La fortuna, las maniobras y los litigios de la familia Labastida
Agustín Ambriz
 
Los Mochis, Sin.- Hace apenas un sexenio, parecía que los negocios de Francisco Eduardo y Juan Enrique Labastida Ochoa iban en picada... Pero la mala racha terminó con el reacomodo de su hermano, Francisco Buenaventura Labastida Ochoa, en el gobierno federal.Hoy, los hermanos mayor y menor del candidato del PRI a la Presidencia de la República —quienes se hallan a la cabeza de uno de los grupos empresariales más poderosos del noroeste del país— tienen gran influencia en la entidad.

El origen y el monto de los bienes de Francisco Buenaventura Labastida Ochoa y su familia se convirtió en tema de interés nacional a partir de noviembre pasado, cuando Roberto Madrazo Pintado —en disputa por la candidatura a la Presidencia del PRI— aseguró que el caudal del precandidato era mucho mayor que lo reportado por éste en su declaración patrimonial.

Y en marzo pasado, el escándalo brincó al hermano menor de los Labastida, Juan Enrique, quien figuró en una lista de beneficiados por el rescate bancario con un crédito de 8 millones de dólares que, en 1995, Banrural le otorgó "en forma irregular" para un proyecto acuícola. Aunque esta versión fue desmentida por los Labastida Ochoa, la investigación sobre el asunto aún está en manos de la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda de la Cámara de Diputados.

Ante la proximidad del debate entre los aspirantes a la Presidencia de la República, el tema se le ha aparecido inevitablemente a Francisco Buenaventura Labastida durante sus actos proselitistas por el país, y el sinaloense siempre sale a la defensa de su familia con respuestas que incluyen su eslogan de campaña: Que el poder sirva a la gente.

"El poder es para servir a la gente, no para que unos cuantos políticos se sirvan de él. Ahí está mi historia personal. A mí nadie me dice en Sinaloa que yo me beneficie del poder, ni cosa por el estilo. No tengo hermanos incómodos. Mi familia sigue viviendo en el estado. Nadie dice que hicimos algún negocio o cosa por el estilo", respondió al ser interrogado sobre el particular en Cajeme, Sonora, el pasado viernes 14.

Por su parte, Francisco Eduardo y Juan Enrique han rechazado en diversas ocasiones la versión difundida sobre el crédito de 8 millones de dólares para la empresa Camarón 77, presuntamente propiedad del segundo. La acusación partió de una denuncia de hechos presentada por Jorge Octavio Navarrete Peralta, excontralor interno de Banrural Pacífico Norte a quien le constaron los hechos (Proceso 1220).

Según Navarrete Peralta, Banrural otorgaba financiamiento a empresas fantasma e inoperantes, que dejaban en garantía propiedades sobrevaluadas con el fin de que, posteriormente, se iniciaran juicios mercantiles por incumplimiento en el pago de los créditos. La ventaja de este mecanismo consiste en que los propios deudores pueden recuperar sus propiedades después de salir a remate a un valor muy por debajo de los créditos otorgados.

De visita en la Ciudad de México, el lunes 6 de marzo, Francisco Eduardo salió al paso de las acusaciones contra su hermano menor. Luego de anunciar que recolectará, por todo el país, 3 millones de votos para Francisco Buenaventura, a través de la asociación Jóvenes, Empresarios y Profesionistas con Labastida (Jepul) —en la que participan los hijos de empresarios de Los Mochis—, El Güero soltó con sorna:

—Conozco a Enrique desde que lo parieron y sé que no tiene ni en qué caerse muerto.

Y en carta dirigida a este semanario, Juan Enrique negó conocer la empresa Camarón 77 y, por consiguiente, ser socio de la misma. En entrevistas concedidas a los medios locales, el menor de los Labastida fue más explícito y rechazó estar relacionado con negocios acuícolas. Aseguró ser campesino y propietario únicamente de la empresa Campo La Ilusión, S.A. de C.V., dedicada sólo al ramo de las semillas.

—Me están metiendo en pinches honduras. En este momento no tengo ningún negocio de este tipo —declaró en entrevista al diario El Noroeste.

Las maniobras

Pero los hechos y datos oficiales desmienten a Juan Enrique Labastida Ochoa. Desde 1994, obtuvo de la Secretaría de Pesca (a cargo entonces de Guillermo Jiménez Morales) una concesión para iniciar un proyecto de cultivo extensivo y comercialización de callo de hacha, ostión de mangle y almeja catarina en el estero de Jito —con superficie de 39.8 hectáreas— en la Bahía de Navachiste, municipio de Ahome, Sinaloa.

