El debate sobre el impacto de la tecnología en el empleo no ha dejado de generar interés en los dos últimos siglos, hasta el punto de que ha habido quien ha llegado a equipararlo, por la persistente fascinación que viene ejerciendo y lo encontrado de las posiciones que se mantienen al respecto, con el tema de los límites malthusianos del crecimiento.

Desde los primeros años de la revolución industrial, han sido muchos quienes han expresado, exteriorizándolo a veces violentamente, su miedo a que las máquinas acabaran con el empleo. Existen, en efecto, evidencias de que el progreso tecnológico puede generar, a corto plazo, importantes desajustes no sólo en el mercado laboral, sino en el conjunto de la economía. Seguramente no se debió al azar que el auge de la difusión de los motores de vapor coincidiera con una importante crisis hacia 1880, y que la difusión masiva de la electricidad, combinada con cambios en los transportes, se correspondiera con la recesión de los años 30 de nuestro siglo. Pero en ambos casos fue más el contexto global en el que operaba la tecnología que el progreso tecnológico en sí mismo el responsable de esos desajustes. Por eso no se cumplieron las profecías catastrofistas de Norbert Wiener, un pionero de los ordenadores que, en los años cuarenta, pronosticó que éstos ocasionarían una crisis aún peor que la Gran Depresión. Ni tienen por qué cumplirse las que, ya en nuestra década, pronostican el fin del trabajo como consecuencia de la sustitución de la fuerza laboral por unas máquinas que, gracias a las tecnologías de la información y las comunicaciones, hacen cada vez más tareas que hasta ahora solo podían ser desempeñadas por personas.

La evidencia histórica muestra que, a medio y largo plazo, el progreso tecnológico crea riqueza, y que tanto ésta como el volumen global de empleo han crecido paralelamente al incremento de la productividad, a la vez que se han reducido las horas de trabajo. Como demuestra un riguroso análisis estadístico de la evolución de la productividad y el empleo en la OCDE, los países en los que menos ha crecido la productividad han sido precisamente los que han experimentado un mayor incremento del desempleo.

El progreso tecnológico también se asocia a la mejora de la calidad del empleo. Un estudio realizado por el Departamento de Comercio de los Estados Unidos de América, basado en el análisis de series temporales de datos empresariales, muestra que las empresas que usan tecnologías avanzadas por lo general pagan salarios más elevados, ofrecen mayor seguridad en el empleo e incrementan más rápidamente sus plantillas. Y, como es obvio, son mucho más competitivas que las que tardan en adaptarse a las nuevas tecnologías.

Sin embargo, es difícil zanjar, a partir de datos cuantitativos, un debate que permanece abierto. Los pesimistas señalan que, por primera vez, incluso los trabajos no manuales corren peligro: la situación habría cambiado cualitativamente, pues ahora las máquinas no se limitan a sustituir los brazos de los hombres, sino también parte de las funciones de su cerebro. Y, en efecto, todos hemos tenido la impresión, en nuestra experiencia cotidiana, de que la globalización y los cambios tecnológicos destruyen empleos también entre los trabajadores cualificados, que hasta ahora habían sido poco golpeados por las crisis. Frente a esto los optimistas pueden, con razón, recordarnos que lo que percibimos mucho menos son los nuevos empleos y empresas que se crean. Hay muchos empleos que antes no existían: diseñadores gráficos, programadores informáticos, administradores de bases de datos, proveedores de servicios de Internet y de tarjetas de crédito, técnicos de software y de telecomunicaciones, etc. El problema es que el ahorro en mano de obra derivado del progreso técnico no ha sido suficientemente compensado por el progreso en la educación y por la adaptación de las cualificaciones a las nuevas exigencias del mercado.

En cualquier caso, lo que resulta claro es que el impacto del desarrollo tecnológico sobre el empleo depende de múltiples factores, como las características intrínsecas de la tecnología en cuestión, su acogida por parte del público, la flexibilidad de los mercados, la adaptabilidad institucional, la organización de las empresas, las políticas de educación y formación, etc. No parece que pueda culparse únicamente a la tecnología de los males relacionados con el desempleo en Europa en los últimos años, en un contexto marcado por las dos crisis del petróleo, los cambios en las condiciones comerciales, los elevados impuestos sobre el trabajo, el creciente desajuste entre las pautas de la oferta y la demanda de trabajo, los elevados tipos de interés, etc. Sobre todo si se comparan sus tasas de desempleo con las de Japón y Estados Unidos, países a los que no se puede acusar de no encontrarse en la primera línea de innovación tecnológica.

