PRONTUARIO DE GABRIELLI

  

 El prontuario del actual Ministro del interior

Antecedentes delictivos de Rodolfo Federico Gabrielli

 

Ministro de Economía de Bordón (1987/1991)

Gobernador de Mendoza (1991/1995)

Diputado Nacional (1995/1999)

Director del ORSNA (2000 hasta la fecha)

Menemista

Amigo Intimo de Vila, Manzano y Becerra. Esta banda trajo a Moneta a  Mendoza.

Falso testigo de cargo de Moneta contra el juez Leiva.

 

Sus deudas y las de su familia con el ex Banco de Mendoza:

Cuando asumió como ministro de economía tenia embargado los muebles de su casa por el ex Banco de Mendoza y el embargo se extendía a su sueldo de ministro, aunque este ultimo nunca sé efectivizo (estaba ordenado por el juzgado) porque el abogado que llevaba la ejecución fue apartado.

Además, al asumir, su hermano y su padre tenían una deuda superior a u$s 1.000.000 también con el  Banco de Mendoza, por créditos obtenidos en la época de la dictadura y no pagados, donde los fondos fueron acreditados en la cuenta de Rodolfo Gabrielli.

El banco había iniciado tres juicios y tenia inhibidos a los familiares de Gabrielli, quienes antes se habían insolventado transfiriendo todos bienes a terceros. Los tres juicios estaban con sentencia a favor del banco, pero al asumir Gabrielli reemplazaron a los abogados que los llevaban y paralizaron los mismos durante  mas de un año, posibilitando que pidieran la caducidad de instancia, perdiendo el banco los tres juicios y debiendo pagar hasta los honorarios del tío de Gabrielli. Los pedidos de caducidad fueron firmados por Rodolfo Gabrielli. La caducidad de instancia se opera cuando un juicio no es impulsado por mas de un año, permitiendo a la contraparte que la solicite por el abandono del mismo.

 Concentradores de tomate: Como ministro de economía convoca a los principales productores de tomates de la provincia haciéndoles saber que la "solución para el sector" era exportar tomates cubeteado y concentrado, para lo cual los dos bancos oficiales  (Banco de Mendoza y Banco de Previsión Social) otorgarían créditos con la única garantía de la prenda sobre las maquinarias que debían ser compradas a un consorcio donde estaba su primo y la empresa fabricante (Arquímedes Rossi) era de su subsecretario de comercio exterior (Miguel Lopresti. En esa operatoria llamada para la  fabricación de "concentradores de tomates" ambos bancos desembolsaron mas de u$s 70 millones, en créditos donde los desembolsos se hicieron directamente en la cuenta de la empresa Arquímedes Rossi, o sea que no paso por las manos de los beneficiarios de los créditos, para la construcción de 11  fabricas todas cerradas en la actualidad o que ni siquiera llegaron a  inaugurarse, como fue el caso de la Cooperativa Ugarteche (que fue creada para esos efectos y estaba integrada por los parientes de Gabrielli) a la cual le dieron un crédito de u$s 4 millones, nunca pagado y que el Banco de Previsión Social ni siquiera le inicio acciones judiciales. Las personas que concurrían al banco para tramitar los créditos eran su primo (Mario Gabrielli) y el subsecretario Lopresti.

El otorgamiento de estos créditos fue objetado por los inspectores del BCRA. Arquímedes Rossi era el principal deudor del Banco de Mendoza con mas de $ 10 millones, sin garantías.

El otro subsecretario de Gabrielli (Omar Cuevas) estaba vinculado con una firma (Silvia SA) que tomo créditos del Banco de Mendoza por mas de u$s11 millones. Luego presentaron la empresa en quiebra. Desde antes de asumir Cuevas estaba inhabilitado por el BCRA por reiterados libramientos de cheques sin  fondos.

