Busich Escobar, Ismael
Buenos Aires, la gran provincia: 1880-1930


DON MARCELINO UGARTE

 

Nació en Buenos Aires el 28 de Mayo de 1855, siendo sus padres doña Adela Lavalle y el doctor Marcelino Ugarte, notable abogado del foro porteño, que fue ministro de Estado y miembro de la Corte Suprema. Cursó estudios en la Universidad, pero no llegó a terminarlos porque a temprana edad quiso mezclarse en el torbellino de los negocios y de la vida pública. Fue electo diputado provincial en 1878, declinando esa representación por escrúpulos de moral política, pues fueron tachados de fraudulentos los comicios donde triunfó su candidatura; En 1888 ocupó una banca en el Senado provincial, y en 1892 fue elegido diputado nacional por Buenos Aires, ejerciendo también la presidencia de la Caja de Conversión. Al terminar su período en la Cámara joven, pasó a desempeñar el ministerio de Hacienda en el gobierno del doctor Bernardo de Irigoyen. En 1900 volvió al Congreso Nacional como diputado, no alcanzando a cumplir íntegro su mandato por haber sido elegido gobernador de su provincia, sucediendo en tan elevado cargo al doctor Irigoyen.

Al transmitir el mando a su sucesor, en 1906, el señor Ugarte se dedicó por entero a la organización de la fuerza política que lo había apoyado en el gobierno y que fue el origen del actual partido Conservador de la provincia. Volvió el señor Ugarte al Congreso en 1913 como senador nacional, interrumpiendo su alta representación al año siguiente, para asumir de nuevo la primera magistratura de la provincia por el período 1914-1918, que tampoco pudo cumplir íntegramente a causa de la intervención federal enviada en Mayo de 1917 que dio en tierra con todos los poderes provinciales.

El señor Ugarte falleció en Buenos Aires e1 6 de Agosto de 1929.



CAPITULO XIV

D. Marcelino Ugarte

1902-1906

 

Sumario. - Lucha de candidaturas. - Triunfo electoral de don Marcelino Ugarte. - Propósitos de gobierno malogrados en sus comienzos. - Los ministros. -Las atribuciones de los Municipios y la influencia de los caudillos. - División de la Cámara de Diputados en dos fracciones. - Predominio momentáneo de los gubernistas.- El P.E. de la Nación decreta la intervención a la Legislatura. - Designación del doctor Luis B. Molina. - Normalización aparente. - Perturbaciones a raíz de una elección fraudulenta. - El gobernador desconoce la legalidad de la Legislatura renovada. - Nueva misión del interventor Molina. - Otra vez elecciones de diputados. - El gobernador se consolida. - Su obra administrativa. - Codificación. - Canales. - Ferrocarriles. - Obras de desagüe. - Irrigación en. Patagones.- Nacionalización de la Universidad.- Restablecimiento del Banco de la Provincia. - El puerto de La Plata pasa la Nación. - Disminución de la deuda externa. - Terminación del período.


Para suceder al doctor Irigoyen en la gobernación de Buenos Aires, surgieron dos candidatos: Vicente L. Casares y Marcelino Ugarte, sostenido el primero por el partido Autonomista Nacional y el segundo por elementos combinados del mismo partido, de los cívicos y de los radicales. La lucha política que precedió a la consagración del señor Ugarte fue una de las más ardorosas y entusiastas que registran los anales cívicos de la provincia, y aunque se ha querido demostrar que el gobernador lrigoyen puso su influjo del lado del señor Ugarte, ello no ha podido establecerse; lo evidente es que el nuevo gobernador obtuvo el triunfo con el apoyo decidido de la opinión pública, cuyas aspiraciones y anhelos supo impresionar en su vigorosa campaña electoral.

1ntegraba la fórmula electa el doctor Adolfo Saldías, que llegaba a la vicegobernación después de una meritoria actuación en la Legislatura, en la política y en el gabinete ministerial.

Al recibirse del gobierno, el 1° de mayo de 1902, el señor Ugarte expuso ante la asamblea legislativa una síntesis de su programa administrativo, en párrafos altivos y llenos de sinceridad. Trazó un cuadro de la difícil situación financiera de la provincia y formuló los principios económicos a que ajustaría su labor; anunció su propósito de propender a la reforma del sistema impositivo y de la Constitución provincial, de fomentar las obras públicas, de impulsar o enajenar el puerto de La Plata y de difundir la enseñanza.

