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En México, 15 millones de personas carecen del servicio de agua potable y 30 millones no tienen alcantarillado; 22 millones viven en comunidades rurales dispersas, de menos de 2,500 habitantes, careciendo de la mayoría de los servicios y 6 millones de familias carecen de energía eléctrica.
En lo que a la educación se refiere, el analfabetismo en México es de 13% de habitantes; la tasa de escolaridad alcanza un nivel de 4.2 a 5.5 años, es decir, el promedio nacional de educación no alcanza a cubrir la primaria. Mientras que el gasto promedio anual en educación apenas rebasa el 4 % del PIB en los últimos 15 años, el presupuesto destinado a las instituciones militares (ejército, policía y cuerpos especiales) es mayor y cada año se incrementa a costa de la reducción del presupuesto al gasto social.
No se destina el porcentaje del Producto Interno Bruto sugerido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a la educación, que no debe ser menor al 8 %; las políticas educativas impulsadas hasta el momento están muy lejos de cubrir las necesidades de la población en este rubro. Desde la aplicación en México del neoliberalismo, la educación también ha sufrido cambios en este aspecto y la política educativa se dirige a apoyar sobre todo, la educación técnica más que las profesiones sociales y humanísticas, todo ello en correspondencia con la demanda de técnicos y obreros calificados que dictan las necesidades de los grandes capitalistas.
Sólo tienen acceso a la instrucción primaria 70 % de la población entre 6 y 11 años; en 1994 sólo 40 % de los jóvenes entre 12 y 15 años asistía a la secundaria. Sólo 28% de la población entre 16 y 18 años cursa preparatoria y apenas 14 % de quienes tienen entre 19 y 24 años cursan alguna carrera profesional. Es decir, de 100 niños que comienzan la primaria, sólo 12 terminan el bachillerato; cuatro la licenciatura; y sólo el 0.4, algún posgrado. A lo que hay que agregar que el 42 % de los niños deserta de la instrucción primaria por razones de pobreza, según cifras oficiales.
Y si el nivel del gasto público y del PIB es deficiente en materia de educación, lo es aún más en materia de investigación científica. Para garantizar el desarrollo social necesario es requisito el avance de la ciencia, la investigación y la tecnología. Pero lo es aún más el poner estas áreas al servicio del pueblo, en función de elevar su cultura y nivel de vida. Hay en este aspecto un atraso muy grande en comparación con otros países. El gobierno destina una proporción mínima del PIB, que tan sólo alcanza el 0.32 % y se plantea llegar al 0.7% para el año 2000. La cantidad que hoy destina el gobierno mexicano es todavía menor a la que se destina con ese fin en Brasil, Argentina, Chile y Venezuela, quienes invierten entre el 0.4 y el 0.5% del PIB. Esta situación propicia la fuga de cerebros de nuestro país hacia el extranjero.
En lo que a la cultura se refiere, los medios de comunicación y en especial la televisión la deforman, al fomentar valores morales y patrones de conducta ajenos a nuestra realidad. El impulso a la actividad cultural es nulo.
En relación al deporte, no existen presupuestos, planes ni programas adecuados que impulsen y canalicen la capacidad y el potencial de los niños y la juventud mexicana, dando como resultado el bajo rendimiento de los deportistas y la inexistencia de una cultura deportiva que conduzca a su práctica regular, ya que de los pocos recursos económicos destinados para la promoción del deporte masivo y de alto rendimiento, la mayor parte va a dar finalmente a manos de quienes lo dirigen.
El desempleo, la marginación, el difícil acceso a la cultura y el deporte, así como la falta de alternativas viables de vida conducen al aumento del stress, la neurosis, el suicidio, el alcoholismo y la drogadicción; además de provocar altos índices de violencia, delincuencia, prostitución y desintegración familiar.
Uno de los sectores más marginados es la población infantil; millones de niños se ven condenados al subempleo y explotación, además de ser víctimas de la prostitución, drogadicción, abusos policiacos y el abandono social, que se manifiesta principalmente en los llamados niños de la calle; muchos de los cuales, por estas razones, mueren antes de llegar a la edad adulta.