La concesión fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 8 de marzo de 1994 y en ella se establece que el "concesionario es una persona física dedicada a la actividad pesquera". De acuerdo con las cláusulas, la concesión es por 20 años (hasta el 2014) y el concesionario quedó obligado a realizar inmediatamente una inversión por 526 mil pesos.
 
No es todo. En actos notariales inscritos en el Registro Público de la Propiedad de Los Mochis consta que, a través de empresas inoperantes, Juan Enrique solicitó y obtuvo créditos bancarios que después no pudo pagar. Como consecuencia, entre 1994 y 1995, al menos media docena de veces Juan Enrique fue demandado en juicios mercantiles que concluyeron colocando en remate sus bienes ofrecidos en garantía, que posteriormente recuperó a un precio mucho menor.

El acreedor en estos juicios fue el Banco Nacional de México, que reclamaba la recuperación de un financiamiento de 1 millón 604 mil 279 pesos a favor de la empresa Productora Alimenticia de Los Mochis UCA Corerepe, propiedad de Juan Enrique y su esposa, Gloria Patricia Blake de Labastida. Los asuntos se ventilaron en los expedientes 700/94, 701/94, 702/94, 703/94 y 704/94, acumulados en el 510/93-2 del Juzgado Tercero Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito de Ahome.

Ante la manifiesta imposibilidad de pago de Productora Alimenticia de Los Mochis, en abril de 1997 el juzgado lanzó a remate los siete inmuebles que los Labastida Blake dejaron como garantía del crédito. En respuesta, Juan Enrique solicitó amparo ante la justicia federal, de mayor jerarquía, alegando que previamente había negociado una salida favorable con el banco acreedor.
Sin embargo, el juzgado federal confirmó la sentencia del juez del Fuero Común y nuevamente Juan Enrique solicitó la revisión, ahora ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El asunto se ventiló en la Segunda Sala del máximo tribunal, bajo el expediente 3219/97, que tocó estudiar al ministro Mariano Azuela Güitrón.

Juan Enrique pretendía que la Corte declarara inconstitucional el artículo 72 del Código de Procedimientos Civiles para el estado de Sinaloa, que sirvió de apoyo al juez de Primera Instancia para lanzar a remate los bienes ofrecidos en garantía. En octubre de 1998, por unanimidad de votos, los ministros de la Segunda Sala resolvieron negar el amparo y la protección de la justicia al hermano menor de los Labastida. Sin embargo, la solicitud de Juan Enrique consiguió prolongar el proceso.
Operación "irregular"

La empresa Productora Alimenticia de Los Mochis, S.A. de C.V., fue creada en enero de 1990 mediante la escritura pública 5664 ante el Notario Público 63 del municipio de Ahome. Además del matrimonio Labastida Blake, figuran como socios minoritarios: Jesús Alfonso Peñuñuri López, Arcelia Aguilar Elenes y Cruz Delia López León. El capital social de inicio fue de 50 millones de pesos, de entonces.

Entre los objetos de la empresa están: la elaboración, comercialización y exportación de toda clase de alimentos para consumo humano y animal; la elaboración de toda clase de contratos mercantiles y civiles que permitan la comercialización por cuenta propia o ajena de los productos que se fabriquen o expendan y la celebración de contratos para el desenvolvimiento del objeto social de la empresa.

La empresa estuvo operando de manera irregular, y de ello da cuenta el Acta de la Asamblea General de Accionistas de la empresa, del 31 de marzo de 1996, en la que los accionistas reconocen que la empresa quedó fuera de actividad durante 1995.
 
Se informa que la Sociedad estuvo sin operación alguna en este ejercicio y en suspensión de operaciones para efectos fiscales, por lo que no se consigna ningún informe detallado.

Oficialmente no se sabe en qué terminó el juicio entre la empresa de los Labastida Blake y Banamex —cuyo accionista mayoritario, Roberto Hernández, es amigo del candidato presidencial, al que ha acompañado en algunos de sus actos proselitistas—, porque la Corte ordenó al Primer Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Distrito, con residencia en Mazatlán, Sinaloa, finiquitar las posibles "cuestiones de legalidad" surgidas durante el proceso.

Pero en septiembre de 1999 —un año después del fallo de la Segunda Sala—, los mismos bienes en riesgo de remate fueron ofrecidos nuevamente por Juan Enrique como garantía parcial, para adquirir un nuevo crédito, por 3 millones 615 mil pesos, con Banrural para, supuestamente, sembrar 450 hectáreas de maíz y 250 hectáreas de trigo.

