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Leer a Osorno para entender Oaxaca
Luego de casi un año de atestiguar la insurgencia social vivida en
Oaxaca durante 2006, Diego Enrique Osorno escribió la extensa crónica
Oaxaca sitiada. La primera insurrección del siglo XXI (Editorial
Grijalbo, México, 2007), volumen que esta semana llega a librerías.
Cualquier libro habría podido andar por el mundo con un nombre —título—
distinto del que finalmente se le dio. A esta notable crónica de Diego
Enrique Osorno, que hoy tiene en sus manos el lector, bien le habría
quedado un título más largo, a la antigua, por ejemplo, el resumen de
una denuncia perfectamente fundada: Crónicas de un testigo de la
represión autoritaria de un movimiento social largamente generado en una
de las ínsulas priístas, y de cómo el atropello fue solapado por todos
los poderes nacionales para proteger a un presidente de derecha, recién
llegado y con su elección bajo sospecha. Sin embargo, todo el drama
político, social, cultural y humano vivido en 2006 en la capital de la
antigua Antequera, descrito por uno de sus testigos más lúcidos, ha
quedado enmarcado con el austero título de Oaxaca sitiada. La primera
insurrección del siglo XXI. La crónica es un género muy añejo que, pese
a ciertos augurios en contra, hoy sigue vivo, muy vivo. Uno de los
mejores y más recientes ejemplos de la crónica política y social en
México es justamente esta analítica descripción del sorpresivo
movimiento de protesta y rebelión urbana en contra de un autoritarismo
que en Oaxaca lleva más, mucho más de los 78 años de dominio político
ininterrumpido del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Oaxaca es
actualmente uno de los estados con los peores indicadores de desarrollo
humano. Con un índice de 0.716, apenas supera a Chiapas, pero está por
debajo de Guerrero. Si Oaxaca fuera un país independiente, su grado de
desarrollo humano la colocaría en el listado mundial exactamente atrás
de las islas de Cabo Verde, al occidente de África (Informe sobre el
desarrollo humano, México, PNUD, 2004, p. 28). La compleja y milenaria
historia de la sociedad oaxaqueña ha transitado de un lugar central en
el México prehispánico y colonial —cuna de los dos grandes líderes
políticos liberales del siglo XIX, Benito Juárez y Porfirio Díaz— a una
región económica y políticamente marginal, expulsora masiva de población
hacia el norte del país y Estados Unidos, y uno de los escenarios donde
un viejo partido autoritario, el PRI, mantiene una feroz lucha de
retaguardia con el objetivo de prolongar lo más que pueda su dominio
sobre el aparato formal del poder.
Ningún cronista, aunque lo deseara, puede ser imparcial. Al seleccionar
los datos para animar su testimonio de entre una cantidad que en la
práctica es inabarcable, Diego Osorno ni siquiera pretendió la supuesta
neutralidad del periodismo actual. Al contrario, su reconstrucción y
explicación en torno a la insurrección oaxaqueña en épocas en que la
revolución clásica parece ser ya una utopía, obliga al lector a tomar
partido. Y a tomarlo en favor de los muchos oaxaqueños que marcharon
cuesta arriba en su afán por atraer el apoyo del resto de sus
conciudadanos y de las instituciones federales, para poner fin a un
anacronismo y a una de las peores maquinarias políticas del viejo
régimen posrevolucionario mexicano. Al final, los insurrectos fueron
aplastados por la alianza de lo viejo y autoritario local con lo
supuestamente nuevo y democrático nacional. Aquí conviene resaltar la
suposición porque, como lo va a mostrar este trabajo, las actitudes y
acciones del gobierno federal y del Congreso sólo se pueden explicar
como resultado de una complicidad al más alto nivel de la estructura de
poder, con los deshilachados filamentos de lo más viejo y corrupto de la
política mexicana. Esa complicidad mostró que el llamado “nuevo régimen”
tiene más de viejo y de autoritario que de nuevo y democrático. No
entenderíamos mucho de nuestra sociedad, si no aceptamos que algo cambió
en la arena política de México a partir de los enormes esfuerzos que
hicieron varios actores de izquierda y derecha por darle contenido a la
democracia en los últimos decenios del siglo XX. Sin embargo, tampoco
pueden entenderse los muy pobres resultados de la recién estrenada
“democracia” mexicana si no se ven de frente, y se admiten, los muchos
rancios conservadurismos y las fuertes inercias y herencias del pasado,
especialmente en aquellas regiones donde el PRI acumula ya 78 años
consecutivos de hegemonía, como es el caso de Oaxaca.
