CORRUPCIÓN
Y GATILLO FÁCIL EN FUERZAS POLICIALES
Una
depuración tras otra pero los resultados no aparecen
El ministro de Justicia Gustavo Beliz reemprendió la semana
pasada su embate contra la corrupción policial. Lo hizo de manera
ejemplarizadora pues su campaña se reabrió con la cesantía del jefe
de la Policía Federal por presunta corrupción. En simultáneo, el
gobierno de Felipe Solá informó que eran 24 los comisarios mandados a
retiro en la Policía Bonaerense. Se refería a la última tanda pues ya
debe haber perdido la cuenta de cuántos fueron retirados sólo en lo
que va del año. Esas medidas aparecen como auspiciosas y necesarias
porque instituciones con jefaturas corruptas no pueden evidentemente
lidiar con el delito. El problema es que hay otras causas de fondo que
no se removieron pues de lo contrario no se explicaría que, tras tantas
purgas, la fiebre continúe tan alta en fuerzas de seguridad. HOMBRE DE RUCUCU
El depuesto jefe de la Policía Federal estaba participando de
una reunión de Interpol en la ciudad francesa de Lyon cuando le
comunicaron su retiro desde la cartera de Beliz. El comisario Giacomino
sintió el impacto pues aspiraba a la poltrona de Interpol y ahora, en
vez de disputar ese cetro, tendrá que gastar en abogados para zafar de
dos causas.
En una, de vieja data, se lo acusa de haber inducido la licitación
de patrulleros a favor de Citroen, con sobreprecios y comisiones. La
otra, más reciente, sostiene que dos días antes del cambio
presidencial, adjudicó contratos por dos millones de pesos en servicios
informáticos para el Hospital Churruca a empresas de familiares suyos,
también pagando sobreprecios.
Giacomino volvió de Europa y se encerró en el country “El Ombú”
de Cañuelas, donde tiene de vecino al ex gobernador Carlos Ruckauf. Los
vecinos tienen una relación estrecha desde que en 1999 “Rucucu” lo
designó jefe de su custodia en la casa de gobierno de La Plata. Con ese
apoyo llegó a la jefatura de la Federal en diciembre de 2001, en el tórrido
verano que se devoró a Fernando de la Rúa y al comisario Rubén
Santos. Esa vez la fuerza de azul reprimió todo lo que pudo para salvar
un gobierno moribundo. Su accionar se cobró seis vidas en el centro de
la Capital Federal y lesionó a 227 manifestantes, según el expediente
que lleva con tanta benignidad y mora la jueza María Servini de Cubría.
Nombrado jefe de la fuerza por Adolfo Rodríguez Saá, fue
ratificado por Eduardo Duhalde y Néstor Kirchner, lo que implica
responsabilidades del terceto y sus ministros del ramo, entre otros Juan
José Alvarez y Gustavo Beliz. Este, más vale tarde que nunca, terminó
despidiendo al comisario luego de tenerlo al lado en la difusión de
planes esotéricos sobre “Honestidad y Eficiencia”, como el
anunciado el 10 de julio último. Según sus pautas, las 53 comisarías
iban a lograr la certificación de calidad total según las normas ISO
9000. El lector que crea que estamos hablando en broma puede revisar los
diarios de la Capital Federal del 11 de julio de 2003 y verá que ese
era el plan de Beliz-Giacomino-Norberto Quantín. EMBARRADOS EN RIACHUELO
En agosto de 2003, la dupla Beliz-Giacomino citó a los 53
comisarios de la Capital para el inicio formal de ese programa de
Capacitación. El ministerio de Justicia lo organizaba en conjunto con
la Universidad Tecnológica Nacional y el primer expositor fue Beliz.
Este ratificó: “lo que se pretende con este seminario es que todas
las comisarías de la Federal alcancen las normas de calidad de gestión
ISO 9000”.
El curso reflejaba la preocupación gubernamental por una
realidad policial tantas veces reflejadas en las páginas de policiales
y de política. Muchos jefes, oficiales y tropa, de arriba abajo y
viceversa, aparecían vinculados con el delito (ver aparte “POLICÍA:
LO QUE ESCRIBIÓ RODOLFO WALSH”). Uno de los casos más resonantes había
ocurrido en setiembre de 2002, cuando miembros de la comisaría 34º
golpearon a tres jóvenes y los obligaron a zambullirse al Riachuelo.
Uno de ellos, Ezequiel Demonty, se ahogó.
Ese crimen fue una muesca más en las culatas de los
“federicos”. Si hablamos de muertes de adolescentes a manos
policiales, el caso más renombrado fue el de Walter Bulacio, en 1991,
detenido en la puerta de un recital y muerto tras ser golpeado en la
comisaría 35ª. Justamente la semana pasada hubo un fallo de la CIDH
(Corte Interamericana de Derechos Humanos) ratificando su condena contra
el Estado argentino y fijando en 400 mil dólares la indemnización que
debe pagarle a la familia del chico.