Por las caducidades en los juicios del  Banco de Mendoza y los créditos a la Cooperativa Ugarteche le pidieron el juicio político a Gabrielli, pero la Cámara de Diputados no lo destituye sino que creo una comisión investigadora y luego dictaron una resolución "reprobatoria de su comportamiento ético".

 Privatización de Giol:

Siendo ministro de economía llevo adelante (por decreto) la privatización de la empresa publica más importante (Bodegas y Viñedos Giol, que era la bodega más grande del mundo, con un valor superior a u$s 100 MM.

Gabrielli designo a Alberto Flamarique vicepresidente de Giol (dicha empresa dependía directamente de el.

Para privatizar, Giol fue desguasada por partes y todas las licitaciones (irregulares y manejadas por Flamarique) fueron adjudicadas a una empresa que estaba en concurso de acreedores (Cubas de Roble  SA), cuyo gerente general era su hermano (Alfredo Gabrielli) y el verdadero dueño era el Gral. Noriega. Cubas de Roble no pago nada por la privatización, vació Giol y después la presentaron en concurso de acreedores.

Antes de esa privatización, e inmediatamente de asumir Gabrielli como ministro de economía, la provincia había dispuesto un gran operativo de compra de uvas para destinar a alcoholes con el propósito de retirar excedentes del mercado. Ahí fue, cuando por intermedio de su hermano Alfredo Gabrielli, apareció en la provincia Blas Martínez, testaferro de Noriega, y uno de los principales vendedores de alcohol en el mercado negro de alcoholes cuyo destino final era Méjico para la elaboración de tequila. La mayoría de las licitaciones, manejadas por Flamarique, fueron adjudicadas irregularmente a un conglomerado de empresas sin capital alguno que había creado Blas Martínez, quien tuvo en España una causa por narcotráfico.

Giol realizo varias exportaciones de alcoholes subfacturadas, razón por la cual a raíz de una denuncia de la aduana se abrió una causa penal en la que estaba involucrado Flamarique.

Durante la gestión de Gabrielli, en plena hiperinflación, Giol le vendió la totalidad de la producción de latas de tomates y otros productos envasados por La Colina a una empresa perteneciente al cuñado de uno de los directores de Giol (Omar Álvarez, en la actualidad empresario de medios, socio de Vila. La venta se hizo a largo plazo y sin interés.

A raíz de esto se creo una comisión investigadora en el senado provincial que dictamino las irregularidades, provocando la renuncia de Flamarique y de Álvarez. Las operaciones habían sido aprobadas por Gabrielli, de quien dependía la empresa Giol.

 Además de eso el Banco Mendoza le entrego créditos a Cubas de Roble por mas de u$s 2  millones, sin garantías de ningún tipo, pese a los informes desfavorables de los analistas del banco. Los créditos fueron tramitados por el hermano de Gabrielli y por supuesto nunca fueron pagados.

Luego de eso el representante legal y director de Cubas de Roble (Carlos Parma) fue promovido por Gabrielli como juez de instrucción en materia penal.

Por el caso Giol se abrieron dos causas penales. En una de ellas ni siquiera fue imputado, por un juez (Pedro Funes, que antes de ser juez se desempeñaba en el Banco de Mendoza, dictaminando que Cubas de Roble no tenia impedimentos para recibir los créditos a pesar que estaba en concurso de acreedores y su único bien.  Bodega  estaba embargada por el Banco Agrario. Después de dictar su fallo Funes fue ascendido a Camarista. En la otra causa fue imputado por la jueza Estela Garritano de Cejas, junto con Flamarique y otros mas por  administración fraudulenta, pero la Cámara integrada por el propio Funes dictamina que la causa había prescripto, en contra de la jurisprudencia de la SCJ de Mendoza.

