LA LEY DE ESTERILIZACIONES:
LO EXIGE EL BANCO MUNDIAL

                             Por Jorge Mariani
  
   El ministro de salud, Ginés González García, se reunió el martes con los Senadores para "apurar" la ley de esterilizaciones (ligaduras de trompas y vasectomías) que la Cámara de Diputados le diera recientemente media sanción. La urgencia tiene causa en la presión que ejerce el Banco Mundial que para agosto tiene comprometido un crédito por 350 millones de dólares para el área de GGG. Estos fondos, que siguen aumentando la deuda externa argentina, van a ser aplicados a planes "materno infantiles" y de "salud", lo que en el lenguaje tramposo del organismo de crédito internacional significa control de la natalidad mediante abortivos y esterilizaciones en los países emergentes.  

   Todo en el área de salud se ha revelado como una gran mentira. Durante el gobierno de Duhalde, siendo también ministro de salud GGG, se argumentaba que era imprescindible sancionar la ley de salud sexual y procreación responsable (salud reproductiva) porque de tal modo se iban a evitar los embarazos adolescentes, los abortos y el crecimiento del SIDA. Para desarmar posibles oposiciones de prelados tibios se aducía que los métodos a emplearse tenían que ser no abortivos, reversibles y que ello quedaría limitado a los hospitales públicos y no a los centros de salud confesionales o privados. Hasta Antonio Cafiero prometió públicamente que iba a presentar otro proyecto de ley, porque si bien votaba el que pedían Duhalde y GGG, no estaba convencido. Lo estamos esperando todavía.  

   La realidad demuestra que nada de ello se ha cumplido ni se va a cumplir.  El propio gobierno revela que han aumentado no sólo los embarazos adolescentes sino que ha disminuído la edad en que ello sucede. También se habrían incrementado el número de abortos -según el gobierno- y la Organización Mundial de la Salud ubica a la Argentina en el segundo lugar en latinoamérica en número de infectados de SIDA.

   Los métodos que se utilizan son en muchos casos abortivos, como ciertos anticonceptivos con altas dósis de levornogestrel, o como la anticoncepción de emergencia, resultando por lo tanto irreversibles. La ley que empuja el intocable ministro de Duhalde se piensa aplicar en los centros de salud confesionales y privados y se espera completar con "educación sexual" obligatoria con contenidos impuestos verticalmente por los funcionarios del Estado. Vamos hacia una única forma de actuar y pensar con una policía sanitaria y judicial que velará que ello suceda y nadie pueda disentir.
 
   De allí al "certificado de responsabilidad social" -constancia de esterilización- que se exigía en el Perú de Fujimori para obtener asistencia social o trabajo queda a un paso y no muy lejano. Hermosa oportunidad para que el progresismo fabrique otro organismo dedicado a ello. Ya no sería la Defensoría del Pueblo, de la Nación, del Niño, de la Mujer, de la Tercera Edad, el INADI, o los Derechos Humanos; podría ser, porqué no, una "Secretaría de Responsabilidad Social" lugar adónde los esterilizados gestionan sus subsidios o se anotarán en eventuales planes de viviendas, pequeñas claro, porque serán familias acotadas.
 
   Lo curioso es que sigue ocultándosele a la población, con la complicidad de la delincuencia política genuflexa, que la ley de esterilizaciones no tiene previsto ningún mecanismo para revertir estas operaciones mutilantes, siendo por otra parte dificilísimas las  microcirugías para hacerlo, resultando en el 90% de los casos de imposible reversión.
 
   Ello juega con el interés de evitar el desarrollo poblacional de nuestro país que Kirchner alienta para que Argentina sea una reserva ecológica del Nuevo Orden. Prueba de ello es que los fármacos anticonceptivos el ministerio de salud los regala y los remedios para combatir la esterilidad no tienen ningún tipo de reintegro o promoción.
 
   Ahora se intenta presentar como un "derecho" una mutilación, especialmente a los pobres a quienes se quiere convencer que de tal modo son "libres" y "responsables". Mientras tanto, siguen en la indigencia y se les oculta la alta tasa de incidencia en el  cáncer de útero o de próstata que se verifica en las poblaciones sometidas a este procedimiento veterinario.
 
   Mientras avanza el laboratorio de GGG en el parque industrial de Garín, se le paga al FMI, se mantienen los fondos de Santa Cruz en Suiza, crece la desigualdad social y se promete pagarle al Club de París, el gobierno colonial,  regente del Nuevo Orden,  nos quiere convencer que se preocupa por los pobres. Lo paradójico es que, algo que es "tan bueno y saludable" no haya sido practicado por nadie de los que lo promueven.

¡NTRA. SRA. DE LUJÁN 

SALVA A LA PATRIA!

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