(De la Resistencia, nota recibida vía internet)
Democracia brutal
El país también se divide entre las elites gobernantes y los
ciudadanos deseosos de participar en la vida pública. Es una fractura tan
profunda como la brutalidad con la que se disputa el poder.
Los gobernantes autoritarios hacían lo posible por alejar a la sociedad de
las decisiones políticas. Eso ya cambió en el discurso porque en la vida
diaria se mantienen intactos los obstáculos a la participación social
recordándonos la ingenuidad de quienes creíamos que con la alternancia se
abrirían los corredores del poder. Las hadas cívicas nunca sustituyeron a
las brujas de la grilla hermética. Si una lección deja este sexenio -con
año electoral incluido- fue que prevalecieron los intereses de quienes
tuvieron mayor sagacidad, recursos, mañas, fuerza... La razón fue lo de
menos.
Carlos Slim es súper-ultra-multi-millonario por su inteligencia, y porque
millones de consumidores
seguimos atrapados en esas prácticas monopólicas toleradas por un gobierno
doblado ante los grandes intereses. Las televisoras obtuvieron una ley a su
medida extorsionando a senadores y políticos con columna de plastilina.
Elba Esther Gordillo se ciñó los laureles de "Ganadora del 2006" gracias a
los enormes recursos de un sindicato magisterial que medra con la
ignorancia de nuestra infancia. Ulises Ruiz y Mario Marín siguen gobernando
Oaxaca y Puebla por las alianzas entre los poderes fácticos. En síntesis,
los consumidores y los ciudadanos tenemos pocas instituciones dispuestas a
defendernos.
En el país impera una democracia del ¡sálvese quien pueda!, y los
individuos y grupos deseosos de influir en los asuntos públicos encuentran
bloqueadas las vías de acceso. Revisemos brevemente las opciones a
disposición de los ciudadanos motivados. Mientras que en otros países es
posible organizar referéndums, plebiscitos o iniciativas, en México es imposible
porque los partidos jamás legislaron sobre la materia pese a haberlo
prometido en repetidas ocasiones -en esta ocasión el Partido de la
Revolución Democrática los incluyó en su agenda. En algunos de los 17
estados donde existen leyes de participación ciudadana son tantos los
requisitos que resulta casi imposible impulsar una iniciativa. En el
panista Guanajuato se exigen casi 100 mil firmas acompañadas de ¡fotocopias
de la credencial de elector por ambos lados!
Con frecuencia se mencionan los problemas para establecer una empresa pero pocos mencionan los obstáculos tras la creación de una asociación civil, la
forma legal más usada por la ciudadanía para participar en política. De
entrada está el absurdo costo impuesto por los notarios, un monopolio con
permiso oficial que opera con total impunidad. Ya legalizada
vienen los trámites comunes a cualquier empresa para luego enfrentarse a la
supervivencia en un país con escasa tradición filantrópica.
Las Agrupaciones Políticas Nacionales, reglamentadas por la legislación
electoral, tienen tal cantidad de candados que son escasas las historias de
éxito además de haberse convertido en instrumento para la creación de
partidos (sólo pueden hacerse desde una APN).
El exceso de recursos públicos ha desquiciado la vida interna de los
partidos y su impulso primario se orienta a cerrar los espacios y evitar
competencias sobre su monopolio de la vida pública. Las burocracias se
perpetúan a sí mismas y utilizan a los partidos para acceder a cargos
públicos generalmente bien pagados. Ésta es la razón de fondo tras los
requisitos absurdos para la creación de nuevos partidos, sobre todo si se
les compara con otros países. En Holanda sólo se requieren
570 firmas para registrarse y participar en elecciones nacionales (por
cierto, los pedófilos nunca cubrieron con ese requisito; se quedaron en
100).
Esta situación cambia cuando las elecciones son competidas; los esfuerzos
para incorporar ciudadanos se multiplican. En el 2000 el actual Presidente
se apoyó en la estructura paralela de los Amigos de Fox para desbandarlos
después de la victoria. En el 2006 López Obrador impulsó las Redes
Ciudadanas y está por verse si sobreviven cuando venga el choque con la
burocracia partidista. Por estas razones resultan tan saludables las
candidaturas ciudadanas.
Quedan las formas tradicionales de influir en la vida política en donde ha
habido algunos avances. Se generaliza el cabildeo que ante la falta de
regulación sigue estando sujeto a los impulsos de las personalidades. Como
antes. En 1994 Alianza Cívica pudo presionar a favor
de la limpieza electoral por la sensibilidad y disposición del entonces
secretario de Gobernación, Jorge Carpizo, y de algunos consejeros del
Instituto Federal Electoral. Todavía ahora sigue siendo indispensable el
respaldo de alguien con un cargo de poder para lograr que prosperen las
propuestas. La importancia de ese factor se reducirá cuando se generalice
la cultura de la participación: la sociedad debe acentuar la propuesta
frente a la protesta, y el político interiorizar que su función es la de
ser servidor público.
La Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República debe, en teoría
al menos, ser sensible a la participación ciudadana. Quien fuera su
presidente durante el último sexenio, el priista Sadot Sánchez, consideró
en el 2004 ofensivo e inapropiado el deseo de organismos civiles de
participar en el nombramiento del presidente de la Comisión Nacional de
Derechos Humanos, una institución cara y de beneficios cuestionables.
Ahora ocupa la presidencia de la misma Comisión doña Rosario Ibarra de Piedra
que llega bajo las siglas del PRD. Por su historial, seguramente será más receptiva a
los muchos planteamientos que la sociedad tiene en el área de los derechos
humanos.
Cuando se acerca el final del primer sexenio de la alternancia es evidente
la brutalidad de las reglas democráticas. Quienes quieren defender
cualquier derecho deben prepararse para un enfrentamiento constante en el
que la sociedad está en desventaja frente a los otros actores; una
situación que profundiza otra de las fracturas que dividen a la sociedad.