En la actualidad existen diversas tecnologías (tecnologías de la información y de las comunicaciones, biotecnología, nuevos materiales, energías renovables, tecnologías del entorno) con grandes potencialidades de desarrollo. Pero son las tecnologías de la información y de las comunicaciones las que mayor impacto social están causando, pues tienen la importante particularidad de que trascienden la línea habitual de separación entre las industrias manufactureras y los servicios y presentan, por consiguiente, un carácter universal. La difusión de estas nuevas tecnologías en todos los niveles sociales y económicos está transformando gradualmente nuestra sociedad, hasta el punto de que su desarrollo está generando, en opinión de muchos expertos, una nueva revolución que provocará cambios profundos en las formas de trabajar y de vivir. No se trata solo de un nuevo paradigma tecnológico o de una nueva forma de organizar la producción, el trabajo, el consumo y el ocio... sino de un desafío cultural y social.

Se ha utilizado muchos nombres para denominar a la nueva sociedad resultante de la fusión de la informática y las telecomunicaciones, base del desarrollo tecnológico de la década de los noventa: sociedad postindustrial, sociedad tecnotrónica, sociedad interconectada, sociedad de la información, aldea global, sociedad digital, sociedad cibernética.... Sin embargo, sea cual sea el nombre dado, siempre encontraremos dos factores comunes y primordiales: la información como elemento aglutinador y la innovación tecnológica como instrumento para aproximarse a ella.

La sociedad de la información se caracteriza por la terciarización, la automatización, la globalización, la importancia de la información como materia prima, la interactividad y la complejidad. Entre estas características conviene destacar, por su importancia, la terciarización: no sólo es cada vez mayor el número de personas ocupadas en el sector servicios en detrimento de la industria, y agricultura, sino que dentro del sector terciario cada vez es mayor el número de personas empleadas en tareas relacionadas con la producción, manejo y transmisión de la información. Y hay que tener en cuenta que las actividades ligadas a la información no son tan dependientes del transporte y de la existencia de concentraciones urbanas como las actividades industriales, lo que permite un reacondicionamiento espacial caracterizado por la descentralización y la dispersión de poblaciones y servicios.

La globalización es otra característica de la nueva sociedad de la información importante en términos de su repercusión sobre el empleo. La globalización, en efecto, desplaza la producción que requiere poca formación a países en vías de desarrollo, donde el trabajo cuesta menos, pero afecta bastante poco, al menos hasta el momento, a los empleos en el sector servicios, y hay que tener en cuenta que, en la Unión Europea, los servicios son la principal fuente de empleo. Incluso en términos de producción industrial, habría que relativizar la incidencia real de la globalización: en Europa, las importaciones de países no europeos representan solo el 10% del total, mientras que el resto proviene del comercio intraeuropeo. El efecto final de la globalización sobre el empleo es, pues, muy bajo, e incluso positivo: entre 1972 y 1985, Francia perdió 239.000 empleos debido a las importaciones de países en vías de desarrollo, pero ganó 376.000 empleos debido a las exportaciones a estos mismos países.

Lo que sí es evidente es que la globalización y el progreso tecnológico han cambiado el tipo de trabajador necesario, y que la formación, la especialización y la experiencia son rasgos cada vez más valorados en el mercado laboral. Se crean puestos de trabajo al tiempo que se destruyen, pero las cualificaciones y el perfil necesario para acceder a los nuevos puestos no es el mismo que tienen los trabajadores de los puestos de trabajo destruidos.

Por todo ello, las posiciones respecto a los efectos presumibles de las tecnologías de la información y de las comunicaciones sobre el empleo van de la euforia optimista al escepticismo total. Desde quienes ven en ellas la panacea capaz de solucionar el problema del desempleo hasta quienes señalan que su rápida introducción, especialmente en los últimos años en los que tan rápidamente han caído los costes de la informática, no dará tiempo a las economías para adaptarse, y que, al estar ya "refugiados" en el sector servicios los trabajadores que fueron desplazados del sector industrial en décadas anteriores, no va a haber sectores que amortigüen el impacto sobre el empleo de la nueva revolución tecnológica.

