El estado de sospecha de la sociedad argentina pone en tela de juicio la real vigencia del Estado de derecho. La opinión pública desconfía -justificadamente-de la mayoría de los legisladores, de la administración de Justicia y, obviamente del Poder Ejecutivo, que tiene ex y actuales miembros procesados.

La estabilidad política, y aún la económica, no son completas sin la seguridad jurídica, que garantiza la proyección de los derechos a través del tiempo.

Todo empezó con la sanción de las leyes de Emergencia Económica y de Reforma del Estado, por las cuales el Congreso confirió facultades extraordinarias al Poder Ejecutivo; continuó con el desmantelamiento de todos los organismos de control del Estado, prosiguió con la apropiación de los plazos fijos y su sustitución por Bónex, y culminó con el copamiento menemista de la Corte Suprema de Justicia, mediante su ampliación de cinco a nueve miembros.

Desde entonces hasta hoy, el Presidente suscribió 130 decretos de "necesidad y urgencia", más que los promulgados en toda la historia institucional argentina, desde Urquiza hasta Alfonsín. Por eso definimos al gobierno menemista como "autocrático en lo político y liberal en lo económico".

Este proceso fue cumpliéndose sistemática y planificadamente; con premeditación y alevosía, diríamos.

Por decreto se designó al procurador general de la Nación, sin el acuerdo del Senado, al mejor estilo de los gobiernos de facto, y en tres años se han sucedido cuatro procuradores con el sencillo trámite de pedirles la renuncia. El hecho de que todos los integrantes del Ministerio Público, a partir de su cabeza, dependan del Presidente, es manifiestamente incompatible con la independencia republicana de poderes. La cuestión se agravó con las reformas del nuevo Código, que otorga a los fiscales facultades jurisdiccionales e incluso el inicio de la acción criminal.

Luego fueron relevados los fiscales adjuntos de la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas y luego, por decreto, el propio fiscal. También por decreto fueron desplazados cuatro de los cinco miembros del Tribunal de Cuentas.

La Sindicatura de Empresas del Estado fue convertida en una mera dirección y el inspector general de Justicia debió renunciar cuando dictaminó contra aspectos de las primeras privatizaciones, particularmente sobre la valuación de las empresas públicas.

El copamiento menemista de la Corte es un capítulo aparte, ejemplificado por el juez Rodolfo Barra, quien articuló el "per saltum" en el caso de Aerolíneas, después de haber preparado como secretario de Obras Públicas los pliegos impugnados. También declaró la constitucionalidad del peaje, luego de haber dirigido en su anterior función, la redacción de los pliegos de concesión de 10.000 kilómetros de rutas argentinas.

Sin embargo, el cuestionamiento esencial que sufre la administración de Justicia proviene de la impresión de que las cárceles son únicamente para los pobres, porque no hay un sólo funcionario corrupto preso.

El Poder Legislativo superó desde 1989 las expectativas más pesimistas. Comenzó otorgando facultades extraordinarias al Ejecutivo, prosiguió incurriendo en omisiones culposas, como su pasividad ante el envío anticonstitucional de naves al Golfo y su negativa a enjuiciar a la magistrada que cometió medio centenar de irregularidades en la instrucción de una causa por lavado de narcodólares, que involucra a familiares y amigos del Presidente.

Pero a partir de la sesión en que se identificó al "diputrucho", cuando el oficialismo buscaba quorum para el tratamiento del marco regulatorio de la privatización de Gas del Estado, todos los resultados de las sesiones anteriores están bajo sospecha de nulidad absoluta, y muy especialmente aquella en la que se sancionó la ampliación del número de miembros de la Corte, lo que extendería la presunción de nulidad a toda la actuación del alto tribunal con su actual constitución.

Estamos pues, sobre un tembladeral de inseguridad jurídica. Más que reformar la Constitución se impone rescatar la República, para cumplirla. La Nueva República que surgirá de las ruinas posmenemistas no podrá agotarse en garantizar únicamente libertades individuales. También deberá crear las condiciones para disminuir la inequidad social, a fin de asegurarla paz social, la concordia y la unión nacional.

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