Ley 15322 de Intermediación Financiera y Ley 16327
C.G.U. DERECHO

Leyes 15322 y 16327


Ley 15322

SISTEMA DE INTERMEDIACION FINANCIERA

CAPITULO I

Actividades y Empresas Comprendidas

Artículo 1º.- Toda persona pública no estatal o privada que realice intermediación financiera quedará sujeta a las disposiciones de esta ley, a los reglamentos y a las normas generales e instrucciones particulares, que dicte el Banco Central del Uruguay para su ejecución.

A los efectos de esta ley, se considera intermediación financiera la realización habitual y profesional de operaciones de intermediación o mediación entre la oferta y la demanda de títulos valores, dinero o metales preciosos.

Artículo 2º.- Las instituciones estatales que por la índole de sus operaciones queden comprendidas en esta ley, estarán igualmente sujetas a sus disposiciones, a los reglamentos y a las normas generales e instrucciones particulares que dicte el Banco Central del Uruguay.

Para la aprobación o modificación de las cartas orgánicas y demás normas que rijan la actividad de las instituciones financieras del Estado, se oirá previamente al Banco Central del Uruguay.

Artículo 3º.- Queda prohibido el uso de las denominaciones "banco", "bancario", derivados o similares, a las empresas privadas que no hubieran obtenido la autorización para realizar las operaciones del artículo 17 de esta ley.

La denominación que utilicen las empresas financieras no deberá dejar dudas acerca de su naturaleza e individualidad, a juicio del Banco Central del Uruguay.

El Banco Central del Uruguay podrá. proponer al Poder Ejecutivo las medidas correctivas correspondientes frente a cualquier empresa, financiera o no, cuya denominación ofrezca dudas acerca de su naturaleza o posible actividad financiera.

El Poder Ejecutivo podrá disponer la clausura temporal o definitiva de las empresas en infracción.

Artículo 4º.- Las empresas financieras que tengan por exclusivo objeto la realización de operaciones de intermediación entre la oferta y la demanda de títulos valores, dinero o metales preciosos radicados fuera del país, estarán exoneradas de toda obligación tributaría que recaiga sobre su actividad, las operaciones de su giro, su patrimonio o sus rentas.

Su funcionamiento será regulado por la reglamentación que dicte el Poder Ejecutivo con el asesoramiento del Banco Central del Uruguay.

Artículo 5º.- Las personas físicas o jurídicas residentes o no residentes en el país que no sean contribuyentes del impuesto a la Renta de la Industria y Comercio, estarán exoneradas de toda obligación tributaria que grave la tenencia, la renta y la circulación interna de títulos valores, dinero a metales preciosos.

Se faculta al Poder Ejecutivo a disponer la aplicación anticipada, total o parcial del régimen establecido en el artículo 19 del Título 2 del Texto Ordenando 1979 a las empresas comprendidas en el artículo 1º de esta ley. Asimismo, el Poder Ejecutivo queda facultado a aplicar para la liquidación de los impuestos a la Renta de la Industria y el Comercio y al Patrimonio, los criterios de castigo y previsiones sobre malos créditos, de devengamiento de intereses de los mismos y de ajuste por inflación, establecidos por el Banco Central del Uruguay.

CAPITULO II

Autorización para Funcionar

Artículo 6º.- Las empresas comprendidas en el artículo 1º de esta ley, requerirán para su instalación, autorización previa del Poder Ejecutivo, el que deberá expedirse con el asesoramiento del Banco Central del Uruguay. Para dicha autorización se tendrán en cuenta razones de legalidad de oportunidad y de conveniencia.

Artículo 7º.- Simultáneamente con la solicitud de autorización para instalarse, las empresas comprendidas en el artículo 1º de esta ley depositarán en el Banco Central del Uruguay el equivalente al 20% (veinte por ciento) de la responsabilidad patrimonial neta mínima fijada por dicho Banco, de acuerdo con lo establecido en el artículo 11 de esta ley. Este depósito será devuelto, concédase o no la autorización solicitada, al tomarse resolución sobre la misma.

Las empresas autorizadas deberán iniciar su actividad dentro de los ciento ochenta días siguientes a la notificación de la resolución que autoriza su funcionamiento, quedando sin efecto dicha autorización si así no lo hicieran.

Artículo 8º.- Las autorizaciones para la instalación en el país de sucursales o agencias de empresas constituidas en el extranjero, que desarrollen algunas de las actividades previstas en el artículo 1º de esta ley, estarán sujetas al requisito de que sus estatutos o reglamentos no prohiban a ciudadanos uruguayos formar parte de la gerencia, consejo de administración, directorio, o cualquier otro cargo superior, empleo o destino en la institución, dentro del territorio del Uruguay.