 Financiación de su campaña para Gobernador:

Para financiar las internas partidarias que lo proclamaron candidato a Gobernador del PJ en el año 1991, abrió una cuenta corriente en el ex Banco de Previsión Social (N=B0200-17405-0), cuyos titulares eran Gabrielli, su vicegobernador De La Rosa y el candidato a diputado nacional Nicolás Becerra. Giraron en descubierto por mas de u$s 500.000 sin tener siquiera carpeta de crédito (la única manifestación de bienes que había era la de Gabrielli que declaraba un patrimonio inferior a 10.000 dólares) ido avales de los titulares, en contravención de todas las normas bancarias del BCRA en materia de otorgamiento de créditos. El caso fue denunciado penalmente, el fiscal (Pereira) pidió el procesamiento de los responsables, pero el juez Enrique Knoll los sobreseyó. Luego de eso Knoll fue premiado con un ascenso a camarista.

 Negocios con los represores Redice y Cavallo:

Siendo gobernador, de la mano de Luis Maria Casero (CEO del grupo Vila-Manzano) que los llevo a Mendoza, acordó una serie de negocios con Talsud SA, Seal Lock SRL y Martiel SA (empresas prohijadas en el entorno de Kohan, cuyos titulares eran: El represor detenido en Méjico Ricardo Miguel Cavallo, Jorge Redice, Miguel Ángel Egea y los hermanos Tariariol.

Estas compañías eran representantes de Consad y de Ciccone Calcografica. Ricardo Cavallo, hombre de Kohan, fue director de Telecom cuando la privatización entre (1991/1993), luego pasa a ser Director del Hipódromo Argentino De Palermo SA.

Los negocios que emprendieron en Mendoza  fueron: 1) prestar el servicio de control de transito de carga en la ruta internacional a Chile, 2) sistematizar el Registro Civil, y 3) privatizar el otorgamiento de las licencias de conducir.

 Finalmente el único que prospero fue él ultimo entregado a la UTE (unión transitoria de empresas) formada entre Talsud-Seal Lock-Martiel.

Gabrielli les adjudico no obstante haber resultado en 7º lugar (sobre 8 postulantes) en la licitación. Todos los demás oferentes fueron rechazados por cuestiones formales. El dictamen del rechazo lo elaboro la directora de Administración del Ministerio de Gobierno, contadora Mabel Peralta, pareja de Cavallo y su acompañante cuando fue detenido en Méjico.

Hay faxes de Casero dirigidos a Cavallo que demuestran que hasta participaron en la confección de los pliegos de la licitación. Además de ello el Banco de Mendoza les "obsequio" a Talsud 9 departamentos en Las Leñas, que habían sido recibidos en parte de pago de la deuda de ese centro de esquí por un valor equivalente a u$s 1.750.000, vendidos a Talsud en $ 329.000, con un desembolso de solamente $ 84.700 porque el resto fue financiado a 5 años con un crédito del mismo banco. En esa época Casero era director del Banco de Mendoza (durante el periodo de privatización a favor de Moneta) y no apareció en la operación, aunque Talsud le cedió el 50% de los departamentos a Sehuen, una compañía de Casero.

Por estas operaciones de Gabrielli con Casero-Cavallo-Redice-Egea hay una causa penal abierta.

 Negocios de su jefe de gabinete de asesores de la gobernación:

Siendo gobernador tuvo como jefe de gabinete de sus asesores a Luis Agrego, quien con anterioridad había sido secretario general de la gobernación con Bordón. Agrego era el titular de una casa de cambios (Mundial Cambios) que estuvo involucrada en el lavado de dinero del cartel de Cali, descubierto en la operación Chimborazo. En los allanamientos practicados se demostró que el dinero del narcotráfico que venia de AFEX (casa de cambios chilena), pasaba por Mundial Cambios y previo cobro de comisiones seguía hacia el Banco Velox.

