QUIENES SON LOS RESPONSABLES DEL P.H.N. con nombres, apellidos y fotos.

Interviú n.º 1299, 19-25 de marzo de 2001

Dos juzgados investigan a los 'padres' del Plan Hidrológico Nacional
La conjura de los pantanos

Dos juzgados investigan una confluencia de intereses de un grupo de altos cargos y funcionarios que, encabezados por el secretario de estado Benigno Blanco, diseñaron el Plan Hidrológico. Varias obras que forman el espinazo de este proyecto están bajo sospecha de haber sido adjudicadas favoreciendo a determinadas empresas, pasando para ello por encima incluso de la seguridad de la población.

Texto: Joaquín Vidal

A la sombra de Isabel Tocino cuando era ministra de Medio Ambiente, y con el liderazgo de Benigno Blanco, secretario de Estado de Aguas y Costas, un grupo de altos cargos, ingenieros de Caminos y funcionarios, diseñaron un proyecto que ya se conoce como Plan Hidrológico Nacional (PHN). Hoy, la mayoría de ellos están siendo investigados por dos juzgados de Madrid por posibles prevaricaciones y otros delitos relacionados precisamente con los primeros pasos del PHN, las adjudicaciones de tres grandes embalses aragoneses, Yesa, Biscarrués y Santaliestra. Además, sobre Blanco recae la sospecha de haber favorecido a la empresa a la que perteneció, Iberdrola, con un negocio de unos 35.000 millones de pesetas en la cuenca del Júcar, a cuenta del erario.

En el juzgado 19 de Madrid Carlos Escartín, ex director general de Obras Hidráulicas, ha reconocido haber convocado y participado en la adjudicación de las obras para el recrecimiento de Yesa a una UTE (Unión Temporal de Empresas) que lidera ACS, firma en la que ingresó poco después de la concesión. Según fuentes de la investigación de este caso, además de la pasmosa coincidencia en fechas entre adjudicación y fichaje, Hacienda advirtió de que Escartín no tenía competencias para convocar ese tipo de concursos y habría ocultado para ello un proyecto inicial para esa obra de 19.000 millones. Las irregularidades con este inmenso pantano de 1.500 hectómetros cúbicos (el Gobierno pretende trasvasar del Ebro 1.080 hectómetros) llegarían a Dolores Carrillo, directora general de Evaluación Ambiental, y al secretario general del Ministerio de Medio Ambiente, Carlos Vázquez Cobos.

También la fiscalía está investigando a Tomás Sancho Marco, ex presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), por la adjudicación de un contrato –el estudio del suministro de agua desde la presa a Zaragoza– a BS Ingeniería, una consultora que él mismo había fundado junto a un socio y sus esposas, y a la que seguiría ligado en calidad de apoderado en el momento del encargo. Fuentes de la acusación señalan a interviú varias coincidencias entre los protagonistas de esta adjudicación y otros procesos por irregularidades en el ministerio, tanto en sus orígenes como en su pasado y futuro profesional. Benigno Blanco se rodeó de varios empleados de Iberdrola –como Guillermo Heras, jefe de gabinete de Blanco, antes responsable de generación hidroeléctrica de la compañía– y de ingenieros procedente básicamente de la CHE, la llave del futuro PHN; entre ellos, Escartín, Vizcaíno y, sobre todo, Tomás Sancho. Algunos, una vez dejó el cargo Isabel Tocino, han sido acogidos por Francisco Álvarez Cascos –también ingeniero de Caminos– en el Ministerio de Fomento. Tal es el caso del propio Blanco y de Vizcaíno. Sancho fichó por una consultora, Eptisa, beneficiada en la adjudicación de la autopista de peaje a Segovia, que ahora mismo investigan dos fiscalías españolas y la Comisión Europea.

