Septiembre 25 de 2002
En el caso de los medicamentos genéricos Uribe Vélez cedió a las exigencias de Estados Unidos
Con la expedición por parte de Álvaro Uribe Vélez del decreto 2085,
el cual le prohibirá a la industria farmacéutica nacional la producción de nuevos
medicamentos genéricos, hasta por cinco años, el gobierno, como era previsible, se
sometió a los intereses de las multinacionales, que a través del gobierno de los Estados
Unidos venían presionando para que se impusiera esa decisión antinacional, bajo el
sofisma de la protección de los derechos de propiedad intelectual.
Indigna aún más el apresuramiento mostrado en producir el decreto,
para usarlo como carta de presentación en la visita a Washington, que advirtió
perentoriamente que las "ventajas" que Colombia obtendría con la Ley de
Preferencias Arancelarias Andinas, Atpa, estarían en entredicho si no se tomaba esa
determinación. En síntesis, Uribe concedió mansamente una prerrogativa que afectará la
salud de la población y golpeará la industria farmacéutica nacional, a cambio de unos
beneficios comerciales dudosos, que principalmente benefician a las propias compañías
norteamericanas que son las que hacen la mayor parte de las exportaciones del país.
Las graves consecuencias de esta decisión son incalculables en el
mediano y largo plazo. Pero baste decir que los medicamentos "de marca" son más
costosos que los genéricos entre 60% y 80%; que las entidades de salud pública deberán
asumir costos anuales de cientos de miles de millones de pesos más, y que las condiciones
de competencia de la industria nacional con las trasnacionales se complicarán aún más.
Resultan falaces todos los argumentos utilizados para defender la
decisión oficial. En primer lugar, el de que los famosos derechos de propiedad
intelectual estimulan las iniciativas que conducen al desarrollo, cuando se sabe que uno
de los baluartes del progreso de los países industriales fue, durante todo el siglo XIX y
parte del XX, su explícita negativa a aceptarlos, y cuando los avances científicos deben
ponerse al servicio de la solución de las carencias de la humanidad y no en provecho de
los magnates del mundo. Pero también los hechos han demostrado que no era cierto, como se
dijo a comienzos de la década pasada, que si Colombia se allanaba a la introducción de
patentes, como en efecto se hizo, se dispararía la inversión extranjera en el sector. Lo
que sucedió fue que las factorías extranjeras de drogas pasaron de 31 a 11, y el
promedio de su inversión anual que entre 1994 y 1998 fue de 70 millones de dólares,
bajó, entre 1999 y 2000, a 37 millones. Además, sus importaciones superaron los US$ 420
millones.
La decisión gubernamental también confirmó los temores expresados por
empresarios nacionales del sector, que advirtieron oportunamente sobre los "tremendos
costos económicos y sociales" que ocasionaría, y quienes también han denunciando
que el gobierno ha permitido que en las reuniones en las que se define la posición
colombiana frente al Área de Libre Comercio de las Américas (Alca) participen
masivamente los abogados de las trasnacionales que operan en el país.
Lo que sigue, entonces, es preparar la resistencia civil de la mayoría de los colombianos, para que ni las medidas contra la producción de medicamentos genéricos, ni la grave amenaza del ALCA logren concretarse.
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