Abrego constituye a nombre de testaferros una gran cantidad de empresas para contratar con el estado en: Servicios de fotocopiadoras (Six SA), servicios de computación (Comenco SA y Sif SA), difusión de toda la publicidad oficial (Dealers SA. Sif era una empresa que se integro con Consad (de Cattaneo) para contratar con el estado provincial y para actuar en el contrato IBM-Banco Nación. Durante su paso por la administración publica se le demostró un enriquecimiento ilícito superior a u$s 20 millones. Por estos y otros temas se le iniciaron varias demandas penales, produciéndose su renuncia. Gabrielli se la acepto agradeciéndole los importantes servicios prestados a la provincia. Abrego ingreso a la administración publica de la mano de Gabrielli al comienzo de la gestión de Bordón. Ambos compartían sus oficinas particulares en el edificio de la Bolsa de Comercio, lugar donde crearon el INSTECO (Instituto de Economía y Organización) que fue la plataforma de lanzamiento del bordonismo.

 Negocios con IBM:

Durante el gobierno de Bordón creo un "Consejo Provincial de Informática" integrado por el mismo, su ministro de economía Gabrielli, el secretario general de la gobernación Abrego y el ministro de hacienda Juan Argentino Vega, luego procesado y prófugo por la primer caída del Banco de Mendoza.

La función de dicho consejo era decidir sobre todas las contrataciones de informática que se hicieran en la provincia. Ninguno de ellos tenia la más mínima idea en la materia.

Quienes realmente manejaba esas contrataciones fueron Juan Carlos Cattaneo y Julia O'Shiro quienes por mas de tres años estuvieron viajando todas las semanas a la provincia, se alojaban en el Plaza Hotel con los gastos pagos por la gobernación e incluso eran movilizados con los autos oficiales de la gobernación. Les dieron oficinas contiguas a las de Bordón y Abrego, puerta de por medio, en el 4to. Piso de la casa de gobierno destinado a la gobernación.

Hicieron una contratación directa con IBM aduciendo falsamente que era el único proveedor e inexistentes  razones de urgencia, mediante un expediente apócrifo iniciado un DIA domingo, donde el informe técnico de adjudicación fue redactado por los funcionarios de IBM. El representante de dicha compañía que viajaba a entrevistarse con Bordón y Gabrielli era Gustavo Soriani. Luego contrataron a Sif y CCR (empresa de Cattaneo) para desarrollar los programas. El trabajo se hizo con personal de Consad cuyos sueldos y pasajes eran pagados por Mundial Cambios (la empresa de Abrego).

La contratación directa de Bordón había sido por 4 años. Cuando asumió Gabrielli corto el contrato anterior "por inconveniente", a pesar que él había intervenido en la adjudicación, e hizo otra contratación directa con IBM violando la ley de contabilidad publica, implementando un leasing de 4 años por u$s 35.760.000, basándose únicamente en un informe técnico cuyo basamento era falso. A raíz de esta contratación hubo una denuncia penal que recayó en el Juzgado de Parma (participe con el hermano de Gabrielli en el vaciamiento de Giol), quien oculto prueba que lo incriminaba (pericias de los técnicos de la Universidad Nacional de Cuyo) y dicto su sobreseimiento.

 El caso de la empresa Suiza Geoda:

Geoda SA, filial de la empresa suiza Geodata. Es una empresa dedicada a la cartografía aérea (para la actualización de los catastros) cuyos titulares en nuestro país eran los ex futbolistas de la selección Enzo Trossero y Nestor Clausen.

Según la nota enviada por esa empresa a la embajada Suiza el caso fue así:

A principios de 1992 se entrevistaron en Bs. As. Con Luis Alberto Porta, que pertenecía a la agrupación política de Bordón-Gabrielli (Lista Naranja) quien les dijo que por sus influencias (era amigo de Hugo Fernández secretario privado del Gobernador Gabrielli) y por su intermedio obtuvieron una entrevista con él para ofrecer sus servicios.

Se manejaron todo el tiempo con la secretaría privada de Gabrielli quienes les hicieron hacer demostraciones ante los funcionarios del ministerio de Hacienda y Catastro. Durante su estadía en Mendoza le pusieron a su disposición un vehículo oficial con chofer y una guia/interprete.

