LA VOLADURA DE LA MUTUAL JUDIA

AMIA: pruebas perdidas, firmas falsas y dudas sobre la investigación

Esta semana declaran los empleados del juzgado de Galeano, cuestionado por la investigación del atentado. En esa investigacón pasó de todo: desde casetes que se perdieron hasta firmas falsas en las pericias.

El juicio por la voladura de la AMIA cobró un sorpresivo vigor la última semana y todo hace prever que esa intensidad se mantendrá en los días por venir, si se tiene en cuenta que desde el martes a las nueve y media de la mañana empezarán a declarar los empleados y funcionarios del juzgado federal de Juan José Galeano, el juez que investigó el atentado de julio de 1994 y que está cuestionado por esa investigación.

El propio Galeano le dio a la causa AMIA otro inesperado brío que desató una crisis diplomática con Irán. El pasado viernes 7 el juez ordenó la captura internacional de cuatro ex funcionarios de ese país a los que considera responsables del atentado. Irán tensó la cuerda y llamó a Teherán al encargado de negocios en Buenos Aires, lo que puso las relaciones entre los dos países al borde de la ruptura. La Cancillería intentó tomar con calma la crisis diplomática, pero desde la SIDE, su titular, Miguel Angel Toma, criticó a la diplomacia iraní a la que prácticamente acusó de no querer colaborar con la investigación. El fallo de Galeano se basa en un informe de la SIDE presentado a mediados de enero, que acusa al gobierno de Irán y al Hezbollah (o Partido de Dios) del Líbano por el atentado que dejó 85 muertos. Sin embargo, Galeano se cuidó de acusar a Irán y sólo responsabilizó por el atentado a "elementos radicalizados de la República Islámica de Irán".

Por su parte, el Tribunal Oral Federal 3 siguió con su audiencia en la que juzga a los policías bonaerenses acusados de partícipes necesarios en el atentado. Y tuvo una semana agitada: cuatro testigos quedaron presos —luego liberados— y procesados por falso testimonio, entre ellos la ex titular del PAMI, Matilde Menéndez, y el ex jefe de la Unidad AMIA de la Policía de Buenos Aires, comisario Luis Vicat. Los jueces Gerardo Larrambebere, Miguel Pons y Guillermo Gordo enfrentan también la resistencia de la SIDE a que varios de sus agentes declaren en el juicio: el procurador del Tesoro, Rubén Citara, recurrió a la Cámara de Casación y a la Corte Suprema para que reviertan la decisión de los jueces de llamarlos a declarar.

El Tribunal, al igual que los defensores de los policías y la querella de Memoria Activa pugnan porque los agentes de la SIDE sí declaren. Hay muchas preguntas para hacer. Entre ellas, como adelantó este diario, cómo es que la SIDE intervino los teléfonos del acusado Carlos Telleldín antes de que su nombre surgiera en la causa a partir del hallazgo del motor en los escombros de la AMIA. Otras preguntas a responder están referidas a la pérdida de 68 casetes con conversaciones telefónicas varias, entre ellas las que Telleldín mantuvo desde Misiones, con agentes de la SIDE y del servicio secreto isrealí con quienes negoció su entrega nueve días después del estallido de la AMIA.

Esos casetes, vitales para la causa, ya habían desaparecido una vez. Pero ahora se sabe que desaparecieron dos veces. En su momento, el juez Galeano ordenó que esos casetes fueran desgrabados. La tarea quedó a cargo de la entonces División Protección al Orden Constitucional (POC) de la Policía Federal. Pero la SIDE también hizo su desgrabación. Galeano recibió dos textos distintos de las mismas escuchas. El juez entonces hizo lo lógico: pidió los casetes a la Federal. Ya no estaban: se habían perdido.

Por esa pérdida fue procesado el entonces titular del POC, comisario inspector Carlos Castañeda, acusado de perder un material invalorable en la causa que investiga el mayor atentado terrorista de la Argentina. Los abogados de la AMIA, Juan José Avila, Carolina Fernández Blanco y Miguel Bronfman, dicen en el pedido de elevación a juicio oral del proceso a Castañeda que nadie como él y su gente "conocía el contenido de esas cintas. Y sin embargo, así y todo, o mejor dicho, justamente por eso mismo, hoy esas cintas no están".

Castañeda también tiene otro proceso pendiente por extraviar disquetes, rollos fotográficos sin revelar y videos secuestrados nada menos que de la casa de Carlos Telleldín diez días después del atentado.

Pero los mismos 68 casetes que perdió la Policía Federal, se perdieron en la SIDE. No es que se hayan extraviado, sino que fueron reciclados para usarlos en otras escuchas. Esto se desprende de una nota que en noviembre de 1997 le dirigió a Galeano el subsecretario de Inteligencia del Estado, Jorge Igounet, el número dos del entonces titular de la SIDE, Hugo Anzorreguy (ver facsímil). Igounet y Anzorreguy son dos de los miembros de la SIDE a quienes quieren interrogar Larrambebere, Pons y Gordo. Es probable que los jueces quieran intentar comprender cómo es que de dos dependencias del Estado tan diferentes se perdieron para siempre los mismos 68 casetes vitales en una causa de la magnitud de la de la AMIA.

De esos "descuidos" la causa conoce muchos. Uno de los últimos se conoció en plena audiencia, hace ya unos meses. Uno de los oficiales del cuerpo de bomberos que firmó las pericias que determinaron la existencia de nitrato, nitrito y amonio en los restos del vehículo hallado entre los escombros de la AMIA, dijo que seis de las firmas que figuraban en esas pericias no eran "sus" firmas, que eran falsas.

"Indíquenos concretamente —quiso saber el presidente del Tribunal— por qué tienen un sello aclaratorio, como si fuesen suyas...". El experto, subinspector Marcelo Leguizamón, en 1994 en la División Experimentación y Adiestramiento de la Superintendencia de Bomberos, explicó: "No es muy parecida (las firmas) a la que yo, generalmente, suelo hacer. Uno más o menos se conoce un poco la letra, ¿no?".

El Tribunal envió las firmas a un peritaje. El informe firmado por el calígrafo oficial José Antonio Sarni llegó a las manos del juez Pons. Decía: "En síntesis, el análisis íntimo desarrollado sobre las firmas dubitadas motivo de pericia evidenció que éstas son producto de una tarea imitativa, delineadas con lentitud de desplazamiento para obtener un modelo parecido a lo genuino (...) Las firmas que lucen en las fojas 47 a 52, sobre el sello aclaratorio que reza 'Subinspector Marcelo N. Leguizamón' NO CORRESPONDEN al puño escritor del nombrado".

Contra todo lo que pueda pensarse, no hubo escándalo alguno alrededor de estas firmas falsificadas. Por cierto, los abogados de la defensa de los policías acusados no dejan de decir: "La causa es un mamarracho, irregularidades como éstas y más graves todavía sobran en los más de quinientos cuerpos de la investigación".

Pero los abogados de las querellas son más piadosos. Uno de ellos, que pidió reserva de su nombre, se sinceró: "Es 'normal' que se imite la firma de un perito si es que, en el momento de estamparla, el hombre no está disponible". La pregunta fue: ¿Es normal aun en una causa como la de la AMIA? La respuesta del abogado dejó toda una definición en el aire: "Entiéndame, no lo justifico. Pero esto es la Argentina. Aquí se trabaja así...".

Alberto Amato, Domingo 16 de marzo de 2003