Una de las características fundamentales del autoritarismo priísta fue y
es su intolerancia a los movimientos sociales independientes. Y es que
en ese sistema político no había lugar para que convivieran los aparatos
de autoridad y el partido de Estado con movilizaciones independientes,
impugnadoras de la legitimidad de la estructura misma del poder. De ahí
la destrucción sistemática en el siglo pasado, mediante represión y
cooptación, de las expresiones de organización social que pretendieron
desarrollarse al margen del PRI —el henriquismo de 1952-1953, el navismo
potosino de 1958-1961, el movimiento magisterial de 1958, el
ferrocarrilero de 1959, el jaramillismo de 1962, el movimiento de los
médicos de 1965, el movimiento estudiantil de 1968 y de 1971—,cuyo
último esfuerzo fue intentar que corrieran la misma suerte el
neocardenismo en 1988 y el neozapatismo en 1994. Sin embargo, con la
aceleración del proceso de cambio que demanda nuestro país, ni el
neocardenismo, que se transformó en el Partido de la Revolución
Democrática (PRD), ni el Ejército Zapatista de Liberación Nacional
(EZLN), pudieron ser destruidos y sí, en cambio, fueron elementos
decisivos para apuntalar el limitado pluralismo político actual. Con la
salida del PRI de “Los Pinos” en el año 2000, se supuso que entre las
reglas del sistema político que habían dejado de operar estaban el
fraude electoral y la destrucción violenta de las movilizaciones
sociales. El triunfo de la resistencia de los comuneros de San Salvador
Atenco a la expropiación de sus tierras, y la marcha del EZLN a la
ciudad de México en los inicios del nuevo gobierno presidido por el PAN,
parecieron confirmar que efectivamente el cambio político en México
incluía la aceptación del pluralismo, no sólo en el campo de los
partidos: también en el de los movimientos sociales. Sin embargo, lo
acontecido en Oaxaca a la Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca (APPO)
mostró que las antiguas reglas del juego político estaban lejos de
desaparecer. A la APPO , las autoridades locales y federales, y los
poderes fácticos, le toleraron sus actividades por un tiempo demasiado
largo para los estándares del pasado, aunque desde el inicio emplearon
en su contra muchos de los instrumentos de sobra conocidos —entre otros,
la creación de organizaciones armadas falsamente revolucionarias para
ligarla con ellas y desprestigiarla— y al final la reprimieron a la
antigua usanza: con ferocidad e impunidad.
Es decir, con la APPO quedó demostrado, en su sentido más negativo, la
vigencia de lo que el novelista descubrió al examinar la historia de su
propio país: “El pasado nunca pasa, pues en realidad ni siquiera es
pasado”.
Para Diego Enrique Osorno, “Las insurrecciones nunca estallan en las
cafeterías. El Poder las provoca. Sorprenden a todos, asedian las calles
y arrasan con lo que pueden”. Así pasó en 1810 en Guanajuato y así
volvió a suceder en el norte y en Morelos en 1910. En Oaxaca, el Poder,
así, con mayúscula, ha estado trabajando, sin proponérselo y de mucho
tiempo atrás, para provocar una insurrección. A eso condujeron no sólo
las políticas del gobernador Ulises Ruiz o las de sus predecesores
inmediatos, sino una acumulación de agravios que vienen de decenios, de
siglos atrás, en una sociedad pobre, dividida en 570 municipios —la
mayoría pequeños y pobres en extremo— donde coexisten “blancos” y
mestizos con mixtecos, popolocas, chochos, triques, amuzgos, mazatecos,
cuicatecos, chinantecos, zapotecos, chatitos, mixes, chontales, suaves,
nahuas, zoques, ixcatecos y tacuates. Pero la pobreza por sí misma, o el
agravio por sí mismo, no llevan automáticamente a la insurrección. Se
necesitan, además, incidentes específicos, liderazgo alternativo y,
sobre todo, la idea de que la transformación de la sociedad es viable.
