Desde el año 1976 hasta la actualidad, la deuda externa ha producido una extensa secuela de daños y víctimas fatales, por el terrorismo de estado necesario para imponerla, la represión, el hambre, la falta de atención medica, epidemias descontroladas, abandono, miseria, suicidios por desesperación; destrucción del aparato científico, tecnológico e industrial; por el caos social generado; por el vaciamiento y la fuga de capitales; el despojo a los ahorristas internos etc.
Desde el año 2000 está en poder del Congreso de la Nación el expediente de la causa 14467 caratulada "Alejandro Olmos s/denuncia", substanciada ante el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 2 Sec N° 4 , el que contiene toda la investigación judicial que acredita el carácter ilícito y fraudulento de la mal llamada "Deuda Externa Argentina" contraída en el periodo 1976-1983 . Desde entonces el expediente se halla archivado en los cajones de los legisladores que al ignorarlo incurren (como tantas otras veces) en una violación masiva de los deberes de funcionario público.
Estas notas no son mas que un resumen de lo expuesto en el libro de Alejandro Olmos sobre la deuda externa. Mi única intención al presentarlas aquí es difundir la información que los medios de comunicación masivos eluden en forma deliberada y promover en la medida de mis posibilidades la inquietud por informarse del tema. La mayor parte de la gente posee ideas muy vagas acerca de esta deuda, sabe tal vez su monto pero no como fue contraída, ni la forma en que se utilizaron los préstamos. Quienes pagan la deuda, carecen de información sobre estos hechos en general se repiten los extraños e insuficientes argumentos que brindan los economistas neoliberales en la radio y la televisión. Entre la erróneas creencias que se exponen se encuentran las siguientes:
"El pueblo argentino dilapidó el dinero y por ende hay una culpa compartida en el alto endeudamiento de nuestro país". La realidad es que tal dilapidación, aunque existente, no es obra del pueblo en su conjunto sino de un grupo de economistas neoliberales, políticos y empresas nacionales y extranjeras muy concretas. La única culpa que tiene el pueblo-si es que dicha culpa existe-consiste no haberlos sacado a patadas del Banco Central y del Ministerio de Economía a tiempo.
"Debemos honrar la deuda": Las deudas deben pagarse, pues no hacerlo es inmoral y en eso estamos de acuerdo casi todos, pero hay suficientes pruebas de que el endeudamiento externo de Argentina es ilegítimo, luego la deuda deja de ser una deuda para transformarse en una obligación compulsiva, que para colmo beneficia a un amplio sector de delincuentes; de modo que en este caso lo inmoral es pagar.
La necesidad de generar confianza en inciertos inversores externos: Un argumento absurdo que se repitió hasta el hartazgo. La aplicación de la política de apertura de los mercados a la que nos fuerza el FMI en cada renegociación solo atrae capitales golondrina y expulsa a los verdaderos inversores.
El periodo critico de crecimiento de la deuda externa argentina se registró durante la dictadura militar, fundamentalmente durante la gestión económica de Martínez de Hoz y el Secretario de Estado para la Coordinación y Programación Económica, Guillermo Walter Klein. Argentina se endeudó como consecuencia de una política instrumentada por el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y otros organismos a fin de evitar un colapso financiero internacional. Como veremos en lo que sigue, estos fondos, lejos de utilizarse para financiar el desarrollo del país, fueron derivados a los Bancos Comerciales, a ciertas empresas privadas y a los bolsillos de ciertos individuos que en su doble rol de funcionarios argentinos y representantes de los bancos extranjeros, cometieron en complicidad con los anteriores gran cantidad de maniobras ilícitas e inmorales con la impunidad que les garantizaba la dictadura militar.
A partir de 1982, por la caída de los precios del petróleo, los países de la OPEP comenzaron a tener saldos negativos crecientes en sus balanzas de pagos, con lo cual terminó en forma brusca la fuente de petrodólares. Ello determinó una gran crisis de pagos internacionales y la imposibilidad de los países que habían contraído esas deudas para hacer frente los servicios de estas, que además habían crecido por la elevación de las tasas de interés.
Los bancos transfirieron de ese modo su deuda con los países productores de petróleo a nuestro país -y a otros países periféricos elegidos para evitar la crisis- su deuda con los países productores de petróleo, lucrando con la riqueza de unos y la dominación de otros.
