados Unidos el precio de la mano de obra por hora es mayor al de México en diez veces. Pero comparado con las remuneraciones recibidas en países con alto desarrollo como Suiza, Alemania, Francia y Canadá son hasta 23 veces inferiores. El costo de mano de obra de los millones de trabajadores que perciben un salario mínimo en nuestro país, equivale a sólo 40 centavos de dólar la hora; lo que explica el interés de las grandes transnacionales por instalar sus industrias en territorio mexicano, principalmente las del ramo de las maquiladoras, por el ahorro que les representa en cuanto a egresos en materia de salarios.
La histórica desigualdad entre salario y precios a llevado a una grave agudización de la pérdida del poder adquisitivo, entre 1994 –1999 ha sido mayor a 175.4 por ciento, en este tiempo la Canasta Básica aumentó un 262 por ciento y el salario apenas aumentó un 86.56 por ciento.
El deterioro del poder de compra del pueblo trabajador se observa en la medida como el salario mínimo de 1982 alcanzaba para adquirir el 38% de la Canasta Básica Integral (CBI), es decir, alimentación, salud, vivienda, educación, recreación y servicios públicos; el cual se ha ido deteriorando, pues en 1987 sólo permitía adquirir el 20% de la CBI y para 1993 con el salario mínimo, sólo era posible adquirir el 13%. El costo de la CBI, actualmente supera en más de 500% al salario mínimo.
Pero si el minisalario no cubre el costo de la CBI, tampoco cubre el de la Canasta Obrero Indispensable (COI), que consiste en un kilo de sopa de pasta, gas, tortillas, azúcar, frijol, arroz, huevo, leche (Conasupo), aceite y pan blanco. Para diciembre de 1994 el salario era de 15.27 pesos y el costo de la COI de 34.13 pesos, era entonces necesario contar con dos salarios para cubrir el costo de ésta. Para septiembre de 1995 la COI tenía un costo de 52.44 pesos y el salario era de 18.30 pesos, finalmente, para diciembre del mismo año la COI costaba 57 pesos con 74 centavos y el salario sólo era de 20 pesos con 15 centavos; en la actualidad tiene un coste de 160.22 pesos, mientras que el costo del salario es alrededor de los 37.90 pesos.
El nivel de salario no cubre siquiera el costo de la Canasta Obrera Indispensable, difícilmente cubriría otras necesidades como: la vivienda, la salud, la educación, la cultura y el esparcimiento. Más de 40 millones de trabajadores mexicanos, mantienen a sus familias con un ingreso inferior a los 600 pesos por mes; a pesar de que el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que toda persona tiene derecho al trabajo digno y a contar con salarios que les permita satisfacer las necesidades de una familia en el orden material, social, cultural y educativo.
Respecto a la salud y a la seguridad social, no obstante que son derechos establecidos en los artículos 4 y 123 fracción XXIX de nuestra Constitución Política, más de 10 millones de mexicanos no tienen acceso a ningún tipo de servicio. Al encontrarse en regiones alejadas en las que no existe una infraestructura sanitaria ni los servicios elementales, la marginación y el olvido se acrecientan, siendo frecuente la muerte por una simple infección o enfermedad curable.
Una parte de la población mexicana que se ve gravemente lesionada por las repercusiones de la pobreza, es la niñez, que trabaja por necesidad para ayudar a sus familias que medio sobreviven, en la actualidad los 5 millones de niños que desarrollan actividades laborales en condiciones de explotación, no representan nada para el gobierno mexicano responsable de impulsar el desarrollo de éstos.
En el marco de la salud infantil en el país existe una grave desnutrición de cerca de 13 millones menores de 5 años. La poca o nula atención médica a este sector y la marginación social presente en nuestro país es la causa de que anualmente mueran en México 158 mil niños antes de cumplir sus cinco años por enfermedades curables. Esta situación de desnutrición en los niños indígenas se agudiza más ya que de cada 5 niños menores de 6 años, sólo uno tiene talla y peso normal.
