QUIENES SON LOS RESPONSABLES DEL
P.H.N. con nombres, apellidos y fotos.
Interviú n.º 1299, 19-25 de marzo de 2001
Dos juzgados investigan a los 'padres' del Plan Hidrológico Nacional
La conjura de los pantanos
Dos juzgados
investigan una confluencia de intereses de un grupo de altos cargos y funcionarios que,
encabezados por el secretario de estado Benigno Blanco, diseñaron el Plan Hidrológico.
Varias obras que forman el espinazo de este proyecto están bajo sospecha de haber sido
adjudicadas favoreciendo a determinadas empresas, pasando para ello por encima incluso de
la seguridad de la población.
Texto: Joaquín Vidal
A la sombra de Isabel Tocino cuando era ministra de Medio
Ambiente, y con el liderazgo de Benigno Blanco, secretario de Estado de Aguas y Costas, un
grupo de altos cargos, ingenieros de Caminos y funcionarios, diseñaron un proyecto que ya
se conoce como Plan Hidrológico Nacional (PHN). Hoy, la mayoría de ellos están siendo
investigados por dos juzgados de Madrid por posibles prevaricaciones y otros delitos
relacionados precisamente con los primeros pasos del PHN, las adjudicaciones de tres
grandes embalses aragoneses, Yesa, Biscarrués y Santaliestra. Además, sobre Blanco recae
la sospecha de haber favorecido a la empresa a la que perteneció, Iberdrola, con un
negocio de unos 35.000 millones de pesetas en la cuenca del Júcar, a cuenta del erario.
En el juzgado 19 de Madrid Carlos Escartín, ex director general
de Obras Hidráulicas, ha reconocido haber convocado y participado en la adjudicación de
las obras para el recrecimiento de Yesa a una UTE (Unión Temporal de Empresas) que lidera
ACS, firma en la que ingresó poco después de la concesión. Según fuentes de la
investigación de este caso, además de la pasmosa coincidencia en fechas entre
adjudicación y fichaje, Hacienda advirtió de que Escartín no tenía competencias para
convocar ese tipo de concursos y habría ocultado para ello un proyecto inicial para esa
obra de 19.000 millones. Las irregularidades con este inmenso pantano de 1.500
hectómetros cúbicos (el Gobierno pretende trasvasar del Ebro 1.080 hectómetros)
llegarían a Dolores Carrillo, directora general de Evaluación Ambiental, y al secretario
general del Ministerio de Medio Ambiente, Carlos Vázquez Cobos.
También la fiscalía está investigando a Tomás Sancho Marco,
ex presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), por la adjudicación de
un contrato –el estudio del suministro de agua desde la presa a Zaragoza– a BS
Ingeniería, una consultora que él mismo había fundado junto a un socio y sus esposas, y
a la que seguiría ligado en calidad de apoderado en el momento del encargo. Fuentes de la
acusación señalan a interviú varias coincidencias entre los protagonistas de esta
adjudicación y otros procesos por irregularidades en el ministerio, tanto en sus
orígenes como en su pasado y futuro profesional. Benigno Blanco se rodeó de varios
empleados de Iberdrola –como Guillermo Heras, jefe de gabinete de Blanco, antes
responsable de generación hidroeléctrica de la compañía– y de ingenieros
procedente básicamente de la CHE, la llave del futuro PHN; entre ellos, Escartín,
Vizcaíno y, sobre todo, Tomás Sancho. Algunos, una vez dejó el cargo Isabel Tocino, han
sido acogidos por Francisco Álvarez Cascos –también ingeniero de Caminos– en
el Ministerio de Fomento. Tal es el caso del propio Blanco y de Vizcaíno. Sancho fichó
por una consultora, Eptisa, beneficiada en la adjudicación de la autopista de peaje a
Segovia, que ahora mismo investigan dos fiscalías españolas y la Comisión Europea.
El trasvase de Iberdrola
Tras ser nombrado secretario de Estado, Benigno Blanco no
tuvo la precaución –como ya informó interviú en 1998– de cesar como apoderado
de varias sociedades de Iberdrola, la eléctrica con mayores intereses en los ríos
españoles. Sí había cesado como secretario del consejo de Iberinco (Iberdrola
Ingeniería y Consultoría). Esta misma empresa recibió el encargo de hacer un estudio,
por 90 millones de pesetas, para el trasvase de aguas del río Júcar al Vinalopó, que
costará casi 35.000 millones de pesetas. La ley de incompatibilidades exige dos años de
inhibición a los altos cargos para tratar temas relacionados con su antigua empresa.
Carlos Arribas, portavoz de Ecologistas en Acción en Valencia, denuncia que es ésta una
obra “a la medida de Iberdrola”. Este trasvase tenía dos recorridos
alternativos, uno de ellos de gran impacto ecológico. Un decreto ley de junio de 1998 lo
convertía en una obra de “interés general” y establecía como trazado el que
partía de la presa de Tous y recorría menos kilómetros, con un impacto aceptable. Pero
el trasvase Júcar-Vinalopó se aprobó más tarde en otro decreto que elegía la opción
más larga (21 kilómetros más), que cercena la sierra de Caroche. “La única
explicación a esta decisión tan extraña es Blanco”, asegura Arribas.
La llave del Plan
Hidrológico
El PHN quiere transportar los
supuestos excedentes del Ebro al sudeste español, la cuna de los grandes regadíos. Pero
el Ebro es un río ya fuertemente explotado y jalonado por decenas de embalses. Por eso
los padres del plan necesitan regular los únicos afluentes que aún bajan un poco
vírgenes de la mano del hombre.
En estos nuevos embalses se acumulará el excedente de 1.080 hectómetros cúbicos que se
quiere mandar España abajo. Por eso Santaliestra, Yesa y Biscarrués son la llave del
PHN, y la Confederación Hidrográfica del Ebro es su brazo ejecutor. De ahí que Tomás
Sancho recibiera el espaldarazo de Tocino cuando se supo que había sospechas de
corrupción. Por cierto, sospechas de las que no se libró ninguno de sus antecesores, uno
de los más destacados, Antonio Aragón, encarcelado por corrupto.
Santaliestra, Yesa y Biscarrués, incluidos formalmente en el PHN, ya llevaban años en
los planes de la Administración y las constructoras. Si cuelan estas tres grandes obras,
que suman casi 100.000 millones de pesetas, Aragón ya habrá tragado con la parte más
indigesta de los faraónicos planes del PP para el Ebro.
Santaliestra fue el primer escollo que los 'padres' del PHN se encontraron. Este pueblo
del Pirineo de Huesca ha presentado una querella criminal contra toda la cúpula de Medio
Ambiente y la CHE.
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La conducción partiría de la presa de Cortes -propiedad de Iberdrola-, usaría para su
propulsión la planta de bombeo de Cortes de Pallás -una joya de Iberdrola. excavada en
la roca, auxiliar de la central nuclear de Cofrentes-. Al trasvasar agua para Alicante,
Iberdrola recibiría una indemnización del Estado de entre 700 y 1.000 millones de
pesetas anuales. Además, Iberdrola se apuntaba a gestionar el trasvase y a turbinar el
agua que se enviaría a Villena -río Vinalopó-. El negocio es tan interesante que el
propio Íñigo Oriol, presidente de Iberdrola, le propuso personalmente al presidente
valenciano Eduardo Zaplana, cofinanciar la obra con 15.000 millones. La enorme conducción
secciona de norte a sur una gran reserva intacta, única por su calidad, biodiversidad y
cantidad de especies protegidas. Un informe de la Consejería valenciana de Medio Ambiente
dice que "el impacto puede ser tan importante (...) que una de las pocas zonas
naturales (de) Valencia pudiera desaparecer" y concluye que el "impacto
es inaceptable". ¿Por
qué, entonces, se decide trasvasar por ese camino? La joya de Iberdrola en Cortes de
Pallás usa el excedente de energía que produce Cofrentes de noche para elevar agua a una
inmensa balsa 500 metros más arriba, sobre la Muela de Cortes. El agua baja después,
turbinándose para producir energía en los momentos de más demanda en la red. Pero la
compañía de Oriol no consigue así rentabilizar su joya. Si este es el camino -como
parece confirmarse- que luego tomará el agua del Ebro hacia Murcia, el negocio se
multiplicaría por más de diez.