Las posiciones oficiales se decantan por un optimismo moderado. Cuando la Casa Blanca lanzó, en 1993, la idea de las autopistas de la información, lo hizo para dar un impulso generador de crecimiento económico y, por tanto, de empleo. Pero existe el riesgo de que las autopistas de la información vuelvan a agrandar las diferencias entre los países industrializados (en este caso, informatizados y "asfaltados" con autopistas de la información) y los no industrializado (no "asfaltados"). De ahí que, en Europa, el libro blanco de Delors y el informe Bangemann hayan apostado por la modernización de las redes de telecomunicación, por la implantación de las autopistas de la información y por el fomento de los servicios telemáticos, en el convencimiento de que los primeros países en integrarse en la sociedad de la información recogerán los mayores beneficios, pues serán los que establezcan las prioridades que los demás deberán seguir.

Para situar la cuestión en sus justos términos, hay que tener en cuenta que esa nueva realidad que nos prometen los profetas del cambio es aún, por utilizar un término de moda, una "realidad virtual", que se ha consagrado como acontecimiento social antes de dejar de ser algo más que una realidad posible, basada en una tecnología que aún se encuentra en desarrollo, cuyas aplicaciones son todavía, en muchos casos, precarias y costosas, y cuyos efectos se han dejado sentir, apenas, en un porcentaje mínimo de la población. No obstante, es innegable el despegue que han experimentado las aplicaciones telemáticas en los últimos años y su gran importancia futura. Las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones están conformando las bases para nuevas industrias, en particular las multimedia, que probablemente van a generar un gran valor añadido en sectores muy especializados, y que pueden ser una fuente importante de creación de empleo, a la vez que están contribuyendo a incrementar la competitividad de industrias de gran tradición. En la actualidad, sin embargo, las posibilidades de las tecnologías de la información y las comunicaciones están infraexplotadas, y la industria multimedia no ha llegado a convertirse en un verdadero "motor" de crecimiento económico, aunque empieza a estar cada vez más claro que la salud de las economías, el vigor del crecimiento basado en la productividad, la resistencia a la recesión y el bienestar de las sociedades son indisociables de las tecnologías de la información, artífices de la nueva conexión entre competencia e innovación que está permitiendo un ritmo sostenido de crecimiento de la economía.

Como señala el Consejo de Europa en su Informe sobre las nuevas tecnologías y el empleo, sean cuales sean los efectos cuantitativos sobre el empleo, a corto y medio plazo, las tecnologías de la información y las comunicaciones deben ser evaluadas también teniendo en cuenta su impacto cualitativo en la configuración del trabajo futuro. Pues al igual que pueden ser el germen de un mercado de empleos atractivos e interesantes para numerosas personas, incluyendo a grupos actualmente marginados del mercado laboral como las personas con discapacidad, también pueden crear fronteras para aquéllos que no se adapten a la transformación del trabajo en un mundo real al trabajo en un mundo virtual. Una capacidad de adaptación que no deriva solo del nivel de capacitación profesional, sino también de la naturaleza de las tareas para las que el trabajador esté preparado: la antinomia calificado/no calificado se está reformulando, y ahora importa más la distinción entre las tareas repetitivas que pueden ser sustituidas por la acción de un ordenador o robot y las actividades creativas e irreductibles, que, dicho sea de paso, muchas veces se realizan con la ayuda de un ordenador y de las tecnologías de la información.

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La acción de los poderes públicos en lo que concierne a la relación entre las nuevas tecnologías y el empleo es difícil, pues no existe una respuesta simple, y la estrategia ha de ser multidimensional. El ya citado informe sobre las nuevas tecnologías y el empleo, aprobado por la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa en diciembre de 1996, propone las siguientes medidas que deben ser adoptadas por los poderes públicos para lograr una transición no traumática hacia la sociedad de la información:

• Mejorar el acceso de toda la comunidad a los conocimientos y su difusión, y reforzar los lazos entre la industria, las universidades y los organismos de investigación.
• Reforzar la enseñanza y la formación científica y técnica, para preparar a los ciudadanos para el progreso tecnológico y facilitar su adaptación profesional futura.
• Poner a punto herramientas y mecanismos para evaluar los efectos de las nuevas tecnologías y evitar desajustes entre la evolución tecnológica y social.
• Comprometer un diálogo a nivel europeo para comparar las experiencias y establecer un inventario de buenas prácticas de gestión y adaptación estructural.
• Poner en práctica medidas que favorezcan la adopción de mejores métodos de organización y dotar las infraestructuras necesarias para optimizar la aplicación de las nuevas tecnologías y de sus efectos multiplicadores sobre la competitividad de las empresas y la creación de empleo.
• Ayudar el potencial de innovación y creación de empleo de las pequeñas y medianas empresas, facilitándoles el acceso a redes internacionales de innovación, sobre todo en las empresas cuya tecnología tenga un fuerte potencial de expansión.
• Utilizar las posibilidades de relocalización del trabajo que ofrecen las tecnologías de la información y las comunicaciones en sus políticas de creación de empleo en zonas desfavorecidas.
• Animar a los poderes regionales y locales para que desempeñen un papel constructivo en la implementación de las autopistas de la información, que habrán de convertirse en un elemento de ordenación del territorio y de la política social y económica.
• Crear un marco adecuado para un diálogo social adaptado a las nuevas formas de trabajo características de la sociedad de la información.

A mediados de 1997, La Comisión Europea presentó una Comunicación en la que, al tiempo que resume los progresos realizados para integrar la dimensión social en el desarrollo de las políticas relativas a la sociedad de la información, expone los retos que habrán de superarse para conciliar los objetivos sociales, económicos y tecnológicos. La Comisión es consciente de que la forma en que se manejen los factores que influyen en el acceso a las herramientas de la sociedad de la información (disponibilidad, continuidad, precio, accesibilidad y conocimiento) podrá inclinar la balanza hacia una sociedad de la inclusión o de la exclusión, y de que las políticas públicas pueden marcar la diferencia, propone que los Estados miembros hagan de este acceso un objetivo principal de sus estrategias nacionales en el ámbito de la información. La Comunicación dedica uno de sus apartados a la utilización de las tecnologías de la información y de las comunicaciones en servicio de las personas con discapacidad, en el que fija el objetivo de promover el acceso y la inclusión completa de las personas con discapacidad en la sociedad de la información, para lo cual la Comisión adoptará una iniciativa dirigida a promover una mayor colaboración entre las industrias, los organismos de investigación y los representantes de los usuarios para establecer especificaciones técnicas adaptadas a las personas con discapacidad, transformar los resultados de la investigación y del desarrollo en productos asequibles y proporcionar asistencia y formación para impulsar su utilización.

El teletrabajo es, precisamente, una de las formas de trabajo más características de esta sociedad de la información. Se basa en la utilización de las tecnologías de la información y las comunicaciones para llevar el trabajo hasta el trabajador y no al revés, por lo que, como muchos autores auguran, su desarrollo supondrá el principio del fin de las formas rígidas, concentradas y de grandes dimensiones características de la era industrial. Es, además, una forma de trabajo que puede ofrecer grandes oportunidades a las personas con discapacidad, al cortocircuitar algunas de las dificultades (problemas de accesibilidad y transporte, dependencia de horarios rígidos, etc.) que condicionan su inserción laboral. Por eso le dedicaremos una especial atención en este artículo.

Se entiende por teletrabajo una forma flexible de organización del trabajo en la que éste se realiza, con la ayuda de las tecnologías de la información y las comunicaciones, en un lugar distinto y alejado del que ocupa la organización o la persona para la que se realiza el trabajo. El teletrabajo abarca, por tanto, las actividades laborales por cuenta ajena realizadas total y parcialmente fuera de las empresas, el trabajo en casa o desde centros específicos y el trabajo móvil o nómada de aquellos trabajadores cuya actividad requiere desplazamientos permanentes, siempre que se trate de un trabajo soportado por las tecnologías de la información y las comunicaciones. Aunque algunos autores han propuesto una definición más restringida, que entiende como teletrabajo únicamente el realizado por cuenta ajena, la tendencia actual es incluir dentro del concepto de teletrabajo también las actividades por cuenta propia realizadas para clientes distantes utilizando las telecomunicaciones. Se puede teletrabajar mediante contrato por obra o proyecto, a tiempo parcial o completo, en nómina, como colaborador o en forma independiente, estos es, con las mismas modalidades de contratación que en el trabajo tradicional.