El desarrollo en el país esta en retroceso, cada vez el pueblo se hunde más en la pobreza, pero hay regiones donde aún no es posible siquiera tener derecho ni a la vida, tal es el caso de la región del sur donde habita el 77 por ciento de la población indígena, sector altamente marginado, ya que de las 100 localidades más marginadas del país 94 son indígenas, carentes de todo servicio, algo por mencionar, el 81.97 por ciento de la vivienda indígena no tiene drenaje y 49.6 por ciento no tiene agua entubada. Aparte de encontrarse marginados de todo servicio y desarrollo social, el indígena enfrenta el intento del gobierno de acabar con los rasgos positivos de su cultura e incorporarlos al desarrollo capitalista en México.
En el campo lejos de dar atención a sus necesidades y demandas, se ha reformado al artículo 27 constitucional, con lo que el gobierno ha invalidado a espaldas del pueblo las conquistas sociales obtenidas a partir de la lucha del pueblo mexicano, hundiendo más en la miseria a los jornaleros agrícolas que dependen del campo para su subsistencia. Más del 60% de los productores y trabajadores rurales recibe menos de un salario mínimo.
La escasez de empleo, de tierra o capital para producir son las principales causas de la incorporación de los campesinos a las fábricas en el campo o en la ciudad, convirtiendo al campesino en proletario agrícola, ya que el agro mexicano solo genera empleos durante 71 días al año, pues ante las condiciones de descapitalización, el campo ocupa apenas a un millón de trabajadores agrícolas durante 300 días al año, ante ello se ve amenazada la subsistencia de 7 millones de obreros agrícolas, ya que del total de la población rural el 83 por ciento sobrevive en condiciones de pobreza.
El resultado también de la falta de inversión en infraestructura básica para la producción y el riego, electrificación, carreteras, comunicaciones, apoyos generales a estos sectores, es la deficiente producción. Enfrentando también el abaratamiento de los productos del campo, mandando a la ruina a los campesinos, ejidatarios y enriqueciendo a los intermediarios.
Otro sector de la población que esta altamente marginado carente de atención por parte del Estado son los discapacitados, en el país existen por lo menos 10 millones de personas en estas circunstancias, tan sólo 200 mil en edad productiva de éstos tiene empleo, la mayoría recurre a la economía informal o a la mendicidad para sobrevivir.
La seguridad social es insuficiente y para quienes la tienen es limitada. Como ejemplo, tenemos que más de 20 millones de la PEA carecen de ella y de protección contra accidentes y enfermedades de trabajo, de aquí se derivan los 58 mil 800 accidentes de trabajo y las 114 muertes sufridas el año pasado. El gobierno, lejos de cubrir este aspecto, ha puesto en marcha medidas tendientes a anular las conquistas de los trabajadores, modificando la legislación de las instituciones de salud, para hacer de éstas, empresas redituables en beneficio de la oligarquía nacional y extranjera.
Como parte de la política de privatización del Estado, nacieron las Administradoras de Fondos para el Retiro (AFORES), permitiendo la participación en éstas, de capital nacional y extranjero. Se trata de entregar el ahorro de los trabajadores al gran capital financiero, en condiciones que permitan el despojo y la especulación de los fondos de jubilación, lo que aumenta el riesgo de no alcanzar las ya de por sí raquíticas pensiones e incluso de no percibirlas.
La falta de protección social se agudiza para la población de la tercera edad. Hasta febrero de 1996 la población mayor de 60 años era de 6 millones, la mayoría sin empleo, por lo que el 29% de estas personas se ve obligada a recurrir a la economía informal para cubrir sus necesidades y muchos de ellos viven en la indigencia y mendicidad, lo cual significa la muerte paulatina, que en 1993 ocupaba entre un 23 y 37 por ciento de la población.