Las denuncias públicas de los ecologistas sobre la connivencia entre el Ministerio de
Medio Ambiente e Iberdrola indujeron a variar algo el proyecto. Al final se soterrará la
colosal conducción y se excavarán túneles por toda la sierra de Caroche. Ello no
evitará una catástrofe ecológica en el lugar, con la desaparición de muchas rapaces,
raras especies de reptiles y varios hábitats.
| El proyecto de
recrecimiento del embalse de Yesa ha movido al pueblo de Artieda a la resistencia en los
tribunales y la movilización en la zona. Sobre estas líneas, el alcalde y varios
vecinos, que muestran su rechazo al proyecto que impulsó Carlos Escartín con pancartas y
pintadas en la actual presa. Santaliestra
fue el primer escollo que los 'padres' del PHN se encontraron. Este pueblo del Pirineo de
Huesca ha presentado una querella criminal contra toda la cúpula de Medio Ambiente y de
la CHE.
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A pesar del pequeño inconveniente para Iberdrola de perder el bombeo desde su joya,
Benigno Blanco no ha dejado de alentar el trasvase. Esta obra fue una de sus primeras
iniciativas recién llegado a Medio Ambiente, en 1996. Él mismo impulsó la creación de
Aguas del Júcar, sociedad instrumental de la Confederación para acoger capital privado
que financie obras. Una de las primeras interesadas ha sido Iberdrola. En abril de 1998,
cuando nace Aguas del Júcar, Blanco impulsa con sus declaraciones el trasvase y dice que
así espera "dar más velocidad".
Meses después, Iberdrola anuncia que participará con 15.000 millones en las obras si
puede gestionar el trasvase. El consejero de Agricultura de Castilla-La Mancha, Mariano
Maraver, denunció en el Parlamento regional que el trasvase es "el plan de
Benigno Blanco e Iberdrola", y enumeró los altos cargos ligados a Iberdrola,
luego en el equipo de Blanco, como Guillermo Heras (jefe de su gabinete), y el asesor
José María Gil Egea, veterano portavoz de Iberdrola en la Mesa del Júcar. Concluía:
"Iberdrola tiene muchos tentáculos".
En julio de 1998, Benigno Blanco escribió a Elvira Rodríguez, directora general de
Presupuestos, presionando sobre un antiguo litigio de Iberdrola con el Estado en el río
Júcar, la expropiación del salto de Millares. En su carta, Blanco dice que "por
mi relación laboral con Iberdrola no estoy interviniendo en las negociaciones (...
pero...) mi abstención no puede ser obstáculo para que te haga llegar mi preocupación.
(...) Esta circunstancia personal no puede convertirse en una falta de impulso político
por mi parte". Y apura a la directora general: "Te agradecería la
máxima disponibilidad y esfuerzo para que se desbloquee este tema".
El desafío de Artieda
Artieda, elevado sobre un
montículo, es el pueblo superviviente de la catástrofe social que supuso en 1959 el
embalse de Yesa. Sus 115 habitantes han desafiado en los tribunales a quienes proyectan
recrecer y triplicar la presa, poniendo en el disparadero a Blanco, Escartín y todo el
oscuro mecanismo que gestiona el gasto del Estado en las grandes obras hidráulicas.
Según Luis Solana, el alcalde, esta lucha "por nuestra supervivencia es un esfuerzo
límite para este pueblo". Yesa será, si no lo impiden los tribunales, un gigante de
1.500 hectómetros cúbicos, con una pared 38 metros más alta que la actual.
Tras redactarse el proyecto 03/93 de este polémico recrecimiento, el proceso
administrativo vivió años de sueño burocrático, hasta que Carlos Escartín lo
reactivó en diciembre de 1998, al convocar un concurso -97 millones de pesetas- para la
evaluación de impacto ambiental, que era deficiente. Fue como una chispa que movilizó
con inusitada rapidez la pesada maquinaria del ministerio. Sólo tres meses después
aparece lo que la acusación califica como la primera irregularidad: Dolores Carrillo,
directora general de Evaluación Ambiental, amparándose en un informe del secretario
general del ministerio, Carlos Vázquez -también imputado-, por su cuenta da validez
medioambiental a la presa.
Dos meses después Escartín convoca el pliego para adjudicar el trasvase acogiéndose a
una modalidad administrativa que le permite licitar proyecto y obra de una sola vez,
amparándose en la urgencia y en que "no hay un proyecto anterior". Olvidaba, u
ocultaba, la existencia del 03/93. Curiosamente, este mismo proyecto aparece reproducido
punto por punto y asimilado por la adjudicataria final de la obra, ACS. Fuentes de la
acusación señalan que este "regalo", por valor de varios cientos de
millones de pesetas, evidencia que era notoria la existencia del 03/93 y que supone "falsedad".
La irregularidad es tan notable que la Intervención de Hacienda en el ministerio de
Tocino la señala, afirmando que Escartín asume competencias propias del secretario de
Estado. El actual secretario de Estado, Pascual Fernández -del equipo de Jaume Matas-,
soslaya el problema diciendo que "lo convalida", hecho que fuentes
judiciales califican de "inaudito e inverosímil".
Escartín ya tenía el concurso en el punto que quería. De acuerdo con su testimonio en
el juzgado, a partir de entonces se inhibe en un proyecto bandera de su departamento, que
supone 19.000 millones de pesetas de inversión, y eso que afirma que aún no sabía que
acabaría fichando por ACS. La mesa de contratación abre las plicas en febrero del 2000;
se estudian las ofertas y Escartín reconoce que a su mesa llegó un informe favorable a
ACS, en el que "no intervino", ni miró; cesa en el cargo el 19 de mayo
del 2000, y sólo dos semanas después se hace público que una UTE liderada por ACS se
lleva el contrato. Pasado el verano, el 1 de septiembre se incorpora a ACS, en la
dirección de contratación, dos meses y medio después de la adjudicación. Departamento
de notable éxito, pues había logrado ya el 60 por ciento de los concursos que había
adjudicado hasta el momento Obras Hidráulicas. Y todo ello a pesar de que la ley de
Incompatibilidades establece un periodo de dos años para poder trabajar en el sector en
que se ha intervenido como alto cargo.
Escartín ha declarado que desde que cesa hasta que ficha por ACS -presidida por
Florentino Pérez- permanece en el Centro de Estudios y Experimentación de Obras
Públicas (Cedex), que depende de Fomento y por tanto de su anterior jefe, Benigno Blanco.
Por el Cedex ya pasaron algunos personajes de esta historia, como Tomás Sancho. Este
organismo, aparentemente inocuo y técnico, ha tenido un papel vital en las últimas
catástrofes del agua en España. Sus informes fueron concluyentes para que se archivaran
las causas penales contra el Estado por las tragedias de Biescas y Aznalcóllar. Ahora es
también decisivo en la querella por Santaliestra. Imputados están, entre otros,
Escartín y Blanco. Dentro de dos semanas Benigno Blanco declara como imputado por
prevaricación, falsedad documental, infidelidad en la custodia de documentos, riesgo
catastrófico, contra los recursos naturales y el medio ambiente, en la causa que se sigue
por el embalse de Santaliestra. La acusación se basa en que, pese a edificar el embalse
en una zona sísmica con continuos deslizamientos, no se hicieron estudios en la cerrada
de la presa y se ocultaron e ignoraron informes que advierten del peligro. Aguas abajo
está amenazada la vida de miles de personas, una situación que recuerda a la que
provocó la tragedia de Vaiont (Italia), con 2.600 muertos.
Benigno Blanco, tras la declaración de Escartín en el juzgado -él se reservó el
último lugar de la larga lista de imputados- aseveró que "nadie puede dudar de
mi honestidad".