El término comenzó a usarse en los Estados Unidos al inicio de la década de los 70, coincidiendo con la preocupación por la crisis de la energía y con la llamada de atención contra el despilfarro de los recursos escasos y la degradación del medio ambiente que supusieron estudios como el Informe sobre los límites del crecimiento, publicado por el Club de Roma. Sin embargo, a pesar del auge que se le pronosticó, y de que se dieron las condiciones para una rápida extensión (evolución de los equipos y aplicaciones informáticas y nacimiento y expansión de la telemática), el teletrabajo sufrió un estancamiento de dos décadas, por causas muy variadas: resistencia de las empresas y sindicatos, fundamentalmente por inercia; remisión de la crisis energética; miedo a realizar cambios en plena crisis económica, altas tarifas de las telecomunicaciones... No obstante, la conciencia de las posibilidades del teletrabajo sí que se ha extendido, y, desde comienzos de la presente década, se ha iniciado un cambio, acelerado a partir de 1993, debido a la conjunción de múltiples factores:

• La disponibilidad y el abaratamiento de los sistemas de información y comunicación.
• La creciente alfabetización de la población en el manejo de equipos y sistemas, que, por otra parte, son cada vez más amigables e intuitivos, y el fenómeno Internet.
• La flexibilización de las legislaciones laborales, aunque subsiste la carencia de una legislación específica sobre teletrabajo no solo en el plano laboral, sino también en el fiscal.
• Los problemas de tráfico, energía y contaminación, unidos a las nuevas actitudes ante el consumo de energías no renovables y ante la contaminación.
• Las nuevas actitudes ante la vida: valoración del tiempo libre y de la posibilidad de vivir más en contacto con la naturaleza.
• Los cambios en la cultura empresarial y en los modos de gestión, que facilitan la constitución de equipos interfuncionales, orientados a la realización de tareas y procesos.

El teletrabajo es una realidad que ya está presente en nuestra sociedad, y tiene un gran potencial de crecimiento, pues se trata de una forma de organización del trabajo capaz de adaptarse a las actividades de una proporción creciente de la población: en concreto, puede aplicarse para realizar las actividades terciarias de todas las empresas, independientemente de su sector de actividad.

El potencial de crecimiento del teletrabajo deriva, en primer lugar, del entorno competitivo, que obligarán a las empresas a introducir políticas de trabajo flexibles y a reducir los costes generales, pero también del interés de los operadores de telecomunicaciones, que para aumentar su volumen de negocio en un sector cada vez más competitivo, desempeñarán un papel activo en la introducción del teletrabajo y en el desarrollo de servicios que colaboren en este proceso. A esto hay que añadir el hecho de que las tecnologías de la información y las comunicaciones se están haciendo cada vez más transportables, económicas y fáciles de utilizar. Hay que tener en cuenta, por último, que la apuesta inequívoca de la Unión Europea en favor de la modernización de las redes de telecomunicación y el apoyo político e institucional a inversiones y programas concretos de teletrabajo contribuirán a un progresivo desarrollo de esta nueva manera de trabajar.

A pesar de todo, el crecimiento del teletrabajo será un proceso gradual, más "evolucionario" que "revolucionario". Las empresas están siendo prudentes en la implantación del teletrabajo, que exige de ellas, para tener éxito, la renovación y el cambio, y puede actuar, a su vez, como desencadenante de su evolución hacia estructuras organizativas más modernas.

Junto a los ahorros reales en términos de gastos generales (edificios, alquileres, mantenimiento, mobiliario), la adopción del teletrabajo implica un replanteamiento general de la empresa, el paso desde un modelo de organización centralizada, piramidal y jerárquica, basado en la división funcional del trabajo, a otro más plano, dinámico y descentralizado, en el que la filosofía de trabajo se centra más en tareas y procesos que en funciones, lo que en muchos casos supone un importante obstáculo para su introducción. Para implantar con éxito un programa de teletrabajo en la empresa, es necesario que se cumplan los siguientes requisitos: un uso intensivo de las tecnologías de la información y las comunicaciones para la producción de valor añadido, un sistema de control de gestión altamente formalizado, la existencia de sistemas de trabajo basados en la dirección por objetivos o en el trabajo por proyectos y la disponibilidad de recursos humanos capacitados.