Artículo 9º.- Las fusiones, absorciones y toda transformación de las empresas comprendidas en el artículo 1º de esta ley, requerirán autorización previa del Poder Ejecutivo otorgada con el asesoramiento del Banco Central del Uruguay.

Artículo 10.- El número de autorizaciones para el funcionamiento de nuevos bancos no podrá superar anualmente el 10% (diez por ciento) de los existentes en el año inmediato anterior.

CAPITULO III

Responsabilidad Patrimonial Documentación, Contabilidad e Información

Artículo 11.- El Banco Central del Uruguay fijará las responsabilidades patrimoniales netas mínimas que deberán mantener las empresas comprendidas en el artículo 1º de esta ley, la forma de determinarlas y demás condiciones de aplicación.

El Banco Central del Uruguay sólo podrá fijar diferentes montos en atención a la especialidad de las operaciones que realicen las diversas empresas.

Dicha responsabilidad patrimonial neta mínima deberá radicarse necesariamente en el país y aplicarse a su giro.

Artículo 12.- Para poder comenzar a funcionar las empresas comprendidas en el artículo 1º de esta ley, deberán previamente integrar la totalidad de la responsabilidad patrimonial neta mínima fijada por el Banco Central del Uruguay dentro de los treinta días siguientes a la notificación de la autorización respectiva. De no realizarse la integración dentro de este plazo, quedará sin efecto la autorización otorgada.

Artículo 13.- Sin perjuicio de lo establecido en la ley 14.701, de 12 de setiembre de 1977, el Banco Central del Uruguay podrá establecer los caracteres materiales y las enunciaciones mínimas que deberán contener los documentos que utilicen las empresas e instituciones comprendidas en los artículos 1º y 2º de esta ley.

Artículo 14.- Con respecto a las empresas e instituciones comprendidas en el artículo 1º de esta ley, el Banco Central del Uruguay podrá:

a) Dictar normas para la registración de sus operaciones así como para la confección de los estados de situación patrimonial y demostrativos de resultados;

b) Requerir que le brinden información con la periodicidad y bajo la forma que juzgue necesaria;

c) Establecer una fecha única para el cierre de sus ejercicios económicos.

CAPITULO IV

Control, Orientaciones en el Funcionamiento, Limitaciones y Prohibiciones

Artículo 15.- Las empresas e instituciones comprendidas en el artículo 1º de esta ley, estarán sometidas al control del Banco Central del Uruguay, anterior, concomitante y posterior a su gestión.

El Banco Central del Uruguay ejercerá a su vez, por los medios que juzgue más eficaces, la vigilancia y orientación de la actividad financiera privada, fiscalizando el cumplimiento de las leyes y decretos que rijan tal actividad así como las normas generales e instrucciones particulares que dicte. Para el ejercicio de tales cometidos no le será oponible lo dispuesto en el artículo 25 de la presente ley.

Con respecto a las instituciones comprendidas en el artículo 2º de la presente ley, el Banco Central del Uruguay podrá ejercer las mismas facultades señaladas en el presente artículo y en el anterior, limitadas a la actividad de intermediación financiera, sin perjuicio de las que correspondan a los órganos constitucionales de control de su gestión financiera.

Artículo 16.- Con respecto a las empresas e instituciones comprendidas en los artículos 1º y 2º de esta ley, el Banco Central del Uruguay podrá:

a) Establecer un encaje mínimo obligatorio sobre los depósitos. El encaje sólo podrá estar constituido por la tenencia efectiva de billetes y monedas en circulación, por depósitos en el Banco Central del Uruguay y por la tenencia de metales preciosos;

b) Reglamentar las modalidades de captación de recursos;

c) Dictar normas generales e instrucciones particulares tendientes a mantener la liquidez y solvencia de las empresas, así como a limitar el riesgo que éstas pudieran asumir.

Artículo 17.- Sólo los Bancos podrán:

a) Recibir depósitos en cuenta corriente bancaria y autorizar que se gire contra ellos mediante cheques;

b) Recibir depósitos a la vista;

c) Recibir de residentes, depósitos a plazo.

El Poder Ejecutivo, con el asesoramiento del Banco Central del Uruguay, determinará las condiciones que deberán reunir los depósitos para ser considerados a la vista.

Asimismo, se faculta al Poder Ejecutivo a autorizar a recibir depósitos a la vista en moneda extranjera, de no residentes, a otras empresas comprendidas en esta ley.