El trasvase de Iberdrola
Tras ser nombrado secretario de Estado, Benigno Blanco no tuvo la precaución –como ya informó interviú en 1998– de cesar como apoderado de varias sociedades de Iberdrola, la eléctrica con mayores intereses en los ríos españoles. Sí había cesado como secretario del consejo de Iberinco (Iberdrola Ingeniería y Consultoría). Esta misma empresa recibió el encargo de hacer un estudio, por 90 millones de pesetas, para el trasvase de aguas del río Júcar al Vinalopó, que costará casi 35.000 millones de pesetas. La ley de incompatibilidades exige dos años de inhibición a los altos cargos para tratar temas relacionados con su antigua empresa. Carlos Arribas, portavoz de Ecologistas en Acción en Valencia, denuncia que es ésta una obra “a la medida de Iberdrola”. Este trasvase tenía dos recorridos alternativos, uno de ellos de gran impacto ecológico. Un decreto ley de junio de 1998 lo convertía en una obra de “interés general” y establecía como trazado el que partía de la presa de Tous y recorría menos kilómetros, con un impacto aceptable. Pero el trasvase Júcar-Vinalopó se aprobó más tarde en otro decreto que elegía la opción más larga (21 kilómetros más), que cercena la sierra de Caroche. “La única explicación a esta decisión tan extraña es Blanco”, asegura Arribas.

La llave del Plan Hidrológico

El PHN quiere transportar los supuestos excedentes del Ebro al sudeste español, la cuna de los grandes regadíos. Pero el Ebro es un río ya fuertemente explotado y jalonado por decenas de embalses. Por eso los padres del plan necesitan regular los únicos afluentes que aún bajan un poco vírgenes de la mano del hombre.

En estos nuevos embalses se acumulará el excedente de 1.080 hectómetros cúbicos que se quiere mandar España abajo. Por eso Santaliestra, Yesa y Biscarrués son la llave del PHN, y la Confederación Hidrográfica del Ebro es su brazo ejecutor. De ahí que Tomás Sancho recibiera el espaldarazo de Tocino cuando se supo que había sospechas de corrupción. Por cierto, sospechas de las que no se libró ninguno de sus antecesores, uno de los más destacados, Antonio Aragón, encarcelado por corrupto.

Santaliestra, Yesa y Biscarrués, incluidos formalmente en el PHN, ya llevaban años en los planes de la Administración y las constructoras. Si cuelan estas tres grandes obras, que suman casi 100.000 millones de pesetas, Aragón ya habrá tragado con la parte más indigesta de los faraónicos planes del PP para el Ebro.

Santaliestra fue el primer escollo que los 'padres' del PHN se encontraron. Este pueblo del Pirineo de Huesca ha presentado una querella criminal contra toda la cúpula de Medio Ambiente y la CHE.


La conducción partiría de la presa de Cortes -propiedad de Iberdrola-, usaría para su propulsión la planta de bombeo de Cortes de Pallás -una joya de Iberdrola. excavada en la roca, auxiliar de la central nuclear de Cofrentes-. Al trasvasar agua para Alicante, Iberdrola recibiría una indemnización del Estado de entre 700 y 1.000 millones de pesetas anuales. Además, Iberdrola se apuntaba a gestionar el trasvase y a turbinar el agua que se enviaría a Villena -río Vinalopó-. El negocio es tan interesante que el propio Íñigo Oriol, presidente de Iberdrola, le propuso personalmente al presidente valenciano Eduardo Zaplana, cofinanciar la obra con 15.000 millones. La enorme conducción secciona de norte a sur una gran reserva intacta, única por su calidad, biodiversidad y cantidad de especies protegidas. Un informe de la Consejería valenciana de Medio Ambiente dice que "el impacto puede ser tan importante (...) que una de las pocas zonas naturales (de) Valencia pudiera desaparecer" y concluye que el "impacto es inaceptable".
¿Por qué, entonces, se decide trasvasar por ese camino? La joya de Iberdrola en Cortes de Pallás usa el excedente de energía que produce Cofrentes de noche para elevar agua a una inmensa balsa 500 metros más arriba, sobre la Muela de Cortes. El agua baja después, turbinándose para producir energía en los momentos de más demanda en la red. Pero la compañía de Oriol no consigue así rentabilizar su joya. Si este es el camino -como parece confirmarse- que luego tomará el agua del Ebro hacia Murcia, el negocio se multiplicaría por más de diez.