Los autores de la trama
Benigno Blanco
- Ex secretario de Estado de Aguas y Costas,
ahora lo es de Infraestructuras.
- Acusado de hacer una obra de 35.000
millones a la medida de Iberdrola.
- Imputado en el "caso
Santaliestra".
|
Carlos Manuel Escartín
- Ex director general de Obras Hidráulicas.
- Convocó el concurso para la presa de Yesa
sin tener competencias.
- Fichó por ACS dos meses después de que
su ministerio adjudicara a esta empresa una obra de 19.000 millones.
- Imputado en los casos de Santaliestra y
Yesa.
|
Tomás Sancho Marco
- Ex presidente de la Confederación
Hidrográfica del Ebro.
- Investigado por dar el contrato de estudio
de abastecimiento de agua a Zaragoza, ligado a Yesa, a una consultora que fundó con
un socio y a la que aún estaba ligado.
- Imputado en el "caso
Santaliestra" por prevaricación, falsedad y riesgo catastrófico.
|
| María Dolores Carrillo
Dorado
|
| INFORME DEL
CONSEJO DE PROTECCIÓN DE LA NATURALEZA DE ARAGÓN SOBRE EL PROYECTO DE TRASVASE DEL EBRO
CONTEMPLADO EN EL PLAN HIDROLÓGICO NACIONAL |
El Pleno del Consejo de Protección de la Naturaleza de Aragón, en su reunión de
carácter extraordinario celebrada el 6 de octubre de 2000, a iniciativa propia y
acogiéndose a lo establecido en el Artículo 2 punto a de la Ley 2/1992 de 13 de marzo,
de creación del Consejo de Protección de la Naturaleza de Aragón, aprobó por
unanimidad el siguiente DICTAMEN
Un Plan Hidrológico Nacional debería ser el principal
instrumento de planificación territorial de los recursos hídricos y de las actividades
socioeconómicas vinculadas al uso del agua. Este Plan Hidrológico debería incluir los
principios establecidos en la Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo
por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política
de aguas, lo que necesariamente implicaría una orientación en la política hidrológica
hacia el principio de sostenibilidad, buscando el equilibrio entre los recursos
existentes, la conservación del medio natural y el desarrollo de las actividades
socioeconómicas.
El incremento de las necesidades de agua en el arco
mediterráneo, fruto del excesivo e irregular crecimiento de los regadíos mal
planificados, y del importante desarrollo económico de la zona, vinculado al sector
inmobiliario y turístico de la costa, hacen que las necesidades de este recurso hayan
crecido notablemente en los últimos años.
En consecuencia, para paliar esta demanda creciente de
agua el Plan Hidrológico Nacional prevé la transferencia de recursos hídricos de la
cuenca del Ebro a otras cuencas mediterráneas, lo que conlleva una serie de efectos
ambientales y socioeconómicos de gran envergadura. En Aragón, los principales
impactos se localizan en los tramos altos de los principales afluentes pirenaicos sobre
los que se proyectan diversas obras de regulación de gran envergadura que alterarían la
dinámica fluvial, inundando amplios sectores de gran valor ambiental y sociocultural. De
igual forma los tramos medio y bajo del río Ebro están potencialmente amenazados por el
trasvase considerando las consecuencias ambientales derivadas del mismo.
1) Problemas ambientales de la gestión y uso del agua
La alteración de la dinámica natural de los ríos
debida a la extracción, retención y modificación de sus caudales prevista en el Plan
Hidrológico Nacional y en el Proyecto de Trasvase de aguas del Ebro lleva consigo una
serie de repercusiones ambientales de gran importancia tanto en la cuenca emisora, como en
las cuencas receptoras y en el litoral.
El Ebro es un curso fluvial de régimen hídrico
mediterráneo que presenta fuertes oscilaciones de caudal con fuertes y prolongados
estiajes. Este hecho provoca la disminución del caudal durante los meses del verano y un
empeoramiento de la calidad de las aguas debido a la falta de dilución de la
contaminación difusa y de los vertidos urbanos e industriales. En consecuencia la
capacidad de autodepuración del río es mínima y las aguas tienden a eutrofizarse,
poniendo en peligro la supervivencia de las especies ligadas a estos ambientes. Se
considera vital mantener al máximo posible los caudales circulantes. La disminución de
éstos, tal y como se prevé con el trasvase del Ebro, tendrá consecuencias muy negativas
en los ecosistemas ribereños y litorales.
El impacto ambiental más importante derivado de la
fuerte desnaturalización de las cuencas fluviales reside precisamente en la degeneración
de los sistemas autodepurativos. La degradación de los sistemas fluviales compromete
gravemente la calidad del recurso, factor si cabe más significativo que el de los
volúmenes de trasvase.
Este Consejo considera imprescindible la valoración
exhaustiva de los recursos hídricos disponibles del río Ebro y la evaluación de las
necesidades reales y económicamente sostenibles existentes para el consumo humano, la
agricultura y la industria, tanto en la cuenca cedente como en las cuencas receptoras.
Una planificación hidrológica correcta deberá
establecer los caudales ecológicos mínimos que necesita el complejo fluvial hasta su
desembocadura, analizando las posibles consecuencias de la disminución del caudal y los
sedimentos transportados por el río en el Delta del Ebro y las playas mediterráneas, los
efectos de la disminución de los nutrientes en el agua sobre las comunidades faunísticas
del delta y del litoral, y los efectos de la penetración de la cuña salina hacia el
interior de las tierras del Delta. Hay que considerar la alta productividad agrícola del
Delta del Ebro, las actividades económicas vinculadas a la pesca y marisqueo, y la
importancia de conservar la enorme biodiversidad de los ecosistemas ribereños del Delta.
En la misma línea habrá que estudiar las repercusiones
ambientales del trasvase del Ebro en las cuencas receptoras. Las expectativas creadas
favorecen la especulación y el despilfarro del agua, incrementándose la presión humana
sobre los escasos espacios naturales existentes. Habrá que valorar las repercusiones
ambientales de los nuevos regadíos, del crecimiento urbanístico y de los impactos
provocados por el incremento de los residuos. Existen además, previsiblemente, otras
consecuencias ambientales en las cuencas receptoras, como la posible extinción de
especies piscícolas endémicas (p. ej., los ciprinodóntidos Valencia hispanica y Aphanius
iberus), a causa de la migración de especies predadoras desde el Ebro (p. ej., Silurus
glanis).
2º Problemas socioeconómicos generados por los
desequilibrios territoriales
Los desequilibrios territoriales entre las zonas costeras
y el interior condicionan la actual demanda de agua. La actual planificación territorial
favorece que las zonas interiores tengan graves problemas estructurales, económicos y
demográficos y tiendan a abastecer de este recurso a las zonas más desarrolladas del
arco mediterráneo para cubrir una demanda de agua creciente en el sector servicios y en
el sector primario.
El déficit hídrico en las cuencas del Este de la
Península Ibérica se debe fundamentalmente a la concentración en estas regiones de
factores económicos fuertemente consumidores de agua como el turismo, la actividad
económica y urbanística y sobre todo la agricultura intensiva. En este sector la demanda
se incrementa, además, por la ineficiencia de los sistemas de riego, la pérdida del
recurso en las infraestructuras de regulación y la ampliación de superficies de regadío
con fines económico-especulativos.
Desde este Consejo se recomienda una planificación
hidrológica que garantice un consumo de los recursos hídricos racional y eficiente. Las
soluciones a los conflictos y problemas expuestos pasan por adoptar políticas de
desarrollo basadas en la moderación del consumo y en la optimización del uso del agua y
no en el incremento descontrolado de la demanda y en el desarrollo irracional de las
actividades socioeconómicas vinculadas al uso de este recurso. La implantación de
técnicas de ahorro, la reutilización de los recursos, la desalinización del agua del
mar, o la modernización de los regadíos se presentan como algunas de las medidas a
adoptar para solucionar los problemas hidrológicos.