Comencemos con algunos datos estadísticos:
A) Celulosa Argentina: 1500 millones de dólares.
B) Cogasco: 1350 millones de dólares
C) Autopista Urbanas: 950 millones de dólares.
D) Pérez Companc: 910 millones de dólares.
E) Acindar: 650 millones de dólares.
F) Bridas: 600 millones de dólares.
G) Banco de Italia: 550 millones de dólares.
H) Alpargatas: 470 millones de dólares.
I) Techint: 350 millones de dólares.
¿Cuánto se pagó por servicios de la deuda (esto es amortización más interés)?
Entre 1976 y el año 2000 se pagaron 212.280 millones de dólares.
La Investigación iniciada por Bernardo Grinspun
El gobierno de Alfonsín intentó por medio de su ministro de Economía Bernardo Grinspun investigar la deuda, para separar las obligaciones legitimas de aquellas que eran fraudulentas. Ante las presiones internas y externas a las que fue sometido, que lo enfrentaron incluso con los legisladores de su propio partido, Grinspun tuvo que limitar dicha investigación a las deudas privadas estatizadas por los funcionarios del proceso. El 5 de Julio de 1984, el directorio del Banco Central, presidido por Enrique García Vázquez cumpliendo las instrucciones de Grinspun dicto la circular N° 340, mediante la cual se disponía la conformación de un grupo de auditores que tendría a su cargo el análisis de la declaraciones de deuda en moneda extranjera al 31 de Octubre de 1983 efectuada por los deudores privados. La división de la deuda en legítima y fraudulenta debía basarse en los siguientes parámetros:
a) Cuando el acreedor no confirme o niegue la existencia de una deuda ante el pedido de conformación de saldos efectuado por el Banco Central.
b) Cuando aparezca confusión en la calidad de deudor y acreedor, parcial o total, directa o indirectamente en una misma persona, a través de indicios graves, precisos y concordantes, o cualquier otro medio de prueba.
c) Cuando la operación se realizase fuera de las prácticas de mercado generalmente aceptadas.
d) En todas aquellas situaciones, en que la operación a juicio del Banco Central y como resultado de la investigación no se encuentre suficientemente acreditada.
Aunque los auditores tuvieron una serie de obstáculos, como las presiones e intimidaciones de los directivos de la empresas investigadas; las objeciones planteadas por los abogados de las mismas y la confusión en la cual pretendían sumirlos los contadores, su trabajo encomiable y riguroso llegó a conclusiones sorprendentes que aquí resumimos:
Anomalías en la concertación de seguros de cambio
Autopréstamos (Un autopréstamo es un procedimiento que consiste en transferir divisas a un país extranjero que después vuelven a ingresar como "préstamos" del exterior. Los supuestos deudores recibían el beneficio de los seguros de cambio y posteriormente el de los títulos públicos que entregó el Estado para pagar o refinanciar deudas privadas)
Endeudamiento producidos por proyectos de inversión que no se efectuaron.
Aportes de capital, disimulados como préstamos financieros.
Sobrefacturación y abultamiento de la deuda.
Además de la irregularidades recién mencionadas, muchas empresas privadas contrajeron deudas en el exterior, con garantía del Estado que luego no pagaron. El Estado pagó dichas deudas y aunque las empresas debían rembolsar dichos préstamos, no lo hicieron. Entre las empresas beneficiadas por estos avales caídos podemos destacar a: Interama, Covimet, AUSA (Autopistas Urbanas), Aluar, Acindar, Papel Prensa, Induclor, Papel Tucumán (Grupo Bridas) e I.M.P.S.A (Grupo Pescarmona).
Otro anormalidad fue la inclusión en la deuda externa del sector privado, de las deudas de las filiales argentinas de las multinacionales con sus casas matrices en el exterior. La significación, veracidad, o magnitud de estas últimas, escapan a todo tipo de control o fiscalización.
La renuncia de Grinspun y García Vázquez, posibilitó a las nuevas autoridades económicas (Sourrouille y Machinea) neutralizar todos los resultados alcanzados.