Artículo 18.- Las empresas comprendidas en el artículo 1º de esta ley que realicen actividad de intermediación financiera, no podrán:

a) Realizar operaciones comerciales, industriales, agrícolas o de otra clase, ajenas a su giro;

b) Conceder préstamos con garantía de su cuota de capital, o destinados a la integración o ampliación del mismo;

c) Conceder créditos o avales a su personal superior, ya sea Directores, Síndicos, Fiscales, asesores o personas que desempeñan cargos de dirección o gerencia en las mismas, así como a empresas o a instituciones de cualquier naturaleza en las que estas personas actúen en forma rentada u honoraria, como Directores, Directivos, Síndicos, Fiscales o en cargos superiores ya sea en Dirección, Gerencia o Asesoría, sea esta situación directa o indirecta a través de personas físicas o jurídicas de cualquier naturaleza;

d) Efectuar inversiones en acciones, obligaciones y otros valores emitidos por empresas privadas. Podrán sin embargo, adquirir acciones o partes de capital de instituciones financieras radicadas en el exterior del país o de empresas que realicen las actividades previstas en el artículo 4º de esta ley, en ambos casos, con autorización del Banco Central del Uruguay.

e) Tener bienes inmuebles que no fueran necesarios para el uso justificado de la institución y sus dependencias.

Se exceptúan de las prohibiciones establecidas en los literales a), d) y e) aquellas operaciones que las empresas realicen exclusivamente y por el tiempo indispensable para la defensa o recuperación de sus créditos de acuerdo con las normas que al respecto establezca el Banco Central del Uruguay. Asimismo, se exceptúan de la prohibición establecida en el literal d) las operaciones de prefinanciamiento de emisión de obligaciones o las de acciones que impliquen su tenencia transitoria con fines de capitalización de la entidad emisora.

Artículo 19.- Todas las instituciones públicas, estatales o no estatales, deberán efectuar sus depósitos en los bancos del Estado.

El Poder Ejecutivo, por resolución fundada, podrá autorizar excepciones.

CAPITULO V

Responsabilidad y Sanciones

Artículo 20.- Las personas privadas que infrinjan las leyes y decretos que rijan la intermediación financiera o las normas generales de instrucciones particulares dictadas por el Banco Central del Uruguay, podrán ser pasibles de las siguientes medidas sin perjuicio de la denuncia penal si correspondiera:

1º) Observación;

2º) Apercibimiento;

3º) Multas de hasta el 50% (cincuenta por ciento) de la responsabilidad patrimonial neta mínima establecida para el funcionamiento de los bancos;

4º) Intervención, la que podrá ir acompañada de la sustitución total o parcial de las autoridades. Cuando la intervención vaya acompañada de la sustitución total de autoridades, implicará la caducidad de todas las comisiones o mandatos otorgados por ellas y la suspensión, durante veinte días hábiles, de todo tipo de plazo que pueda correrle a la empresa intervenida;

5º) Suspensión total o parcial de actividades con fijación expresa de plazo;

6º) Revocación de la autorización para funcionar.

Las medidas previstas en los cinco primeros numerales, serán aplicadas por el Banco Central del Uruguay.

Serán acumulables las medidas establecidas en los numerales 4º y 5º así como las demás respecto de la señalada en el numeral 3º.

La revocación de la autorización para funcionar será resuelta por el Poder Ejecutivo con informe del Banco Central del Uruguay.

Artículo 21.- Toda vez que el Banco Central del Uruguay presuma que una persona física o jurídica está ejerciendo la actividad a que se refiere el artículo 1º de esta ley, podrá exigirle la presentación dentro de diez días, de documentos y otras pruebas o informaciones a efectos de comprobar la índole de su actividad.

La omisión de poner dichos elementos de juicio a disposición del Banco Central del Uruguay en el plazo señalado constituirá presunción simple de haber realizado actividad de intermediación financiera sin autorización.

Basado en esa presunción el Banco Central del Uruguay podrá, sin perjuicio de la aplicación de las medidas establecidas en el artículo 20, ordenar por resolución fundada el cese de cualquiera de las actividades previstas en el artículo 1º llevadas acabo sin autorización. En caso de no acatarse la orden de cese, el Banco Central del Uruguay lo comunicará al Poder Ejecutivo quien podrá ordenar la clausura temporal o definitiva de las empresas en infracción.

Artículo 22.- El Banco Central del Uruguay podrá solicitar medidas de no innovar ante Juez competente, quien deberá pronunciarse dentro de las 24 horas. Serán responsables de desacato los directores, gerentes o administradores en virtud de cuyas decisiones se haya alterado la situación que se ordenó mantener incambiada

Artículo 23.- Los Representantes, Directores, Gerentes, Administradores, Mandatarios, Síndicos y Fiscales de las empresas privadas comprendidas en esta ley, que en el desempeño de sus cargos aprueben o realicen actos o incurran en omisiones que impliquen la aplicación de las sanciones previstas en los numerales 3º a 6º del artículo 20 de esta ley, podrán ser inhabilitados para ejercer dichos cargos hasta por diez años por el Banco Central del Uruguay.

