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Los precios se disparan sin justificación
Los que más sufren son los trabajadores y las familias más necesitadas
                                                                 por Manuel Rodríguez

Los fuertes incrementos de los precios de los alimentos no se justifican. Así de claro lo han dejado distintas asociaciones de productores, agricultores y ganaderos que están soportando el sobre coste de las materias primas y niegan ser responsables de estas subidas.
Según el INE, la leche ha subido un 24,8%; el pan un 13,4%; la carne de ave un 14,3%, el aceite un 34%, los huevos un 18% y así las frutas, las verduras... La realidad cotidiana va más allá de las cifras oficiales, un ejemplo claro es que una barra de pan que en septiembre costaba 0,30 céntimos hoy cuesta 0,40 lo que supone un incremento del 33% y no del 13%.
Las grandes cadenas de distribución y la industria agroalimentaria están a la defensiva y niegan prácticas especulativas. Mientras, la COAG les contradice con cifras: pepinos que el agricultor vende en origen a 0,30 euros llegan al consumidor final a 1,90; batatas que tienen en origen un precio de 0,25 € el kilo, el consumidor llega a pagarlas a 2,35€.
El Gobierno de Canarias reconoce un incremento del precio de los alimentos en torno al 30% y se ha comprometido a tomar medidas para paliar sus efectos: ¿cuáles?
El Cabildo, en la misma línea, prometió organizar 

mercados de venta directa: el primero que se iba a celebrar el pasado 15 de diciembre fue cancelado ante la sorpresa de agricultores y consumidores. Según el INE y el Banco de España, los precios de la vivienda se han encarecido en un 180% en los últimos 10 años. Las hipotecas encadenan a las familias por 30 y 40 años, es decir, durante toda la vida laboral del trabajador y más de la mitad de las familias tienen deudas superiores a la renta disponible.
La subida de los precios unida a la contención de los salarios y de las pensiones supone un empobrecimiento de las familias y un robo a los trabajadores y a los sectores más necesitados.
En Canarias se da la paradoja de tener los alimentos más caros y los peores salarios. Este cóctel nos pone a la cola del Estado en poder adquisitivo. El R.E.A. no repercute en el precio final de los alimentos sólo sirve para enriquecer más a los importadores.
Las políticas de crecimiento económico anunciadas y compartidas por el PP y PSOE suponen graves desigualdades sociales. En los últimos 10 años estas políticas han supuesto un incremento del beneficio medio empresarial

del 73% (más del doble que en el resto de países de la OCDE)
acumulándose así mayores excedentes empresariales, mientras el salario medio decreció un 4% (único país de la UE donde ha decrecido) y la precariedad laboral es alta (en jóvenes superior al 66%).
La paz social esgrimida por los gobiernos del PP y PSOE, para evitar la conflictividad social y sindical, ha llevado a la consolidación de un modelo social donde las condiciones de vida de la mayoría de los trabajadores cada día son peores.
En estas condiciones, el anuncio de moderación salarial, con subida por debajo del IPC, propuesta por la Patronal de Las Palmas y del Estado para el 2008 es injusto, inmoral e inaceptable.
Las alternativas son cuestionar el modelo social y económico que nos esclaviza, pedir una mejor redistribución de la riqueza, y establecer mecanismos de control de precios en los productos básicos.
Se hace necesaria la movilización social para luchar por frenar las subidas de los precios, por mejorar el poder adquisitivo de los salarios y por la redistribución de la riqueza creada. por los trabajadores.

EDITORIAL

Presentamos en este ejemplar el primer número de una publicación abierta a los problemas sociales y a la actualidad política en Canarias, que la Fundación de Investigaciones Marxistas ha puesto en marcha.

La FIM es una fundación de carácter cultural, constituida en 1978, claramente ubicada en el campo de la izquierda y, tal como su nombre indica, se inspira en la cultura marxista a la hora de realizar todo tipo de actividades relacionadas con el análisis de la realidad social y con la divulgación del conocimiento científico.

En Canarias, la FIM pretende realizar una apuesta fuerte poniendo en manos de la ciudadanía un instrumento de reivindicación de las demandas sociales y políticas de los sectores populares, que actualmente no tienen cabida en los medios de comunicación; no, al menos, con la óptica que aquí se busca.

En este ejemplar, se presentan distintos temas relacionados con la vida cotidiana de nuestro pueblo: la subida del IPC, vinculada con la cesta de la compra; la situación de la vivienda; la discutible política exterior española...