Víctimas también de la marginación son el sector campesino e indígena. Lejos de dar atención a las necesidades y demandas de los campesinos e indígenas, con las reformas al artículo 27 constitucional el gobierno ha pretendi do invalidar legalmente las conquistas sociales obtenidas a partir de la lucha del pueblo mexicano, hundiendo más en la miseria a los jornaleros agrícolas que dependen del campo para su subsistencia. Más del 60% de los productores y trabajadores rurales recibe menos de un salario mínimo.
Respecto a los indígenas, aparte de sufrir las condiciones arriba mencionadas, se enfrentan al intento del gobierno por exterminarlos física y culturalmente, al mantenerlos marginados, sin ningún apoyo adecuado a sus necesidades y sometiéndolos a la persecución, al encarcelamiento y al asesinato a manos de caciques y guardias blancas.
El agro mexicano sólo genera empleos durante 71 días al año, pues ante las condiciones de descapitalización, el campo ocupa apenas a un millón de trabajadores agrícolas durante 300 días al año, ante ello se ve amenazada la subsistencia de 7 millones de obreros agrícolas.
Resultado también de la falta de inversión en infraestructura básica para la producción y el riego, electrificación, carreteras, comunicaciones, y apoyos generales a estos sectores, es la deficiente producción. Durante 1995 se importaron 3.3 millones de toneladas de maíz, y se espera que para 1996, también por la sequía, la producción de granos caiga en más de tres millones y las importaciones tengan que ascender a 9 millones de toneladas.
Otro problema que enfrenta el pueblo mexicano es el de la migración, provocada por la ine-xistencia de fuentes de trabajo en México y la necesidad de sobrevivir. En la actualidad son millones de mexicanos los que han emigrado y siguen haciéndolo hacia los Estados Unidos, a pesar de los maltratos, las persecuciones y los asesinatos constantes de que son objeto por parte de las policías y grupos paramilitares norteamericanos.
Ante la violación constante de los derechos humanos de los migrantes, la posición del gobierno mexicano ha sido endeble y servilista. La respuesta a las demandas de trabajo y salarios dignos tampoco se ha reflejado en los hechos, y por el contrario, la situación para el mexicano bajo el actual gobierno y modelo económico se hace cada vez más insoportable.
Por otro lado, y como resultado de la explotación irracional de los recursos del país, hay agotamiento y contaminación de los mismos. Crece la degradación de los suelos, ríos y mares; aumentan las zonas deforestadas y desérticas y la contaminación del medio ambiente, debido a la voracidad del gran capital financiero, nacional y extranjero y a la complicidad del gobierno, que lejos de implementar una política para la solución de estos problemas, los agudiza al encontrar en ellos nuevas formas de saqueo de la riqueza del país y del pueblo mexicano, como los impuestos a la gasolina; los impuestos por la verificación vehicular; la venta de espacios territoriales para el depósito de desechos industriales altamente contaminantes; la concesión de el manejo y procesamiento de desechos sólidos a empresas privadas, entre otros.
De todo lo anterior podemos concluir que a pesar de que son preceptos constitucionales el derecho de los mexicanos a la distribución justa del ingreso y la riqueza nacional, el derecho a la educación, el trabajo, la cultura y la salud; y de que están prohibidas las prácticas monopólicas y determinada la inviolabilidad de la soberanía y la independencia nacional, la política del gobierno mexicano viola todos estos preceptos y es de sumisión y favorecimiento a la oligarquía nacional y extranjera; es de supeditación del interés popular al interés del capital financiero. Por lo tanto es un gobierno que sistemáticamente, durante décadas, ha estado fuera de la legalidad,imponiéndose de facto en contra de la voluntad popular.