El trabajador, por su parte, necesita también adaptarse a una realidad diferente, en la que no dispone de la manta protectora que le proporcionaban las rutinas de actuación de la oficina o el taller, por lo que cobran gran importancia cualidades como la responsabilidad, la capacidad de organizar el tiempo y la tolerancia a la soledad. Los teletrabajadores autónomos necesitan además espíritu empresarial, y eso es algo que no se improvisa fácilmente.

Cuando se organiza adecuadamente, el teletrabajo puede permitir racionalizar el consumo de recursos individuales y sociales, fundamentalmente tiempo y energía, reducir los costes empresariales (locales, infraestructuras, energía, etc.) e incrementar la productividad de las empresas, y, paralelamente, puede suponer también ganancias en la calidad de vida, ingreso, autonomía y bienestar de los trabajadores, además de ensanchar las oportunidades de empleo de personas que, por enfermedad, discapacidad u ocupaciones domésticas, no pueden desplazarse hasta los lugares habituales de trabajo.

Entre las ventajas evidentes que el teletrabajo ofrece al trabajador suelen citarse la mayor flexibilidad de horario, la mayor autonomía en la organización del propio trabajo, el ahorro de tiempo y dinero en los desplazamientos, la posibilidad de pasar más tiempo con la familia y la oportunidad de trabajar de forma autónoma con una inversión pequeña, en comparación con otros tipos de actividades empresariales. Entre los inconvenientes, el aislamiento social, el temor al fracaso o sobre la calidad del trabajo, la adicción al trabajo, el stress, la inseguridad respecto a su estatus social, y el peligro de que, como ocurrió con el tradicional trabajo a domicilio, la fórmula se convierta en una bolsa de subempleo, marginalidad y economía sumergida. En el caso de los teletrabajadores que trabajan en su domicilio, la difícil separación entre trabajo y vida privada o familiar puede producir conflictos, especialmente cuando los espacios disponibles en el domicilio familiar son reducidos y no existe la posibilidad de crear espacios diferenciados para el teletrabajo. Como señala la Asociación Española de Empleo, Autoempleo y Teletrabajo, para trabajar desde casa, es necesario tener resueltos al menos dos problemas: uno de carácter logístico y otro de carácter organizativo. El problema logístico consiste en disponer de un mínimo de metros cuadrados para dedicar a la "oficina de teletrabajo" (el 80 por cien de los teletrabajadores europeos no tienen una habitación dedicada exclusivamente a su actividad profesional). El organizativo, en dejar bien claro que el hogar deja de ser el hogar para convertirse en el "hogar-oficina", lo que obliga a renegociar la distribución de las tareas domésticas y el tiempo que se dedica al trabajo y al resto de las actividades hogareñas.

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Teletrabajo y discapacidad

El teletrabajo ha abierto importantes expectativas de ocupación para sectores sociales con especiales dificultades de inserción laboral, como es el caso de las personas con restricciones graves de movilidad, al permitir obviar los inconvenientes derivados de la necesidad de trasladarse al lugar habitual de trabajo. En tanto que puede realizarse también en forma colectiva, en un lugar especialmente equipado (centro de teletrabajo), ha abierto también nuevas vías para la organización de cooperativas y empresas de economía social para trabajadores con discapacidades.

Como es obvio, las personas con discapacidad pueden experimentar también, como el resto de los ciudadanos, los inconvenientes que pueden derivarse de una mala organización del teletrabajo. En concreto, se ha argumentado desde diversos frentes que el teletrabajo podría contribuir a incrementar el aislamiento de las personas con discapacidad. Pero esa parece ser una creencia errónea, pues, por una parte, el teletrabajo no implica necesariamente el trabajo desde el hogar, y, por otra, como señala un discapacitado que es a la vez teletrabajador el mero hecho de poder realizar tareas laborales puede suponer un importante incremento de calidad de vida para aquéllas personas que no pueden moverse de su casa, y en el caso de personas que sí pueden hacerlo el hecho de trabajar en casa no implica necesariamente que haya ausencia de contacto personal. La opción por el teletrabajo no tiene, pues, por qué implicar un mayor aislamiento de las personas discapacitadas, ya que el teletrabajo se podrá ver siempre compensado y complementado con reuniones y contactos de tipo personal. Por otra parte, permite a las personas con discapacidad trabajar en un entorno menos hostil y más adaptado a las necesidades de cada uno.