En Abril de 1982 (todavía bajo el gobierno de la dictadura militar, y en plena vigencia del terrorismo de estado) Alejandro Olmos denunció ante la justicia, llevando para ello investigaciones que fueron fruto de su esfuerzo personal, las maniobras ilícitas mediante las cuales se había contraído la deuda. Cinco jueces se sucedieron en el trámite de la causa: Miguel Del Castillo, Martín Anzoátegui, José Dibur, Ricardo Weshler y Jorge Ballestero. Este último puso fin a la causa a través del pronunciamiento dictado el 13 de Julio de 2000, dos meses y medio después del fallecimiento de Olmos (24 de Abril de 2000).
Aunque se tomaron una gran cantidad de declaraciones y se acumularon una gran cantidad de pruebas, se dictó un solo procesamiento; el de Martínez de Hoz. En la sentencia Ballesteros reconoció que Olmos tenía razón pero sobreseyó a Martínez de Hoz por prescripción de la acción penal y envió el expediente al Congreso de la Nación.
Después de 18 años de esfuerzos, Alejandro Olmos falleció sin poder ver concretado su objetivo. Martínez de Hoz y los otros responsables quedaron en la más absoluta impunidad, de hecho la mayoría de los funcionarios del proceso involucrados continuaron su ardua labor en favor de los bancos durante los siguientes gobiernos democráticos, silenciando todas las investigaciones sobre la deuda , generando un endeudamiento aún mayor y entregando el patrimonio del Estado a precio vil a sus socios extranjeros.
Es
claro que de acuerdo a las pruebas presentadas en la causa la resolución debió
ser distinta, sin embargo la resolución judicial constituye un antecedente jurisprudencial
de importancia ya que es la primera vez que la deuda externa de un país es sometida
a una investigación judicial que permiten conocer los mecanismos fraudulentos
que se emplearon para constituirla.
A los efectos de dar a conocer a la opinión pública la forma en que se instrumentó
la deuda externa, Olmos publicó un libro titulado "Todo lo que usted
quiso saber sobre la deuda externa y siempre le ocultaron: Quiénes y cómo la
contrajeron" en el cual resumió los resultados de su investigación y de
los peritajes realizados en el juicio. En la última edición de este libro, publicada
después de la muerte de Olmos, figura un prólogo de su hijo Alejandro
Olmos Gaona, en el cual se presentan los nuevos resultados de la investigación,
continuada por este tras la muerte de su padre. La mayor parte de los datos
presentados aquí provienen directamente de dicho libro, cuya lectura recomiendo
a fines de obtener un panorama mas preciso sobre el tema.
En este libro se demuestra que:
En Marzo de 1976, las reservas internacionales rondaban los 620 millones de dólares, de los cuales el 35 % se hallaban colocados a interés. Dichas reservas se triplicaron al año siguiente y, en 1977 se multiplicaron por siete. En 1979 alcanzaron el nivel de los 10138 millones de dólares, lo que representaba unas 20 veces el importe de reservas existentes al asumir el gobierno militar. De los 10138 millones de dólares de reservas, 8410 millones estaban depositados en bancos extranjeros. En ese mismo año la deuda aumentó de 12496 millones de dólares a 19034 millones de la misma moneda. Para incrementar las reservas se concertaron operaciones de préstamo con los bancos del exterior que llevaron al país a un endeudamiento de enorme magnitud. Los fondos obtenidos en tales préstamos no se aplicaron a inversiones, ni para atender el pago de compras u obligaciones. Gran parte de los fondos fueron destinados a acumular reservas y de esas reservas el 90% se colocó a plazo fijo. Los peritos designados por el juzgado determinaron como se colocaban fondos a un interés menor del que se pagaba por tomar en préstamo dichos fondos. Se señala también en dicho informe, como se colocaban fondos en bancos que pagaban intereses menores que otros bancos en la misma fecha de operaciones. Es obvio que-contrariamente a lo expuesto por Martínez de Hoz-los fondos no eran destinados a financiar el desarrollo del país, pues de otro modo no se hubieran colocado esos fondos a plazo fijo, renovándolos una y otra vez a sus vencimientos.