A N A L I S I S P O L I T I C O
La situación política de nuestro país se caracteriza por la antidemocracia, la inexistencia de un estado de derecho, la carencia de justicia, la existencia de un Estado policiaco militar, la descomposición del sistema político mexicano, la imposición de una política neoliberal, la sumisión del gobierno hacia el capital financiero y la generalización del descontento popular y la protesta política.
El ejercicio arbitrario del poder manifestado en la falta de democracia, en la imposición de gobernantes mediante los fraudes electorales, en la falta de libertades políticas, en la marginación del pueblo en la toma de decisiones nacionales y la gestión de planes y medidas que lo beneficien, demuestra que, el gobierno actual al igual que los regímenes anteriores al ser producto de la imposición y al infringir las prerrogativas del poder soberano por voluntad del gran capital, carece de toda legitimidad y constituye un gobierno de facto
El Estado de derecho no existe, y esto se manifiesta en la violación cotidiana de la Constitución, reformada a espaldas y en contra del pueblo y aplicada en beneficio de la clase en el poder y del capital financiero.
En los últimos años se han hecho más de 300 modificaciones a la Constitución con el fin de cambiar su carácter social, eliminando las conquistas populares, fundamentalmente en lo que se refiere a los derechos humanos, a las garantías individuales, a los derechos agrarios y de los trabajadores.
El federalismo se ha sustituido por la subordinación de los estados y municipios al centro del país, por la ausencia de la autonomía y soberanía de las entidades federativas, a no ser para utilizarla como pretexto para la protección de intereses económicos y políticos locales. La división de poderes se ha convertido en una ficción, detrás de la cual es evidente la fuerza del gran capital, presente en las decisiones políticas nacionales y oculta tras la figura del poder ejecutivo, quien subordina a la mayoría de diputados, senadores, jueces y magistrados, convirtiendo a los poderes legislativo y judicial en simples apéndics del mismo.
La intensificación del uso de la violencia institucionalizada como método para enfrentar los conflictos políticos y sociales y la impunidad gubernamental, manifestadas en la represión selectiva y masiva a través de desalojos, hostigamientos, intimidaciones, persecuciones, detenciones, tortura, encarcelamientos, secuestros y desapariciones forzadas, asesinatos y masacres, haciendo uso del ejército, cuerpos policiacos, grupos paramilitares, grupos de choque y guardias blancas.
Algunos datos de 1995, hacen patente el grado que ha alcanzado la represión en nuestro país: más de 160 asesinatos por motivos políticos; más de 3000 presos que ingresaron a las cárceles por motivos políticos; más de 1110 ordenes de aprehensión en contra de luchadores sociales; más de 50 hechos de agresión a periodistas; más de 230 casos de agresiones, atentados o intimidaciones contra luchadores por la defensa de los derechos humanos, luchadores agrarios o líderes sindicales; más de 14,370 despidos por motivos políticos; más de 470 desalojos violentos; más de 220 casos de tortura y más de 530 detenciones ilegales.
Sumados estos datos a los 810 desaparecidos en las décadas de los 70's y 80's; los más de 600 asesinados y desaparecidos del PRD de 1988 a la fecha; los presos políticos que hoy se encuentran en las cárceles del país bajo acusaciones falsas y procesos viciados; los cientos de campesinos asesinados a manos de las guardias blancas protegidas por los cuerpos policiacos y el caciquismo; la persecución política y demás crímenes de lesa humanidad, muestran los dramáticos efectos de la violencia institucionalizada y de la guerra sucia en México.
La prepotencia y la actitud criminal manifestadas en estos y otros abusos que cotidianamente sufre la población de todo el país por parte de funcionarios, cuerpos policiacos y el ejército, se convierten en abierta impunidad pese a contar con evidencias irrefutables. La ilegalidad, el nepotismo, el trafico de influencias, la componenda política y las artimañas jurídicas tratan de ocultar y aplastar la protesta e indignación nacional, la denuncia y condena de organismos de derechos humanos y foros nacionales e internacionales.