 

“Mi tarea -dijo -ha de ser esencialmente administrativa durante el primer tiempo de mi gobierno, y habré de consagrarme con ahínco a normalizar las finanzas poniéndolas al día. Más tarde, dentro de los medios que consiga acumular, seguiré una política francamente impulsiva, como cuadra, en mi opinión, a la provincia, promoviendo obras, afluencia de población, implantación de industrias nuevas o derivadas...”

Más de un año habría de transcurrir con que el gobernador Ugarte pudiera entrar de lleno en el plan tan elocuentemente esbozado en su discurso inaugural. La Legislatura platense, acostumbrada a tener en jaque al primer mandatario de la provincia, iba otra vez a ensayar sus fuerzas contra el nuevo gobernante y los sucesos consiguientes absorberían casi por completo la atención del gobierno.

Apenas entró en funciones el señor Ugarte constituyó su gabinete en esta forma:

 

Ministro de Gobierno, ingeniero Manuel B. Bahía.
Ministro de Hacienda, doctor Pascual Beracochea.
Ministro de Obras Públicas, ingeniero Ángel Etcheverry.

De ellos, sólo el ingeniero Etcheverry conservó su cartera hasta el final del período; el señor Bahía renunció en agosto, cinco meses después de su nombramiento, reemplazándolo el doctor Mariano A. Pinedo, quien se separó del gobierno en agosto de 1904, substituyéndolo el doctor Manuel F. Gnecco. Casi simultáneamente con Bahía renunció el ministro Beracochea, en cuyo lugar el gobernador nombró al doctor Juan Ortiz de Rozas, que terminó el período.

La anunciada reforma constitucional que el gobernador acometió desde los primeros días de su gestión fue la piedra de toque de la perturbación que por un momento sacudió la provincia. Mediante esa reforma el señor Ugarte se proponía transformar radicalmente la composición de las Cámaras legislativas, donde se habían entronizado los hombres de influencia electoral en los municipios, siguiendo una práctica arraigada en la provincia. Para quebrantar esas influencias, el gobernador aspiraba a reducir las atribuciones de los municipios, propiamente dichos, cuyas amplias facultades impositivas ponían en manos de los caudillos un poder formidable. Entendía el gobernador que la Constitución consagraba una verdadera anomalía al organizar el gobierno comunal equiparando dos términos: municipio y partido, puesto que en esa forma había municipios de cuatrocientas leguas.

 

“Así se ha dividido la provincia, en cien pequeñas provincias, cada una de las cuales cuenta su Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial.” (1).

La doctrina del gobernador tuvo adherentes y adversarios en el seno de la Legislatura. Los primeros se amoldaban a la tendencia innovadora, mientras que los segundos luchaban por mantener su tradicional preponderancia en el gobierno general y en el comunal, donde perdían terreno visiblemente porque el gobernador, consecuente con su criterio acerca de las facultades del municipio, no des- [sic] perjudicaba ocasión de sustituir los intendentes por comisionados que intervenían en las comunas en nombre del P. E. Claro está que, dividida en tal forma la Legislatura: al influjo de una hostilidad recíproca, sostenida por fuerzas casi equivalentes, la situación llegó muy pronto a hacerse insostenible. La fracción gubernista, agotados los medios para asegurarse una mayoría que le permitiera apoyar con eficacia los propósitos del gobernador, optó por medios violentos: aprovechando de la ausencia sistemática de la oposición, se constituyó en los primer días de febrero de 1903 en el recinto, y como sus componentes no alcanzaran a formar quórum, hizo conducir por la fuerza pública algunos diputados opositores y reincorporó a su seno a tres ex diputados que la misma Cámara había dejado cesantes por inasistencia, pero que respondían a la política gubernista. Por su parte, el señor Ugarte favoreció ostensiblemente estos trabajos proporcionando fuerzas del batallón Guardia de Cárceles para el resguardo del palacio donde deliberaban sus adeptos.