Las denuncias públicas de los ecologistas sobre la connivencia entre el Ministerio de Medio Ambiente e Iberdrola indujeron a variar algo el proyecto. Al final se soterrará la colosal conducción y se excavarán túneles por toda la sierra de Caroche. Ello no evitará una catástrofe ecológica en el lugar, con la desaparición de muchas rapaces, raras especies de reptiles y varios hábitats.

El proyecto de recrecimiento del embalse de Yesa ha movido al pueblo de Artieda a la resistencia en los tribunales y la movilización en la zona. Sobre estas líneas, el alcalde y varios vecinos, que muestran su rechazo al proyecto que impulsó Carlos Escartín con pancartas y pintadas en la actual presa.

Santaliestra fue el primer escollo que los 'padres' del PHN se encontraron. Este pueblo del Pirineo de Huesca ha presentado una querella criminal contra toda la cúpula de Medio Ambiente y de la CHE.


A pesar del pequeño inconveniente para Iberdrola de perder el bombeo desde su joya, Benigno Blanco no ha dejado de alentar el trasvase. Esta obra fue una de sus primeras iniciativas recién llegado a Medio Ambiente, en 1996. Él mismo impulsó la creación de Aguas del Júcar, sociedad instrumental de la Confederación para acoger capital privado que financie obras. Una de las primeras interesadas ha sido Iberdrola. En abril de 1998, cuando nace Aguas del Júcar, Blanco impulsa con sus declaraciones el trasvase y dice que así espera "dar más velocidad".

Meses después, Iberdrola anuncia que participará con 15.000 millones en las obras si puede gestionar el trasvase. El consejero de Agricultura de Castilla-La Mancha, Mariano Maraver, denunció en el Parlamento regional que el trasvase es "el plan de Benigno Blanco e Iberdrola", y enumeró los altos cargos ligados a Iberdrola, luego en el equipo de Blanco, como Guillermo Heras (jefe de su gabinete), y el asesor José María Gil Egea, veterano portavoz de Iberdrola en la Mesa del Júcar. Concluía: "Iberdrola tiene muchos tentáculos".

En julio de 1998, Benigno Blanco escribió a Elvira Rodríguez, directora general de Presupuestos, presionando sobre un antiguo litigio de Iberdrola con el Estado en el río Júcar, la expropiación del salto de Millares. En su carta, Blanco dice que "por mi relación laboral con Iberdrola no estoy interviniendo en las negociaciones (... pero...) mi abstención no puede ser obstáculo para que te haga llegar mi preocupación. (...) Esta circunstancia personal no puede convertirse en una falta de impulso político por mi parte". Y apura a la directora general: "Te agradecería la máxima disponibilidad y esfuerzo para que se desbloquee este tema".


El desafío de Artieda
Artieda, elevado sobre un montículo, es el pueblo superviviente de la catástrofe social que supuso en 1959 el embalse de Yesa. Sus 115 habitantes han desafiado en los tribunales a quienes proyectan recrecer y triplicar la presa, poniendo en el disparadero a Blanco, Escartín y todo el oscuro mecanismo que gestiona el gasto del Estado en las grandes obras hidráulicas. Según Luis Solana, el alcalde, esta lucha "por nuestra supervivencia es un esfuerzo límite para este pueblo". Yesa será, si no lo impiden los tribunales, un gigante de 1.500 hectómetros cúbicos, con una pared 38 metros más alta que la actual.
 