Las operaciones de colocación a plazo fijo de los fondos obtenidos en la deuda externa, debieron acusar un beneficio que estaba más allá de las simples "comisiones" de práctica. La colocación de fondos de varios miles de millones de dólares en distintos bancos, supone alcanzar un nivel de relaciones personales de incuestionable valor, y de gran utilidad a la hora de los negocios particulares. Por algo, el estudio de Walter Klein que sólo tenía la representación de un banco del exterior cuando Klein asumió en 1976, una secretaría de estado del Ministerio de Economía, muy pocos años después representaba a 22 bancos extranjeros. Cinco días después de iniciada la guerra de Malvinas, el 7 de Abril de 1982, Klein fue nombrado como apoderado en Buenos Aires de la sociedad anónima británica Barclays Bank Limited, uno de los principales acreedores privados de la Argentina.
Las empresas públicas
Según dijimos antes, el régimen de Videla y Martínez de Hoz estimuló el endeudamiento innecesario de las empresas públicas. Citaremos aquí como ejemplo uno de los casos que reviste mayor gravedad, el caso de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), que luego fue tomado como leading case (caso testigo) de las privatizaciones durante el menenismo y es un buen ejemplo de la mecánica de endeudamiento en detrimento de las cuentas de la empresa. Recuérdese que tanto YPF como Aerolíneas Argentinas, Empresa Líneas Marítimas Argentinas y Flota Fluvial del Estado se encontraban en el selecto grupo de las empresas estatales cuyos balances eran positivos, y arrojaban importantes ganancias. YPF tenía entonces recursos suficientes para sostener su propio crecimiento: el 24 de Marzo de 1976 la empresa tenía una deuda de 372 millones de dólares. Siete años más tarde debía 6000 millones: multiplicó su deuda por 16 en siete años. Esto no se correspondió con cambios en su estructura que resultaran en detrimento de la empresa; por el contrario, la productividad del trabajador de los yacimientos aumentó en un 80 por ciento en ese período, y un plan de reducción del personal logró reducir la cantidad de trabajadores de 47000 a 34000. Fueron otras las grietas de los balances:
Señalemos también aquí que el encargado de fundamentar técnicamente la posición de la autoridades económicas y financieras que hizo asumir fuertes deudas a YPF para destinar divisas al mercado cambiario fue el ex Gerente de Finanzas Publicas del Banco Central José Luis Machinea
Conclusión
Según lo expuesto por Juan Carlos Foerster en la introducción a la última edición del libro de Olmos: " a partir de la causa Olmos se dieron a luz suficientes motivos por los cuales no se debe pagar la supuesta deuda externa que pretenden cobrarnos, los más importantes: por el origen de los prestamos; por la renuncia a la soberanía, porque muchos actos considerados de endeudamiento se los puede considerar como ilícitos; por el destino del dinero recibido en préstamo; porque a la deuda publica contraída por el Estado se sumó también como pública la deuda que habían contraído en su propio beneficio las empresas privadas; porque la llamada deuda externa ya fue pagada con creces, porque los gobiernos del periodo llamado democrático, posteriores al autodenominado "Proceso de Reorganización Nacional", pagaron a los acreedores externos sin que el órgano pertinente-Poder Legislativo de la Nación-haya investigado tal endeudamiento y así poder arreglar la deuda externa conforme lo establece la Constitución Nacional"
El jurista argentino Miguel Ángel Espeche Gil, de consulta a la Corte Internacional de Justicia de la Haya señala cuatro vertientes básicas de ilegitimidad de la deuda externa:
La de origen
El usurario aumento
Los acuerdos provenientes del Plan Brady
La ilegitimidad que se da en los casos de los países en los que los que sus respectivos negociadores gubernamentales-quienes acordaron en nombre de sus respectivos gobiernos los términos del Plan Brady- renunciaron poco después a sus cargos oficiales y de inmediato pasaron a desempeñarse como directivos precisamente de las entidades financieras beneficiadas con los acuerdos.
Por otra parte en virtud de los cuantiosos daños ocasionados y fundamentalmente de la perdida de vidas humanas, en mi opinión los delitos cometidos para generar la obligación compulsiva, deberían considerarse imprescriptibles en todos los casos, incluyendo por supuesto a los funcionarios del FMI, Banco Mundial, y bancos extranjeros que participaron activamente en estos crímenes.