Los diputados de la oposición, viéndose vencidos por esta maniobra, apelaron al recurso supremo de solicitar la intervención nacional, y en número de 36 subscribieron un memorial demostrando la subversión institucional que les impedía ejercer libremente sus funciones, resumiendo su alegato en estos tres motivos:

 

“1°  que había sido ocupado el local de sesiones por fuerza armada obtenida por la minoría gubernista, cuya presencia continuaba estorbando la acción libre de los legisladores de la mayoría;
2°  que habían sido incorporados al cuerpo legislativo tres caballeros particulares sin más antecedentes que haber sido declarados cesantes anteriormente por la Cámara;
3°  haber removido la mesa presidencial de la cámara bajo la presión de la fuerza armada y por el voto de una minoría sostenida por bayonetas.”

Este memorial fue enviado al ministro del Interior el 7 de febrero, siendo reforzado el día 10 por un extenso petitorio que elevaron también al ministro los diputados nacionales electos por la provincia de Buenos Aires, que se solidarizaban así con la oposición al gobernador.

Las notas eran, sin duda, excesivas, y revelaban la exaltación de los ánimos en un conflicto en que la oposición bregaba más por mantener su prepotencia política y electoral que por afirmar el prestigio o integridad de los fueros legislativos.

 

“El gobernador de Buenos Aires - decía el memorial de los diputados platenses -, apenas asumió el mando implantó un sistema tan personal de gobierno, que a poco de ser ejercitado puso en evidencia que sólo perseguía crear en el mecanismo institucional de Buenos Aires una autoridad desconocida que estuviera sobre los partidos, sobre los pueblos, sobre la Constitución del Estado.”

La representación bonaerense en el Congreso, por su parte, prejuzgando sobre hechos que luego habrían de ser sometidos a su estudio, declaraba en su petitorio:

 

“Una minoría de la Cámara de Diputados, la misma que el gobernador reunió en la. sala de su despacho, la misma que aceptó las imposiciones de solidaridad política, la misma que públicamente declara no reconocer otra dirección en la gestión de su tarea legislativa que la voluntad y el pensamiento del gobernador Ugarte, se ha reunido en el recinto de la Legislatura a altas horas de la noche con el apoyo del batallón Guardia de Cárceles sin llenar las formas externas exigidas por el reglamento de la Cámara, y ha pretendido obligar a los miembros de la mayoría a formar un quórum que les permitiese consumar todas las violencias que son del dominio público y que han merecido la más justificada de las recriminaciones, por parte de la opinión.”

Desempeñaba a la sazón la presidencia de la República el vicepresidente 1° del Senado nacional, doctor José Evaristo Uriburu, por ausencia momentánea del general Roca, Presidente titular, y del vicepresidente, doctor Quirno Costa. El doctor Uriburu reunió a los ministros en acuerdo y el 16 de febrero decretó la intervención a Buenos Aires, “de conformidad con la primera parte del artículo 6° de la Constitución Nacional y a objeto de asegurar el funcionamiento normal del Poder Legislativo de la misma”. Al día siguiente fue nombrado interventor el doctor Luis B. Molina, quien, acompañado por su secretario, el doctor Carlos A. Estrada, se trasladó a La Plata el 20 del mismo mes, constituyéndose en el palacio de la Legislatura.

El doctor Molina estudió todos los antecedentes del conflicto, y como encontrara que el origen aparente del mismo radicaba en la sesión de la Cámara de Diputados celebrada el 15 de noviembre de 1902, en la cual fueron declarados cesantes los tres diputados con cuyo concurso, pudo sesionar posteriormente el cuerpo, acordó que esas cesantías eran irrevocables, por lo cual resultaba nulo y sin efecto lo actuado en las sesiones de febrero; restableció las autoridades de la Cámara que habían sido depuestas por la minoría gubernista, autorizó aquéllas para que citasen al cuerpo a objeto de tratar los asuntos pendientes y las puso en posesión del local y dependencias de la Cámara, con lo que dio por terminada su misión el 18 de marzo, después de comprobar el funcionamiento normal de la Legislatura, y el restablecimiento de las relaciones entre ésta y el Poder Ejecutivo.

Pero el conflicto sólo estaba resuelto en apariencia. Tenía forzosamente que surgir de nuevo al primer rozamiento entre los dos poderes políticos de la provincia, y ello ocurrió dos meses después, con motivo de las elecciones de fines de marzo, de renovación parcial de la Legislatura, en que funcionaron

 

“dos clases de elecciones; una practicada en comicios públicos, con mesas instaladas: en los parajes designados por la ley, pero viciadas por el fraude; y otra simulada y clandestina, en la que sólo han intervenido los falsificadores encargados de hacer las actas y registros, siendo esta última la que ha aprobado la H. Cámara”. (2).