La aplicación de la inhabilitación deberá resolverse previa instrucción de un sumario, que no se considerará concluido hasta tanto el imputado no haya tenido oportunidad de presentar sus descargos y articular su defensa. El acto de la aplicación de la inhabilitación que deberá ser fundado, podrá ser objeto de la jurisdicción contencioso administrativa y reparatoria.

Artículo 24.- El Banco Central del Uruguay por resolución fundada, podrá solicitar como medida cautelar ante el Juzgado competente, quien decretará de plano y sin más trámite, el embargo sobre los bienes, créditos, derechos y acciones de las empresas privadas comprendidas en esta ley, cuya estabilidad económica o financiera, estuviera afectada y sobre los de aquellas personas físicas o jurídicas que, en nombre propio o integrando el Directorio de dichas instituciones o el de otras sociedades, hubieran participado en operaciones presuntivamente dolosas que directa o indirectamente pudieran haber contribuido a provocar el desequilibrio señalado.

El Juzgado podrá disponer el levantamiento del embargo cuando considerare insuficientes los fundamentos aportados por el Banco Central del Uruguay o cuando en el plazo de sesenta días no se aportara la prueba de los hechos que le dieron mérito o cuando el embargado acredite, en cualquier momento la inexistencia de los hechos que motivaron la medida.

CAPITULO VI

Secreto Profesional

Artículo 25.- Las empresas comprendidas en los artículos 1º y 2º de esta ley no podrán facilitar noticia alguna sobre los fondos o valores que tengan en cuenta corriente, depósito o cualquier otro concepto, pertenecientes a persona física o jurídica determinada. Tampoco podrán dar a conocer informaciones confidenciales que reciban de sus clientes o sobre sus clientes. Las operaciones e informaciones referidas se encuentran amparadas por el secreto profesional y sólo pueden, ser reveladas por autorización expresa y por escrito del interesado o por resolución fundada de la Justicia Penal o de la Justicia competente si estuviera en juego una obligación alimentaria y en todos los casos, sujeto a las responsabilidades más estrictas por los perjuicios emergentes de la falta de fundamento de la solicitud.

No se admitirá otra excepción que las establecidas en esta ley.

Quienes incumplieren el deber establecido en este artículo, serán sancionados con tres meses de prisión a tres años de penitenciaría.

CAPITULO VII

Bolsas de Valores, Mercados a Término, Compañías de Seguros

Artículo 26.- El Banco Central del Uruguay podrá reglamentar y controlar la organización y el funcionamiento de los mercados a término. La organización y el funcionamiento de las bolsas de valores serán reglamentados por el Poder Ejecutivo con asesoramiento del Banco Central del Uruguay.

Artículo 27.- El Banco Central del Uruguay podrá reglamentar y controlar la actividad financiera de las empresas de seguros.

CAPITULO VIII

De las Cooperativas de Ahorro y Crédito

Artículo 28.- Las empresas comprendidas en esta ley que se organicen como sociedades cooperativas se regirán además y en lo pertinente, por lo dispuesto en los artículos 1º a 9º, inciso 1º y 14 de la ley 10.761, de 15 de agosto de 1946 no rigiendo para estas cooperativas la prohibición establecida en el artículo 11 del decreto de 5 de marzo de 1948.

Dichas sociedades gozarán del plazo de 24 meses para adecuarse a las disposiciones de esta ley.

La prohibición establecida en el literal c) del artículo 18 de esta ley no se aplicará a los socios que integren cargos de dirección, fiscalización o asesoramiento de las empresas a que se refiere este artículo.

Artículo 29.- Las cooperativas de ahorro y crédito no comprendidas en las disposiciones de esta ley, en cuanto no reciben depósitos de sus socios ni de terceros, se regirán por lo dispuesto en los artículos 1º a 9º, 10 inciso 1º y 14 de la ley 10.761, de 15 de agosto de 1946, no rigiendo para estas cooperativas, la prohibición establecida en el artículo 11 del decreto de 5 de marzo de 1948.

Artículo 30.- Las sociedades a que refiere este Capítulo mantendrán las exoneraciones tributarias vigentes para el régimen cooperativo. Podrán recibir depósitos en caja de ahorros de sus socios y no se les aplicará la restricción establecida en el literal c) del artículo 17.

CAPITULO IX

Disposiciones Transitorias

Artículo 31.- El Poder Ejecutivo podrá fijar el plazo de que dispondrán las casas bancarias en funcionamiento para adecuarse a lo establecido en el artículo 3º de esta ley o disolverse y liquidarse. Dicho plazo no podrá ser inferior a diez años a partir de la vigencia de la presente ley.

