Daños y perjuicios con automotores. Caso federal. Ambito. Falta de debido rigor de fundamentación. Giro a la izquierda. Prohibición.

1.- No obstante que los agravios precedentemente reseñados, remiten al examen de cuestiones de hecho, prueba, derecho local y común, materia ajena -como regla y por su naturaleza- a la instancia del articulo 14 de la ley 48, ello no resulta óbice para abrir el recurso, cuando el pronunciamiento carece de un análisis razonado de elementos eventualmente conducentes para la solución de la causa, y deja al descubierto una fundamentación sólo aparente. En este orden el Tribunal tiene dicho que si el juzgador ha prescindido de efectuar un tratamiento adecuado del asunto conforme a las pruebas producidas, y si los argumentos expuestos por la Cámara han franqueado el limite de razonabilidad al que está subordinada la valoración de la prueba, el pronunciamiento no constituye un acto judicial válido (doctrina de Fallos 311: 1656, 2547, entre otros).

2.- La conclusión del juzgador acerca de que el accidente se produjo por culpa exclusiva de la víctima, carece, de manera para mí evidente, del debido rigor de fundamentación. Cabe observar, en tal sentido, que, tanto el juez de grado, como su Alzada, omitieron tener en cuenta que la maniobra realizada por el demandado resulta violatoria de los principios básicos de conducción que emanan, en jurisdicción local, del articulo 51, inciso 4) de la ley 11.430, y que, en general, en nuestro país, vedan el giro a la izquierda (salvo en las esquinas en que no está prohibido) en las arterias que admiten circulación en ambos sentidos. Además, estimaron cumplida la obligación de reforzar con la señal manual la indicación del giro a la izquierda cuando se realiza para ingresar en un predio frentista (art. 53, inc. 40, de la ley 11.430), con la escasa velocidad a la que giró el automóvil, que tuvieron por acreditada en 10 Km./h. A mi modo de ver, este argumento no pasa de ser una afirmación carente de sustento, toda vez que no explica por qué razón, la poca velocidad en el giro, dispensaba de probar que se efectuó la señal manual, máxime cuando - en mi opinión -, lo que importa en el caso a los efectos del cumplimiento de las normas de tránsito y el deslinde la responsabilidad, es el aviso o señal, a fin de que la invasión de la mano contraria no resulte sorpresiva. Tampoco resulta suficiente para avalar este razonamiento, la aseveración, no acreditada, de que el rodado de la víctima fuera de escasa maniobrabilidad y dudosa utilización en zonas urbanas.

3.- Estimo que la Cámara ha prescindido de dar un tratamiento adecuado a la controversia, efectuando un análisis parcial y aislado de los elementos de juicio obrantes en las actuaciones, sin integrarlos ni armonizarlos debidamente en su conjunto, defecto que lleva a desvirtuar la eficacia que, según las reglas de la sana crítica, corresponde a los distintos medios probatorios; y se ha apoyado, además en afirmaciones dogmáticas que le dan al fallo un fundamento sólo aparente que no encuentra sustento en constancias comprobadas de la causa (y doctrina de Fallos 312; 683; 317:640; 318:2299, entre otros).

Suprema Corte:

La Sala L”, de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, confirmó la sentencia de Primera Instancia, que, al tener por acreditada la culpa de la víctima, fallecida en un accidente de tránsito rechazó la demanda por daños y perjuicios promovida por sus padres.

Para así decidir, sostuvo que los argumentos del apelante referidos a que el giro a la izquierda efectuado por el demandado estaría prohibido por las leyes de tránsito, en razón de no haberse realizado en la intersección de las calles sino diecisiete metros de la esquina, caen ante lo dispuesto por el artículo 53, inciso 40, de la ley provincial 11.430, que expresamente lo permite para ingresar en un predio frentista (en el caso, en una estación de servicio), siempre y cuando se refuerce la indicación de la maniobra con la señal manual. Coincidió con el juez de grado, en estimar cumplida esta obligación con la escasa velocidad a la que el automóvil dio el giro - que tuvo por acreditada en el orden de los 10 Km./h.-, considerando, además, al rodado que conducía la victima (un cuatriciclo), como de poca maniobrabilidad y dudosa utilización en zonas urbanas.

Por otra parte, juzgó que este último se desplazaba a velocidad excesiva (entre 35 y 40 Km./h. en el momento del impacto, conforme al peritaje de fs. 144/14 5 de la causa penal), circunstancia que no le permitió frenar a tiempo, y determinante de la falta de dominio de su conductor. Añadió que, en cuanto al tiempo de reacción al que se refirió el apelante, si la victima pudo razonablemente ver al automóvil efectuar el giro lentamente, debió tener margen suficiente para disminuir la velocidad y frenar a tiempo para evitar el accidente.

