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"El gobierno al infringir las prerrogativas del poder soberano por voluntad del gran capital ha perdido toda legitimidad convirtiéndose en un gobierno de facto"
La antidemocracia, la injusticia y la profunda desigualdad social que hoy sufrimos los mexicanos, reflejan que los ideales de libertad y justicia por los que hemos luchado a lo largo de nuestra historia, todavía no han sido alcanzados.
La lucha de nuestro pueblo por su liberación, tiene sus raíces en la historia de nuestra patria, desde la época de la conquista, cuando hombres y mujeres indígenas combatieron heroicamente al invasor. Durante los 300 años qué duró la colonia, diferentes sectores del pueblo mantuvieron encendida la llama de la rebeldía en todo el país, combatiendo al poder español.
Con el movimiento insurgente de 1810-21 se logró la independencia de los mexicanos respecto de España, naciendo así la nación que plasmaran Morelos y el Congreso Constituyente de 1813.
Consumada la independencia se abrió un periodo de luchas entre quienes intentaban cristalizar los ideales de la nueva república y los que se oponían a este proyecto. Los liberales, encabezados por Benito Juárez, lograron triunfar sobre la reacción interna y la invasión extranjera, instaurando las Leyes de Reforma y haciendo prevalecer la soberanía de la patria.
Posteriormente, la dictadura porfirista que durante tres décadas ahogó en sangre los reclamos de justicia, democracia y libertad de las masas campesinas y obreras, dio lugar a la revolución de 1910-17, la cual fue otro glorioso intento del pueblo mexicano por lograr cristalizar sus aspiraciones de democracia, libertad e igualdad. Con esta gesta heroica se buscó resolver las demandas más sentidas de las masas trabajadoras, como pan tierra y libertad, ya que el hambre, la oprobiosa miseria, la alta concentración de la tierra en pocas manos, la fuerte carga fiscal, la absoluta centralización del poder y la brutal represión fueron el motivo por el cual nuestros hermanos prefirieron regar con su sangre los campos de batalla antes que seguir viviendo en la opresión y la miseria.
Uno de los logros fue que en la Constitución de 1917 quedaran plasmadas las demandas fundamentales del pueblo, pero éste no tuvo la fuerza, ni los instrumentos necesarios para que fueran cumplidas. La Constitución ha sido desde entonces letra muerta, pues los intereses económicos y políticos de la clase que hasta hoy usurpa el poder, se impusieron violentamente con los asesinatos de Ricardo Flores Magón, Emiliano Zapata y Francisco Villa, entre otros grandes hombres.
Los terratenientes que enarbolaron la bandera de la democracia para oponerse al régimen de Porfirio Díaz, una vez en el poder, siguieron reprimiendo y aogando en sangre la voluntad popular al imponer a sus representantes.
El reparto agrario iniciado al término del movimiento revolucionario, sólo favoreció a los grandes terratenientes, continuando esta política en los gobiernos subsecuentes, salvo en el periodo del gobierno de Lázaro Cárdenas que restituyó y dotó de tierra a los campesinos. La tierra no pasó a manos de todas las comunidades que habían sido despojadas, y a quienes se les entregó no se les proporcionó el apoyo necesario para trabajarla
De igual manera, los trabajadores organizados que lucharon por emanciparse, fueron engañados y reprimidos y la nueva legislación laboral fue utilizada como un mecanismo de mediatización y control del movimiento obrero.
En las etapas posteriores a la revolución la clase dominante dio impulso a la creación y consolidación de instituciones para fortalecer al Estado, surgiendo nuevas formas de antidemocracia como el presidencialismo y el corporativismo, dando paso a la realización de su proyecto económico y político.
Ante esta situación, el pueblo no cejó en su lucha, nuevos esfuerzos por conseguir mejores condiciones de vida y de trabajo se sucedieron. En las décadas de los 50's y 60's se generó un auge en la lucha del pueblo. Ejemplo de ello fueron los movimientos ferrocarrilero, magisterial, médico, campesino, telegrafista, estudiantil y otros, los cuales fueron brutalmente reprimidos, reafirmándose de esta manera el carácter opresor del Estado mexicano y su verdadero papel: estar al servicio del gran cpital nacional y extranjero.
Por otra parte, los procesos electorales han sido utilizados por la oligarquía y el gobierno antipopular, para tratar de dar una apariencia de legalidad al antidemocrático sistema político vigente y a los gobernantes impuestos por la fuerza, la manipulación y el fraude. No obstante la lucha electoral puede ser uno de los medios o formas de lucha que contribuya a organizar la fuerza social histórica capaz de lograr transformaciones profundas.