Tras redactarse el proyecto 03/93 de este polémico recrecimiento, el proceso administrativo vivió años de sueño burocrático, hasta que Carlos Escartín lo reactivó en diciembre de 1998, al convocar un concurso -97 millones de pesetas- para la evaluación de impacto ambiental, que era deficiente. Fue como una chispa que movilizó con inusitada rapidez la pesada maquinaria del ministerio. Sólo tres meses después aparece lo que la acusación califica como la primera irregularidad: Dolores Carrillo, directora general de Evaluación Ambiental, amparándose en un informe del secretario general del ministerio, Carlos Vázquez -también imputado-, por su cuenta da validez medioambiental a la presa.

Dos meses después Escartín convoca el pliego para adjudicar el trasvase acogiéndose a una modalidad administrativa que le permite licitar proyecto y obra de una sola vez, amparándose en la urgencia y en que "no hay un proyecto anterior". Olvidaba, u ocultaba, la existencia del 03/93. Curiosamente, este mismo proyecto aparece reproducido punto por punto y asimilado por la adjudicataria final de la obra, ACS. Fuentes de la acusación señalan que este "regalo", por valor de varios cientos de millones de pesetas, evidencia que era notoria la existencia del 03/93 y que supone "falsedad". La irregularidad es tan notable que la Intervención de Hacienda en el ministerio de Tocino la señala, afirmando que Escartín asume competencias propias del secretario de Estado. El actual secretario de Estado, Pascual Fernández -del equipo de Jaume Matas-, soslaya el problema diciendo que "lo convalida", hecho que fuentes judiciales califican de "inaudito e inverosímil".

Escartín ya tenía el concurso en el punto que quería. De acuerdo con su testimonio en el juzgado, a partir de entonces se inhibe en un proyecto bandera de su departamento, que supone 19.000 millones de pesetas de inversión, y eso que afirma que aún no sabía que acabaría fichando por ACS. La mesa de contratación abre las plicas en febrero del 2000; se estudian las ofertas y Escartín reconoce que a su mesa llegó un informe favorable a ACS, en el que "no intervino", ni miró; cesa en el cargo el 19 de mayo del 2000, y sólo dos semanas después se hace público que una UTE liderada por ACS se lleva el contrato. Pasado el verano, el 1 de septiembre se incorpora a ACS, en la dirección de contratación, dos meses y medio después de la adjudicación. Departamento de notable éxito, pues había logrado ya el 60 por ciento de los concursos que había adjudicado hasta el momento Obras Hidráulicas. Y todo ello a pesar de que la ley de Incompatibilidades establece un periodo de dos años para poder trabajar en el sector en que se ha intervenido como alto cargo.


Escartín ha declarado que desde que cesa hasta que ficha por ACS -presidida por Florentino Pérez- permanece en el Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (Cedex), que depende de Fomento y por tanto de su anterior jefe, Benigno Blanco. Por el Cedex ya pasaron algunos personajes de esta historia, como Tomás Sancho. Este organismo, aparentemente inocuo y técnico, ha tenido un papel vital en las últimas catástrofes del agua en España. Sus informes fueron concluyentes para que se archivaran las causas penales contra el Estado por las tragedias de Biescas y Aznalcóllar. Ahora es también decisivo en la querella por Santaliestra. Imputados están, entre otros, Escartín y Blanco. Dentro de dos semanas Benigno Blanco declara como imputado por prevaricación, falsedad documental, infidelidad en la custodia de documentos, riesgo catastrófico, contra los recursos naturales y el medio ambiente, en la causa que se sigue por el embalse de Santaliestra. La acusación se basa en que, pese a edificar el embalse en una zona sísmica con continuos deslizamientos, no se hicieron estudios en la cerrada de la presa y se ocultaron e ignoraron informes que advierten del peligro. Aguas abajo está amenazada la vida de miles de personas, una situación que recuerda a la que provocó la tragedia de Vaiont (Italia), con 2.600 muertos.