Para ello, se ha dotado a esta publicación de una estructura de secciones temáticas, aparentemente tradicional, pero cuyo propósito es organizar los distintos reportajes en la escala más adecuada, de cara a una mejor

 presentación de los contenidos al lector.
   Es importante que los ciudadanos utilicen esta publicación como herramienta de información y de lucha; para ello, habrá un procedimiento de recogida de cartas de los lectores, donde se espera obtener información sobre problemas sociales concretos y sobre puntos de vista diversos, evidentemente, dentro de una óptica democrática y progresista; a modo de contrapartida, este periódico hará un seguimiento específico de aquellas luchas sociales que protagonice nuestro pueblo.
   Las actividades culturales y políticas de la FIM tendrán cabida en estas páginas,  para que los lectores tengan cumplida información de nuestros debates y sus conclusiones. La publicación será también un espacio para  noticias de dos organizaciones políticas del ámbito de la izquierda, con las que la FIM en Canarias tiene un vínculo sólido: el Partido Comunista de Canarias e Izquierda Unida Canaria.
   A través de estas modestas páginas, se presentará un producto con medios limitados, pero correcto; no nos preocupa la repercusión inicial que puedan tener estas hojas informativas, porque nuestra reflexión se encamina, en realidad, hacia una apuesta más a largo plazo. Estando con los problemas de la gente, seguro que cuajará un proyecto de información distinta  a la prensa conservadora y, con ello, se habrá aportado una pequeña semilla a la emancipación de nuestro pueblo.

OPINIÓN                                                                                            Javier Doreste

¿Qué intereses?

En la pasada cumbre hispanoamericana de jefes de estado y presidentes de gobierno, se produjo un incidente entre el rey Juan Carlos I de España y el presidente Hugo Chávez de Venezuela. No vamos a comentar dicho incidente. Bastante ha salido ya en todos los medios que, como jauría obediente, han ladrado en coro al ritmo que su amo les ordenaba contra la revolución venezolana.

Lo que muy pocos medios han comentado, y si lo han hecho ha sido alabando la actitud del monarca, fue el abandono de la sesión por el rey cuando el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, estaba en el uso de la palabra. Los que han hablado de este abandono por el rey han insistido que lo hizo en defensa de los intereses o el honor de España que estaban siendo criticados por el presidente nicaragüense.

Nada más lejos de la realidad. Ortega no criticaba ni atacaba al honor o los intereses de España. Ortega criticaba las prácticas de rapiña, saqueo y especulación que las empresas europeas y norteamericanas, en especial las españolas BBVA, Santander, Repsol, Endesa, Telefónica y otras realizan en América. Que el rey y la prensa hablada o escrita confundan los intereses de bancos y petroleras con los intereses de España, dice mucho de la concepción que tienen de nuestro país. Nosotros sabemos perfectamente que los intereses de cualquier empresa no coinciden normalmente con los intereses de los ciudadanos de cualquier país, España o cualquiera de América. En todo caso coincidirán con los intereses de los grandes accionistas y ejecutivos. Esa confusión del rey de los intereses de España con los de las grandes empresas que expolian a las naciones americanas  sólo se puede entender o por confusión del monarca, ignorancia de los intereses reales de España y los españoles o porque su interés privado coincida con el de las grandes empresas

La vivienda ha subido el 180% y los salarios sólo un 30%
María Puig

El Artículo 47 de la Constitución Española establece el derecho a la vivienda y también que los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación.

Sin embargo, la vivienda se ha convertido en un negocio especulativo y estamos asistiendo al saqueo de los salarios a través de su elevado precio y la financiación bancaria de su compra que encadena de por vida al ciudadano.

Entre 1990 y 2004 el precio de la vivienda ha subido el doble de sus costes reales de producción, lo que ha aumentado más del 100% el precio del metro. Ha sido la repercusión de una cadena especulativa iniciada en el suelo (fuente: INE y Banco de España). Tanto es así, que en los últimos diez años la vivienda ha subido el 180% y los salarios el 30%.

Por otra parte, la Banca, para una vivienda de 100 metros con 25 años de amortización, genera unos intereses totales de 70.000 euros y 120.000 si el plazo es de 40 años. Es decir, en esta segunda subida, la banca cobra sobre el precio especulativo de la vivienda. Doble cadena especulativa, por tanto: constructores y bancos.

Éste es el ejemplo clave a la hora de entender el saqueo de los salarios a través del precio de la vivienda y el montante de la financiación bancaria de su compra por el ciudadano.