Luego de eso Porta les exigió la firma de dos contratos de reconocimiento de comisiones (uno del 10% para la gente del gobierno y otro del 5% para él) a cambio de obtener una contratación directa, los que le fueron firmados con vigencia hasta el  31/12/92.

 Presentaron un presupuesto para realizar un Sistema de Información Territorial (SIT) pero los mantuvieron entretenidos con la promesa de una contratación directa hasta principios del año 1993, cuando decidieron incorporar ese trabajo a la contratación directa que hizo Gabrielli con IBM y fueron vinculados con esa firma que los subcontrato.

En ese momento Porta les exigió la firma de tres contratos (uno del 5% para los funcionarios de la Gobernación, otro del 2% para los funcionarios de la Dirección de Catastro y otro del 2% para él) haciéndoles saber que ellos "influían en la decisión de IBM" y así firmaron los tres contratos.

IBM les recorto los precios presupuestados, no obstante ello Porta exigió el pago de las comisiones que le fueron negadas.

Como represalia Porta les inicio un juicio ejecutando los tres contratos en un juzgado incompetente de General Alvear, de donde era oriundo al igual que el secretario privado de Gabrielli. No obstante ello la jueza rápidamente hizo lugar a la demanda y al secuestro de las maquinas en plena feria judicial (3/1/94) que se hizo de noche. Los abogados de Porta eran un socio del Subsecretario de Justicia (Ernesto Nieto) y el otro representante de Bordon.

Luego de eso Nieto se reunió con los abogados de Geoda pidiéndoles el pago de entre 50.000 a 70.000 dólares para arreglarles el problema.

Para solicitar la precautoria de secuestro de las maquinas, cuyo valor era superior a u$s 1 millón, Porta ofreció como contra cautela el embargo voluntario sobre una vieja casona ubicada en Gral. Alvear, que era utilizada en las elecciones internas del Partido Justicialista por la línea Naranja de Gabrielli, cuyo valor de aproximadamente u$s 20.000 no cubría minimamente el valor de las maquinas, que son instrumentos ópticos de precisión que resultaron arruinados porque se los llevaron a un galpón dejándolos a la intemperie.

 Además de eso los contratos no tenían fecha de vencimiento y Geoda no había sido constituida en mora, no obstante ello la Jueza hizo lugar a la demanda, admitiendo también que no se abonara el impuesto de sellos a cargo de Porta, y no hizo lugar a ninguna de las justas reclamaciones de Geoda.

Geoda solicita el juicio político de la Jueza por sus incumplimientos procésales en el expediente, que fue rechazado a instancias del PJ, y poco después fue ascendida a propuesta de Gabrielli.

 Para notificarle de estos hechos Geoda le solicito en reiteradas veces una audiencia a Gabrielli, que se negó a atenderlos con una nota de un asesor del Gobernador diciendo que nada podían hacer al respecto.

El gobierno Suizo remitió una nota de protesta firmada por el Embajador Suizo en la Argentina (Adolf Lacher) que Gabrielli ni siquiera la contesto. Al tiempo, durante el gobierno de Lafalla, el embajador suizo vino a la provincia para reclamar nuevamente por este caso, sin resultado alguno.

Por estos hechos en la actualidad hay una demanda multimillonaria contra la provincia de Mendoza que esta siendo sustanciada en los tribunales internacionales de La Haya.

 Responsabilidad en la primer caída de los bancos oficiales:

Bordón crea un denominado "Comité Económico Financiero" integrado por el, Gabrielli, Abrego y los presidentes de ambos bancos. El presidente del Banco de Mendoza era Eduardo del Amor y el del Banco de Previsión Social era Rito Irañeta, ambos amigos de Gabrielli que promovió sus designaciones, quien de hecho junto con Abrego eran quienes manejaban los créditos y refinanciaciones que se otorgaban. Así lo declararon varios directores en la causa penal que abrió el juez Leiva.

