Preocupacion de la Unidad Especial de Investigación

Esta Unidad comparte su preocupación por lo actuado en relación con el atentado contra la AMIA el 18 de julio de 1994 en el que murieron ochenta y cinco personas murieron. Para entonces las sedes judías debían contar con
custodia, y aunque el país había sufrido la voladura de la embajada de Israel, se comprobó no se adoptaron entonces medidas de prevención de otros ataques ni a la creación de organismos para actuar ante hechos de esa naturaleza.

Ello llevó al reciente reconocimiento del Estado Argentino ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por su responsabilidad en la violación del derecho a la vida y la integridad física de las víctimas, ya que existió
incumplimiento de la función de prevención. Nuestro país reconoció también su responsabilidad porque medió un grave y deliberado incumplimiento de la función de investigación, y porque existió encubrimiento de los hechos.

Desde su inicio la investigación estuvo plagada de irregularidades y procedimientos adoptados por fuera de la ley. Unos días después del atentado ya se sabía que la camioneta utilizada como "coche bomba" había pasado antes por las manos de Carlos Telleldín, sin que pudiera establecerse hasta hoy el destino que le diera; y aunque sigue sin determinarse cómo los investigadores dieron con su domicilio, se acreditó que hubo allí una incursión ilegal de agentes oficiales que realizaron una serie de diligencias no documentadas, destinadas a localizar al sospechoso que no se encontraba allí, y a obtener información de modo subrepticio. Todo en el marco de una anómala negociación con sus allegados.

Tras esas primeras negociaciones, Telleldín regresó a Buenos Aires, fue detenido y sometido a interrogatorios irregulares. Durante ese primer año declaró que vendió la camioneta, y las autoridades ya consideraban que no
era veraz y que ocultaba a aquellos que lo sucedieron en la tenencia de la Trafic, aunque la investigación estaba ya tan estancada como distorsionada por el actuar irregular.

Frente a ello, al menos a partir de 1995, la actividad de muchos funcionarios no tuvo como fin el descubrimiento de la verdad y por el contrario, sólo buscó dar ropaje de verosimilitud y legalidad a una acusación que recién varios años después se desvaneció, pero que fue
arquitectónicamente armada en un largo proceso. Se acreditaron así las "visitas" que los servicios de inteligencia hicieran a Telleldín ya a comienzos de ese año, y que fue esa actividad irregular llevada a cabo con anuencia del juez la que permitió determinar que el sospechoso había sido
víctima de delitos por parte de diversas brigadas policiales a las que debió entregar dinero y bienes en varias ocasiones.

Esa actividad informal continuó durante más de un año ante la necesidad de incorporar a la causa aquella información que vinculaba a las brigadas, tras otras "reuniones" que el detenido mantuvo con la jueza Riva Aramayo, quien
entonces presidía la cámara de apelaciones. A partir de allí, el curso del proceso se modificó sustancialmente y comenzó a desarrollarse una actividad procesal y extra procesal que respondía al apremio por obtener formalmente
los dichos que se necesitaban de Telleldín. Y esto requirió además la realización de una serie de actos irregulares previos, concomitantes y posteriores a esa declaración que se obtuvo como una construcción consensuada con el juez instructor.

Para ello el juez Galeano participó junto con otros de un proceso de negociación con Telleldín para obtener esa declaración que vinculara la camioneta utilizada en el atentado con los policías que aparecían extorsionándolo en otras ocasiones. Y como producto de esa transacción se
acordó, entre otros beneficios vinculados a la situación de Telleldín y su mujer, un pago de 400.000 dólares para que plasmaran la versión convenida que permitía "cerrar" la pista policial y dar un corte a la causa.

Sólo después de muchos años de silencio y complicidad, y tras la relevación del deber de guardar secreto que un decreto presidencial de 2003 dispuso en relación con los agentes de inteligencia involucrados, la maniobra fue
relatada por sus propios intervinientes en el juicio público que permitió acreditarla en cuanto a que se pagó ese dinero a Telleldín, y que el pago se realizó bajo la directa supervisión del juez.

Más allá de esa trascendente contribución a la determinación de la verdad, tal dilucidación motivó también la querella presentada contra el juez Galeano y el entonces secretario de Inteligencia Hugo Anzorreguy para
avanzar en la investigación de sus irregularidades, así como las presentaciones de la Unidad AMIA del Ministerio de Justicia destinadas a impulsar el juicio político del cuestionado magistrado, que ha entrado en su etapa final.

A partir de aquel pago, la actividad judicial que debía investigar el atentado se mantuvo contaminada con una finalidad ilícita general de mantener oculto y a resguardo todo aquel proceso transcurrido en violación de la ley. En palabras del tribunal de juicio: "Demostradas las
numerosísimas irregularidades en que incurrió el señor juez instructor, se advierte con meridiana claridad que su posición frente a la causa lejos estuvo de perseguir el descubrimiento de la verdad real y de resolver justa
y legalmente. Por el contrario, al aceptar las intromisiones más arriba indicadas, el señor juez demostró que su finalidad era llegar a un resultado, cualquiera fuese el camino a transitar para ello", y no enderezado a la verdad sino en procura de "satisfacer los oscuros intereses
de gobernantes inescrupulosos".