Las casas bancarias que cambien de denominación o que se disuelvan y liquiden dentro del plazo de dos años a partir de la vigencia de la presente ley, estarán exoneradas de los tributos que se generen a esos fines.

Igual exoneración gozarán las adjudicaciones de bienes que se hagan a los socios o accionistas en pago de sus haberes dentro del plazo referido en el inciso anterior.

Artículo 32.- Los recursos que integran el Fondo Especial de Garantías creado por el artículo 9º de la ley 13.330, de 30 de abril de 1965, serán vertidos en la cuenta Tesoro Nacional.

Artículo 33.- Las empresas comprendidas en el artículo 1º autorizadas a funcionar con anterioridad a la fecha de promulgación de esta ley, deberán regularizar las situaciones existentes que colidan con la prohibición establecida en el literal c) del artículo 18 antes del 31 de diciembre de 1982. Dichos créditos, o avales deberán ser convertidos a dólares americanos a la cotización cambiaria establecida por el Banco Central del Uruguay al 27 de agosto de 1982, generando la tasa media de interés del mercado de operaciones corrientes del crédito bancario vigente a dicha fecha.

CAPITULO X

Derogaciones

Artículo 34.- Deróganse las siguientes leyes: 9.756, de 10 de enero de 1938; 10.421, de 16 de abril de 1943; 11.885, de 2 de diciembre de 1952; 12.373, de 15 de enero de 1957; 13.330, de 30 de abril de 1965; artículo 37 de la ley 13.608, de 8 de setiembre de 1967; artículo 82 de la ley 13.728, de 17 de diciembre de 1968, 13.988, de 19 de julio de 1971 (salvo el inciso tercero de su artículo 2º en la redacción dada por el artículo 1º de la ley 14.919, de 15 de agosto de 1979 y el artículo 6º, siempre que las cooperativas se organicen de acuerdo con lo dispuesto por las leyes 13.988 o 10.761, de 15 de agosto de 1946); inciso segundo del literal E) del artículo 68 de la ley 14.306, de 29 de noviembre de 1974 (Código Tributario); y 15.207, de 6 de noviembre de 1981.

Artículo 35.- Comuníquese, etc.

Montevideo, 17 de setiembre de 1982.


LEY 16327  

Banco Central del Uruguay sustitúyense disposiciones del Decreto Ley 15.322, referente a normas relativas al sistema de intermediación financiera

 

Artículo 1. Sustitúyese el último inciso del artículo 3º del decreto-ley nº 15.322, de 17 de setiembre de 1982, por el siguiente:

 

"El Banco Central del Uruguay podrá disponer la clausura temporal de las empresas en infracción o su clausura definitiva, previa autorización del Poder Ejecutivo".

 

Artículo 2. Sustitúyense los artículos 6º, , 16 en su literal c), 20 y 23 del decreto-ley nº 15.322, de 17 de setiembre de 1982, por los que se relacionan seguidamente y el 17 del mencionado decreto-ley, por los textos de los artículos 17 y 17 bis que se detallan:

 

"ARTICULO 6. Las empresas comprendidas en el artículo 1º requerirán para funcionar autorización previa del Poder Ejecutivo, el que deberá resolver con la opinión favorable del Banco Central del Uruguay. Deberán contar, asimismo, para poder instalarse, con habilitación otorgada por el Banco Central del Uruguay. Para dicha autorización así como para la citada habilitación se tendrán en cuenta razones de legalidad, de oportunidad y de conveniencia. Los actos deberán ser fundados, apreciando especialmente la solvencia, rectitud y aptitud de la empresa solicitante.

 

  Para la apertura de sucursales de las entidades de intermediación financiera ya autorizadas deberá recabarse exclusivamente la autorización previa del Banco Central del Uruguay. Si este no se pronunciara sobre el particular en un plazo de noventa días, se tendrá por concedida tal autorización".

 

"ARTICULO 9º. Las fusiones, absorciones y toda transformación de las empresas comprendidas en el artículo 1º, requerirán autorización previa del Poder Ejecutivo al mero efecto de la prosecución de actividades   o confirmación del giro. Deberá recabarse, asimismo, respecto de tales actos, el consentimiento previo y expreso del Banco Central del Uruguay".

 

"ARTICULO 16.

 

c)

Dictar normas generales e instrucciones particulares tendientes a mantener la liquidez y solvencia de las empresas así como a limitar el riesgo que éstas pudieran asumir fijándoles los topes correspondientes y exigir a dichas empresas la presentación de un plan de adecuación, entre otros, en los siguientes casos:

 

 

1º)

Cuando se registraren deficiencias en los encajes bancarios durante los períodos y condiciones que determine el Banco Central del Uruguay.