Según Osorno, el liderazgo insurgente en Oaxaca no se personalizó sólo
en los maestros de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores
de la Educación (SNTE), reprimidos innecesaria e inefectivamente por el
gobernador, también en las organizaciones surgidas de tiempo atrás y que
revivieron con el conflicto: el partido Comunista de México Marxista
Leninista, el Frente Popular Revolucionario, la Unión de Trabajadores de
la Educación , la Unión de la Juventud Revolucionaria de México, la
Unión de Campesinos Pobres, la Corriente de Trabajadores
Revolucionarios, la Coordinadora de Mujeres, el Frente de Colonias
Populares, las antiguas organizaciones guerrilleras, etcétera.
La coyuntura nacional de 2006 fue lo que permitió que se abrigara la
idea de que un cambio verdaderamente sustantivo también era posible en
Oaxaca. Después de todo, la democracia electoral parecía que funcionaba
y ya una gran movilización en la ciudad de México había echado por
tierra el intento del entonces presidente Vicente Fox, del Partido
Acción Nacional (PAN) y del PRI, de anular la candidatura presidencial
de Andrés Manuel López Obrador por el PRD mediante un legalismo
ilegítimo: el desafuero. Al final, la alianza y complicidad entre dos
necesidades —la de un nuevo gobierno federal con una base electoral muy
débil y la de un PRI cada vez con menos terreno para moverse— y por
medio de la violencia dura y pura de los gobiernos federal y local —el
costo de esa violencia aún está por contabilizarse, pero que incluye 26
muertos—, pusieron fin a la insurrección, un fin quizá temporal. Y,
desde luego, los acontecimientos de Oaxaca también contribuyeron a
terminar con muchas ilusiones en torno a la naturaleza de la propia
transición política mexicana. La crónica de Osorno, muy bien
estructurada en once capítulos, gira en torno a estos temas: lo que
ocurrió en Oaxaca fue una insurrección con agravios mucho más complejos
y hondos que la mera reacción de unos maestros agredidos por una policía
tan brutal como inepta; la represión del final de 2006 consiguió a
medias su objetivo, es decir, la desmovilización temporal, pero también
logró poner al descubierto algunas de las grandes debilidades del nuevo
orden político, un orden sostenido básicamente por un entendimiento de
fondo entre el PRI —que no es realmente una oposición sino un apoyo a
quien quiera que esté en la presidencia— y el PAN, el supuesto
adversario del autoritarismo y la corrupción priístas.
Del lado de los insurrectos oaxaqueños hay todo un arco iris bien
descrito por el autor. Algunos de estas coloraciones son particularmente
importantes de cara al futuro: la izquierda clandestina, “subterránea” y
los medios de comunicación independientes. Para explicar lo sucedido en
Oaxaca, o en cualquier otro caso similar, hay que esforzarse por
observar a los actores no sólo desde arriba sino, sobre todo, desde
abajo, y explorar los móviles y las actitudes de los marginados.
Igualmente significativo es el papel que desempeñó la corrupción, que se
puede detectar en la defensa de los intereses creados, y en la manera
como el periodismo de los grandes medios reportó el conflicto social en
Oaxaca. Hay de crónicas a crónicas. La que aquí va a encontrar el lector
es, en primer lugar, la de un caso clave, extremo, de las
contradicciones del proceso de desarrollo político mexicano
contemporáneo. En fin, ninguna explicación de los rumbos torcidos que
tomó el cambio político de México al inicio del siglo XXI puede estar
completa sin asomarse a la insurrección oaxaqueña, que buscó en 2006
terminar con uno de los reductos más fuertes del viejo régimen. Nadie
que busque comprender esa insurrección puede dejar a un lado la crónica
de Diego Enrique Osorno, ejemplo de las posibilidades del periodismo
mexicano cuando se practica con inteligencia, profesionalismo y
responsabilidad.