Una vuelta más en la noria de la
tramposa descentralización justicialista

Por Luis Bruni (*)

LA PLATA, 18 JUN (Especial de AIBA). La Ley de creación de las Policías Comunales de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires es otro de los increíbles sin sentidos a los que nos tienen acostumbrados el Gobernador provincial y sus legisladores refrendatarios de su voluntad.

Es un parche puesto en un gigante vacío –el de las políticas de seguridad— que no pretende ser más que un gesto para zafar del momento, pero que trae escondidas innumerables consecuencias dañosas para las finanzas de los Municipios y para la seguridad de los habitantes de los mismos.

El texto aprobado por ambas Cámaras con la oposición de los bloques de la UCR establece que las Policías Comunales se integrarán con "Personal de las Policías Departamentales y por las que la Autoridad de Aplicación resuelva asignar a esos fines", es decir, estarán ingradas por los mismos hombres de la sospechada y poco confiable policía actual.

Por otra parte, en el intento de dotar a las Policías Comunales de una alta eficacia y ejecutividad, se la pone bajo las órdenes del Jefe local de la fuerza, del Intendente Municipal, del Jefe de la Departamental a la que corresponda, de los Foros Municipales de Seguridad y de la Comisión Bicameral de Seguridad creada por Ley 12068.

¿Puede alguien creer honestamente que una fuerza de prevención y represión del delito puede ser eficaz y diligente en su cometido si es dirigida y supervisada por cinco distintas conducciones? Esta multiplicidad de jefaturas y supervisiones no pueden sino atentar contra la asignación de responsabilidades y contra la necesaria unidad de criterio de mando que requiere la fuerza, lo que redundará negativamente en las políticas de seguridad para el interior bonaerense.

Sin embargo, no terminan allí los graves perjuicios que esta Ley traerá para nuestras comunidades y para nuestros Municipios que son puestos como responsables últimos de los daños y perjuicios que pudieran ocasionar el accionar de las Policías Comunales, no sólo en los casos de excesos o mal desempeño de sus agentes, sino también de los daños que pudieran devenir del uso de los rodados de la fuerza o del normal accionar de la misma.

Tampoco queda claro qué pasará cuando, por insuficiencia en las partidas establecidas en el Presupuesto Provincial, no se pueda financiar razonablemente las Policías Comunales o cuando un Intendente con el aval de su Concejo Deliberante quiera salir del sistema.

Nuestra posición filosófica es muy clara y conocida, y por lo tanto, previsible: Nos pronunciamos con contundencia a favor de establecer y fortalecer las autonomías Municipales plenas, pero no aceptamos este nuevo giro en la noria de la tramposa descentralización a la que nos tiene acostumbrados el Justicialismo y señalamos que esta Ley está impulsada por el mismo espíritu que prevaleció en la década del ’90 en nuestro país y en nuestra Provincia, sacándose de encima las funciones y responsabilidades y tirándoselas a las provincias y a los Municipios respectivamente.

También nos pronunciamos por la fijación de políticas de estado en materia de seguridad en el marco del Consejo de Seguridad Provincial, ámbito que es necesario que se ponga en marcha perentoriamente y que ha sido ignorado por la conducción provincial. (AIBA)

(*) Diputado provincial por la Unión Cívica Radical