Pero las oportunidades que el teletrabajo puede ofrecer a las personas con discapacidad no surgen de forma espontánea, y es necesario abordar una acción decidida para desarrollar esquemas que faciliten su prospección y aprovechamiento. Esos esquemas han de contemplar, en primer lugar, la formación, pues también en el caso de las personas con discapacidad la educación y la formación son la clave para lograr, gracias al progreso técnico, nuevas oportunidades de empleo y explotarlas adecuadamente. El aspecto crucial es determinar cuál es el tipo de formación más adecuado a los cambios que la sociedad de la información está introduciendo y va a introducir en el futuro. Los esquemas tradicionales de aprendizaje, dirigidos a la adquisición de habilidades concretas de naturaleza mecánica y repetitiva, como las que demandaba la sociedad industrial, han de ser sustituidos por esquemas que potencien la adquisición de aptitudes orientadas a la sociedad cognitiva .

En segundo lugar, la acción para aprovechar las oportunidades que brinda el progreso técnico en favor del empleo de las personas con discapacidad ha de incidir sobre las actitudes de los interlocutores sociales, y muy especialmente en los empresarios, que no siempre son conscientes de la tecnología disponible ni de las potencialidades que encierra cuando se utiliza en provecho de los trabajadores con discapacidad.

En tercer lugar, esa acción ha de dirigirse a superar algunos obstáculos (dificultades económicas, falta de atención a las necesidades específicas de las personas con discapacidad en el diseño tecnológico, etc.) que pueden comprometer el adecuado acceso de las personas con discapacidad a las tecnologías de la información y las comunicaciones, evitando que los avances en la sociedad de la información se conviertan en nuevos factores de exclusión para el colectivo. Hay que tener en cuenta que la evolución de las autopistas de la información en Europa puede ser muy irregular, y algunos de los niveles de acceso que son importantes para las personas con discapacidad probablemente no estarán disponibles durante bastante tiempo. En la actualidad, el nivel de acceso básico del que disponen la mayoría de los europeos es la red telefónica conmutada (RTC), insuficiente para aplicaciones que requieran altas velocidades de transmisión de datos y acceso a información multimedia. Los niveles de acceso futuro dependerán de si el desarrollo de la infraestructura se deja en manos del mercado (en cuyo caso el énfasis recaerá en los servicios de entretenimiento y comerciales) o si se incorpora a las políticas públicas, lo que facilitará el desarrollo de aplicaciones como la teleasistencia, la teleformación y el teletrabajo, y asegurará la aplicación efectiva del principio de servicio universal en las telecomunicaciones.

La hipótesis más probable es que las superautopistas de la información se configuren como un conjunto heterogéneo de redes y servicios, con distintas formas de interconexión, pero con restricciones de acceso a los servicios más avanzados en ciertas regiones o para determinados usuarios, por falta de infraestructura o por sus elevados precios. La aceleración del ritmo de liberalización y desregulación del sector de las telecomunicaciones recomendada en el informe Bangemann ha configurado un entorno de mayor competencia entre los operadores, que tenderán a concentrarse en lo que se consideran los sectores más lucrativos del mercado: entretenimiento, clientes comerciales y grandes aglomeraciones urbanas, lo que podría comprometer el principio de prestación universal de servicios, con el consiguiente riesgo de marginación de determinados sectores de la población.

Políticamente, es importante reconocer la necesidad de adaptar la sociedad de la información a las necesidades de los ciudadanos y no esperar que éstos se adapten a ella. Si no se toman ciertas precauciones en lo concerniente a las necesidades y preferencias de todos los usuarios potenciales, el desarrollo tecnológico, que tantas posibilidades y oportunidades ofrece para mejorar la integración social y la calidad de vida de las personas con discapacidad, puede provocar también problemas adicionales para ellas. Valgan como botón de muestra estos tres ejemplos:

• Las tarifas telefónicas son, en muchos países, demasiado elevadas para las personas con discapacidad, que generalmente no pertenecen a los estratos de elevado ingreso (En otros países sí existen tarifas especiales para las personas con discapacidad).
• Los modernos equipos multimedia incorporan una combinación de teclados, dispositivos de señalización, mensajes sonoros e interfaces gráficos complejos, difíciles de utilizar por personas con deficiencia motora, dificultades para fijar la vista, discapacidad auditiva o visual o deficiencia mental.
• La mayoría de los proveedores de servicios de Internet, en la actualidad, ya no ofrecen conexión a los ordenadores que utilizan el sistema operativo MSDOS, que es el estándar de facto para discapacitados visuales.

