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Asociaciones de separados plantean medidas para disminuir la conflictividad

Creada en Vitoria la confederación estatal de asociaciones de padres y madres separados EFE./VITORIA 6/10/02

La Confederación Estatal de asociaciones de padres y madres separados se constituyó ayer en Vitoria con el objetivo de poner en marcha medidas integrales que logren disminuir la conflictividad y la violencia en los casos de separaciones matrimoniales. Los representantes de seis federaciones de todo el Estado, entre ellas las de Galicia, Euskadi, Andalucía o Cataluña, acordaron hoy crear la Confederación Estatal como un instrumento que permita aplicar en todo el Estado un plan «global e integral de atención a los conflictos y a la violencia en la familia».

El recién nombrado presidente de este colectivo, Justo Sáenz, que también preside la Federación de Euskadi (Kidetza), destacó la importancia de «comenzar a trabajar para resolver los graves problemas que se generan dentro de las familias» cuyos miembros toman la decisión de separarse.
Sáenz señaló que los conflictos y la violencia familiar pueden estar originados por «muchas causas», entre las que citó «problemas psicológicos o económicos, infidelidades o alcoholismo» y, sin embargo, los programas existentes para tratar de resolverlos «mezclan la violencia de género con la familiar».

El caso de Gipuzkoa

Durante este encuentro se ha tomado como ejemplo el plan de atención a familias en crisis puesto en marcha por la Federación vasca, una iniciativa «pionera» en el Estado, señaló, y que ha logrado que en Gipuzkoa la conflictividad en los casos de separaciones haya bajado en cuatro años «del 48% al 27%».

Sáenz indicó que, en el resto del país, «en el 60% de los casos de divorcio o separación se producen conflictos», así como que los «más perjudicados» en estas situaciones e, incluso, «los que más malos tratos reciben son los niños».

Este plan puesto en marcha en las tres provincias vascas en colaboración con las diputaciones forales y los ayuntamientos proporciona inicialmente asistencia primaria a los demandantes a través de una trabajadora social y, posteriormente, se les remite a servicios especializados.
 

 

 

 

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