A esta situación hay que agregar el alto índice de corrupción a que ha llegado el sistema político mexicano, en el que los más altos funcionarios, mandos del gobierno y sus instituciones civiles y militares se encuentran coludidos en el narcotráfico, el lavado de dinero y el enriquecimiento ilícito, constituyendo el narcotráfico parte orgánica del capital financiero y del Estado. La disputa de los grupos de poder por el control político y económico los ha llevado a la agudización de sus pugnas internas, recurriendo al asesinato como práctica cotidiana para dirimirlas. Al gobierno mexicano cada vez le es más difícil gobernar bajo sus formas tradicionales por lo que se ha visto obligado a modificarlas para mantenerse en el poder, haciéndose más evidente la acelerada descomposición del sistema político.
Todo lo anterior ha propiciado una mayor pérdida de credibilidad por parte del pueblo, hacia las instituciones y los planes económicos, políticos y sociales gubernamentales.
En el marco del descontento popular, la reactivación de la movilización social y política, así como de los síntomas de liberación del pueblo oprimido, éste va adquiriendo claridad para luchar por la reforma de Estado que la nación reclama, que son las transformaciones generales institucionales, necesarias de materializar a través de la vía democrática revolucionaria. Por su parte, el gobierno trata de evitarla, sustituyéndola por cambios intrascendentes, basándose en la demagogia y la profundización de la represión, para seguir controlando los procesos electorales intentando legitimar su política antipopular, tratando de aplastar el estallido social y revolucionario para impedir los cambios sociales profundos y mantener en el poder a la oligarquía financiera, estrategia a la que se ha sumado el PAN, conformando un binomio partidario como alternativa oligárquica de poder.
La generalización del descontento popular, el ascenso de la lucha política de masas y el desarrollo de la lucha democrática revolucionaria, hacen que para enfrentar este proceso el Estado intensifique y refuerce su plan general contrainsurgente en el contexto de la guerra de baja intensidad, imprimiendo este carácter a todos los actos y planes gubernamentales.
Con el pretexto del combate al narcotráfico y la delincuencia organizada, se modifica el marco jurídico para la implementación de la violencia institucional y la guerra sucia en contra del pueblo y del movimiento democrático revolucionario; se crea la Coordinadora Nacional de Seguridad; se generalizan las razzias, los retenes, los cateos y saqueos a poblaciones, las detenciones arbitrarias, la vigilancia y persecución a los luchadores sociales, la violación de la correspondencia, la cancelación de la libertad condicional, los operativos policiacos y militares; la intensificación y ampliación de la labor de inteligencia; se legaliza el espionaje telefónico y electrónico.
A costa de la disminución del presupuesto social, aumenta el presupuesto militar, se moderniza y se adquiere nuevo armamento sofisticado para elevar su alcance, potencia y volumen de fuego del ejército y la policía tanto en la ciudad como en el campo; se reorganizan las fuerzas armadas, se readecua la táctica, se redistribuyen las unidades sobre el terreno, se incrementa el número de efectivos policiacos y militares en el campo y la ciudad, se crean batallones contrainsurgentes de reacción inmediata y fuerzas especiales de carácter regional; se incrementa el patrullaje, sobrevuelo y rastrillaje militar y policiaco; se militarizan los cuerpos policiacos, se relevan los jefes policiacos por altos mandos y jefes militares en diferentes partes del país; se avanza en el proceso de militarización de la vida civil; se intensifica la guerra psicológica, se siembra el terror en diversas regiones presumiblemente bases de fuerzas insurgentes y se incrementa la participación de asesores militares extranjeros en la preparación de los cuerpos policiacos y militares, guardias blancas y grupos paramilitares; aumenta la supuesta labor cívica y social del ejército y se inyecta recursos económicos selectivamente en las regiones ubicadas por la inteligencia militar como "focos rojos", configurando todo esto la existencia de un estado policiaco militar en México.
Una medida más de la contrainsurgencia es la implementación de la táctica del "dialogo y la paz" en la que se combina la negociación con la amenaza permanente de guerra y acciones de guerra psicológica en las zonas de conflicto, que intenta desgastar, desmovilizar y derrotar a las fuerzas insurgentes.