Benigno Blanco, tras la declaración de Escartín en el juzgado -él se reservó el último lugar de la larga lista de imputados- aseveró que "nadie puede dudar de mi honestidad".

Los autores de la trama

Benigno Blanco
  • Ex secretario de Estado de Aguas y Costas, ahora lo es de Infraestructuras.
  • Acusado de hacer una obra de 35.000 millones a la medida de Iberdrola.
  • Imputado en el "caso Santaliestra".
Carlos Manuel Escartín
  • Ex director general de Obras Hidráulicas.
  • Convocó el concurso para la presa de Yesa sin tener competencias.
  • Fichó por ACS dos meses después de que su ministerio adjudicara a esta empresa una obra de 19.000 millones.
  • Imputado en los casos de Santaliestra y Yesa.
Tomás Sancho Marco
  • Ex presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro.
  • Investigado por dar el contrato de estudio de abastecimiento de agua a Zaragoza, ligado a Yesa, a una consultora  que fundó con un socio y a la que aún estaba ligado.
  • Imputado en el "caso Santaliestra" por prevaricación, falsedad y riesgo catastrófico.
María Dolores Carrillo Dorado
  • Ex directora general de Evaluación y Calidad Ambiental.
  • Da el visto bueno ambiental a Yesa habiendo tres informes de su propio ministerio denunciando las graves carencias del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) en los que se solicita la redacción de uno nuevo, y a pesar de que Carlos Escartín había sacado a concurso la redacción de un nuevo EIA.
  • Actualmente es asesora de la Comisaria de Transporte y Enegía de la U.E. Dña.IGNACIA   DE  LOYOLA DE PALACIO (....)

    Comisión Europea; DG Energía y Transportes; AAE. Agencia de Abastecimiento de Euratom; Contratos y estudios relativos al abastecimiento de combustibles nucleares
    Jefe de Unidad
    Tel. interno: 51219 en la Comisaría de transportes y energía  de la U.E.


 

Informes                                             Asociación Río Aragón-COAGRET
INFORME DEL CONSEJO DE PROTECCIÓN DE LA NATURALEZA DE ARAGÓN SOBRE EL PROYECTO DE TRASVASE DEL EBRO CONTEMPLADO EN EL PLAN HIDROLÓGICO NACIONAL

El Pleno del Consejo de Protección de la Naturaleza de Aragón, en su reunión de carácter extraordinario celebrada el 6 de octubre de 2000, a iniciativa propia y acogiéndose a lo establecido en el Artículo 2 punto a de la Ley 2/1992 de 13 de marzo, de creación del Consejo de Protección de la Naturaleza de Aragón, aprobó por unanimidad el siguiente

DICTAMEN

Un Plan Hidrológico Nacional debería ser el principal instrumento de planificación territorial de los recursos hídricos y de las actividades socioeconómicas vinculadas al uso del agua. Este Plan Hidrológico debería incluir los principios establecidos en la Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas, lo que necesariamente implicaría una orientación en la política hidrológica hacia el principio de sostenibilidad, buscando el equilibrio entre los recursos existentes, la conservación del medio natural y el desarrollo de las actividades socioeconómicas.

El incremento de las necesidades de agua en el arco mediterráneo, fruto del excesivo e irregular crecimiento de los regadíos mal planificados, y del importante desarrollo económico de la zona, vinculado al sector inmobiliario y turístico de la costa, hacen que las necesidades de este recurso hayan crecido notablemente en los últimos años.

En consecuencia, para paliar esta demanda creciente de agua el Plan Hidrológico Nacional prevé la transferencia de recursos hídricos de la cuenca del Ebro a otras cuencas mediterráneas, lo que conlleva una serie de efectos ambientales y socioeconómicos de gran envergadura. En Aragón, los principales impactos se localizan en los tramos altos de los principales afluentes pirenaicos sobre los que se proyectan diversas obras de regulación de gran envergadura que alterarían la dinámica fluvial, inundando amplios sectores de gran valor ambiental y sociocultural. De igual forma los tramos medio y bajo del río Ebro están potencialmente amenazados por el trasvase considerando las consecuencias ambientales derivadas del mismo.