El 38,41% de las familias canarias tiene que afrontar este problema que supone una carga pesada para su economía y según se desprende de un estudio realizado por la empresa Creditaria sobre el mercado inmobiliario en Canarias, los jóvenes canarios dedican una media de 10 años y 6 meses de su salario íntegro a la adquisición de su primera vivienda, lo que supone un esfuerzo durante años del 58% de la renta individual o del

35%  de la renta familiar si la compra se lleva en pareja y trabajan los dos (fuente: CES de Canarias).

Mientras que muchas familias y muchos jóvenes no pueden acceder a una casa, el número de viviendas acabadas y sin vender en el Archipiélago o de segunda mano vacías superaba a comienzos del año 2006 las 15.000 viviendas.

En el sector inmobiliario, se está estableciendo un circuito de valoración totalmente disociado de la producción real del valor y con ello, se pretende no sólo acumular capital con la plusvalía de la producción sino también pasar al asalto a la renta salarial del “consumidor” de vivienda. Por ello, podemos afirmar que la acumulación de capital  se produce en gran parte a costa del saqueo de los salarios.

Esto constituye un importante problema social que requiere una actuación rápida y contundente tanto por parte del Gobierno Español como del Gobierno de Canarias.

Existen, desde luego, medidas para defender el derecho de los ciudadanos a una vivienda digna, regulando, en primer lugar, la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación, tal como establece la Constitución Española:

- El incremento del 10% actual al 20% en las cesiones de suelo a los Ayuntamientos.

- La conversión de Las Administraciones públicas en promotores de la vivienda, utilizando los mecanismos que contempla la Constitución y las leyes; es decir, el convenio en caso de acuerdo; o la expropiación, cuando éste no ha sido posible y responda al interés general.

- Realizar políticas de gestión de suelo público para la construcción de

viviendas protegidas, mediante el uso de las figuras legales precisas.

- No liberalizar más suelo, como pretende el Gobierno de Canarias que espera que el mercado regule por sí sólo el precio de la vivienda.

También son necesarias otras intervenciones de los poderes públicos que según la Constitución deben promover las condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho:

- Medidas legislativas contra el fraude en la construcción, la promoción y la transmisión de viviendas.

- Obligatoriedad de que el 50% de las nuevas viviendas que se construyan tengan algún grado de protección

- Crear Empresas Municipales públicas que construyan viviendas y las vendan a precios asequibles, facilitando así el acceso a las mismas a amplios sectores ciudadanos.

- Puesta en marcha de Planes de Vivienda anuales que garanticen el acceso a una vivienda. 

La acumulación de capital especulativo a la que asistimos hoy se ha visto favorecida por el abandono progresivo de las medidas en materia de suelo y de construcción de viviendas de promoción pública del Gobierno Español y  del Gobierno de Canarias que, junto con muchos ayuntamientos, han ido dejando en manos de la iniciativa privada prácticamente toda la utilización del suelo y las promociones de viviendas.

Por lo tanto, para transformar esta realidad social tenemos que exigir una actuación rápida y contundente tanto por parte del Gobierno Español como del Gobierno de Canarias, así como de los ayuntamientos.

AMÉRICA LATINA
Orestes Martí

Venezuela

Entre los hechos más interesantes acaecidos en este país, destaca los resultados del Referéndum sobre la reforma constitucional llevado a cabo el 2 de diciembre donde -según el último boletín del Consejo Nacional Electoral (CNE)-  en el Bloque A -enmiendas propuestas por el Presidente Chávez-, la opción del NO obtuvo 4 millones 521 mil 494 votos ( 50.65%). La opción del SÍ obtuvo en ese mismo bloque, 4 millones 404 mil 626 votos (49,34%), con una abstención d el 43.95%. En cuanto al Bloque B -enmiendas incluidas por la Asamblea Nacional- la opción del NO obtuvo 4 millones 539 mil 707 votos (51%) y la opción del SÍ, 4 millones 360 mil 14 votos ( 48.99%) con una abstención del 43.85%. Estos datos correspondían al 94% del total de actas de escrutinio, quedando aún por transmitir aproximadamente 2 mil actas (en su mayoría manuales), así como mil actas de centros de votación alejados.

Algunos aspectos de posible incidencia en los resultados -aunque obviamente no todos- están referidos a: Estados Unidos invirtió más de 20 millones en la campaña contra el referéndum y utilizó casi sin obstrucción a elementos desestabilizadores dentro del país; el 90% de la prensa escrita de Venezuela estaba -y actuaba en ocasiones con una gran falta de ética — a favor del NO. El movimiento a favor del SÍ no contó con órganos de prensa; La televisión — también en manos de la derecha — llevó a cabo una propaganda de miedo. Los dos canales a favor del SÍ no cuentan con programación que cale en la población.