La política antipopular del Estado mexicano, basada en la explotación de las masas trabajadoras y en la entrega de nuestras riquezas, ha impedido, sexenio tras sexenio, la solución a las demandas históricas del pueblo mexicano, agravando sus condiciones de existencia al llevar al país a una grave crisis económica, a la descomposición del sistema político y a la profundización de la desigualdad social, haciendo resurgir de nueva cuenta el conflicto armado cuyo origen se remonta a la década de los 60's, por la transformación social profunda del país.
A N A L I S I S E C O N O M I C O
La situación económica de nuestro país se desarrolla en el marco de la llamada globalización de la economía, derivada del nuevo reparto del mundo que están llevando a cabo los bloques de capital financiero.
En este reparto, el capital norteamericano le ha asignado a México ya no solamente el papel de proveedor de materias primas y de mano de obra barata, sino también el de ser punta de lanza para la expansión y consolidación de su dominio en América Latina, acentuándose por otra parte, la tendencia a convertir a México y los demás países del área en una región maquiladora.
De esta manera se profundiza la dependencia económica del país en los aspectos financiero, científico, tecnológico y alimentario condenándolo a reproducir el subdesarrollo y el atraso de la economía nacional.
La crisis económica que se vive en nuestro país es la más grave y prolongada de su historia contemporánea, agudizada por el modelo económico neoliberal, impuesto por el capital extranjero, principalmente norteamericano, a través de los organismos financieros internacionales como el Banco Mundial (BM), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Fondo Monetario Internacional (FMI), adoptado y aplicado por el gobierno mexicano a costa del deterioro del nivel de vida de la población y del mayor sometimiento del país.
Uno de los efectos nocivos del neoliberalismo es la firma de tratados y convenios comerciales en circunstancias desventajosas para nuestro país. La entrada al Acuerdo General de Aranceles y Comercio (GATT) y la posterior firma del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Estados Unidos, Canadá y México ha propiciado el acceso indiscriminado de capital extranjero en todos los sectores de la economía, invadiendo sectores estratégicos, como las comunicaciones, la petroquímica y la generación de energía eléctrica, constituyendo un mecanismo más de sometimiento económico y saqueo ilimitado de nuestras riquezas.
Esto ha ido acompañado de una serie de privatizaciones que cada vez abarcan a más sectores clave de la economía nacional, favoreciendo al capital monopolista nacional y extranjero.
Para cumplir con esos acuerdos el gobierno ha reformado la Constitución a espaldas de la nación, simplificando procedimientos, trámites y requisitos y eliminando disposiciones legales para facilitar la inversión extranjera, que en virtud del carácter mayoritariamente especulativo que tiene, no contribuye al desarrollo de la economía ni a la generación de empleos y sí a descapitalizar el país por la transferencia y fuga de capitales que genera.
Este proceso ha llevado a una mayor concentración de capital en un reducido número de oligarcas, fortaleciendo a los grandes monopolios en los sectores estratégicos de la economía nacional. De ésta manera el gobierno mexicano ha estimulado y protegido la concentración de la riqueza en manos de la oligarquía financiera nacional y transnacional a través de consorcios como Telmex, Banamex Accival, Televisa, Cifra, Cemex, Bimbo, Grupo ICA y Grupo Alfa, entre otros, algunos de los cuales están ubicados entre las 200 empresas más importantes del mundo. Con esto se ensancha la brecha entre pobres y ricos; entre la oligarquía favorecida y el sector de los micro, pequeños y medianos productores que también se han visto afectados cayendo en un elevado endeudamiento y descapitalización.
Un ejemplo de esta situación es la concentración de la riqueza en unas cuantas manos, en la que para 1994 la fortuna conjunta de 24 supermillonarios ascendía a 44 mil 100 millones de dólares. Dicha riqueza es comparable a los ingresos obtenidos durante un año por 35.5 millones de mexicanos, es decir el 40 por ciento de la población. Actualmente destacan principalmente 13 supermillonarios.