De igual forma se considera imprescindible buscar un
modelo de desarrollo económico justo, equilibrado y sostenible, que evite las
desigualdades interterritoriales. La ejecución del Plan Hidrológico Nacional en sus
actuales términos únicamente incrementaría los desequilibrios.
El modelo actual de gestión, basado en la oferta
ilimitada del recurso, ha provocado la sobreexplotación de las aguas superficiales y
subterráneas, agravando los problemas de contaminación, produciendo graves alteraciones
en el medio ambiente y contribuyendo al mal uso del agua y a la destrucción de los
ecosistemas ribereños. Las soluciones pasan por una planificación hidrológica diferente
basada en los principios del desarrollo sostenible, la gestión de la demanda del recurso
agua y la conservación del patrimonio hídrico dentro de la estricta unidad de cuenca.
El trasvase del Ebro se considera una obra con grandes
repercusiones territoriales y medioambientales y está en desacuerdo con la filosofía de
la Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establece un
marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas, que no recomienda
los trasvases como alternativa para solucionar los problemas hidrológicos de las cuencas.
El trasvase del Ebro y sus infraestructuras son inadmisibles desde el punto de vista
ambiental y socioeconómico.
Lo que con el Vº Bº del Sr. Presidente, en la ciudad de
Zaragoza a 2 de octubre del 2000, como Secretario del Consejo de Protección de la
Naturaleza de Aragón,
CERTIFICO: EL PRESIDENTE, José A. Sánchez Navarro. EL
SECRETARIO, Antonio Padró Simarro
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| El País, 4 de abril de 2002 |
El fiscal pide ocho años de cárcel para el secretario de Estado de
Fomento
Blanco aprobó una
presa sin informes técnicos |
| MIKEL MUEZ / JOSÉ ANTONIO
HERNÁNDEZ | Pamplona / Madrid La fiscalía del Tribunal Superior de Madrid reclama
ocho años y seis meses de cárcel y otros diez de inhabilitación en el cargo para
Benigno Blanco, actual secretario de Estado del Ministerio de Infraestructuras y
secretario de Estado de Aguas de Medio Ambiente cuando ocurrieron los hechos. El fiscal le
imputa prevaricación, falsedad documental e infidelidad en la custodia de documentos. Le
acusa de haber aprobado en 1996 el proyecto del embalse de Santaliestra (Huesca) a
sabiendas de que carecía de los preceptivos informes geotécnicos y de que su
construcción podía haber acarreado 'una catástrofe' en la zona.
Blanco tendrá que sentarse en el banquillo
de los acusados de la Audiencia Provincial de Madrid para responder de esos tres delitos.
Junto a él también figuran como acusados otros seis ex altos cargos y técnicos de
Ministerio de Medio Ambiente. Entre ellos, Tomás Ángel Sancho Marco, ex presidente de la
Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE); Carlos Manuel Escartín Hernández, ex
subdirector general de Obras Hidráulicas; José María Vizcaíno, ex subdirector del
Área de Presas, y Mikel Zueco Ruiz, director de proyectos técnicos. Para éstos, las
penas solicitadas fluctúan entre 17 años de inhabilitación y 11 años de cárcel. El
escrito de acusación incluye delitos de fraude y estafa para tres de los acusados:
Francisco Fiteni Rodríguez, director técnico de la CHE; Íñigo Barahona Fernández,
ingeniero de caminos, y el citado Mikel Zueco.
Este escrito de acusación de la Fiscalía
es fruto de la querella interpuesta en 1999 por el Ayuntamiento de Santaliestra contra los
promotores y responsables del embalse proyectado en la localidad, cuya construcción
anuló hace sólo unos meses la Audiencia Nacional.
El juzgado de Madrid que investigó estos
hechos, el número 38 de Madrid, archivó la causa a fines del año pasado, pero tuvo que
reabrirla de inmediato y abrir juicio oral contra los acusados tras recibir una orden en
ese sentido de la Audiencia.
El actual número dos de Fomento
cometió los supuestos delitos que le imputa el fiscal tras ser nombrado, en julio de
1996, secretario de Estado de Aguas del Ministerio de Medio Ambiente, en la etapa en la
que su titular era Isabel Tocino. El fiscal de Medio Ambiente de Madrid, Emilio Valerio,
califica de 'escandalosa' la 'maquinación' en la que participó Blanco para construir 'a
toda costa' la presa de Santaliestra. Con su actitud, vulneró 'flagrantemente' la
legislación medioambiental y 'despreció la seguridad' de la obra. Es decir, que aprobó
el proyecto a sabiendas de que éste carecía del preceptivo informe geotécnico,
necesario para conocer las características del suelo sobre el que se iba a levantar la
presa, y obviando el peligro que su construcción podía acarrear a los habitantes de la
zona. 'La ejecución del proyecto, aprobado definitivamente por la resolución de 26 de
mayo de 1997 devendría en una catástrofe de considerables proporciones', subraya el
fiscal en su escrito.
Informes desaparecidos
El fiscal imputa también a Blanco un
delito de infidelidad en la custodia de documentos: le culpa de 'la desaparición de
informes' que advertían con nitidez del peligro de construir la citada presa. Según el
fiscal, la ex ministra Tocino, tras recibir informes que avisaban del peligro que suponía
construir una presa en la zona elegida, encomendó a Blanco y a Escartín que los
analizasen. Pero éstos 'no tramitaron los informes que les remitió la ministra ni
ordenaron su estudio'.
Blanco, Escartín y Sancho accedieron a sus
cargos entre mayo y julio de 1996, según el fiscal. La llegada de los tres supuso un
nuevo impulso para la creación del embalse, presupuestado en 120 millones de euros
(20.000 millones de pesetas) y por entonces objeto de numerosas quejas vecinales e
informes que desaconsejaban su creación.
Uno de los altos cargos que, por escrito,
habían advertido inicialmente de las irregularidades del proyecto, el también acusado
José María Vizcaíno, cambió de actitud tras varias reuniones con Blanco y Escartín,
según el fiscal. Tras esas entrevistas, Vizcaíno optó por ocultar informes de los
técnicos Moisés Rubín de Celis y Gaspar Zaragoza, técnicos del Área de Tecnología y
Control de Estructuras, que denunciaban la ausencia de los preceptivos sondeos en la zona.
Las obras del proyecto de embalse de
Santaliestra nunca llegaron a iniciarse. El plan fue anulado por sentencia de la Sala de
lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional dictada el pasado 23 de noviembre
de 2001.
Los jueces invalidaron el proyecto de la
presa tras calificar la actuación de Blanco de 'insólita y anómala' y 'contraria al
sentido común'. Y es que dio luz verde al embalse pese a que tenía la 'firme
constatación' de que no se había realizado ningún sondeo en la cerrada donde, sobre el
río Ésera, iba a construirse. La idea inicial era que el embalse tuviese una altura de
100 metros y una capacidad de 80 hectómetros cúbicos.
'Me sorprende mucho'
Benigno Blanco indicó ayer a este
periódico que ignoraba el contenido del escrito del fiscal de Madrid. Aseguró que, sobre
este tema, tenía 'la conciencia intelectual, moral y jurídica, tranquila', y añadió:
'A lo mejor pudo cometerse un fallo administrativo, pero buscarle trascendencia penal a
este asunto me sorprende mucho'. Blanco agregó que su decisión no consistió en la
aprobación definitiva del proyecto: 'Yo aprobé el proyecto pero condicionado a que antes
se hiciesen los estudios geológicos de la zona'. Además agregó que, como secretario de
Estado, siempre se ha abstenido de actuar 'en aquellas decisiones relacionadas con
Iberdrola', compañía para la que trabajó antes de acceder a ese cargo.
 Benigno Blanco y Tomás Sancho(el PERIÓDICO DE ARAGÓN)
La Fiscalía del TSJM pide 8 años de cárcel y 20 de inhabilitación para Benigno
Blanco, Carlos Escartín, exdirector general de Obras Hidráulicas, y José María
Vizcaíno, exsubdirector de Proyectos y Obras, por su actuación en el proyecto de
Santaliestra. Los acusa de prevaricación, falsedad en documento e infidelidad en la
custodia de documentos.