Para la población infantil mexicana la situación no es diferente, para 1992 ocho millones de infantes y adolescentes menores de 18 años, trabajaban sin ninguna protección laboral. En 1996 aumentó a diez millones de niños los que entre una edad de 10 y 14 años laboran en condiciones de explotación. Otro aspecto lesionador hacia la niñez mexicana es la introducción anual de más de 2 millones de niños y niñas de entre 5 y 15 años a la explotación sexual, encontrando en la prostitución la forma de sobrevivir, la mayoría de estos se refugian en la drogadicción para amortguar los efectos emocionales de los abusos policiacos y el abandono social, esta situación se generaliza en los niños sin hogar que viven en la calle, de los cuáles muchos mueren antes de llegar a la edad adulta.
Millones mexicanos carecen de una vivienda digna y de los servicios sociales más elementales, existe un severo rezago ya que hay familias en donde un solo cuarto les sirve de cocina y dormitorio, viviendo sus habitantes en total hacinamiento en donde el 19.6% de las viviendas tienen piso de tierra, la construcción es con materiales de la región que en algunos casos son: varas, lodo, palma, zacate, cartones entre otros las cuales no tienen baño ni letrinas. En lo que se refiere al servicio de agua potable 13 millones de familias carecen de este servicio y en la falta de alcantarillado la cifra se eleva a 20 millones de familias. La energía eléctrica también es un privilegio social ya que 6 millones carecen de ella. Pero existe otra parte de la población (22 millones)que por vivir en comunidades rurales dispersas, carecen de la mayoría de los servicios.
Las instituciones educativas públicas hoy enfrentan las embestidas del gran capital, ejemplo de esto es “la reforma educativa” dictada por las instituciones financieras internacionales que pretenden imponer como conceptos principales la privatización y la orientación por el mercado de la educación con la intención de que sirvan al aparato productivo como técnicos. La educación pública que actualmente ha perdido su carácter científico, crítico democrático y popular, corre el riesgo de perder también su carácter laico y de estar mucho más alejada de las necesidades sociales.
Independientemente de la tecnificación de la educación, en México no existe la estructura educativa necesaria para cubrir la demanda de instrucción pública, la demanda insatisfecha de años a colocado a nuestro país con altos índices de analfabetismo que alcanza al 13 por ciento de la población, con una tasa de escolaridad de 7.7 años, es decir el promedio nacional de educación no alcanza a cubrir ni la mitad del nivel primaria. Los gobiernos de nuestro país lejos de impulsar políticas educativas en pro de la educación pública, han seguido los lineamientos imperialistas reduciendo el gasto federal educativo a un mínimo que apenas rebasa el 4 por ciento del PIB en los últimos años.
En el país no se destina el porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) sugerido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a la educación, que no debe ser menor al 8%; sin embargo, si cumplen con las exigencias de las instituciones contrainsurgentes internacionales de militarizar el país, otorgando a los aparatos de represión más de un 6 por ciento del PIB. Así también, destina un 17 por ciento para el costo financiero de la deuda.
La política educativa que impone el imperialismo excluye a la mayoría de este derecho constitucional, en el país sólo tiene acceso a la instrucción primaria 70 % de la población entre 6 y 11 años, el presupuesto destinado a la educación superior es .48 %, razón por lo que los 20 millones de jóvenes de entre 19 y 24 años sólo el 7% tienen acceso a la educación superior pública y privada, porque del total de las escuelas de educación superior más del 50 por ciento esta en manos privadas. Existen otros 15 millones de jóvenes con educación truncada, por tanto existe un déficit de 75 por ciento de jóvenes sin educación terminada.
El apoyo en materia de investigación científica es aun más deficiente pues sólo alcanza una proporción mínima del 0.32% del PIB situación que provoca que los científicos nacionales busquen promoción en el extranjero de sus conocimientos, raíz de la fuga de cerebros a países desarrollados, privando a nuestro país del desarrollo de la ciencia y la tecnología indispensable para el progreso de la sociedad, esta situación ha profundizado la dependencia en esta materia con el imperialismo.
En lo que a la cultura se refiere, los medios masivos de comunicación y en especial la televisión se han encargado de fomentar la ideología y cultura de la clase burguesa, situación que ha provocado que se deformen nuestros valores culturales, se adopten costumbres ajenas a nuestro país, se pierda en algunos el espíritu de lucha y se incremente el consumismo, esta situación es promovida por la oligarquía internacional y avalada e impulsada por la nacional pues le permite crear las condiciones subjetivas que le garanticen su continuidad en el poder.