 

 

2º)

Cuando se incurriere en reiterados incumplimientos a los límites o relaciones técnicas establecidas.

 

 

3º)

Cuando no se mantuviere la responsabilidad patrimonial mínima exigida para su clase, ubicación o características determinadas. El Banco Central del Uruguay podrá exigirles la presentación de un plan de saneamiento inmediatamente de detectarse, a juicio del citado ente público, que el patrimonio de tales empresas es inferior en un 25% (veinticinco por ciento) con relación a su responsabilidad patrimonial mínima, dando cuenta al Poder Ejecutivo".

 

"ARTICULO 17. Los Bancos deben organizarse bajo forma de sociedades anónimas, excepto que sean sucursal de una sociedad extranjera. Las cooperativas de intermediación financiera podrán ser autorizadas a transformarse en Bancos cooperativos, en cuyo caso se les aplicará las mismas disposiciones de carácter fiscal bancocentralistas que a los demás Bancos.

 

En materia de aportes a la seguridad social los Bancos cooperativos optarán por continuar con el régimen que se le aplica a las cooperativas de ahorro y crédito o pasar al correspondiente a los restantes Bancos".

 

"ARTICULO 17 bis. Sólo los Bancos y las cooperativas de intermediación financiera podrán:

 

A)

Recibir depósitos en cuenta corriente bancaria y autorizar que se gire contra ellos mediante cheques.

 

B)

Recibir depósitos a la vista.

 

C)

Recibir de residentes depósitos a plazo.

 

D)

Las cooperativas podrán asociarse con instituciones de similar naturaleza pertenecientes a los países signatarios del Tratado de Asunción, en los términos de la reglamentación que dicte el Banco Central del Uruguay".

 

"ARTICULO 20. Las personas privadas que infrinjan las leyes y decretos que rijan la intermediación financiera o las normas generales e instrucciones particulares dictadas por el Banco Central del Uruguay serán pasibles, sin perjuicio de la denuncia penal si correspondiera, de las siguientes medidas:

 

1º)

Observación.

 

2º)

Apercibimiento.

 

3º)

Multas de hasta el 50% (cincuenta por ciento), de la responsabilidad patrimonial neta mínima establecida para el funcionamiento de los Bancos.

 

4º)

Intervención, la que podrá ir acompañada de la sustitución total o parcial de las autoridades. Cuando la intervención vaya acompañada de la sustitución total de autoridades, implicará la caducidad de todas las comisiones o mandatos otorgados por ellas y la suspensión, durante veinte días hábiles, de todo tipo de plazo que pueda correrle a la empresa intervenida.

 

5º)

Suspensión total o parcial de actividades con fijación expresa de plazo.

 

6º)

Revocación temporal o definitiva de la habilitación de las empresas financieras.

 

7º)

Revocación de la autorización para funcionar.

 

Las medidas previstas en los numerales 1º) a 6º) serán aplicadas por el Banco Central del Uruguay.

 

Las medidas establecidas en los numerales 4º) y 5º) así como las demás respecto de la señalada en el numeral 3º) serán acumulables.

 

La revocación de la autorización para funcionar será resuelta por el Poder Ejecutivo y deberá contar además en forma concurrente con expreso consentimiento en tal sentido del Banco Central del Uruguay. Ello sin perjuicio de la facultad de este último órgano público de proponer dicha revocación al Poder Ejecutivo por razones de legalidad o de interés público.

 

En todo momento el Banco Central del Uruguay mantendrá las facultades respecto de las instituciones públicas de:

 

A)

Realizar inspecciones periódicas a efectos de relevar la situación financiera de la institución oficial.

 

B)

Elevar al Poder Ejecutivo, en lo pertinente, los respectivos antecedentes e informaciones con relación a la o a las conductas infractoras a efectos que dicho Poder se sirva adoptar, de así estimarlo pertinente, las medidas de control ajustadas a derecho que pudieran corresponder, de conformidad con los artículos 197 y 198 de la Constitución de la República".

 

"ARTICULO 23. Los representantes, directores, gerentes, administradores, mandatarios, síndicos y fiscales de las empresas privadas comprendidas en la presente ley, que en el desempeño de sus cargos aprueben o realicen actos o incurran en omisiones que puedan implicar o impliquen la aplicación de las sanciones previstas en los numerales 3º) a 7º) del artículo 20 de la presente ley podrán ser pasibles de multas entre UR 100 (cien unidades reajustables) y UR 10.000 (diez mil unidades reajustables) inhabilitados para ejercer dichos cargos, hasta por diez años, por el Banco Central del Uruguay.

 

También podrán ser inhabilitados para el ejercicio de dichos cargos los concursados comerciales y civiles, los inhabilitados para ejercer cargos públicos, los deudores morosos de empresas de intermediación financiera y los inhabilitados para ser titulares de cuentas corrientes.