Además, solicita 11 años de prisión y 16 de
inhabilitación para Francisco Fiteni, exdirector técnico de la Confederación
Hidrográfica del Ebro (CHE), ahora jubilado; Miguel Zueco, director del proyecto y que
aún trabaja en la confederación, e Iñigo Barahona, coautor. Están acusados de
prevaricación y de delitos continuados de falsedad en documento público y de fraude.
Para Tomás Sancho, expresidente de la CHE que trabaja ahora en una consultora privada de
ingeniería, pide la inhabilitación por siete años.
Benigno Blanco solicitó ayer comparecer ante la
comisión de Medio Ambiente del Congreso para explicar su actuación. La acusación del
fiscal, entre otras muchas cuestiones, destaca su relación con la compañía eléctrica
Iberdrola, de la que fue (hasta mayo del 96) director de los servicios jurídicos. La
Fiscalía destaca que al aprobar definitivamente el proyecto (en mayo del 97), Blanco
reconoció el derecho que tenía Hidroeléctrica de Cataluña, filial de Iberdrola, al
aprovechamiento del río Esera (regulado por Santaliestra)
.  Sr. BLANCO a la izquierda de la mesa.  cortando la cinta
|
La acusación cree que el alto cargo pudo favorecer a una
hidroeléctrica
|
| J. A. H. /
M. M. |
Madrid / Pamplona El secretario
de Estado Benigno Blanco aprobó el proyecto de embalse de Santaliestra el 26 de mayo de
1997. Según el fiscal Emilio Valerio, el actual número dos del ministro Francisco
Álvarez Cascos 'carecía de competencia objetiva' para tal aprobación, que correspondía
a la Dirección General de Obras Hidráulicas. Sostiene el fiscal que la actuación de
Blanco fue 'dañina' para los intereses públicos y favorecía a la empresa
Hidroeléctrica de Cataluña, SA (participada por Iberdrola), a la que se adjudicó
directa y exclusivamente el aprovechamiento hidroeléctrico del río Ésera, en el que se
iba a construir la presa. 'En este expediente no se adjudicó ningún derecho sobre ese
río a nadie', explicó ayer Blanco.
El fiscal recuerda que Blanco había estado
vinculado con anterioridad a la citada compañía, en la que ocupó la dirección de los
servicios jurídicos de Iberdrola, entre otros cargos de confianza. Para la Fiscalía,
'resulta evidente el interés que guiaba al acusado Benigno Blanco para aprobar el
proyecto, llegando a violar su competencia objetiva y su obligación de inhibición
señalada en el artículo 2.3 de la ley 12/95 de Incompatibilidades de los Altos Cargos'.
Además, la Fiscalía destaca 'la
incongruencia, desde el punto de vista del interés público, que no desde el interés
privado de empresas constructoras o concesionarias de centrales hidroeléctricas, de
diseñar un embalse justificado en su utilidad para el riego'; máxime, 'cuando la
capacidad del mismo era de 80 hectómetros cúbicos, frente a los 574 hectómetros
cúbicos que admite la regulación del río Ésera'.
Asimismo, el fiscal afirma que Blanco y
Tomás Sancho, ex presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), firmaron,
en junio de 1998, un convenio con una sociedad privada de capital público, Aguas de la
Cuenca del Ebro, SA (ACESA), cuya creación diseñó Blanco para 'gestionar privadamente
la construcción y explotación de diversas obras hidráulicas vinculadas a la presa'. Al
frente de ella situó al propio Sancho. Tras firmar ese convenio, la licitación del
embalse de Santaliestra pasó 'por arte de magia', indica el fiscal, de 124 millones de
euros a 150 millones de euros.
Noticias relacionadas
|
| El País, 5 de abril de 2002 |
La oposición exige a Álvarez Cascos que releve en Fomento a
Benigno Blanco
|
| J. A.
HERNÁNDEZ |
Madrid El PSOE, Izquierda Unida,
Iniciativa per Catalunya y Ecologistas en Acción pidieron ayer al ministro de
Fomento, Francisco Álvarez Cascos, que destituya al secretario de Estado de
Infraestructuras, Benigno Blanco, para quien la fiscalía de Madrid solicita ocho años de
cárcel por delitos de falsedad, prevaricación e infidelidad en la custodia de
documentos. La fiscalía acusa a Blanco y a otros seis ex altos cargos del Ministerio de
Medio Ambiente de haber aprobado en 1996, cuando Blanco era secretario de Estado de Aguas,
la construcción de un embalse en Santaliestra (Huesca) sin los preceptivos informes
geológicos del terreno, entre otras irregularidades.
El portavoz socialista de Medio Ambiente en
el Congreso, Víctor Morlán, calificó de 'gravísimas' las imputaciones de la fiscalía
y señaló que Blanco debe 'presentar inmediatamente su dimisión por su responsabilidad
política'. 'Si Blanco no toma esta iniciativa, es el Gobierno el que debe promover su
cese', destacó.
Joan Saura, presidente de Iniciativa per
Catalunya, también reclamó el relevo de Blanco por entender que 'carece ahora de
autoridad moral y política' para ser el número dos de Fomento. 'Es escandaloso',
dijo, 'que alguien que puede haber aprobado un proyecto prevaricando y beneficiando a una
compañía esté ocupando un cargo público'. Para Ecologistas en Acción, la conducta de
Blanco refleja 'la supeditación de la política hídrica del Gobierno a los intereses de
las constructoras y las eléctricas'.
Álvarez Cascos y la dirección nacional
del PP defendieron, por su lado, el comportamiento de Blanco. El portavoz del PP, Rafael
Hernando, dijo: 'Se trata de la acusación de un fiscal, lo que no implica absolutamente
nada, y además sobre un asunto que ya fue archivado por otro tribunal'. Según él, el
origen de esta denuncia 'es político y partidista'.
El ministro Álvarez Cascos respaldó 'la
integridad y honorabilidad profesional' de Blanco y calificó de 'insidia inaceptable' que
se hagan 'insinuaciones de conductas reprochables'.
Prevaricación y falsedad
Blanco y otros seis ex altos cargos del
Ministerio de Medio Ambiente tendrán que sentarse en el banquillo de los acusados para
responder del total de seis delitos (entre ellos, prevaricación, fraude, falsedad y
estafa) que les imputa la fiscalía de Madrid. Blanco está acusado de aprobar en 1996 la
construcción del citado embalse, pese a la ausencia de los preceptivos informes
geotécnicos del terreno, para supuestamente favorecer a una compañía hidroeléctrica.
Blanco ha negado haber favorecido a ninguna empresa y asegura que, sobre este asunto,
tiene 'la conciencia intelectual, moral y política, muy tranquila'.
La presa, aún sin construir, fue
presupuestada en 120 millones de euros (unos 20.000 millones de pesetas). |
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|
El País.
Miércoles, 23 de mayo de 2001 |
El Gobierno admite que el trabajo de un ex alto cargo puede violar la ley
Escartín, ex
director de Obras Hidráulicas, fichó por una constructora
CARLOS E. CUÉ | Madrid El ministro de Administraciones Públicas, Jesús
Posada, admitió ayer en el Congreso que el ex director general de Obras Hidráulicas,
Carlos Escartín, pudo incumplir la Ley de Incompatibilidades de altos cargos. IU
denunció en marzo que Escartín, uno de los padres del polémico Plan Hidrológico
Nacional, fichó por una constructora tres meses después de participar en la
adjudicación de un embalse a una unión temporal de empresas en la que estaba esa firma.
Para sorpresa de la oposición, convencida
de que Posada negaría absolutamente todo, el ministro relató ayer durante una
comparecencia en el Congreso solicitada por IU que, tras las denuncias aparecidas en la
prensa, la Dirección General de la Inspección analizó el caso y descubrió que
Escartín violó el artículo 2.4 de la Ley de Incompatibilidades de altos cargos, de
1995. En él se dice: 'Durante los dos años siguientes a la fecha de su cese los altos
cargos no podrán realizar actividades privadas relacionadas con expedientes sobre los que
hayan dictado resolución en el ejercicio del cargo'.