Con relación al deporte, no existen presupuestos, planes ni programas adecuados que impulsen y canalicen la capacidad y el potencial de los niños y la juventud mexicana, dando como resultado el bajo rendimiento de los deportistas y la inexistencia de una cultura deportiva que conduzca a su práctica regular, ya que de los pocos recursos económicos destinados para la promoción del deporte masivo y de alto rendimiento, la mayor parte va a dar finalmente a manos de quienes lo dirigen. Los deportistas que con su propio iniciativa y esfuerzo logran reconocimientos internacionales son acaparados por la promoción de las grandes empresas para utilizarlos como objeto de propaganda.
El desempleo, la marginación, el difícil acceso a la educación, la cultura y el deporte, así como la falta de alternativas viables de vida conducen al aumento del estrés, la neurosis, el suicidio, el alcoholismo y la drogadicción, situación que afecta a más de 8 millones de mexicanos, la mitad de éstos son jóvenes, además de provocar altos índices de violencia, delincuencia, prostitución y desintegración familiar.
Otro problema que enfrenta el pueblo mexicano es el de la migración, incitado por la búsqueda de empleos mejor pagados, por la inexistencia de fuentes de trabajo en México y la necesidad de sobrevivir. En la actualidad son millones de mexicanos que han emigrado y siguen haciéndolo hacia los Estados Unidos, a pesar de los maltratos, las persecuciones y los asesinatos constantes de que son objeto por parte de los 15 mil agentes norteamericanos fronterizos, grupos paramilitares y células racistas.
Ante la violación constante de los derechos humanos de los migrantes, la posición del gobierno mexicano ha sido endeble, servilista y de franca complicidad con el gobierno de Estados Unidos, los cuales han implementado programas que actúan contra la integridad de los migrantes mexicanos, tales como: “Operación “Guardián”, que desde su inicio ha provocado muerto 505 compatriotas; “Salvaguarda” que desde su inicio en 1998 han muerto 785 mexicanos, pues tan sólo en 1999 murieron cerca de 220 migrantes al intentar ingresar a EU. El gobierno lejos de exigir respeto a la vida de los mexicanos y de solucionar las causas de la migración, continúa impulsando una política económica capitalista que no conoce de bienestar para el pueblo.
Como resultado de la explotación irracional de los recursos naturales del país, hay agotamiento y contaminación de los mismos. Crece la degradación de los suelos, ríos y mares, aumentan las zonas deforestadas y desérticas, así como la contaminación del medio ambiente, debido a la voracidad del gran capital financiero nacional y extranjero y a la complicidad del gobierno que lejos de implementar una política para la solución de estos problemas, los agudiza al encontrar en ellos nuevas formas de saqueo de la riqueza del país y del pueblo mexicano, solapando actividades ilegales como: el corte de madera, la explotación de minas en terrenos de ejido aún en detrimento de los intereses del campesinado.
De todo lo anterior podemos concluir que a pesar de que son preceptos constitucionales el derecho de los mexicanos a la distribución justa del ingreso, la riqueza nacional, el derecho a la educación, el trabajo, la cultura y la salud; así como la prohibición de las prácticas monopólicas, la inviolabilidad de la soberanía como la independencia nacional. La política del gobierno mexicano viola todos estos preceptos y es de complicidad y apoyo a la oligarquía nacional y extranjera, es de supeditación del interés popular al interés del capital financiero.
POLÍTICO.
Ante la situación política que prevalece en el país, la burguesía nacional y el imperialismo sabían que el PRI en el poder ya no era una alternativa para la permanencia y mejor defensa del sistema; por lo que en un reacomodo promovió la alternancia en el poder a través de un partido de derecha, el PAN, que con una estrategia de “cambio” ha sido impuesto como es costumbre, al pueblo mexicano, quien en su mayoría demuestra su inconformidad con su abstencionismo, resultando unas elecciones en las que participan los beneficiarios directos del sistema, y una pequeña cifra de ciudadanos que aún son crédulos, manipulados por el sistema, agregando a esto la manipulación de las cifras.