Concluyó que, al no haberse probado que el demandado circulara a velocidad excesiva y doblara repentinamente, dadas la condiciones de tiempo y lugar, no cabía otra solución que la adoptada por el primer sentenciador (y. fs. 463/464 del principal, foliatura a citar en adelante, salvo indicación expresa).

-II-

Contra este pronunciamiento, los actores dedujeron el recurso extraordinario de fs. 471/475, cuya denegatoria de fs. 483/484, motiva la presente queja. Tachan a la sentencia de arbitraria, reprochando que la misma no constituye derivación razonada del derecho vigente con referencia a los hechos comprobados de la causa, ni guarda relación con las constancias de la misma, por omitir toda alusión a la mecánica del accidente, a la pericial realizada en sede civil, y a la confesional que prestó la demandada, y por haberse valorado en forma arbitraria elementos probatorios.

Alegan que la demostración inequívoca de la ocurrencia de los hechos, surge de los croquis obrantes tanto en sede penal como en sede civil, cuya consideración se omite. Exponen que el factor desencadenante del accidente, fue el giro efectuado por el automóvil. Reprueban que se haya imputado velocidad excesiva al cuatriciclo, aún cuando la admitida por los peritos, certifica que estaba dentro de los limites permitidos por la ley en la materia.

Examinan, luego, el peritaje mecánico efectuado en sede civil a fs 278/301, para afirmar que el conductor del automóvil, que reconoce haber visto al cuatriciclo a 80 metros, pudo contar con el tiempo suficiente para prever o evitar fa colisión, no cumpliendo con el deber de cuidado que establece la teoría de la cosa riesgosa o peligrosa sentada por la doctrina. Expresa que la sentencia atribuye esa conducta a la víctima, omitiendo considerar que, al girar a la izquierda en avenida de doble mano, el automóvil fue el generador del suceso. Aduce que la colisión era inevitable, salvo que la víctima la hubiese previsto, lo que era imposible - conforme al peritaje citado -, debido al tiempo de reacción y al requerido para detener su marcha.

Se quejan, además, que en Primera Instancia se haya desestimado por tardías, sin atribuirles falso testimonio, las declaraciones de los testigos de la actora que depusieron a fs. 187/189, violando, de ese modo, el principio constitucional de igualdad ante la ley y las garantías del debido proceso.

-III-

No obstante que los agravios precedentemente reseñados, remiten al examen de cuestiones de hecho, prueba, derecho local y común, materia ajena - como regla y por su naturaleza — a la instancia del articulo 14 de la ley 48, ello no resulta óbice para abrir el recurso, cuando el pronunciamiento carece de un análisis razonado de elementos eventualmente conducentes para la solución de la causa, y deja al descubierto una fundamentación sólo aparente. En este orden el Tribunal tiene dicho que si el juzgador ha prescindido de efectuar un tratamiento adecuado del asunto conforme a las pruebas producidas, y si los argumentos expuestos por la Cámara han franqueado el limite de razonabilidad al que está subordinada la valoración de la prueba, el pronunciamiento no constituye un acto judicial válido (doctrina de Fallos 311: 1656, 2547, entre otros), situación que, a mi modo de ver, se configura en el sub lite.

En efecto, la conclusión del juzgador acerca de que el accidente se produjo por culpa exclusiva de la víctima, carece, de manera para mí evidente, del debido rigor de fundamentación. Cabe observar, en tal sentido, que, tanto el juez de grado, como su Alzada, omitieron tener en cuenta que la maniobra realizada por el demandado resulta violatoria de los principios básicos de conducción que emanan, en jurisdicción local, del articulo 51, inciso 4) de la ley 11.430, y que, en general, en nuestro país, vedan el giro a la izquierda (salvo en las esquinas en que no está prohibido) en las arterias que admiten circulación en ambos sentidos. Además, estimaron cumplida la obligación de reforzar con la señal manual la indicación del giro a la izquierda cuando se realiza para ingresar en un predio frentista (art. 53, inc. 40, de la ley 11.430), con la escasa velocidad a la que giró el automóvil, que tuvieron por acreditada en 10 Km./h. A mi modo de ver, este argumento no pasa de ser una afirmación carente de sustento, toda vez que no explica por qué razón, la poca velocidad en el giro, dispensaba de probar que se efectuó la señal manual, máxime cuando - en mi opinión -, lo que importa en el caso a los efectos del cumplimiento de las normas de tránsito y el deslinde la responsabilidad, es el aviso o señal, a fin de que la invasión de la mano contraria no resulte sorpresiva. Tampoco resulta suficiente para avalar este razonamiento, la aseveración, no acreditada, de que el rodado de la víctima fuera de escasa maniobrabilidad y dudosa utilización en zonas urbanas.