Escartín fichó en septiembre de 2000 por
ACS como responsable de contratación. Sólo tres meses antes había participado en la
adjudicación a una unión temporal de empresas, en la que estaba esa constructora, de las
obras del recrecimiento del embalse de Yesa. Cuando Escartín decidió dejar la
administración para pasar a la constructora nadie le puso ninguna objeción, según
relató Posada. Pero en marzo, cuando se publicó la denuncia de IU, la Inspección pidió
los datos a Medio Ambiente y éste reconoció que el ex director de Obras Hidráulicas
había dictado 'varias resoluciones en relación con la citada empresa'.
Anular el contrato
Posada, en cualquier caso, no dio el
incumplimiento por definitivo. Anunció que ya ha pedido un informe a los servicios
jurídicos del ministerio. Si los resultados coinciden con la tesis de la inspección, el
ministro aseguró que pedirá a Escartín que anule su contrato porque, en caso contrario,
le abrirá un expediente sancionador.
Presentación Urán, la diputada de IU
encargada de enfrentarse ayer al ministro, estaba muy satisfecha del resultado de la
comparecencia. La coalición dará ahora 'un margen de tiempo razonable' al ministerio
para que elabore el informe jurídico. Después pedirá sus resultados y exigirá al
ministro que cumpla con la palabra que dio en el Congreso y le pida a Escartín que anule
su contrato con la constructora. Además, la oposición pidió la modificación de la ley
para que la inspección actúe de oficio y no, como en este caso, movida por la
publicación en la prensa de la noticia.
El incumplimiento del artículo 2 de la Ley
12/1995 es considerado como una falta grave o muy grave si se ha producido 'daño
manifiesto' a la Administración. Pero las sanciones que la propia ley establece se
limitan a la 'declaración y publicación del incumplimiento de la Ley y la publicación
de esta declaración en el Boletín Oficial del Estado'. Nada dice la ley de
suspensión de un contrato privado por el hecho de haber cometido una falta grave. El
ministro Jesús Posada, por tanto, fue más lejos que la propia norma al anunciar que
'habrá que instar' a Carlos Escartín a que 'anule su contrato' con ACS.
|
El ex
director general de Obras Hidráulicas trabaja en una constructora de presas
IU critica además que otro
dirigente que elaboró el Plan Hidrológico trabajó en Iberdrola
CARLOS E. CUÉ | Madrid
Gaspar Llamazares, coordinador general de
IU, denunció ayer que Carlos Escartín, ex director general de Obras Hidráulicas que
colaboró en la elaboración del Plan Hidrológico Nacional, trabaja ahora como
responsable de contratación en una constructora que se encarga del recrecimiento del
embalse de Yesa (Zaragoza), una de las inversiones más polémicas del plan por su impacto
ambiental. Llamazares también criticó que Benigno Blanco, ex secretario de Estado de
Aguas y hoy secretario de Estado de Infraestructuras, trabajara antes como asesor de la
empresa eléctrica Iberdrola.
Izquierda Unida, una de las
organizaciones que con más vehemencia se opone al Plan Hidrológico Nacional que impulsa
el Gobierno, entiende que, además de los motivos de interés ecológico y de diseño
territorial que desaconsejan el plan, hay pruebas de 'complicidades entre la
responsabilidad pública y vinculaciones privadas' que ponen 'bajo sospecha' todo el
proyecto.
Carlos Escartín fue director general de
Obras Hidráulicas con el anterior equipo de Medio Ambiente, dirigido por Isabel Tocino.
Como tal, según IU, fue uno de los responsables de elaborar el Plan Hidrológico que
luego ha aprobado el equipo dirigido por Jaume Matas.
IU reveló ayer que el nombramiento de
Escartín como responsable de contratación de la constructora ACS se produjo en
septiembre de 2000, sólo tres meses después de que, como responsable de Medio Ambiente,
participara en la adjudicación a la unión temporal de empresas formada por ACS,
Ferrovial Agromán y FCC las obras del recrecimiento del embalse de Yesa, algo que
Llamazares calificó de 'curioso'. El coste de la obra es de 18.889 millones de pesetas.
Además, el coordinador general de IU aclaró que la empresa a la que ahora pertenece
Escartín recibe el 60% de las adjudicaciones en materia hidrológica.
La Ley de Incompatibilidades de Altos
Cargos de 1995 determina que 'durante los dos años siguientes a la fecha de su cese los
altos cargos no podrán realizar actividades privadas relacionadas con expedientes sobre
los que hayan dictado resolución en el ejercicio del cargo' (artículo 2.4). Este
periódico intentó ayer, sin éxito, recabar la versión de Escartín sobre esta supuesta
incompatibilidad que le atribuye IU.
Llamazares también criticó que Benigno
Blanco, actual secretario de Estado de Infraestructuras, se encargase en la pasada
legislatura de Aguas y Costas cuando durante nueve años había sido asesor jurídico y
secretario del Consejo de Administración de la empresa eléctrica Iberdrola, también
vinculada a las obras del Plan Hidrológico. Blanco contestó ayer con una nota en la que
confirmaba este extremo y argumentaba: 'Nadie puede poner en duda la honestidad con la que
he trabajado tanto en la actividad privada como pública'.
Ambos altos cargos participaron en la
elaboración del Plan Hidrológico del PP, por lo que Llamazares acusó al Gobierno de
utilizar los 'millones de pesetas del erario público' que suponen las obras del plan para
'pagar y dar beneficios a los amigos del PP'.
Ante la posible existencia de
irregularidades en el desarrollo del Plan Hidrológico, IU pedirá información en el
Parlamento sobre los altos cargos relacionados con la elaboración de proyectos y
adjudicación de obras del plan.
Dos
juzgados investigan si ex altos cargos de Medio Ambiente prevaricaron al aprobar dos
presas en Aragón
JOSÉ A. HERNÁNDEZ | Madrid
Dos juzgados de Madrid, el 19 y el 38,
investigan a ex altos cargos del Ministerio de Medio Ambiente en relación con la
aprobación del proyecto de adjudicación de obras de los embalse de Santaliestra (Huesca)
y Yesa (Zaragoza). Entre los querellados figuran Benigno Blanco Rodríguez, ex secretario
de Estado de Aguas y Costas y en la actualidad secretario de Estado de Infraestructuras, y
Carlos Manuel Escartín Hernández, ex director general de Obras Hidráulicas del
Ministerio de Medio Ambiente.
La investigación es fruto de querellas
presentadas por ayuntamientos próximos a estos embalses. A Blanco y Escartín se le
atribuyen supuestos delitos de prevaricación (dictar resoluciones injustas a sabiendas).
Blanco está citado para declarar como querellado, mientras que Escartín prestó
declaración el pasado 15 de febrero, como imputado, ante el Juzgado 19 de Madrid, que
dirige Miguel Ángel Fernández.
El fiscal de Medio Ambiente del Tribunal
Superior de Justicia de Madrid, Emilio Valerio, imputa a Escartín haber autorizado el
recrecimiento del embalse de Yesa pese a existir informes técnicos que lo desaconsejaban
por el 'alto riesgo' para el ecosistema y los vecinos de la zona. Se da la circunstancia,
según las diligencias judiciales, de que el proyecto de obras de recrecimiento del
embalse de Yesa fue adjudicado a la empresa ACS, Actividades de Construcciones y
Servicios, en la que Escartín ocupa ahora el cargo de responsable de contratación.
Escartín admitió ante el juez que el 4 de junio de 1999, en su calidad de director
general de Obras Hidráulicas, 'dictó la resolución para el concurso de adjudicación
del proyecto y posterior construcción del recrecimiento de la presa de Yesa'. Esta obra,
dijo Escartín, se declaró 'de interés general' y se enmarca dentro del llamado Pacto
del Agua por Aragón. Añadió que cesó como alto cargo del Gobierno el 31 de agosto
de 2000 para incorporarse a ACS. Precisamente, ésta es la empresa a la que se ha
adjudicado la obra, cuyo importe es de 18.889 millones.