 

La aplicación de la inhabilitación deberá resolverse previa instrucción de un sumario, que no se considerará concluido hasta tanto el imputado haya tenido oportunidad de presentar sus descargos y articular su defensa.

 

La aplicación de la multa deberá resolverse previa vista de las respectivas actuaciones al interesado por diez días hábiles".

Artículo 3º. Agrégase al artículo 15 del decreto-ley nº 15.322, de 17 de setiembre de 1982, el siguiente inciso:

 

"Para el cumplimiento de todos los cometidos que las disposiciones legales y reglamentarias confieren al Banco Central del Uruguay, este:

 

A)

Dispondrá de amplias facultades inspectivas y de fiscalización e investigación.

 

B)

Sus funcionarios tendrán, debidamente autorizados al efecto, iguales facultades, en lo pertinente, que los de la Dirección General Impositiva, pudiendo especialmente ejercer las prerrogativas y facultades establecidas en el artículo 53 de la Ley nº 12.804, de 30 de noviembre de 1960, en la redacción dada por el artículo 1º de la ley nº 13.032, de 7 de diciembre de 1961".

 

Artículo 4º. Agréganse al decreto-ley nº 15.322, de 17 de setiembre de 1982, los siguiente Capítulos:

 

"CAPITULO XI

 

Situación de crisis en las instituciones financieras

 

Medidas preventivas y liquidación administrativa

 

ARTICULO 35. Será, además, función del Banco Central del Uruguay la adopción de medidas preventivas que pueden llegar a la intervención o a la inmediata suspensión de actividades de las instituciones comprendidas en el artículo 1º de la presente ley, informando a la brevedad al Poder Ejecutivo. Para las actuaciones de esta índole podrá solicitar el auxilio de la fuerza pública, si ello fuere necesario.

 

ARTICULO 36. El Banco actuará como prestamista de última instancia respecto de las instituciones de intermediación financiera y, en tal carácter, en los términos y condiciones que el Directorio determine, podrá comprar, vender, descontar y redescontar a las instituciones de intermediación financiera:

 

A)

Letras de cambio, vales y pagarés girados o ejecutados con fines comerciales, industriales o agrícolas, que lleven dos o más firmas autorizadas, de las cuales por lo menos una sea la de una institución de intermediación financiera y que venzan dentro de los ciento ochenta días siguientes a la fecha de su adquisición por el Banco.

 

B)

Letras de Tesorería u otros valores emitidos o garantizados por el Gobierno, que formen parte de una emisión pública y que venzan dentro de los trescientos sesenta y cinco días siguientes a la fecha de su adquisición por el Banco.

 

C)

Valores emitidos por el Banco Central del Uruguay.

 

ARTICULO 37. Asimismo, y en igual carácter, el Banco podrá en las condiciones que en cada caso determine el Directorio, conceder adelantos a las instituciones de intermediación financiera, por plazos no superiores a los noventa días, siempre que ellos sean adecuadamente garantizados por:

 

A)

Algunos de los instrumentos previstos en el artículo anterior.

 

B)

Cualquier otro valor emitido o garantizado por el Poder Ejecutivo y que forme parte de una emisión pública.

 

C)

Certificados de depósitos y documentos de título emitidos con respecto a productos básicos y otros bienes debidamente asegurados.

 

D)

Tenencias de los activos que el Banco pueda legítimamente comprar, vender o negociar.

 

E)

En casos excepcionales, el Banco podrá, asimismo, realizar tales adelantos con garantías reales distintas a las previstas en este artículo o con garantía personales. La resolución respectiva deberá contar con el voto conforme de la unanimidad de los miembros del Directorio del Banco.

 

ARTICULO 38. Las operaciones previstas en el literal A) el artículo 36 y en los literales A) y E) del artículo 37 de la presente ley, en su conjunto, no podrán superar un monto equivalente al 100%(cien por ciento) de la responsabilidad patrimonial neta de la institución asistida.

 

ARTICULO 39. En caso que una institución de intermediación financiera hubiese sido destinataria de la asistencia prevista en los artículos 36 y 37 de la presente ley y solicitare prórroga del crédito recibido, por encima de los plazos pactados originariamente, deberá presentar ante el Banco un plan de recuperación y el Directorio podrá acceder a la prórroga gestionada, requiriéndose para ello el voto conforme de todos sus miembros. 

 

ARTICULO 40. En caso que la empresa intervenida haya recuperado su solvencia, el Banco Central del Uruguay estará facultado a reincorporarla a sus titulares, pudiendo exigir las cautelas y garantías que estime necesarias en cada caso.

