El llamado "megacanje", por 30.000 millones de dólares, fue presentado por Domingo Caballo, el ministro de Economía del ex presidente Fernando de la Rúa, como un paso decisivo para que la Argentina superara sus dificultades de pago de los compromisos externos. Sin embargo,  no tuvo ese efecto y se diluyó en la profunda crisis financiera que afecta a este país.

Con el “megacanje" de junio de 2001, los pagos de los títulos públicos se inflaron en 55.200 millones de dólares, a cambio de una postergación de tres años en los plazos promedio. Por un capital en títulos de la deuda de 85.917 millones de dólares, al cabo de 30 años Argentina deberá pagar 214.000 millones por capital e intereses.

Este "megacanje" fue denunciado en octubre del año pasado como "el robo del siglo, perjudicial para la nación" por la diputada  Elisa Carrió, líder del  ARI (Alternativa para una República de Iguales), quien entonces hizo una denuncia judicial, declarando que "el megacanje implicóun aumento de la deuda externa en más de 52.000 millones de dólares, en una operación que benefició a siete bancos privados que cobraron una comisión de 150 millones de dólares".

El juez Ballestero también procesó a Cavallo por haber ordenado a los bancos que no tomaran en cuenta las resoluciones judiciales favorables a los ahorristas, atrapados dentro del llamado "corralito" bancario a partir de comienzos de diciembre del 2001.