La “izquierda legal”, mejor dicho oportunista, está debilitada y agonizante como alternativa y abandona los últimos reductos de M-L en los que aún se refugiaba, y niega, reniega de lo que han dado en llamar el núcleo duro del marxismo: la toma del poder, la dictadura del proletariado y la construcción del socialismo, cayendo encantada en los brazos de la socialdemocracia y del neoliberalismo.
A pesar de la derrota del PRI-gobierno, en el país sigue prevaleciendo la antidemocracia, la inexistencia de un estado de derecho, la carencia de justicia, la existencia de un Estado policiaco militar, la descomposición del sistema político mexicano y la imposición de una política neoliberal. Y podemos decir con seguridad que seguirá así y se agudizará porque el actual gobierno representa los intereses de la burguesía y del capital financiero internacional.
La maniobra para el triunfo de Vicente Fox no fue para nuestro PDPR-EPR una novedad política, ya que es una estrategia de la clase en el poder que le permite continuar en él y paliar la inconformidad política del pueblo, buscando además generar un reflujo, un retraso en la organización y movilización del pueblo inconforme y sobre todo del movimiento revolucionario.
La nueva táctica impuesta por la oligarquía internacional en el país, constituye la conformación de la dictadura mejor elaborada que cualquier otra dictadura antes establecida en nuestro país, ya que es más sutil y ha sido ideada de manera inteligente como una táctica para dar continuidad a la misma política rapaz y autoritaria. Esta dictadura proimperialista, hoy se pretende presentarla como el “avance democrático.”, pero olvidan que muchos mexicanos descubrieron la farsa, demandando un cambio verdadero, ya que este “cambio” que se ofrece no es más que una frase triunfadora de mercadotecnia. Pues en un país como el nuestro donde existen clases sociales antagónicas nunca podrá existir la verdadera democracia para el pueblo.
Ocupada la silla presidencial por el servidor directo de los monopolios internacionales y los puestos del gabinete también, lo único que se puede esperar es la aceleración de la entrega del país al imperialismo. Esta imposición de gobierno, representa para el gran capital su fortalecimiento económico.
A medida que avanza el proyecto imperialista, en el país, nuestra Carta Magna pierde toda esencia popular y democrática, ya que los últimos gobiernos son los que más han reformado la constitución, de las 406 modificaciones constitucionales en los últimos 79 años, Ernesto Zedillo a hecho 74 cambios, ocupando un lugar privilegiado en la historia pero no como el “gran democratizador”, sino como el gran reformador anticonstitucionalista. De esta forma han cambiado el carácter social de nuestras leyes, eliminando las conquistas populares principalmente en lo que se refiere a los derechos humanos, a las garantías individuales, a los derechos agrarios y de los trabajadores.
La subordinación de los estados y municipios al gobierno burgués continua profundizándose en todos los aspectos a los que se les utiliza como instrumento de protección de intereses económicos y políticos locales de la clase pudiente. La división de poderes es una ficción pues el federalismo en nuestro país es una falacia, detrás del cual es evidente la fuerza del gran capital, presente en las decisiones políticas nacionales y oculto tras la figura del poder ejecutivo, quien subordina a la mayoría de los diputados, senadores, jueces y magistrados, convirtiendo a los poderes legislativos y judiciales en simples apéndices del mismo.
El Estado mexicano, por medio de sus más altos funcionarios de gobierno, sus instituciones civiles y militares se encuentra coludido con el narcotráfico, el lavado de dinero producto del mismo y el enriquecimiento ilícito, constituyendo el narcotráfico parte orgánica del capital financiero y del mismo Estado.
La política económica y social del estado mexicano ha tenido un alto costo social, aumentado la pobreza extrema, la violación cotidiana a los derechos, libertades políticas y humanas del pueblo, toda esta situación a propiciado la pérdida de credibilidad del pueblo hacia el gobierno, una mayor inconformidad, entendiendo cada vez más que solo con la organización y movilización podrá lograr algunas conquistas que resuelvan parte de sus necesidades.