 

  Al operarse la citada reincorporación a los titulares, el Banco Central del Uruguay verificará efectivamente la previa recuperación de todos los préstamos y adelantos que hubiera realizado y de los costos incurridos en el proceso de la intervención.

 

  Cuando la intervención haya sido declarada por el mal desempeño de las funciones de los Directores, si se procediera a la venta de la entidad intervenida no podrán ser adquirentes las personas integrantes o representantes del grupo accionario mayoritario que hubiera participado de la administración o dirección de la entidad intervenida, así como las entidades formales o integradas, total o parcialmente por tales personas o por las sociedades controladoras, controladas o vinculadas con ellas.

 

ARTICULO 41. El Banco Central del Uruguay será liquidador, en sede administrativa, de las empresas integrantes del sistema de intermediación financiera y de sus respectivas colaterales. A tales efectos, determinará las empresas que se consideran colaterales.

 

  La disolución de las sociedades y el consiguiente estado de liquidación serán declarados por el Banco, en los casos en que proceda conforme a la ley, rigiendo en cuanto a los procedimientos de liquidación los principios generales y preceptos de la legislación vigente en materia de liquidación de sociedades, en todo aquello que no se oponga a la presente ley.

 

  El Banco Central del Uruguay dispondrá de los más amplios poderes de administración y disposición, sin limitaciones de especie alguna, sobre los bienes, acciones, derechos y obligaciones de las sociedades o empresas comprendidas en la liquidación, a cuyo efecto podrá levantar los embargos e interdicciones trabados. Le compete, igualmente, la verificación de créditos, la definición de masa solvente e insolvente, la conversión de obligaciones en moneda nacional o extranjera o en unidades reajustables, la determinación del orden de preferencia en los pagos, el prorrateo de los fondos y demás competencias que sean necesarias para el logro de sus fines.

 

  Las resoluciones del Banco Central del Uruguay dictadas en su carácter de liquidador serán apelables en la forma prevista en el artículo 480 de la Ley Nº 13.892, de 19 de octubre de 1970.

 

  Las resoluciones del Banco Central del Uruguay por las cuales se liquiden créditos de las empresas en liquidación contra terceros, consentidas por el deudor o confirmadas en la forma prevista en el inciso anterior, constituirán título ejecutivo.

 

ARTICULO 42. El Estado no es responsable por cualquier incumplimiento en que puedan incurrir las instituciones financieras no estatales. Estas deberán advertir a sus clientes de tal circunstancia en los términos que reglamentará el Banco Central del Uruguay.

 

CAPITULO XII

 

De las sociedades anónimas que desarrollen actividades de intermediación financiera

 

ARTICULO 43. Las sociedades anónimas que desarrollen actividades de intermediación financiera deberán consagrar preceptivamente en sus estatutos que sus acciones serán obligatoriamente nominativas.

 

ARTICULO 44.- Dentro del término que fije la reglamentación, dichas sociedades deberán tener aprobadas por el Poder Ejecutivo las modificaciones estatutarias necesarias para dar cumplimiento con lo establecido en la presente norma. A tal efecto, estarán exoneradas del pago de todo tributo que se devengue por dichos actos.

 

ARTICULO 45. Las sociedades anónimas a que refiere el artículo anterior deberán asimismo:

 

A)

Declarar ante el Banco Central del Uruguay a quién pertenecen sus acciones a los efectos que el mismo lleve un registro actualizados de tale declaraciones. En el caso de los representantes de las entidades financieras constituidas en el extranjero, sean o no sociedades anónimas, deberán registrarse ante el Banco Central del Uruguay en las condiciones que establezca la reglamentación.

 

B)

Solicitar al Banco Central del Uruguay autorización previa para transferir acciones precisando en tal solicitud la identidad del nuevo titular.

 

C)

Obtener la autorización del Banco Central del Uruguay previamente a toda transferencia de acciones so pena de nulidad.

 

ARTICULO 46. Tanto el registro en el Banco Central del Uruguay como las actuaciones antes referidas tendrán carácter reservado. Al considerar las solicitudes, las resoluciones del Banco tendrán por fundamento razones de legalidad, de oportunidad y de conveniencia.

 

CAPITULO XIII

 

ARTICULO 47. Las entidades a que refiere el artículo 17 del decreto-ley nº 15.322, de 17 de setiembre de 1982, en la redacción dada por el artículo 2º de la presente ley, que lo soliciten, quedan autorizadas a poseer acciones de Bancos de inversión".

 

Artículo 5º. Derógase el párrafo final del artículo 30 del decreto-ley nº 15.322, de 17 de setiembre de 1982, así como todas las normas que se opongan a la presente ley.

 

    Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores, en Montevideo, a 3 de noviembre de 1992.

 

 

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