Detengámonos un poco en los problemas de accesibilidad que los distintos tipos de usuarios con discapacidad pueden tener para utilizar el servicio más popular de Internet: la World Wide Web (abreviado "La Web", o telaraña mundial). El principio básico para la solución de estos problemas es la redundancia en la representación de información, permitiendo al usuario elegir su dispositivo y modalidad de salida preferido. Así, el incluir, en las páginas web, una descripción textual junto a cada imagen, se facilita el acceso de las personas con dificultades visuales, pues las descripciones textuales pueden ser fácilmente convertidas a Braille o a voz, mientras que la conversión de las imágenes es mucho más difícil. Pero la tendencia imperante en la presentación multimedia de la información parece ser más incrementar la cantidad de información mediante la utilización de las distintas modalidades que aumentar la redundancia de la información transferida.

Con todo, algunas iniciativas recientes permiten abrigar esperanzas de un cambio en esa tendencia. El 22 de octubre de 1997 se anunció en Washington la creación de la Oficina del Programa Internacional para la Iniciativa de Accesibilidad en la Web (International Program Office for Web Accesibility Initiative, IPO/WAI), patrocinada por un paternariado en el que participan el gobierno, la industria, los centros de investigación y las organizaciones de personas con discapacidad, que se responsabilizará del desarrollo de protocolos de software, de la elaboración de directrices para el uso de tecnologías, del asesoramiento a la industria telemática y del impulso de programas de investigación y desarrollo centrados en el objetivo de asegurar que la Web pueda tan accesible para diferentes combinaciones de capacidades sensoriales y físicas como lo es para diversas plataformas de hardware y software, medios, culturas y países. En esa misma línea, el pasado 16 de abril se han presentado públicamente, en Madrid, las normas técnicas experimentales AENOR sobre requisitos de accesibilidad de las plataformas informáticas, en las que se especifican los requisitos que debe seguir tanto el soporte físico (hardware) como el soporte lógico (software) informático para permitir un acceso normalizado a las personas con discapacidad. La norma dedicada al soporte lógico dedica un apartado al acceso hipermedia a las autopistas de la información, en el que recoge los requisitos que deben cumplir los navagadores de Internet y las páginas publicadas en los servidores web.

El mercado comercial puede no ser suficientemente tentador como para que la industria quiera correr todos los riesgos en solitario. Estos riesgos tienen que compartirse con quienes tienen más que ganar: la comunidad misma y sus instituciones. De ahí que tanto los poderes públicos como las organizaciones no gubernamentales tengan una responsabilidad indeclinable en la adopción de iniciativas que contribuyan al efectivo aprovechamiento de las oportunidades que, en todos los órdenes de la vida, ofrecen las tecnologías de la información y las comunicaciones a las personas con discapacidad.

Como recomienda el estudio MART, financiado por la iniciativa comunitaria TIDE, las organizaciones de las personas con discapacidad han de presionar en varias direcciones: ante los actores políticos, para lograr la disponibilidad de redes y servicios, la incorporación de criterios de accesibilidad y diseño para todos en las regulaciones, y la adecuación de los costos de la tecnología; ante la industria y los operadores, para lograr la disponibilidad, la flexibilidad de precios y la accesibilidad de los equipos y servicios; y ante los proveedores de información, para que tengan en cuenta criterios de accesibilidad en sus diseños y servicios. Pero no se trata solo de presionar. También es necesario que las organizaciones de las personas con discapacidad participen en el esfuerzo cooperando con los proveedores en el desarrollo y suministro de servicios útiles para las personas con discapacidad, y constituyéndose ellas mismas en proveedores de servicios de apoyo social, organizando redes de apoyo social, abordando por sí mismas, en función de sus posibilidades, iniciativas dirigidas a la generación de contenidos, la difusión de información y la gestión de servicios basados en las nuevas tecnologías de la información y de las comunicaciones, que contribuyan a facilitar al sector de la discapacidad el acceso y la utilización de los recursos que brinda el progreso tecnológico.

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