En el marco del descontento popular, la reactivación de la movilización social y política, así como de los síntomas por una nueva revolución, va adquiriendo forma y claridad para luchar por la transformación revolucionaria de la sociedad que conduzca al pueblo a otro régimen social más justo, de igualdad y verdadera libertad: la sociedad socialista.
Ante la represión, explotación y la opresión existe la resistencia de algunos sectores del pueblo que no están dispuestos a seguir soportando la política represiva del Estado. Este desarrollo político alcanzado por las masas en la lucha por sus principales intereses, necesidades y demandas, donde está latente el esfuerzo por la conformación de un amplio movimiento nacional, en el que confluyan todas las fuerzas democráticas y sociales, las cuales se incorporen gradualmente a la lucha por la transformación de las condiciones económicas sociales y políticas existentes.
El descontento popular, la lucha política de masas, el desarrollo del movimiento revolucionario, hacen que para enfrentar este proceso el Estado intensifique y refuerce su plan general contrainsurgente de Guerra de Baja Intensidad (GBI), imprimiendo este carácter a todos los actos y planes gubernamentales, creando toda una estructura policiaca – militar exclusiva para la investigación, análisis y aniquilamiento del legal y armado.
La GBI se refleja en los graves niveles de represión gubernamental en nuestro país alcanzando cifras alarmantes, que se han hecho públicos en 1995 son: más de 160 asesinatos por motivos políticos; más de 3000 presos que ingresaron a las cárceles por motivos políticos; más de 1110 órdenes de aprehensión en contra de luchadores sociales; más de 50 hechos de agresión contra periodistas; más de 230 casos de agresiones, atentados o intimidaciones contra luchadores por la defensa de los derechos humanos, luchadores agrarios o líderes sindicales; más de 14 370 despedidos por motivos políticos; más de 470 desalojos violentos; más de 220 casos de tortura y más de 530 detenciones ilegales.
Sumados estos datos a los 810 desaparecidos en la década de los 70’s y 80’s, más los de esta década; los más de 600 asesinados y desaparecidos del PRD de 1988 a la fecha; los presos políticos que hoy se encuentran en las cárceles del país bajo acusaciones falsas y procesos viciados; los cientos de campesinos asesinados a manos de guardias blancas protegidas por los cuerpos policiacos y el caciquismo; la persecución política y demás crímenes de lesa humanidad, muestran los dramáticos efectos de la violencia institucionalizada y de la guerra sucia en México.
Producto de ésta tan solo entre principios de 1998 a julio de 1999 se han asesinado a 365 dirigentes sociales. La creación de grupos paramilitares lleva a un nivel preocupante, el hostigamiento contra los simpatizantes del movimiento armado, tan solo en este mismo lapso de tiempo han sido desplazadas más de 20 mil personas, buscando evitar la tortura a manos de los guardias blancas, pistoleros, militares o policías.
La embestida agresiva no es sólo rural, es en todo el país y para esto crean un nuevo instrumento represivo, la Policía Federa Preventiva (PFP).
Uno de los sectores que se han reprimido recientemente es el estudiantil, ya que en este año fueron encarcelados por motivos políticos más de 1000 estudiantes de la UNAM y otros 750 de la normal de Mexe, en Hidalgo; atentando contra la autonomía de los centros estudiantiles y violando gravemente los derechos políticos y humanos de los detenidos.
La prepotencia y la actitud criminal manifestada en estos y otros abusos que cotidianamente sufre la población en México por parte de funcionarios, cuerpos policiacos y el ejército, refleja la impunidad gubernamental.
El actual gobierno intensifica el uso de la violencia institucionalizada como método para enfrentar los conflictos políticos – sociales, utiliza la represión selectiva y masiva a través de desalojos, hostigamientos, intimidaciones, persecuciones, detenciones, torturas, encarcelamientos, secuestros y desapariciones forzadas, asesinatos y masacres, haciendo uso del ejército y cuerpos policiacos, grupos paramilitares, grupos de choque y guardias blancas.
