Reconocen
formalmente la responsabilidad del Estado en la causa Amia
El Gobierno firmó un decreto que fue anunciado hoy por el
ministro de Justicia, Horacio Rosatti, por la falta de prevención
del atentado, por las irregularidades cometidas en la investigación
judicial y por las maniobras de encubrimiento
El
presidente Néstor Kirchner firmó el decreto a través
del cual el Estado argentino reconoce formalmente la responsabilidad
internacional por la falta de prevención del atentado perpetrado
contra la sede de la Asociación Mutual Israelita de Argentina
(AMIA) el 18 de julio de 1994, por las irregularidades cometidas
durante la investigación judicial, por la denegación
de justicia y por las maniobras de encubrimiento tendientes a garantizar
impunidad a los responsables materiales y políticos.
"Desde
el gobierno nacional este tema no tiene posibilidad de retorno,
es siempre el camino hacia adelante desde la verdad y la justicia",
señaló el ministro de Justicia, Horacio Rosatti, que
transmitió las palabras del presidente Néstor Kirchner
durante el encuentro que mantuvieron en el despacho presidencial.
En
una conferencia de prensa en la Casa Rosada, el funcionario se comprometió
a fortalecer la Unidad AMIA del Ministerio de Justicia y a profundizar
la investigación.
Además,
anunció que se promoverá una ley de reparación,
entre otras medidas.
Entre
otras cosas, el Gobierno se compromete a:
Profundizar
el fortalecimiento de la Unidad fiscal.
Tomar
medidas tendientes a garantizar la investigación del atentado
y la sanción de los responsables.
Profundizar
el relevamiento de archivo en poder de la SIDE.
Transparentar
fondos reservados.
Promover
una ley de reparación para todas las víctimas del
atentado.
En
1999, Memoria Activa, con el patrocinio del Centro de Estudios Legales
y Sociales (CELS) y el Centro por la Justicia y del Derecho Internacional
(CEJIL) presentaron una petición ante la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la falta de prevención
del atentado y por la denegación de justicia en la investigación.
En
marzo de este año, a pedido de Memoria Activa, la CIDH convocó
en su sede de Washington a una audiencia a los representantes de
Memoria Activa, CELS, CEJIL y del Estado para recibir información
y escuchar el informe de la veeduría realizada por Claudio
Grossman, ex presidente de la CIDH. Durante la audiencia, "el
Estado argentino reconoció la responsabilidad por la violación
del derecho a la vida, a la integridad personal, a las garantías
judiciales y a la protección judicial, en cuanto existió
incumplimiento de la función de prevención por no
haber adoptado medidas idóneas y eficaces para prevenir el
atentado —teniendo en cuenta que dos años antes se
había producido un hecho terrorista contra la Embajada de
Israel— y porque existió encubrimiento de los hechos
y medió incumplimiento grave y deliberado de la función
de investigación adecuada del ilícito, lo cual produjo
una clara denegatoria de la función de justicia".
Este
decreto representa el cumplimiento de uno de los compromisos asumido
por el Estado en el proceso de solución amistosa iniciado
con Memoria Activa, el CELS y CEJIL, de difundir públicamente
el reconocimiento de la responsabilidad del estado argentino por
el incumplimiento de los deberes impuestos y violación de
los derechos garantizados por la Convención Americana sobre
Derechos Humanos.
La Nacion, 12 de julio de 2005
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