Pese a esa trayectoria ostensible de la Federal y con el caso
Demonty instalado en la opinión pública durante 2002, el mismo día de
esa muerte en el Riachuelo (14/9/02), Giacomino reclamó la reposición
de los edictos. Estos poderes policíacos están en las antípodas de
las leyes y los derechos humanos, pero el entonces jefe de la Federal
los puso como condición para “combatir la inseguridad”. No se privó
de nada pues también demandó la vigencia del “Memorando 40”, que
autorizaba al comisario de una seccional a detener menores de edad sin
dar comunicación a un juez. Precisamente
esa fue la facultad que en 1991 ejerció el comisario Miguel Angel Espósito
para dejar en la 35º a Bulacio. Walter tenía 17 años y mucha bronca
cuando lo metieron en el calabozo, porque no había podido escuchar a
los “Redonditos de Ricota”. Al día siguiente lo sacaron muerto con
golpes en la cabeza. Con
un mandamás como Giacomino era ridícula la pretensión de Justicia de
dar a la institución certificados de “calidad total”. Hasta
llevaron el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel a dar una
conferencia de derechos humanos a la Federal. Horacio Verbitsky escribió
que “los cursos de derechos humanos de la Policía Federal deberían
comenzar por el comisario Giacomino”. Eso hubiera estado bien si el
aludido policía tenía algún átomo democrático de su personalidad
para enmendarse. LA BONAERENSE
El consuelo de tontos de quienes pasaron por la jefatura de
gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires desde 1996 a hoy
–Fernando de la Rúa y Aníbal Ibarra- y de los sucesivos ministros de
Interior y de Justicia, fue que la Federal era una “pinturita” con
el cotejo con la Bonaerense. En realidad las fuerzas “de seguridad”
no se sacan demasiada ventaja, en proporción, atento al informe sobre
represión policial que desde 1996 realiza anualmente la Coordinadora
contra la Represión Policial e Institucional (Correpi). En promedio hay
unos 90 casos de “gatillo fácil” cada doce meses, en una tendencia
que se agravó desde 1983.
La Bonaerense puntea en esa tabla. Su triste fama durante el período
constitucional se incrementó bajo la jefatura de Pedro Klodzcyk,
protegido por Eduardo Duhalde durante sus períodos como gobernador
(1991-1999). Uno de los hombres de Klodzcyk era el comisario Juan José
Ribelli, preso desde hace varios años en la causa por voladura de la
AMIA.
En los últimos años se alternaron al frente de los “patas
negras” jefes como Ramón Verón –acusado de haber actuado en el
centro de exterminio Coti Martínez durante la dictadura- y Alberto
Sobrado. Este último perdió el puesto luego que el periodismo revelara
que había depositado 333 mil dólares en el Scotia Bank de Uruguay,
girados luego a una sucursal de esa entidad en las Bahamas.
Curioso caso el de la saga del fallecido Klodzcyk, Aldo
“Gordo” Naldi, Mario “Chorizo” Rodríguez, los mencionados Verón
y Ribelli y tantos más. Por
un lado los malos oficiales levantan olas sobre la inseguridad.
Amplifican el número de delitos realmente cometidos en el conurbano
para justificar sus pedidos de más fondos y facultades. En esa campaña
cuentan con el apoyo del PJ duhaldista y los medios de comunicación que
transmiten en la misma onda y frecuencia policial. Pero
por otro lado sucede a menudo que altos jefes aparecen involucrados en
denuncias por corrupción, enriquecimiento ilícito, secuestros, etc. El
ahorrista Sobrado no fue el único que debió dar un paso al costado. El
comisario Angel De Gastaldi, jefe de la Delegación de Quilmes, fue
separado bajo acusación de enriquecimiento indebido. El subcomisario
José A. Hernández, jefe de una brigada antisecuestros que había
recibido felicitaciones por su actuación en los casos Peralta y
Echarri, terminó preso señalado como integrante de bandas de
secuestradores. En
fin, queda en evidencia que no estamos ante unas pocas manzanas podridas
dentro de una cesta donde el conjunto de frutas brilla con lindo color.
No, aquí está enfermo el árbol mismo, con copa y raíz. EMILIO MARÍN POLICÍA: LO QUE ESCRIBIÓ RODOLFO WALSH
En 1993 el entonces gobernador Duhalde aseguró que la bonaerense
era “la mejor policía del mundo” cuando los hechos de entonces ya
eran concluyentes. En ese hipotético torneo mundial, la fuerza de
seguridad de su distrito estaba descendida.
Años atrás se destapó que el tercer hombre en la jerarquía de
la Policía Federal explotaba el negocio de la prostitución en la
Capital y presuntamente tenía conexiones con el juez Norberto Oyarbide.
Pero en esa materia los “federicos” eran aventajados largamente por
los “patas negras” del otro lado de la avenida General Paz.
Los negocios de la Bonaerense eran de inversiones múltiples y
como las de sus colegas metropolitanos, se basaban en sólidos vínculos
con los políticos y funcionarios.
Esto no lo dijo una persona cualquiera. En agosto de 2002 se
descubrió el cadáver degollado del joven Diego Peralta en una laguna
de Quilmes y salió a la superficie la responsabilidad de algunos
uniformados. Los vecinos de El Jagüel, enfurecidos, quemaron la
dependencia policial.
Por esos días el viceministro bonaerense de Seguridad, Marcelo
Saín, declaró: “existe un vínculo histórico entre la policía
provincial y la política. Nadie puede negar el financiamiento policial
de la política a través del narcotráfico, el juego y la prostitución.
No hay posibilidad de que funcionen sin el amparo de la política”. En
enero de este año debió renunciar, luego que Duhalde y la plana mayor
del PJ bonaerense le tiraran con munición gruesa. Uno de los ministros
actuales, Aníbal Fernández, dijo que aquellas imputaciones eran
“estupideces”.
La realidad se inclina por la tesis de Saín. Hace 36 años
Rodolfo Walsh definió a la Bonaerense en una publicación de la CGT de
los Argentinos: “es una jauría de hombres degenerados, un hampa de
uniforme, una delincuencia organizada que actúa en nombre de la ley; la
secta del gatillo alegre es también la logia de los dedos en la
lata”. E.M. |
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