Con el pretexto del combate al narcotráfico y la delincuencia organizada, se modifica el marco jurídico para la justificación legal de la violencia institucional y la guerra sucia en contra del pueblo, también del movimiento revolucionario; se crea la Coordinadora Nacional de Seguridad; se generalizan las razzias, los retenes, los cateos y saqueos a poblaciones, las detenciones arbitrarias, la vigilancia y persecución a los luchadores sociales, la violación de la correspondencia, la cancelación de la libertad condicional, los operativos policiacos y militares, la intensificación y ampliación de la labor de inteligencia, se legaliza el espionaje telefónico y electrónico.
A costa de la disminución del presupuesto social, aumenta el presupuesto militar, se moderniza y se adquiere nuevo armamento sofisticado para elevar el alcance, potencial y volumen de fuego del ejército y la policía tanto en la ciudad como en el campo; se avanza en el proceso de militarización de la vida civil, se intensifica la guerra psicológica, se siembra el terror en diversas regiones presumiblemente bases de fuerzas insurgentes y se incrementa la participación de asesores militares extranjeros en la preparación de los cuerpos policiacos y militares, guardias blancas y grupos paramilitares; aumenta la supuesta labor cívica y social del ejército y se inyectan recursos económicos selectivamente en las regiones ubicadas por inteligencia militar como “focos rojos”, configurando todo esto la existencia de un Estado policiaco militar en México.
Una medida más de la contrainsurgencia es la implementación de la táctica del “diálogo y la paz” en la que se combina la negociación con la amenaza permanente de guerra y acciones de guerra psicológica y militares encubiertas en las zonas de conflicto, que intenta desgastar, desmovilizar y derrotar a estas fuerzas insurgentes, lo que hace evidente la rendición militar y política de las mismas. Indudablemente que la implementación de la contrainsurgencia, es la violación directa de la Constitución, ya que el sólo hecho de militarizar al país es una agresión directa al artículo 129 y 16 constitucionales.
El diálogo y la paz que pregona el Estado significa rendición, persecución, encarcelamiento, desaparición, asesinatos y masacres para mantener y garantizar la “tranquilidad”, “estabilidad” y la existencia del sistema capitalista.
En nuestra sociedad el grado de enfrentamiento de las clases sociales tiene otros niveles, los métodos y formas de lucha de las masas populares son diversas que van desde la manifestación hasta el de ejercer sus derechos por la vía de los hechos y manifestar públicamente su organización, acuerdo y simpatía por la lucha armada, por la existencia de organizaciones, ejércitos y partidos revolucionarios que imprimen un carácter cualitativo al desarrollo de la lucha política del pueblo.
El PDPR-EPR lucha por incorporar a cada vez más mexicanos al proceso revolucionario ante la imposibilidad de realizarse un cambio pacífico que resuelva las necesidades y problemas del pueblo, por que la burguesía tiene cerrado todos los caminos de participación real para la población, porque no está dispuesta a dejar el poder y mucho menos a permitir el tránsito pacífico a la sociedad socialista. Esta lucha de clases en nuestro país tomará otro nivel de desarrollo más profundo y contradictorio, así nos lo demuestran los acontecimientos políticos en estos últimos años, en donde el pueblo organizado y consciente bajo la dirección de un partido Marxista-Leninista desarrolle la autodefensa y la lucha armada revolucionaria como una necesidad para la transformación profunda de la sociedad.
Las condiciones materiales de existencia en el capitalismo, hacen necesaria la transformación revolucionaria de la sociedad, no obstante, para que esta sea posible y de carácter socialista es necesario desarrollar las condiciones subjetivas para que exista la correlación de fuerzas favorables que nos permitan impulsar la lucha armada revolucionaria por el socialismo. Algunas condiciones que hacen necesaria la revolución son:
a) El sistema capitalista se encuentra en su última fase de desarrollo, que se expresa en la dominación de la economía y política mundial por los grandes monopolios transnacionales que concentran la producción y el capital en un reducido número de oligarcas los cuales intentan creado un Estado mundial imperialista para asegurar su control y hegemonía sobre el resto del mundo.