Toda esa propaganda mediática (con mentiras sobre la patria potestad, la propiedad privada, etc.) fue apoyada por la Iglesia Católica y repetida en parroquias e instituciones eclesiásticas. No hubo contrapropaganda apropiada por el bloque del SÍ; la aceleración de la fuga de capitales y sabotaje del desabastecimiento provocó cierto descontento popular. El Gobierno no ha logrado solventar esa situación. El trabajo de zapa de determinados sectores de la ultra izquierda y "ex izquierdistas", que en ocasiones llegaron hasta hacerle propaganda a la derecha; el quizás excesivo tiempo dedicado por el propio Presidente Chávez a temas de carácter internacional en detrimento de lo interno, los problemas de la burocracia y la falta de movilización de los militantes bolivarianos, son algunas de las causas de que se perdiera el Referéndum.

Bolivia

Bajo una tremenda presión por parte de la oligarquía criolla y del poder neoliberal mundial encabezado por Estados Unidos, el Gobierno de Evo Morales continuó su dura batalla en favor del cambio democrático iniciado con el ascenso al poder de este representante de las clases desposeídas y de los pueblos originarios. Varios son los frentes abiertos aunque sin lugar a dudas el de la Constituyente se erige como uno de los principales. Por ello, las últimas noticias sobre el proceso causan esperanza: "con el respaldo de más de dos tercios de constituyentes de 10 frentes políticos de los nueve departamentos del país, los asambleístas aprobaron por dos tercios entre este sábado (día 8) y domingo (día 9) el 99.8 por ciento del texto la nueva Carta Magna que instituye un Estado plurinacional y sólo el latifundio será dirimido por el pueblo en un referéndum".

Un dato importante a tener en cuenta para explicarse el enfrentamiento de los sectores más reaccionarios bolivianos e internacionales lo ofreció la dirigencia de la Central Obrera Boliviana (COB) cuando aseguró que el nuevo texto de la Carta Magna aprobado en la Asamblea Constituyente, realizada en Oruro, permitirá que Bolivia deje la característica neoliberal y asuma un rostro social. Ante la arremetida de la derecha, Morales propuso celebrar un Referéndum Revocatorio; éste se encuentra en estado de "proyecto de ley" y contempla la posibilidad de que sean revocados por mandato popular tanto el presidente como los nueve prefectos de departamento.  

Nicaragua

Después de 16 años de haber perdido el poder político, lo que sumió al país en la corrupción y la pobreza (los índices de mortalidad infantil y materna, el analfabetismo y el desempleo sólo son superados en la región por Haití, el país más pobre de Latinoamérica), el sandinismo, de la mano del histórico Daniel Ortega, volvió al poder colocando a este pequeño país en el mapa geopolítico mundial evitando un estallido social que casi todo los analistas pronosticaban.

Los sandinistas se están proyectando en dos planos con igual enfoque tendente al cambio; en el plano internacional Nicaragua se ha adherido a la Alternativa Bolivariana para las américas (ALBA), iniciativa que como es sabido promocionan Venezuela, Cuba y Bolivia y que tiene su base en el desarrollo del comercio justo, la solidaridad y la complementaridad, buscando, además de tratar de resolver los serios problemas económicos y sociales que afronta su país, contrarrestar el Tratado de Libre Comercio (TLC) que el anterior gobierno neoliberal firmó en su día con los Estados Unidos. En la actualidad, la estrategia internacional parece ir dando sus frutos (incluyendo el suministro estable de combustible venezolano en condiciones ventajosas de pago y el aporte de médicos cubanos para atender diversas comunidades en la costa atlántica de la nación, así como una moderna clínica oftalmológica que ya ha operado a miles de personas de bajos ingresos, de forma gratuita).  En el plano interno, han elaborado una serie de proyectos de contenido social y tomado medidas de carácter popular como el restablecimiento de la gratuidad de los servicios de salud y la educación; así como introducido programas de orientación social como los denominados Hambre Cero y Usura Cero que benefician a pequeños productores y comerciantes, respectivamente. Así mismo se han instalado los denominados "Consejos del Poder Ciudadano" (CPC) que son vistos por la oposición (con mayoría parlamentaria) como un intento de control  sobre los ciudadanos.