Se trata de cuatro inmuebles ubicados en el predio Boroabampo, del municipio de Ahome, con superficie de 30 hectáreas cada uno, que están a nombre de Josefina Nafarrete Ceceña, Elodia Nafarrete Ceceña, Bertha Gastélum viuda de Félix y Jaime Mario Labastida Ochoa —el hermano poeta—, a quienes Juan Enrique representa legalmente desde hace, por lo menos, 30 años. En 1997, estos bienes salieron a remate por un monto total de 1.2 millones de pesos (300 mil pesos cada inmueble), pero en el nuevo crédito su valor se tasó en 3.6 millones de pesos (900 mil pesos cada uno).

La solicitud del nuevo crédito se hizo ahora a través de la empresa Campo la Ilusión Sociedad de Producción Rural de Responsabilidad Limitada (S.P.R. de R.L.), y la intermediaria fue la Unión de Crédito Agrícola Corerepe, y el presidente del Consejo de Administración, desde 1996, es el propio Juan Enrique. El dinero se entregó en tres ministraciones diferidas: octubre de 1999, enero y abril de 2000.

Campo La Ilusión fue constituida el 22 de julio de 1996 por escritura pública 84 del Notario Público 165 de Los Mochis. Como socios únicos figuraron Juan Enrique Labastida Ochoa y sus hijos Guillermo Eduardo y Juan Enrique Labastida Blake. El capital social fue de 100 mil pesos, 50% del cual es controlado por el padre de la familia.

Y entre los objetos de la empresa se relacionan: la organización para la explotación y administración de los recursos agropecuarios, avícolas o ganaderos; la integración de los recursos humanos, naturales, técnicos y financieros para el establecimiento de industrias, aprovechamientos, sistemas de comercialización u otras actividades económicas relacionadas con el ramo; emisión de bonos y obligaciones con o sin garantía hipotecaria de los bienes de la sociedad; dar y tomar dinero en préstamo, constituir garantía de cualquier clase, incluyendo las reales, negociar con créditos activos, contratar empréstitos y, en general, celebrar contratos, ejecutar actos, emitir y suscribir documentos, incluyendo títulos de crédito; constituirse como avalista, fiador o tercer garante en créditos otorgados a terceros y efectuar cuantas acciones sean permitidas por las leyes respectivas.

Después de que sus finanzas cayeron en números rojos y de serias amenazas que anunciaban su inminente desaparición, la Unión de Crédito Agrícola Corerepe —fundada en 1957— ha logrado salir a flote desde hace cuatro años, tiempo en el que Juan Enrique ha ocupado la presidencia del Consejo de Administración.

De acuerdo con actas de la Asamblea General de los socios, en 1996 el capital social de la Unión era de 5 millones de pesos; en 1997 ascendió a 8 millones, y en 1998 ya eran 12 millones de pesos.
¡Papas!

En Los Mochis, a Juan Enrique se le conoce con el mote de El Prematuro, en alusión a su temprana incursión en los negocios y a las hectáreas que heredó desde "antes de nacer". Nació el 20 de octubre de 1944 y se tituló de ingeniero agrónomo zootecnista en 1966 en la Universidad de Sonora.

Durante este sexenio ha dirigido el Comité Estatal de los Paperos; luego ocupó la presidencia de Industrias Corerepe y Molinos Mochis, y actualmente es tesorero de la Asociación de Agricultores del Río Fuerte Sur.

Sin embargo, la vocación empresarial le fue transmitida por su hermano mayor, Francisco Eduardo, El Güero, quien en 1957 —con apenas 21 años de edad y recién titulado como ingeniero agrónomo en el Tecnológico de California, en Los Ángeles— constituyó el Grupo Labastida, que fue el tronco común de la ramificación de empresas que hoy controlan ambos hermanos.
 
Con 64 y 56 años de edad, respectivamente, Francisco Eduardo y Juan Enrique figuran como propietarios y accionistas mayoritarios de las empresas Grupo Labastida, Empaques Lima, Productora Alimenticia de Los Mochis, Industrias Corerepe, Molinos Mochis, Campo la Ilusión, Granos El Porvenir y la Unión de Crédito Agrícola Corerepe.

Se calcula que el conjunto de sus empresas particulares abarcan casi mil 200 hectáreas de cultivo y seis más de instalaciones industriales, donde se emplea a alrededor de 3 mil trabajadores. Rumbo a Estados Unidos, diariamente salen tráileres del Grupo Labastida cargados con 550 toneladas de verduras empacadas y etiquetadas con la leyenda: Güero, vegetales, grown in Mexico.

