El avance por una sociedad justa para todos y la creación de conciencia en la población.

Una de las más grandes críticas en torno a la justicia social se le podría hacer al desarrollo en el tema de leyes sociales que emite el gobierno de nuestro país, pero la verdad es que Chile esta mostrando notorias mejoras, como para llegar a sentirse orgulloso.

Las cifras del Censo 2002 registró 184.464 inmigrantes en Chile, de los cuales 26 por ciento de ellos eran argentinos, 21 por ciento peruanos y seis por ciento bolivianos. Según la información entregada por el Gobierno, hoy residen 258.829 extranjeros.

Aparentemente estas cifras han experimentado un cambio en los últimos años, ya que, la percepción en cuanto a inmigrantes en nuestro país, hoy es más notoria en la población peruana, en este momento hay 18.500 de ellos trabajando en nuestro país, sin embargo el porcentaje total de extranjeros en nuestro país apenas alcanaza una cifra de 1.2% de la población, pero con un aumento del 75% respecto al censo de 1992. Aun así lejano de los índices mostrados por países históricamente receptores de población como Argentina (4%), y lejos también del 4% que ostentábamos en la primera mitad del siglo XX, época que marcó nuestro techo en materia de población extranjera residente.

La buena noticia es que a los inmigrantes latinoamericanos indocumentados residentes en Chile les llegó finalmente la oportunidad de regularizar su situación, a partir de una disposición del gobierno que estará vigente entre el 5 de noviembre y el 5 de febrero.

En términos generales, la decisión implica que los extranjeros residentes en Chile podrán obtener una visa de estadía por un año, con la opción de renovarla, que les da derecho a trabajar, iniciar actividades de forma independiente y acceder a los servicios públicos de salud y a otros beneficios sociales.

Esto es un gran avance, ya que, con la legislación actual, los extranjeros indocumentados dan vuelta en un circulo vicioso. Para conseguir una visa temporal y recibir una cédula de identidad deben presentar un contrato de trabajo por dos años como mínimo. Pero para acceder a un empleo formal, y por ende a beneficios sociales, deben tener autorización para residir. A partir de esta carencia, precisamente es como la gente se aprovecha de los inmigrantes, pagándoles un salario sumamente bajo por su trabajo, que si en este momento estuviera regularizado, con seguridad estaría fuera de la ley.

Otro de los puntos que ya han sido solucionados por las autoridades de nuestro país, es la discriminación escolar que sufrían los hijos de los inmigrantes ilegales en Chile por parte del Estado, esto finalizó tras, quizás , uno de los mejores anuncios de el ex ministro de educación Sergio Bitar.

“Algunos hijos de inmigrantes se estaban quedando fuera del sistema escolar... Ahora podrán ingresar a la escuela con los mismos derechos aunque estén en forma irregular en el país. Creemos que todos los niños tienen que ser tratados en forma igual y no pueden quedarse sin asistir al colegio; por eso, he enviado un instructivo a todos los directores provinciales de educación de Chile para que informen a los directores de establecimientos educacionales que todos deben ser acogidos. Esto también nos parece muy importante desde el punto de vista del hermanamiento entre nuestros países”, explicó Bitar ese día en Bolivia.

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