Un fiscal de Rawson denunció ante la Justicia federal, la posible existencia de unas 25 toneladas de cianuro enterradas en una mina abandonada, que podrían contaminar aguas de las provincias de Chubut y Río Negro, señaló un cable de Télam.

El fiscal federal Gustavo Gómez presentó ante él con juez Saúl Acosta, la denuncia penal por presunta infracción a la Ley 24.051, que prevé penas de prisión a los responsables de contaminación ambiental dolosa o por negligencia.

La presentación del fiscal tiene relación con un pedido de informes presentado a fines del año pasado por el diputado provincial rionegrino José Zgaib, ante informaciones sobre la posible existencia de 25 toneladas de cianuro y 1,5 millones de toneladas de otros residuos, en su mayoría tóxicos, en la ex Mina Ángela.

Según Zgaib, la existencia de este material tóxico enterrado "podría contaminar las aguas que llegan hasta Río Negro, dada la proximidad que la mina, radicada al norte del Chubut y cerca del límite, tiene sobre todo para la comunidad de Ingeniero Jacobacci".

Los informes de Zgaib fueron tomados en Chubut por el diputado provincial Víctor Cisterna, quien también elevó un pedido de informes de similares características dirigido a la Dirección General de Minas y Geología de este distrito.

Mina Ángela fue sometida a un proceso de remediación (tapado de la mina), al desmantelamiento de todas las instalaciones y a trabajos de reposición del ambiente a las condiciones topográficas que existían antes de la explotación.

El fiscal Gómez sostuvo que, "como los diputados expresaron públicamente que existirían muchas toneladas de residuos tóxicos que quedaron enterradas luego del proceso de remediación, mi obligación es formular la denuncia".

Gómez precisó a Télam que pidió "una serie de pruebas y que se convoque a declaración testimonial al diputado Víctor Cisterna, y que se le requiera información a la Dirección de Minas del Chubut para que informen sobre los antecedentes".

"Además se solicitó a Catastro y Geodesia que aporte los datos técnicos con relación al lugar geográfico en que se encuentra la ex mina para saber con exactitud a qué jurisdicción judicial pertenece", puntualizó el fiscal.

El funcionario judicial estimó que para esa investigación "seguramente habrá que utilizar la capacidad de las fuerzas auxiliares de la Justicia", entre las que citó a Gendarmería Nacional, el Centro Nacional Patagónico e incluso la Comisión Nacional de Energía Atómica.

La Ley 24.051 castiga con penas de prisión a quienes coloque cualquier tipo de residuos tóxicos, utilizados para distintos procesos, sin el tratamiento adecuado, por actividad negligente o dolosa, y que contaminen el ambiente.

"La ley reprime a quienes cometa este tipo de hechos aún cuando las cantidades sean mínimas", recordó el representante del ministerio público.

Las sospechas sobre el entierro de cianuro y otros elementos tóxicos nacieron a raíz de los informes para el proceso de remediación, pues en un principio se estimaba un presupuesto de 12 millones de pesos que incluían el retiro de los desechos y su reciclado.

Pero al año pasado la propia empresa que explotó durante 20 años el yacimiento polimetálico de Mina Ángela expuso públicamente que el trabajo costó tres millones, con lo cual se teme que los residuos no fueron sacados y reciclados sino que quedaron bajo la tierra. @