Ahora bien, en 2000 se había iniciado una nueva etapa institucional y a la vez que se procuraba ese juicio contra la llamada conexión local, los órganos políticos mocionaron la investigación de las irregularidades del juez Galeano y la central de inteligencia. Debieron pasar varios años para
que luego de una incesante actividad del tribunal de juicio y la Unidad AMIA del Poder Ejecutivo, tras sucesivos cambios en la administración nacional, quedara finalmente expresada una voluntad política de máximo nivel que acept
ó que la realidad sobre lo sucedido debía ser conocida sin limitaciones.

Frente a la acusación armada, el tribunal oral corroboró que no obraba en la causa ninguna constancia que permitiera sostener válidamente que Telleldín conociera el plan criminal de quien se llevó la camioneta, así como se
descartó que los policías hubiesen participado de cualquier modo en la obtención de esa Trafic. Por el contrario, se probó claramente que la actuación judicial estuvo plagada de irregularidades cometidas para sostener una hipótesis acusatoria más allá de lo realmente acontecido.

Ahora bien, tras el fallo del tribunal se ha expuesto ya con absoluta claridad que la respuesta de justicia que deben dar los tres poderes del Estado, principalmente a las víctimas del atentado pero también a toda la sociedad, es desde ya el decidido avance de las investigaciones que sobre la
propia voladura se reiniciaran tras el apartamiento del juez Galeano. Pero también se impone la determinación de las responsabilidades que corresponden a aquellos que intervinieron en la falsa construcción de la acusación luego
derribada en el juicio público.

En relación con la primera de esas cuestiones, la Unidad AMIA ha presentado a la nueva autoridad judicial, el desarrollo de las principales líneas de investigación, la descripción de la hipótesis central de pesquisa y la
moción de un plan de acción destinado a profundizarla, que fue acogido favorablemente por esta autoridad que ha dispuesto diversas diligencias tendientes a su implementación.

Al respecto, el informe del veedor de la Comisión Interamericana concluyó que "las dificultades para hacer justicia en este caso, emblemático en la lucha contra la impunidad, son innumerables. Bastaría decir que a más de
diez años de que ocurrieran los hechos, las dificultades de reorientar una investigación son extraordinariamente difíciles por el solo paso del tiempo, que ha permitido a los autores de este criminal ataque terrorista amplias
oportunidades de esconder sus huellas. La búsqueda de justicia, sin embargo, no es una alternativa sino un deber. La rica experiencia de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos en el Hemisferio ha demostrado que su compromiso inquebrantable con los derechos humanos y la búsqueda de la justicia pueden contribuir a que ese deber se transforme en realidad
concreta". A tal fin se ha creado además una Unidad Fiscal destinada al caso, la que ha asumido recientemente la dirección del proceso.

En relación con la segunda de las cuestiones, sobre la responsabilidad por la construcción de la hipótesis incriminatoria falsa, y en consonancia con
los compromisos asumidos tras el reconocimiento de responsabilidad del Estado Argentino, el Poder Ejecutivo ha instado también el demorado avance del otro proceso judicial que en relación con ello desde hace cinco años
está en trámite y en el que más recientemente se han acumulado varias de las cuestiones denunciadas en la sentencia del juicio.

Fue también en este expediente en el que la Unidad AMIA señaló la actuación del ex presidente Menem y su ministro Carlos Corach, en orden a las incidencias que pudieron haber motivado la necesidad de que el avance de las
pesquisas sobre el atentado no iluminara un núcleo de "relaciones peligrosas" que se procuró por años mantener ocultas y que habría permitido a los reales autores eludir la acción de la justicia. Y en relación con las
incidencias de ese expediente se ha reclamado a su vez el juzgamiento por mal desempeño del juez Claudio Bonadío, por el retardo de su accionar y por los obstáculos que opuso a la labor que deben concretar los otros organismos
públicos sí interesados en el avance de las pesquisas.

En conclusión, tanto en el ámbito de la justicia local como en el de la protección internacional se ha verificado en los últimos años un trascendente cambio en el tratamiento que merece el caso. Y así, desde aquellas épocas más oscuras en que con el concierto de funcionarios de los
tres poderes del Estado, tuvo lugar una investigación amañada y plagada de irregularidades cometidas en forma sistemática para sostener una hipótesis falsa, y a propósito de lo cual no funcionó por mucho tiempo ninguno de los
numerosos órganos de control que hubieran debido corregir el curso de los hechos, se ha hecho un esforzado tránsito hacia una respuesta institucional más comprometida con la verdad y la justicia en el caso.

Ya el inicio del juicio público marcó el punto de inflexión en virtud del esmerado proceder de los integrantes del tribunal en procura de la verdad en el caso, y a partir de allí, la adopción de diversas medidas en el ámbito del Poder Ejecutivo, confirman la necesidad de avanzar decididamente en el proceso.

Claro que todavía quedan sectores comprometidos con la impunidad y el encubrimiento. Y en ese sentido, a partir de cuanto se ha hecho, las cuestiones incorporadas por el Estado Argentino en el proceso de solución ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, indican el camino que será necesario transitar para terminar de una vez con la vergüenza argentina de este caso, que es de una entidad que a veces parece aún no ser advertida en toda su dimensión, y que se suma a los otros dos desgraciados baldones del refugio nazi y de los campos de exterminio de la dictadura, que tiñen de sombra la historia contemporánea de nuestro país.

Como es de su interés, podrá acceder al reconocimiento de responsabilidad del Estado, al informe del veedor de la CIDH así como a la sentencia del juicio y prontamente al contenido de sus audiencias en la página de la
Unidad: http://www2.jus.gov.ar/amia/

Alejandro Rúa
Unidad Especial de Investigación
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos


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