La paz que pregona el Estado significa, persecución, encarcelamiento, desaparición, asesinatos y masacres para mantener y garantizar la "tranquilidad" la "estabilidad" y la existencia del sistema político, negándole al pueblo el derecho a vivir de una manera digna y en una paz verdadera basada en la justicia social, la democracia y la libertad.
La violación sistemática de la constitución, la falta de respeto de la voluntad popular, la falta de democracia, la injusticia social, la usurpación de la voluntad soberana del pueblo por parte de un grupo de oligarcas y la existencia de un Estado policiaco militar, confirman que el gobierno mexicano es un gobierno ilegitimo y de facto.
Con la incorporación de nuevos sectores y organizaciones y el desarrollo de nuevas acciones políticas, la lucha popular ha tenido un impulso significativo que se pone de manifiesto en su nivel de organización y coordinación. A pesar del corporativismo, la demagogia, el espectáculo y la represión que mantienen bloqueado el movimiento y la protesta social, en las distintas movilizaciones populares y acciones de resistencia, se expresa el repudio y la protesta política cotidiana contra el gobierno antipopular, mediante huelgas, paros, manifestaciones y acciones políticas, como plantones, tomas de edificios públicos, tomas de tierras, cierres de carreteras y calles, huelgas de hambre, acciones de resistencia, autodefensa y justicia popular en el campo y la ciudad, entre otras.
La represión contra obreros, maestros, estudiantes, colonos vendedores ambulantes, organizaciones campesinas y pueblos indios, deudores de la banca y pequeños productores, reflejan el mayor endurecimiento de la política del gobierno, pese a lo cual crece la combatividad popular al verse afectadas más profundamente sus garantías individuales y sus derechos políticos, constituyendo esto los primeros síntomas del ascenso revolucionario del pueblo.
En la lucha de masas las acciones de autodefensa tienden a generalizarsecomo legítimo derecho ante la explotación y la opresión; asimismo cobra fuerza la resistencia de diferentes sectores del pueblo que no estan dispuestos a seguir soportando la política represiva y neoliberal del Estado. Esto contribuye a que el creciente descontento vaya adquiriendo nuevas formas y niveles de lucha por la defensa de los intereses de los trabajadores, concretados en la combatividad y la rebeldía.
El desarrollo político alcanzado por las masasen la lucha por los que hoy son sus principales intereses, necesidades y demandas centrales, apunta hacia la conformación de un amplio movimiento nacional, en el que todas las fuerzas democráticas revolucionarias se incorporen gradualmente a la lucha por un mismo objetivo, el de llevar a cabo las transformaciones de las condiciones económicas sociales y políticas existentes.
En varios sectores y puntos del país se construyen Organos de Poder Popular que expresan y representan la voluntad soberana del pueblo y que contribuyen a resolver y satisfacer, por la vía del hecho, sus necesidades y problemas.
En este contexto se plantea la necesidad de transitar por una vía revolucionaria que contemple el desarrollo, combinación y generalización de todas las formas de lucha: la económica, la política, la ideológica, la legal, la clandestina, la electoral, la parlamentaria, la movilización y la acción política de las masas y la lucha armada revolucionaria, que nos permita avanzar en la construcción del poder popular desde abajo en cada centro de estudios, centro de trabajo, colonia, barrio, ejido, comunidad, pueblos y ciudades para lograr los objetivos y demandas contenidos en el programa político del Partido Democrático Popular Revolucionario y el Ejército Popular Revolucionario.
¡POR LA VIA DEMOCRATICA REVOLUCIONARIA TODO EL PUEBLO AL PODER!
¡POR LA REPUBLICA DEMOCRATICA POPULAR EL PUEBLO UNIDO TRIUNFARA!
PARTIDO DEMOCRATICO POPULAR REVOLUCIONARIO
PDPR
EJERCITO POPULAR REVOLUCIONARIO
EPR
República Mexicana a 7 de agosto de 1996
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