Con el neoliberalismo aumenta el saqueo y expoliación financiera de nuestro país mediante:
a) La deuda externa, con la que el imperialismo ha profundizado el yugo neocolonial que pesa sobre México, quién transfirió al extranjero en los últimos 15 años más de 150 mil millones de dólares por concepto de pago de intereses del endeudamiento externo, quedando éste, a pesar del pago referido, en un monto total de 163 mil millones de dólares;
b) La inversión extranjera, que durante el sexenio pasado llegó a un promedio de 50 mil millones de dólares, pues dicha inversión no se destina a la planta productiva y lejos de generar beneficios para la población es canalizada principalmente como capital especulativo al mercado de valores con el único objetivo de acrecentar las ganancias de la oligarquía financiera. Así, para diciembre de 1994, sólo el 5% de los capitales extranjeros se destinaban a inversiones directas en plantas y equipos industriales.
Otro aspecto de la crisis es la situación en que se encuentra el sistema financiero que ha generado severas repercusiones en varios sectores del pueblo, afectando a millones de deudores que se encuentran imposibilitados de cubrir los requerimientos onerosos y usureros de la banca. También ha repercutido en la quiebra de 300 mil micro, pequeñas y medianas empresas. Como ejemplo, en los dos primeros meses de 1995, cerraron 19 mil 300 empresas en el país, debido a la contracción del mercado interno que las imposibilitó para cubrir sus adeudos, contratar nuevos créditos y competir con las importaciones. De las firmas que se dieron de baja en el IMSS, hasta febrero de 1995, el 19% correspondió a la industria de la transformación, 32% eran comercios y 28% servicios; el 90% de las empresas que cerraron eran microempresas.
Además se presenta la paralización del 60% de la planta productiva por largos periodos, debido a la devaluación del peso, la anarquía de los precios de los insumos importados, la dependencia de las importaciones de parte del 80% de la micro, pequeña y mediana empresa, una caída de las ventas del 40% en el primer semestre de 1995, la disminución del 30% del financiamiento al sector privado y el encarecimiento de los créditos bancarios.
La crisis y la falta de inversión en la gran industria alcanza también a las grandes empresas manufactureras, que tuvieron una reducción del 27% del capital total hasta septiembre de 1994. Los sectores mas afectados son: el automotriz, el de autopartes, electrónica, eléctrico, metalmecánica, metalurgia, minería, papel y celulosa, industria química, textil, alimentos y madera.
En la industria de la construcción se registró una caída real de 47% y una pérdida de 41% en la ocupación de mano de obra en 1995, como consecuencia de la escasez de obra, aplazamiento de nuevas inversiones, restricciones crediticias, altos costos de dinero y el ajuste del presupuesto público. La contracción económica propició también que el consumo de bienes y servicios sufriera una caída del 47.7% en promedio.
En el campo, la producción de granos básicos cayó en un 41% en el ciclo otoño-invierno de 1994-1995 en relación al año anterior. Las mayores caídas se registran en maíz, trigo y sorgo; la superficie de siembra se contrajo de 3 millones 162 mil a un millón 990 mil hectáreas destinadas a granos básicos; la crisis del agro se ha acentuado por la falta de apoyo a la agricultura, expresada en la falta de créditos, el acaparamiento, la especulación y el intermediarismo, provocando la quiebra de miles de pequeños propietarios que ante la imposibilidad de pago han perdido sus tierras, incrementándose la dependencia alimentaria del extranjero.
Tras dos años de abaratamiento de sus mercancías para poder competir con la invasión de productos importados, principalmente de Estados Unidos, la mayoría de las agroindustrias están descapitalizadas y algunas han cerrado por incosteabilidad y las que siguen operando mantienen ociosa la mayor parte de su capacidad instalada, que en algunos casos llega al 70%. Los rubros más afectados son la producción de huevo, leche, pollo y cerdo.
A raíz del TLC el mercado nacional se ha contraído por la importación incontrolada de mercancías, que ha contribuido a la paralización y quiebra de la planta productiva nacional y a la pérdida de millones de empleos, convirtiéndonos en consumidores de productos chatarra. En el primer semestre de 1995 quebró el 20% de la planta productiva despidiendo a 1.8 millones de trabajadores. Este alto índice de desempleo se manifiesta en el hecho de que el 70% de la Población Económicamente Activa (PEA), es decir, 24.5 millones de mexicanos se encuentran sin empleo o en el subempleo.
En cuanto a la inflación, después de la devaluación de 1994, del aumento al IVA, de la readecuación de los precios y tarifas de los bienes y servicios públicos, ésta llegó hasta el 52% en 1995, sobrepasando todos los cálculos estimados en los programas económicos gubernamentales, que ante la situación de la crisis se han instrumentado, evidenciándose su carácter demagógico. Ni con los acuerdos decretados en el año de l995, ni con la reciente Alianza para la Recuperación Económica (ARE), se ha podido controlar los niveles de inflación. De 1987 a 1995 el precio de la canasta básica se ha incrementado 742%, mientras que el salario solo ha aumentado 211%, cayendo en consecuencia el poder adquisitivo de la población.