En su declaración, Escartín afirmó que
supo que 'ACS estaba interesada empresarialmente' en el citado proyecto cuando se abrieron
las ofertas del concurso, 'entre noviembre y diciembre de 1999'. Pero subrayó que 'no
participó en la mesa de contratación' del concurso. Fuentes jurídicas de la acusación
replican que 'el departamento que dirigía Escartín informó a favor de conceder la obra
a ACS'.
Escartín declaró que decidió trabajar
para ACS tras descartar 'varias ofertas de consultoras y constructoras', y negó que le
'constase' la existencia en Hacienda 'de un informe' que pone de relieve su
'incompetencia' para aprobar el proyecto técnico de ese embalse.
Viernes 16 de febrero de 2001
El principal embalse del PHN por su capacidad (1500 Hm3)
-fundamental para el trasvase de 1050 HHHHHm3 de la cuenca del Ebro-, el
recrecimiento de la presa de Yesa, en el Pirineo aragonés, está en los Tribunales por
las irregularidades cometidas en su tramitación, con delitos de presunta prevaricación.
Los imputados son: Dolores Carrillo, ex-directora de la
Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y actual asesora de Loyola de
Palacio en la Unión Europea; Carlos Escartín, ex-director general de Obras Hidráulicas
y Calidad de las Aguas, y actual director de contratación de la empresa ACS; y Carlos
Vázquez, secretario técnico del citado Ministerio.
Los tres están acusados de haber actuado injusta y
arbitrariamente en la resolución de la Declaración de Impacto Ambiental, trámite
administrativo imprescindible para la aprobación del proyecto. El documento aprobado fue
declarado en 1992 incorrecto e insuficiente por la propia Administración. La Fiscalía de
Medio Ambiente ha emitido en este sentido un informe demoledor que avala la denuncia por
prevaricación.
Los tres declararon ante el juez los días 14 y 15
pasados, con las siguientes conclusiones:
Carlos Escartín contrató Yesa sin tener competencias para
ello
El ex-director general que contrató Yesa
trabaja actualmente en una de las empresas adjudicatarias
Carlos Escartín, ex-director general de Obras
Hidráulicas que firmó la aprobación del expediente de contratación
de las obras de recrecimiento del embalse de Yesa, reconoció ayer en el Juzgado
número 19 de Madrid que trabaja actualmente como director de contratación de
la empresa ACS, una de las integrantes de la UTE adjudicataria de estas obras.
Además, la Intervención Delegada determina que la competencia para firmar este documento
y disponer la apertura del procedimiento de adjudicación corresponde al secretario de
Estado del Ministerio de Medio Ambiente, y en ningún caso atribuye competencias a los
directores generales. Estos datos fueron aportados ayer por María José Beaumont y José
Luis Beaumont, letrados del Ayuntamiento de Artieda, tras concluir las diligencias por la
querella por supuesta prevaricación presentada por este Consistorio en relación con la
aprobación de la declaración de impacto ambiental (DIA).
La titular del Juzgado, Ana María Pérez Marugán,
tomó ayer declaración a Carlos Escartín y a Carlos Vázquez, secretario técnico del
MIMAM hasta el pasado 26 de enero. Los abogados explicaron tras las comparecencias que
"el hecho de que Escartín no tuviera competencias para llevar a cabo la licitación
y la contratación significa que no actuó de forma superficial, en algo definido como
urgente y revestido por el interés general y por tratarse de una de las obras del Pacto
del Agua. La adjudicación a una UTE en la que está la empresa en la que él trabaja
ahora fue posible precisamente por sus actuaciones. Estos hechos van a tener consecuencias
en los tribunales".
Añadieron que los dos ex-funcionarios "han
reconocido la realidad de una resolución que responde a la decisión de un alto cargo
administrativo, pese a tener unos informes previos en los que se especificaba que la DIA
era deficiente e insuficiente. Se licitó una nueva, pero en tres meses se decidió
aprobar lo anterior. Se tomó una decisión injusta y a sabiendas, y esto es
prevaricación. La explicación de los imputados es que el concurso para una nueva DIA se
hizo por si era solicitada, pero como resultó no ser necesaria, la anularon. En todo
caso, no está acreditado que llevaran a cabo esta anulación y pensamos que se trata
sólo de una maniobra de su línea de defensa".
Una vez oídas las declaraciones de los imputados, se
está en condiciones de solicitar la paralización cautelar de las obras, aunque
todavía no se ha planteado. Además, se va a pedir al MIMAM la acreditación de la
anulación de la convocatoria de concurso de la nueva DIA y se va a solicitar la
declaración del profesor Antonio Casas, autor de un informe sobre los riesgos geológicos
del recrecimiento.
Las diligencias han sido "determinantes"
porque los tres declarantes –Dolores Carrillo, ex-directora general de Calidad y
Evaluación Ambiental compareció el día 14- "han reconocido los hechos básicos y
ser los autores y firmantes de las resoluciones, aunque no les quedaba otro remedio. Sus
otras líneas de actuación han sido imputarse de unos a otros, justificarse de forma
impropia o no recordar algunas cuestiones", añadieron los letrados.
Dolores Carrillo, actual asesora de Loyola de Palacio
La ex-directora general que firmó la Declaración de Impacto Ambiental lo hizo a
sabiendas de que ésta era incompleta e insuficiente
La ex-directora de la Dirección General de Calidad y
Evaluación Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente, Dolores Carrillo, declaró el 14
ante la titular del Juzgado número 19 de Madrid que desconocía que se hubiera publicado
una resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por la que se convocaba el
concurso de una nueva declaración de impacto ambiental (DIA) para el proyecto de
recrecimiento del embalse de Yesa, aunque en su día ella misma pidió un informe al
secretario técnico para saber en qué forma la vinculaba esta resolución, ya que
informes internos del propio Ministerio denunciaban que la DIA de Yesa era incompleta e
insuficiente, razón por la cual se convoca un segundo concurso.
Según la información facilitada por los abogados del Ayuntamiento de Artieda,
“Dolores Carrillo no ha tenido argumentos sólidos para rebatir los nuestros y ha
declarado que creía que el estudio de impacto ambiental se limitaba al vaso del embalse,
es decir, que no se han realizado valoraciones de otros impactos, como los sociales, las
carreteras o las obras auxiliares, ni tampoco del proyecto en su conjunto, con las zonas
regables”. Carrillo, actual asesora de la comisaria europea Loyola de Palacio,
indicó que no tenía por qué evaluar nada más, “pero la normativa vigente
establece que la valoración ha de hacerse de todo el proyecto en su conjunto”,
señaló Luis Solana, alcalde de Artieda. Añadió que “también ha quedado de
manifiesto que falta el estudio geológico o de riesgo sísmico que obligatoriamente
debería haberse hecho. Dolores Carrillo ha declarado que esta cuestión no era de su
competencia”.
Dijo no tener conocimiento oficial,
ni de que se hubiera publicado, la resolución firmada por Carlos Escartín respecto al
concurso para elaborar una nueva DIA, pese a que ella misma pidió un informe al
secretario técnico, Carlos Vázquez, para saber en qué modo le vinculaba, y afirmó que
“en ningún momento ha recibido presiones en el cargo que ocupó para firmar ésta u
otras DIA”, señaló el alcalde de Artieda.
En estos momentos, 14
son las acciones judiciales iniciadas contra el proyecto de recrecimiento de Yesa:
- 6 contenciosos-administrativos contra resoluciones
diversas.
- 6 quejas ante la Comisión Europea por
vulneración del derecho comunitario.
- 1 querella criminal contra tres ex altos cargos
del Ministerio de Medio Ambiente.
- 1 denuncia por destrucción del Patrimonio
Histórico-Artístico (Camino de Santiago)
Además, se ha denunciado ante la UNESCO
la destrucción que supondrá del Camino de Santiago, Patrimonio de la Humanidad.