Situación que acelera la profundización de las contradicciones interimperialistas, por las encarnizadas luchas que engendra el reparto de mercados y la contradicción entre capital y trabajo, por la internacionalización de la economía, facilitando a los monopolios invertir sin riesgos y con amplias facilidades para obtener el mayor de plusvalía a costa del saqueo financiero, de los recursos naturales y la explotación desmedida de la fuerza de trabajo. Generando la proletarización de millones de seres humanos que viven en condiciones de extrema miseria y explotación. Situación que profundiza la crisis general del capitalismo.
b) La profundización de las contradicciones entre las fuerzas productivas y las relaciones sociales de producción, se manifiesta en la concentración desmedida en un grupo de capitalistas y oligarcas de la riqueza social mundial producida por millones de trabajadores en el mundo del cual no tienen beneficio alguno. Convirtiéndose las relaciones sociales de producción existentes en la colosal traba del desarrollo social de la humanidad, agudizando el conflicto entre las clases sociales, resistiéndose los trabajadores como componente más importante y dinámico de la producción a tales relaciones. Para que exista correspondencia y equilibrio entre las relaciones sociales de producción y las fuerzas productivas se hace necesario resolver las necesidades de la población, el cual sólo podrán resolverse con la revolución y dar paso al sistema socialista. Jamás esas contradicciones en el capitalismo podrán resolverse por medio de reformas, concesiones o transformaciones graduales.
c) Existe una mayor profundización de las contradicciones de clase donde se van polarizando en mayor medida los intereses económicos, políticos, sociales y culturales. El capital monopolista a establecido en todas partes su dictadura con el cual ha alcanzado un grado mayor de dominación en el mundo, que le permite tener en sus manos un mayor control sobre los destinos de la humanidad y del desarrollo capitalista.
d) Existe y se desarrolla una fuerza del proletariado y las clases explotadas y oprimidas que no están de acuerdo en seguir viviendo en las condiciones que les ha impuesto el sistema capitalista, estas se organizan y luchan contra la dominación y explotación en que se encuentran; por otra parte la burguesía y la oligarquía quieren seguir manteniendo el poder en sus manos, enriqueciéndose mediante la profundización de la negación al cambio del sistema capitalista, mientras que la clase revolucionaria empuja incesantemente hacia el cambio y transformación revolucionaria de la sociedad.
La necesidad de la revolución surge de las condiciones objetivas y subjetivas que se profundizan en periodos de crisis económicas y políticas del sistema capitalista, por esta necesidad las fuerzas que empujamos a la transformación política, económica y social debemos continuar impulsando nuestro crecimiento y desarrollo, organizando y estructurando al pueblo en los pilares fundamentales de la revolución: en el Partido, el Ejército y el Frente Nacional de Masas capaces de enfrentar y derrotar al enemigo hasta lograr los objetivos históricos del proletariado. Esta revolución debe ser de carácter socialista por que solo así se garantiza un cambio profundo y completo, que ponga fin a la explotación del hombre por el hombre. Sus objetivos deben ser: la toma del poder político y la instauración de la dictadura del proletariado, por que sin la conquista de estos es imposible la construcción del socialismo.
Ante esta situación el Partido Democrático Popular Revolucionario (PDPR) y el Ejercito Popular Revolucionario (EPR) llama al pueblo de México, a sus organizaciones, políticas, democráticas, sociales y revolucionarias a impulsar y desarrollar la guerra popular prolongada, la cual contempla el desarrollo y combinación de todas las formas de lucha: la económica, la política, la ideológica, la legal, la clandestina, la electoral, la parlamentaria, la movilización y acción política de las masas, todas ellas en función de la revolución socialista.
DESDE ALGUN LUGAR DE LA REPUBLICA MEXICANA, JULIO DE 2000 – ENERO DE 2001.
“AÑO DE LA UNIDAD Y CONSOLIDACION DEL PARTIDO”
PDPR-EPR
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