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Denuncia a
Derechos Humanos
Desvergonzada solidaridad Derecho
Carta de apoyo difusión Preguntas
Oaxaca de Juárez, Oax., 14 de mayo de 2001.

C. Lic. Hugo Manuel Félix
PRESIDENTE de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Oaxaca

C. Lic. Roberto López Sánchez
VISITADOR GENERAL de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Oaxaca

P  r  e  s  e  n  t  e  s

Distinguidos señores:

Los suscritos, Iris Adelina Merino Aggeler y Carlos-Blas Galindo Mendoza, con domicilio en J. M. Pino Suárez 304, Centro, de esta ciudad de Oaxaca, nos dirigimos a ustedes con el fin de exponerles nuestra inconformidad, ya que consideramos lesiva para nuestros derechos humanos la manera como procedieron con nosotros tanto agentes como otros servidores públicos de la Policía Municipal de la Ciudad de Oaxaca y de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Oaxaca los días 23 y 24 de marzo del año en curso, durante los hechos que llevaron a que fuéramos privados de nuestra libertad, durante 30 horas, en el transcurso de ambos días.

A las 15:00 horas del viernes 23 de marzo acudimos a la galería y cafetería Tera (Labastida 115, local 1, Plaza Las Vírgenes, Centro, ciudad de Oaxaca) con el propósito de retirar dos ejemplares del catálogo de la exposición colectiva Fotoseptiembre 2000 en Oaxaca, ejemplares que son propiedad de Carlos-Blas Galindo. En aquel momento no se encuentra presente la dueña del lugar, de nombre Carmen Hernández Arvizu de Neuhaus. Y Sonia Mejía Neri, empleada del establecimiento, dice no tener instrucciones para proporcionarlos, aun cuando tiene conocimiento de que le pertenecen a Carlos-Blas Galindo, dado que él fue uno de los expositores en la sección de fotografía intervenida de Fotoseptiembre que se presentó en septiembre de 2000 en Tera, fue el autor de un texto y había sido invitado a impartir una conferencia alusiva como parte de las actividades de Fotoseptiembre. Tomamos dichos ejemplares pero, para no perjudicar a la empleada dado que argumenta no estar autorizada para proporcionarlos, decidimos elaborar un recibo que ampare su entrega. Para ello salimos por unos momentos de ese negocio y nos dirigimos a uno vecino, adonde conseguimos hojas de papel. Al regresar a Tera ya está ahí Carmen Hernández, quien ha sido puesta al tanto de nuestros deseos y proceder por Sonia Mejía. Carmen Hernández comienza a insultarnos atropelladamente, alzando el volumen de su voz, desde que nos ve aproximarnos. Pese a su hostilidad, le solicitamos que nos extienda el recibo correspondiente, a lo que se niega, al tiempo que amenaza con llamar por teléfono a la policía municipal. Seguros de no estar cometiendo ningún ilícito, no nos retiramos de ahí pese a que escuchamos cuando solicita desde su celular el envío de una patrulla y, en cambio, elaboramos y firmamos un recibo -en original y copia, manuscrito- por los ejemplares del catálogo de la exposición Fotoseptiembre, recibo que Carmen Hernández destruye en cuanto lo tiene en sus manos. Mientras insistimos en que Carmen Hernández o su empleada elaboren un recibo, escuchamos la sirena de una patrulla y acto seguido vemos cuando ésta (una camioneta) es conducida hasta la acera de enfrenta de Tera. Continuamos requiriendo nuestro recibo cuando ingresan dos policías, quienes preguntan qué sucede. Carmen Hernández nos acusa ante ellos, sucesivamente, de haber entrado con violencia a la planta alta de su negocio para hurgar en su archivo -que no tiene planta alta, sino un tapanco- y de haber golpeado a su empleada -versión que la misma Sonia Mejía niega entonces y puntualiza que nos hemos conducido con cortesía, pidiendo permiso incluso para retirar los ejemplares que son propiedad de Carlos-Blas Galindo-. Nosotros aclaramos el porqué de nuestra presencia y negamos las acusaciones que Carmen Hernández nos hace. Los policías preguntan si los presentes nos conocemos. Nosotros afirmamos conocer a Carmen Hernández y ella dice, primero, que no nos conoce y, luego, que conoce a Carlos-Blas Galindo pero que no ha expuesto obras en su galería. Uno de los policías sube al tapanco y no encuentra rastros de que hayamos abierto expedientes y, menos todavía, de violencia. Los agentes tampoco hallan huellas de violencia en el resto del negocio. Preguntan si alguien ha sufrido golpes, a lo que todos respondemos negativamente. Nosotros permanecemos serenos e intentamos aclarar la situación, mientras Carmen Hernández da diferentes versiones a gritos, corre a una persona que se halla cerca de una de las ventanas de Tera, insultándola, cierra las ventanas de su establecimiento y además afirma que hemos robado los ejemplares del catálogo de Fotoseptiembre 2000 en Oaxaca que son propiedad de Carlos-Blas Galindo. Los policías dicen que no les compete resolver la controversia y nos solicitan acompañarlos al cuartel policiaco, llevando los ejemplares en disputa con nosotros. Accedemos, desde luego. Cuando nos dirigimos a la patrulla (olvidando que no llevábamos con nosotros dinero o tarjeta telefónica aquel día) les solicitamos a los policías que nos permitan hacer una llamada telefónica (pretendemos llamar al licenciado Emilio Ricardo Rivera para solicitarle que sea nuestro defensor) y nos aseguran que, en cuanto estemos en el cuartel, podremos llamar.