En efecto; la Cámara de Diputados aprobó la elección tachada de clandestina, por 37 votos contra 35, figurando entre los primeros 9 diputados que aparecían reelectos en esos comicios, vale decir, que votaron por la aprobación de sus propios diplomas. Se planteaba, pues, el mismo conflicto que originó el decreto del gobernador Irigoyen en 1898 por el cual desconocía el escrutinio y aprobación de diplomas hecho por la Cámara en iguales condiciones. El gobernador Ugarte adoptó idéntica actitud que su antecesor en el decreto de abril 28 de 1903, por cuya circunstancia los diputados de la oposición se dirigieron al Congreso reclamando una nueva intervención federal. El Congreso, después de un largo debate, sancionó la ley respectiva, autorizando al Poder Ejecutivo para llevarla al cabo, “a objeto de garantir la organización y funcionamiento de la Cámara de Diputados”. Nombróse interventor al mismo doctor Molina, quien se trasladó a La Plata el 15 de junio, y después de examinar todo cuanto se relacionaba con el nuevo conflicto, declaró nulas las elecciones materia de discusión, y convocó a nuevos comicios en los cuales adoptó el padrón nacional, interviniendo la policía y las comunas a los efectos electorales. Finalmente, el doctor Molina presidió el escrutinio de las nuevas elecciones, en las que la agrupación denominada Partidos Unidos, que apoyaba al gobernador, obtuvo 18 bancas, 6 el partido Republicano, derivación de la antigua Unión Cívica Nacional, y 2 el partido Autonomista Nacional. Constituida entonces la Cámara sin mayores tropiezos, el interventor se retiró de La Plata.

Todo ello ocurría a fines de noviembre de 1903, pudiendo decirse que sólo con el comienzo del año 1904 el combatido mandatario iba a estar en aptitud de dar cumplimiento a sus propósitos de buen gobierno y tranquila administración, ya que la dura y tenaz lucha de los dos años anteriores, preñados de dificultades, no le habían permitido dedicar a aquéllos mayor atención.

Veamos, sin embargo, en una rápida síntesis, algunas de las iniciativas que planeó entonces y que llevó a la práctica en los años subsiguientes. Por ellas podrá apreciarse el genio emprendedor y decidido que caracterizó la obra del gobernador Ugarte: y cuyos frutos habrían sido sin duda mayores, si desde un principio se hubiera visto libre de preocupaciones políticas.

Diremos, ante todo, que no pudo obtener la anhelada reforma de la Constitución, uno de sus más firmes propósitos al iniciarse en el cargo. Pero no por ello fue ajeno al mejoramiento de la legislación, pues promovió la reforma de los Códigos de Procedimientos en materia Civil, Comercial y Penal, que encomendó a los doctores Teodoro Varela, Rómulo Etcheverry y Ricardo Guido Lavalle, y puso en vigor el de lo Contencioso-Administrativo, que redactó el doctor Luis V. Varela.

Dedicó a la enseñanza pública especial atención, proyectando la ley de edificación escolar, con cuya adjudicación pudo emprender la construcción de 400 locales para escuelas en todo el territorio de la provincia.

Fue obra suya también el levantamiento del mapa topográfico y geológico de la provincia, que encomendó al doctor Francisco P. Moreno, convencido de la necesidad de conocer la naturaleza del suelo, subsuelo, régimen de las aguas superficiales e interiores, y para lograr su mejor aprovechamiento, en armonía con los grandes valores industriales de la época, y en presencia del desarrollo adquirido por la ganadería y la agricultura.

Le preocupó muy particularmente la construcción de canales de navegación, proyectando e iniciando el de Mar Chiquita a Baradero en una extensión de más de 300 kilómetros, de los cuales alcanzó a construir durante su mandato cerca de 200, malográndose empresa tan grandiosa por circunstancias ajenas a la voluntad del gobierno.

Más positiva, aunque menos trascendental, fue la construcción de canales en el Delta del Paraná, donde quedaron listos -al terminar su período, siete cursos de agua para la navegación isleña y, por consiguiente, para su producción agrícola y frutícola.