Concluyendo, los únicos beneficiados de la aplicación del modelo neoliberal han sido los monopolios nacionales y extranjeros, a quienes el gobierno beneficia y protege con su política mientras el pueblo sufre la sobreexplotación, opresión y represión sin precedentes en las últimas décadas.
S I T U A C I O N S O C I A L
Como resultado de la situación económica, de los 93 millones de mexicanos que habitan en nuestro país, las condiciones de vida de la mayoría son de pobreza, explotación, injusticia y opresión. Del total de la población, más de 65 millones viven en la pobreza (70% de la población total) y de estos, 25 millones se encuentran en la pobreza extrema (40%), de los cuales 18.75 millones se concentran en la ciudad y 6.25 millones en el campo.
Siguiendo esta línea, destaca la desigualdad en la distribución del ingreso. En 1984 el 10% de la población, entre las que se encuentran las familias supermillonarias, percibió el 34.26% del ingreso corriente monetario nacional. Para 1989, esta proporción aumentó a 38.97 % y para 1994 subió a 41.24%, constituyéndose este grupo en el único beneficiario del neoliberalismo, resultando severamente afectado el 90% de la población total. Según esto por cada 100 pesos que se generan de riqueza social, 41 pesos son distribuidos entre las familias más ricas del país y 59 pesos entre el resto de la sociedad.
En materia de trabajo, 16 millones de la Población Económicamente Activa (PEA), se encuentran sin empleo y 8.5 en condiciones de subempleo. La era de la modernidad está generando un ejército en crecimiento de desempleados y subempleados.
Durante 1992 el desempleo afectaba ya a 9 millones de trabajadores. En el periodo de 1983 a 1992 sólo se crearon dos millones de empleos remunerados, cuando por cada año ingresaban al mercado laboral entre 0.9 y 1.1 millones de jóvenes demandantes en los años ochenta y 1.2 millones en los noventa; ante ello, 10.4 millones de jóvenes no encontraron empleos remunerados.
Por otra parte, como consecuencia de la crisis que vive el país, el nivel de los salarios mexicanos se ha reducido de manera considerable, colocando a México como el país con la mano de obra más barata a nivel mundial. Para enero de l995, el costo promedio por hora de la mano de obra era de 1.05 dólares, similar al de China y entre tres y cuatro veces inferior al de Corea, Tailandia, Hong Kong y Brasil, cuando en Estados Unidos el precio de la mano de obra por hora es mayor al de México en diez veces. El costo de mano de obra de los millones de trabajadores que perciben un salario mínimo en nuestro país, equivale a sólo 40 centavos de dólar la hora; lo que explica el interés de las grandes transnacionales por instalar sus industrias en territorio mexicano, principalmente las del ramo de las maquiladoras, por el ahorro que les epresenta en cuanto a egresos en materia de salarios.
En 1976 el salario mínimo en México alcanzó su máximo nivel; posteriormente se ha deteriorado gradualmente su poder adquisitivo, principalmente a partir de la implementación de los topes salariales; así, el deterioro del poder adquisitivo de los salarios acumulado en los últimos 6 años, se estima en un 80% y, tan sólo en los últimos 14 meses se cuantifica en 30% .
Se observa como el salario mínimo de 1982 alcanzaba para adquirir el 38 % de la Canasta Básica Integral (CBI), es decir, alimentación, salud, vivienda, educación, recreación y servicios públicos, entre otros; el cual se ha ido deteriorando, pues en 1987 sólo permitía adquirir el 20% de la CBI y para 1993 con el salario mínimo, sólo era posible adquirir el 13 %. El costo de la CBI, actualmente supera en más de 500% el salario mínimo.
Pero si el minisalario no cubre el costo de la CBI, tampoco cubre el de la denominada Canasta Obrera Indispensable (COI), consistente en un kilo de sopa de pasta, gas, tortillas, azúcar, frijol, arroz, huevo, leche (Conasupo), aceite y pan blanco. En diciembre del 1987 el salario era de 6.47 pesos y el costo de la COI de 6.86 pesos. Para diciembre de 1994 el salario era de 15.27 pesos y el de la COI de 34.13 pesos, era entonces necesario contar con dos salarios para cubrir el costo de ésta. Para septiembre de 1995 la COI tenía un costo de 52.44 pesos y el salario era de 18.30 pesos, finalmente, para diciembre del mismo año la COI era de 57 pesos con 74 centavos y el salario sólo de 20 pesos con 15 centavos; lo que significa que en diciembre de 1987 un trabajador tenía que laborar 6 horas con 12 minutos para cubrir el costo de la COI y para diciembre de 1995 necesitaba trabajar una jornada de 22 horas 52 minutos.