A través de Empaques Lima, por ejemplo, los Labastida producen, empacan, comercializan y exportan, en promedido, 2 mil 500 toneladas anuales de calabaza kabocha, a Japón; 4 mil toneladas de calabaza italiana, a Estados Unidos, y 12 mil toneladas de chiles jalapeños son destinadas al mercado nacional. Lo mismo ocurre en el ramo ganadero, en el que sus granjas porcinas sacrifican anualmente 24 mil cerdos para el consumo interno.
El Porvenir
En enero de 1997, El Güero solicitó y obtuvo un permiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores para constituir —en sociedad con su hijo Francisco Eduardo Labastida Blake— la empresa Granos El Porvenir, S.A de C.V., que comercializa, exporta e importa toda clase de granos, cereales y productos agrícolas o acuícolas perecederos, e incursiona en el negocio de la adquisición de aeronaves para su renta o explotación, como taxis y ambulancias aéreas. El capital social de esta empresa fue de 50 mil pesos.

Francisco Eduardo, El Güero, es amante del boxeo, el palenque y las carreras de caballos, en las que, desde luego, apuesta. Desde hace más de una década ha combinado los negocios con la política y ha dado muestras de su influencia en Sinaloa.
Durante la pasada elección para gobernador de Sinaloa, a finales de 1998, Francico Eduardo apoyó en las elecciones internas del PRI a su amigo Lauro Díaz Castro. No logró encumbrarlo, pero inesperadamente fue invitado por el candidato triunfador, Juan S. Millán, actual gobernador, para dirigir el comité de financiamiento de su campaña, tarea en la que El Güero dejó sentir su influjo entre los agricultores.

Eduardo ocupa, por segunda ocasión en los últimos nueve años, el cargo de director de la Comisión Municipal de Desarrollo de Centros Poblados, dependencia encargada de la urbanización del municipio de Ahome. La primera vez que desempeñó el cargo, levantó muchas críticas por parte de constructores locales, que se quejaron de irregularidades en la licitación de las obras.

El 7 de febrero de 1999, El Güero ocupó un espacio en la nota roja de los periódicos locales. Un día antes, en plena vía pública, sus escoltas de seguridad mataron a dos individuos que presuntamente pretendían secuestrar al primogénito de la familia Labastida Ochoa. El escándalo se desató al quedar de manifiesto que los elementos de seguridad pertenecían a la Secretaría de Protección Ciudadana del gobierno de Sinaloa.
Eduardo respondió, entonces, a la prensa:

—Mi cuerpo de seguridad es del gobierno de Sinaloa, pero sus sueldos los pago yo.

El gran poder de los Labastida se dejó sentir hace dos años con la incursión en el mercado nacional de la transnacional de botanas Pringles, que de pronto comenzó a conquistar el paladar de los mexicanos a pesar de que, afirman, el producto está hecho con harina del tubérculo y no con auténticas rebanadas de papa. Aunque el caso fue perdido, El Güero, productor y distribuidor de papa a las empresas nacionales de frituras, encabezó una vasta campaña publicitaria en televisión, radio y prensa que fue financiada por la Confederación Nacional de Productores de Papa de la República Mexicana, organización de la que él es miembro distinguido.

La herencia

En 1989, los hermanos Francisco Eduardo, Jaime Mario, Francisco Buenaventura, Juan Enrique, Blanca Guadalupe y Gloria Luz Labastida Ochoa recibieron de sus padres, José Eduardo Labastida Kofahl y Gloria Ochoa de Labastida, una herencia de 14 inmuebles, entre fincas, departamentos y negocios ubicados en los estados de Sinaloa, Jalisco y el Distrito Federal.

El acto protocolario quedó inscrito en el Registro Público de la Propiedad de Los Mochis en la escritura pública 6016 del Notario Público 26 en el estado y sólo estuvieron presentes Francisco Eduardo, como albacea, y Juan Enrique, en calidad de representante legal del resto de la familia. El patrimonio fue valuado en mil 500 millones de pesos, de entonces.

De acuerdo con el documento, por voluntad del doctor Eduardo Labastida Kofahl, la mayor parte de estos inmuebles se dejó en propiedad de Francisco Eduardo, quien desde 1972 fue nombrado albacea. Algunos de estos bienes han sido ofrecidos por Juan Enrique en garantía de crédito.

De los mil 500 millones de pesos en que se valuaron los bienes de la familia hace casi 11 años, a Francisco Buenaventura —el hoy candidato presidencial— le correspondieron 364.5 millones de pesos, de entonces.

En agosto pasado, con mucha publicidad y ante notario público, el candidato presidencial, Francisco Buenaventura Labastida Ochoa, se reveló como el más pobre de sus hermanos, pues declaró tener bienes por sólo 6.8 millones de pesos, de la actualidad.

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