Dichos bancos tuvieron su primer caída el 15-3-95, durante la gobernación de Gabrielli, al estar impedidos de devolver sus depósitos a los ahorristas como consecuencia del otorgamiento de innumerables créditos a empresas y personas insolventes amigos del gobierno, por mencionar solo algunos casos están los siguientes:

 Kristich SA: empresa constructora perteneciente a Carlos Kristich, presidente del congreso del PJ, deuda con el Banco de Mendoza: u$s> 7 millones, actualmente en quiebra con un patrimonio neto negativo. Él sindico de Kristich, Mario Rogelio López, era sindico de Corporación de los  Andes (empresa de Moneta) y vicepresidente del Banco de Mendoza al momento del otorgamiento de esos créditos.

  Arquímedes Rossi SA: Empresa agroindustrial perteneciente al subsecretario de Gabrielli, Miguel Ángel Lopresti. Deuda superior a u$s 12 millones. Con la única garantía de los directores. Del banco desaparecieron los avales.

 American Time SA: empresa sin capital de Daniel Gabrielli, primo de Rodolfo  Gabrielli, constituida al solo efecto de recibir prestamos por mas de $ 300.000 que resultaron impagos.

  Fundación Resurgir: Constituida con un capital de $ 500, presidida por Enrique Knoll el juez que lo sobreseyó por el descubierto del Banco de Previsión) e integrada además por el jefe de policía (Olguín) y un diputado de la línea de Gabrielli (Ferrer), recibio prestamos por $ 600.000 que nunca pago.

Esa primer caída de los bancos oficiales le costaron a la provincia mas de 1.000 millones que era el monto de los créditos incobrables y la suma que hubo que invertir para privatizarlos, tomando créditos del Fondo Fiduciario Nacional y de bancos privados (Galicia y Rió.

En el proceso que llevo adelante el Juez Leiva varios directores declararon que las decisiones se tomaban en el denominado Comité Económico Financiero y que los bancos eran manejados realmente por Gabrielli.

Particularmente uno de ellos (Raúl Garbarino) lo incrimino en varios hechos de créditos otorgados a los familiares de Gabrielli.

Antes de eso, entre los años 1993/1994, la provincia de Mendoza recibio mas de 1.000 millones por distintos conceptos (diferencia de regalías hidrocarburiferas, venta de la red de gas y venta de la compañía de teléfonos) que Gabrielli dijo serian utilizados para la transformación de la provincia, creando el "Fondo para la Transformación y Crecimiento de la Provincia de Mendoza" que daría créditos subvencionados a las empresas que no tenían acceso al crédito bancario. El primer y casi único crédito subsidiado que aprobó dicho fondo fue a Corporación de los Andes SA (empresa de Moneta.

Al poco tiempo de creado tuvo que echarle mano a esos fondos para inyectarlos en los bancos para financiar sus cuantiosas perdidas.

 Privatización de los bancos oficiales:

Cuando cayeron los bancos se inicio un proceso de privatización que desde el comienzo estuvo dirigido hacia Moneta. Para redactar los pliegos de las privatizaciones y aconsejar sobre los oferentes Gabrielli contrato a Merril Lynch a la cual le pago u$s 2.500.000 por un inexistente trabajo. Además en Merril Lynch se desempeñaba uno de los hijos de Moneta y era asesor financiero del CEI y de Telefónica. Merril Lynch dictamino que la situación del Banco Republica era optima a pesar que en ese entonces estaba en situación de liquidación y poco tiempo antes había recibido redescuentos del BCRA por su iliquidez.

La historia posterior de la adjudicación de los bancos a Moneta es bien conocida.

Moneta lo ofreció como testigo de cargo contra el Juez Leiva en el Consejo de la Magistratura. Allí dijo que Garbarino le había reconocido que mintió inducido por el Juez Leiva para incriminarlo. Luego de eso Garbarino le inicio una querella a Gabrielli por falso testimonio.

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