Y si el nivel de salario no cubre siquiera el costo de la Canasta Obrera Indispensable, difícilmente cubrirá otras necesidades como la vivienda, la salud, la educación, la cultura y el esparcimiento. Por lo menos 3 millones 280 mil trabajadores mexicanos, deben mantener a sus familias con un ingreso inferior a los 600 pesos por mes; a pesar de que el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que toda persona tiene derecho al trabajo digno y a contar con salarios que les permitan satisfacer las necesidades de una familia en el orden material, social, cultural y educativo.
Respecto a la salud y a la seguridad social, no obstante que son un derecho establecido en los artículos 4 y 123 fracción XXIX de nuestra Constitución Política, y por lo tanto corresponde al Estado crear los mecanismos necesarios para su cumplimiento y dar atención efectiva a toda la población, la realidad es contrastante: más de 10 millones de mexicanos no tienen acceso a ningún tipo de servicio. Al encontrarse en regiones alejadas en las que no existe una infraestructura sanitaria ni los servicios elementales, la marginación y el olvido se acrecientan, siendo frecuente la muerte por una simple infección o enfermedad curable.
Las dos primeras causas de muerte son infecciones respiratorias y gastrointestinales, que cobran su mayor número de víctimas entre la población infantil. Anualmente mueren en México por enfermedades curables antes de cumplir cinco años de edad 158 mil niños. La desnutrición abarca a la mayoría de la población, tan sólo en 1993, oficialmente se reconocía que más del 50% de la población estaba desnutrida.
Cabe destacar la situación de los indígenas, el sector mas golpeado de la sociedad, cuya marginación se manifiesta en su alto grado de desnutrición: de cada 5 niños menores de 6 años de edad, solo uno tiene talla y peso normal.
Otro sector de la población que también está al margen de la atención por parte del Estado, es el de los discapacitados; en el país existen por lo menos 10 millones de personas en estas circunstancias, que no reciben ningún apoyo.
La seguridad social es insuficiente y para los que la tienen es limitada. Como ejemplo tenemos que más de 20 millones de la PEA carecen de ella y de protección contra accidentes y enfermedades de trabajo. El gobierno, lejos de cubrir este aspecto, ha puesto en marcha medidas tendientes a anular las conquistas de los trabajadores, modificando la legislación de las instituciones de salud, para hacer de éstas empresas redituables circunscritas en el marco de la modernización y en las que se permita la inversión de capitalistas privados y extranjeros, en correspondencia con las políticas de privatización de los programas de seguridad social y fondos de jubilación.
En correspondencia con la política de privatización del Estado, se crean las Administradoras de Fondos para el Retiro (AFORES), permitiendo la participación en éstas, de capital nacional y extranjero. Se trata de entregar el ahorro de los trabajadores al gran capital financiero, en condiciones que permitan el despojo y la especulación de los fondos de jubilación, lo que aumenta el riesgo de no alcanzar las ya de por sí raquíticas pensiones e incluso de no percibirlas.
La falta de protección social se agudiza para la población de la tercera edad. Hasta febrero de 1996 la población mayor de 60 años era de 6 millones, la mayoría sin empleo, por lo que el 29% de estas personas se ve obligado a recurrir a la economía informal para cubrir sus necesidades y muchos de ellos viven en la indigencia y mendicidad.
Para la población infantil mexicana la situación no es diferente, para 1992 ocho millones de infantes y adolescentes menores de 18 años, laboraban sin ninguna protección legal. Para 1996 aumentó a diez millones de niños los que entre una edad de 10 a 14 años laboran en condiciones de explotación
En cuanto a la vivienda, muchos mexicanos carecen de una vivienda digna y de los servicios sociales más elementales. Con 17.8 millones de viviendas existentes en México, hay un rezago de 4.6 millones. Existen casas donde un sólo cuarto sirve de cocina y dormitorio, viviendo sus habitantes en total hacinamiento; en el 19.6% el piso es de tierra, la construcción es con materiales de la región que en algunos casos son de varas, lodo, palma, zacate, cartones, etc.; no tienen baño ni letrinas.
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