En materia de caminos, también fue fecunda la administración de Ugarte: se construyeron muchos nuevos, se mejoraron los existentes, y sobre ellos, en los casos de ríos y arroyos, se construyeron en total 30 puentes, proyectándose un número mayor.

Los ferrocarriles aumentaron durante este período, aproximadamente en 1.000 kilómetros los de trocha ancha, y 600 los de trocha angosta.

Se iniciaron también durante el gobierno de Ugarte las obras de desagüe en las zonas inundables de la provincia, paralizándose momentáneamente en mayo de 1905, cuando ya se habían invertido en ellos más de un millón y medio de pesos, y realizado 3.000.000 de metros cúbicos de excavación y dragajes.

Dio comienzo el señor Ugarte a los trabajos de irrigación en Patagones, contratando al efecto para la tarea al ingeniero Carlos Wauters, y demostrando que aquilataba la trascendencia de esta obra y su enorme utilidad.

Entre otros actos de gobierno de este período, podrían señalarse la creación en La Plata del Colegio y la Universidad nacionales, sobre la base de la primitiva institución similar creada 10 años atrás; la instalación de los Tribunales de la Costa Sur; la reforma fundamental de las leyes impositivas, la reorganización del Montepío Civil, etc.

En materia financiera, dos actos importantísimos llevó al cabo el gobernador Ugarte: la reorganización del Banco de la Provincia y la venta del puerto de La Plata al gobierno nacional. El primero, después de cancelar todas sus obligaciones provenientes de la gran crisis que motivó su ruidosa caída, reabrió sus puertas con su antiguo nombre, sus prerrogativas y su tradición, con un total de depósitos particulares, judiciales y fiscales de pesos 50.000.000 y un alto crédito que se puso de manifiesto inmediatamente en la cotización de sus acciones.

El puerto de La Plata fue transferido al gobierno nacional, por ley de la Legislatura, patrocinada por el gobernador. Se obtuvo por tal concepto la suma de pesos oro 11.871.000, que el gobierno aplicó a la amortización de su deuda externa, la cual, de $ oro 34.000.000 que era su monto originario, quedó reducida, al finalizar el gobierno del señor Ugarte, a pesos oro 21.200.000.

Con justificada satisfacción el gobernador Ugarte pudo presentar ante los ojos de la opinión, al terminar su período, el cuadro de los trabajos realizados, después de haber luchado a brazo partido con una oposición bravía y tradicional. Esa satisfacción se refleja en su mensaje final a la Legislatura, el l ° de mayo de 1906, que cerró con este párrafo:

 

“Me he empeñado en ser justo y sobrio en administración; he sentido amor por mi obra; nunca me atrajo la tarea de cultivar enconos; me he preocupado de ejercer el gobierno con los ojos abiertos hacia todos los rumbos, y desciendo hoy con la satisfacción íntima de haberme dado en la integridad de mí mismo al bien de la provincia, lleno de gratitud al gran partido que me ha acompañado a cruzar tantas vicisitudes, hacia la H. Legislatura y mis distinguidos consejeros, sin excluir la oposición que, con su actitud, sólo ha conseguido forjar la obra y, tal vez, a los obreros.”

 

  1. Mensaje, 1° de mayo de 1906. El doctor Saldías, que compartió con el señor Ugarte las responsabilidades del gobierno, explica así los propósitos que animaban al gobernador: “Un día que departía con buena cantidad de diputados y senadores a propósito de la facultad impositiva de las municipalidades y de la necesidad de modificar éste y otros grandes detalles de la administración general, por medio de prudentes reformas constituciona1es, les dijo: «Una entidad es el “municipio” y otra es el “partido” de campaña: lo primero será del gobierno respectivo de ustedes, la administración de lo otro debe ser del resorte del Poder Ejecutivo, y yo he de conservar la integridad de mi investidura constitucional.» Y partiendo de este propósito empezó a trabajar la reforma de la Constitución, desahuciando a quienes a dudoso titulo solicitaban su apoyo para componer la próxima Legislatura.” (A. Saldías. “Un siglo de instituciones”, tomo II, pág. 349)
  2. Decreto del gobierno desconociendo la resolución de la H. Cámara de Diputados. 28 de abril de 1903. Registro Oficial, 1903. pág. 435.

 

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