Viajamos en los asientos posteriores de la camioneta. Carmen Hernández y los policías van adelante. Son alrededor de las 15:30 horas del 23 de marzo. Al bajar de la patrulla en las instalaciones de la Policía Municipal preguntamos cuál es el procedimiento a seguir. Un policía nos dice que primero seremos revisados por un médico y posteriormente haremos nuestras declaraciones. Ya nos hemos percatado que carecemos de dinero y de tarjeta telefónica, por lo que pedimos se nos facilite hacer una llamada desde las oficinas de la policía (la llamada a nuestro abogado). Un agente nos contesta que podemos hacer uso del teléfono público si contamos con tarjeta o con dinero para adquirirla y que, en caso contrario, debemos esperar a que una trabajadora social reinicie su turno después de la hora de la comida, pues solamente ella puede hacer uso del teléfono del lugar. En todo momento se nos presta muy escasa atención. Se nos responde brevemente y de mala gana. Los agentes hacen comentarios entre ellos. Nos miran con insistencia pero ignoramos si se refieren a nosotros. Su lenguaje, ademanes y comportamiento son soeces. Incluso hacen caso omiso de sus rangos. A partir de aquellos momentos Carmen Hernández no vuelve a dirigirse verbalmente a nosotros. El mal olor proveniente de los sanitarios invade el aire. Esperamos a la intemperie, bajo el sol, algún indicio de que seremos escuchados. Iris Merino acude primero a la revisión médica. Luego Carlos-Blas Galindo. La persona que practica el examen conversa, mientras trabaja, con otro empleado. Ninguno porta gafete ni se identifica. Su desdén hacia nosotros es notorio. Entre nuestros datos no asienta los de artistas visuales o críticos de arte, sino que resume nuestras actividades a las artes plásticas. Quien practica el examen insiste en detectar, en nosotros, aliento alcohólico o pupilas dilatadas. No los encuentra. Pregunta si presentamos golpes. Respondemos negativamente. Una vez concluida nuestra revisión somos conducidos al área de separos.Insistimos en hacer una llamada. La respuesta es la misma: hay que esperar a la trabajadora social pues no tenemos dinero ni tarjeta telefónica. Son las 16:30, aproximadamente. Al ingresar al pasillo de acceso a las celdas un fotógrafo que no se identifica nos obliga a posar para hacernos una toma. Ni él ni los agentes que se hallan presentes nos informan si se trata de un reportero de la sección policíaca de algún diario o si se trata de un servidor público que cumple con un requisito oficial.Iris Merino y Carlos-Blas Galindo permanecemos, juntos, al final del pasillo, durante un lapso de dos horas, aproximadamente. En ese tiempo un par de policías nos pide que les entreguemos los ejemplares del catálogo de Fotoseptiembre 2000 en Oaxaca que Carlos-Blas Galindo lleva en una bolsa-portafolios a petición expresa de los policías municipales que acudieron a Tera, lo cual hacemos. Insistimos en llamar a nuestro abogado. Obtenemos la misma promesa referente a la intervención de una trabajadora social, que no se cumple.
Continúa