El a-quo juzgó, además, que, conforme al peritaje de fs. 144/45, el cuatriciclo se desplazaba entre 35 y 40 Km/h. en el momento del impacto, velocidad que consideró excesiva. Sin embargo, el artículo 77 de la ley provincial 11.430, establece como límite máximo de velocidad, 40 kilómetros por hora en las calles, y 60 kilómetros por hora en avenidas, disposición corroborada por el informe del Departamento de Asuntos Legales de la Municipalidad de Quilmes, obrante a fs. 136/137 del expediente penal.

La misma ley, en el inciso 6 del artículo citado, establece límites máximos especiales, reduciendo a 30 kilómetros por hora, la velocidad precautoria para las encrucijadas urbanas sin semáforos. Pero éste no el caso de autos, ya que el perito ingeniero mecánico localizó en aproximadamente 17 metros de traspuesta la intersección, el lugar del suceso considerado (y. fs.289/291) sin olvidar que el propio demandado, en su absolución de posiciones, estimó el lugar del giro a unos 10 metros de la esquina (y. fs.143/144).

En este contexto, no se nos escapa que el criterio de selección y valoración de las pruebas es privativo de los jueces de la causa. Empero, como se ha visto, las consideraciones del sentenciador acerca del cumplimiento de las normas de tránsito por el demandado, y la conclusión sobre la velocidad inadecuada del rodado de la víctima, aparecen como una afirmación dogmática, despojada del necesario respaldo en otros elementos de convicción. A ello debe añadirse, que en el pronunciamiento cuestionado, se desconoció el valor, al menos indiciario, de algunas pruebas, como el informe pericial mecánico en sede civil y las testimoniales en sede penal desechadas por tardías en los presentes autos, elementos que, integrados en su conjunto, podrían ser decisivos para el resultado del pleito.

En atención a lo expresado, estimo que la Cámara ha prescindido de dar un tratamiento adecuado a la controversia, efectuando un análisis parcial y aislado de los elementos de juicio obrantes en las actuaciones, sin integrarlos ni armonizarlos debidamente en su conjunto, defecto que lleva a desvirtuar la eficacia que, según las reglas de la sana crítica, corresponde a los distintos medios probatorios; y se ha apoyado, además en afirmaciones dogmáticas que le dan al fallo un fundamento sólo aparente que no encuentra sustento en constancias comprobadas de la causa (y doctrina de Fallos 312; 683; 317:640; 318:2299, entre otros).

Desde esta perspectiva no encontrándose suficientemente demostrada la culpa exclusiva de la víctima, no puede liberarse totalmente al demandado de responsabilidad por los daños causados; ello sin perjuicio de la eventual división de la responsabilidad que pudiere corresponder en función de la concurrencia de culpas, de encontrarse ésta efectivamente probada (y doctrina de Fallos: 312:2412; 320:536).

Es con arreglo a estas razones que considero que el fallo en recurso debe ser dejado sin efecto, a fin de que otros jueces se dediquen a analizar en plenitud las circunstancias de hecho y prueba de este proceso para que puedan ofrecer el debido basamento sobre lo que en definitiva estimen a este respecto, sin que, obviamente, el señalamiento de dichos defectos de fundamentación importe abrir juicio alguno sobre cómo deberá dirimirse el conflicto en su aspecto sustancial, desde que ello implicaría inmiscuirme en una potestad exclusiva de las instancias competentes en tales materias, ajenas a la jurisdicción federal del art. 14 de la ley 48.

Por todo lo expresado, opino que debe hacerse lugar a la queja, declarar procedente el recurso extraordinario, y disponer vuelvan los actuados al tribunal de origen para que, por quien corresponda, se dicte nuevo pronunciamiento con arreglo a lo expuesto.

Buenos Aires 30 de Marzo del 2001. NICOLAS EDUARDO BECERRA.

Vistos los autos: “Recurso hecho deducido por Julio Héctor Cagnacci y Lidia Zanello de Cagnaccí en la causa Cagnacci, Julio Héctor y otro c/ Muzzi, Jorge Héctor y otros”, para decidir sobre su procedencia.

Considerando:

Que los agravios de los apelantes encuentran adecuada respuesta en los fundamentos del dictamen del señor Procura General, que el Tribunal comparte y hace suyos brevitatis causa

Por ello, se declara procedente el recurso extraordinario y se deja sin efecto la sentencia apelada. Vuelvan los autos al Tribunal de origen a fin de que, por medio de quien corresponda, proceda a dictar un nuevo fallo con arreglo a lo expresado. Agréguese la queja al principal. Notifíquese y remítase.