Todas estas acciones judiciales son iniciativa de los Ayuntamientos
de Artieda y Jaca, y de las asociaciones Río Aragón, APUDEPA y Ecologistas
en Acción.
A continuación, se puede ver de forma pormenorizada
cada una de ellas. |
El ayuntamiento de Artieda y la Asociación
Río Aragón han acudido a la vía judicial, con resultado positivo. Tres recursos
contencioso-administrativos, presentados el 7 de septiembre de 1999, fueron admitidos
a trámite al mes siguiente:
- Recurso contra la resolución de la Dirección de Calidad
y Evaluación Ambiental, de 30 de marzo de 1999, publicada en el BOE número 97 de fecha
23 de abril de 1999, por la que se formuló la Declaración de Impacto Ambiental (DIA). Se admitió a trámite
el requerimiento de nulidad por la vía administrativa y ahora ocurre lo mismo en la
judicial, a través de la Sección octava del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
Posteriormente ha sido rechazado, acción contra la que se ha presentado el
correspondiente recurso, actualmente en trámite.
- Recurso contra el acuerdo del Consejo de Ministros del 4
de junio de 1999 por el que se autoriza la celebración del contrato de obra. El Tribunal
Supremo lo admitió a trámite.
- Recurso contra la resolución de la Dirección General de
Obras Hidráulicas y Calidad de las Aguas del 4 de junio de 1999, publicada en el BOE el 8
del mismo mes, por la que se anunció el concurso de obra con proyecto para el
recrecimiento de Yesa, y la addenda con las medidas correctoras de impacto ambiental y el
Plan de Restitución Territorial de su entorno (Navarra y Zaragoza), con un presupuesto
indicativo de 23.000 millones de pesetas.
|
El ayuntamiento de Artieda ha
acudido a la vía penal, presentando una querella criminal el día 13 de abril de
2000 contra tres ex-altos cargos del Ministerio
de Medio Ambiente por delitos de prevaricación (dictar una resolución a
sabiendas de que ésta es injusta):
- Contra Carlos Manuel Escartín Hernández, ex Director
General de Obras Hidráulicas.
- Contra Dolores Carrillo Dorado, ex Directora General de
Evaluación y Calidad Ambiental, por prevaricación como firmante de la Declaración de
Impacto Ambiental (DIA).
- Contra Carlos Vázquez Cobos, Secretario Técnico del
citado ministerio.
La querella criminal es admitida a trámite el 24 de
noviembre de 2000 por el Juzgado de Instrucción n.º 24 de Madrid, con el informe
favorable de la fiscalía (más información).
El 14 y 15 de febrero los querellados comparecen ante el
juez (más
información). |
| En septiembre de 2000 el
ayuntamiento de Artieda y la Asociación Río Aragón presentan una queja ante
la Comisión Europea por vulneración de diversas directivas medioambientales que
presenta el proyecto del recrecimiento de Yesa. |
| En enero de
2001 el ayuntamiento de Artieda presenta recurso ante la Audiencia Nacional
contra la adjudicación de la obra del recrecimiento de Yesa. La Asociación y el ayuntamiento
de Jaca se unen a dicho recurso. |
| Otras
acciones judiciales |
La
Asociación de Acción Pública para la Defensa del Patrimonio Aragonés (APUDEPA) ve admitidas a
trámite dos denuncias: una queja en Europa contra el Estado español por la
afección al Camino
de Santiago, y otra ante el Justicia de Aragón (ambas el 4 de noviembre
de 1999).
El ayuntamiento de Jaca ha
presentado un contencioso administrativo contra la vinculación del proyecto de
abastecimiento de agua a Zaragoza y el recrecimiento de Yesa.
En febrero
de 2000, Ecologistas
en Acción ha presentado un contencioso-administrativo en el
Tribunal Superior de Justicia de Madrid contra una resolución del Ministerio de Medio
Ambiente por la que se rechazaba un recurso de esta organización en el que se pedía la
nulidad de la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto de recrecimiento de Yesa (más
información).
En septiembre
de 2000, el ayuntamiento de
Jaca presenta una queja ante la Unión Europea por atentado contra
la libre competencia en la licitación del recrecimiento de Yesa (más
información).
En noviembre
de 2000, la Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza interpone ante la
Unión Europea una queja por el proyecto de abastecimiento de agua a Zaragoza y su
entorno desde Yesa recrecido (más
información).
En mayo
de 2001, APUDEPA
pone una denuncia por destrucción de 40 metros del Camino de Santiago a la
altura de San Juan de Maltray. La Asociación se une a dicha denuncia (más
información).
El 3 de
septiembre de 2001, Río Aragón y APUDEPA presentan en París un informe
a ICOMOS (la agencia de la UNESCO encargada de los sitio Patrimonio de la
Humanidad), sobre la propuesta de delimitación del Camino de Santiago realizada por el
Gobierno de Aragón, y las afecciones que tendrá dicha propuesta en la ruta jacobea (más
información).
El 24 de
octubre de 2001, la Comisión Europea admite parcialmente a trámite la queja
presentada por el ayuntamiento de Jaca por atentado contra la libre competencia en la
licitación del recrecimiento de Yesa (más información).
Noviembre
de 2001 es admitido el contencioso administrativo del ayuntamiento de Jaca
por la vinculación del proyecto de abastecimiento de agua a Zaragoza y el recrecimiento
de Yesa (más
información).
El Secretario
de Estado de Aguas, Pascual Fernández, deberá prestar declaración ante la
Audiencia Nacional (más información).
El 24 de
noviembre de 2001, Ecologistas
en Acción ha denunciado ante la Comisión Europea al gobierno
español por las afecciones medioambientales del recrecimiento de la presa de Yesa (más información).
El 28 de
noviembre de 2001, el ayuntamiento
de Jaca aprueba en pleno la interposición ante la Comisión Europea
de una denuncia contra el gobierno aragonés por la defectuosa delimitación de
Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) en el entorno afectado por el
recrecimiento de la presa de Yesa (más información).
El 16 de
enero de 2002: la Comisión
Europea admite a trámite la denuncia de Ecologistas en Acción contra el Estado Español por
el recrecimiento de Yesa (más información).
En marzo de
2002, el ayuntamiento de Jaca
decide coordinar con la Asociación Río Aragón y el
Ayuntamiento de Artieda sus actuaciones contra el recrecimiento de Yesa
en todas las comparecencias y solicitudes ante la Audiencia Nacional.
|
Infórmate aquí sobre el juicio contra tres ex altos cargos del Ministerio de
Medio Ambiente |
Acciones judiciales contra otros
embalses (4-XII-2001) |
|
Teléfonos de contacto:
Luis Solana, alcalde de Artieda: 653 666 572 – 948 439 341
Alfredo Solano, presidente de la Asoc. Río Aragón: 653 666 571
Guillermo Lacasta, vocal de la A. Río Aragón: 974 356 156 – 974 356 202
Asociación Río Aragón Contra el Recrecimiento del Embalse de
Yesa
50683-Artieda (Zaragoza) Tfno.-fax: 948 439 341
E-mail:
rio.aragon@jaca.com - página web: http://yesano.com
INFORME CIENTÍFICO SOBRE EL IMPACTO
MEDIOAMBIENTAL DEL PHN
-¡Montañés es hora de saber
de quién son los ibones!;
la lluvia, ¿de quién es? ...
Te dirán hoy lo mismo que ayer:
-Las aguas son de todos
... Sus frutos, ¡ya lo ves!-¡Montañés,
arriba de una vez!
¡Esquilas y clamores,
tocan a somatén!
... y quizás nos quieran entender:
Futuro y casa hundidos,
¡ya hay poco que perder!
"Manifiesto de invierno"
© La Ronda de
Boltaña, 2001 |
Benigno Blanco y Tomás Sancho(el PERIÓDICO DE ARAGÓN)
Sr. BLANCO a la izquierda de la mesa. 
cortando la cinta