1) Problemas ambientales de la gestión y uso del agua

La alteración de la dinámica natural de los ríos debida a la extracción, retención y modificación de sus caudales prevista en el Plan Hidrológico Nacional y en el Proyecto de Trasvase de aguas del Ebro lleva consigo una serie de repercusiones ambientales de gran importancia tanto en la cuenca emisora, como en las cuencas receptoras y en el litoral.

El Ebro es un curso fluvial de régimen hídrico mediterráneo que presenta fuertes oscilaciones de caudal con fuertes y prolongados estiajes. Este hecho provoca la disminución del caudal durante los meses del verano y un empeoramiento de la calidad de las aguas debido a la falta de dilución de la contaminación difusa y de los vertidos urbanos e industriales. En consecuencia la capacidad de autodepuración del río es mínima y las aguas tienden a eutrofizarse, poniendo en peligro la supervivencia de las especies ligadas a estos ambientes. Se considera vital mantener al máximo posible los caudales circulantes. La disminución de éstos, tal y como se prevé con el trasvase del Ebro, tendrá consecuencias muy negativas en los ecosistemas ribereños y litorales.

El impacto ambiental más importante derivado de la fuerte desnaturalización de las cuencas fluviales reside precisamente en la degeneración de los sistemas autodepurativos. La degradación de los sistemas fluviales compromete gravemente la calidad del recurso, factor si cabe más significativo que el de los volúmenes de trasvase.

Este Consejo considera imprescindible la valoración exhaustiva de los recursos hídricos disponibles del río Ebro y la evaluación de las necesidades reales y económicamente sostenibles existentes para el consumo humano, la agricultura y la industria, tanto en la cuenca cedente como en las cuencas receptoras.

Una planificación hidrológica correcta deberá establecer los caudales ecológicos mínimos que necesita el complejo fluvial hasta su desembocadura, analizando las posibles consecuencias de la disminución del caudal y los sedimentos transportados por el río en el Delta del Ebro y las playas mediterráneas, los efectos de la disminución de los nutrientes en el agua sobre las comunidades faunísticas del delta y del litoral, y los efectos de la penetración de la cuña salina hacia el interior de las tierras del Delta. Hay que considerar la alta productividad agrícola del Delta del Ebro, las actividades económicas vinculadas a la pesca y marisqueo, y la importancia de conservar la enorme biodiversidad de los ecosistemas ribereños del Delta.

En la misma línea habrá que estudiar las repercusiones ambientales del trasvase del Ebro en las cuencas receptoras. Las expectativas creadas favorecen la especulación y el despilfarro del agua, incrementándose la presión humana sobre los escasos espacios naturales existentes. Habrá que valorar las repercusiones ambientales de los nuevos regadíos, del crecimiento urbanístico y de los impactos provocados por el incremento de los residuos. Existen además, previsiblemente, otras consecuencias ambientales en las cuencas receptoras, como la posible extinción de especies piscícolas endémicas (p. ej., los ciprinodóntidos Valencia hispanica y Aphanius iberus), a causa de la migración de especies predadoras desde el Ebro (p. ej., Silurus glanis).

2º Problemas socioeconómicos generados por los desequilibrios territoriales

Los desequilibrios territoriales entre las zonas costeras y el interior condicionan la actual demanda de agua. La actual planificación territorial favorece que las zonas interiores tengan graves problemas estructurales, económicos y demográficos y tiendan a abastecer de este recurso a las zonas más desarrolladas del arco mediterráneo para cubrir una demanda de agua creciente en el sector servicios y en el sector primario.

El déficit hídrico en las cuencas del Este de la Península Ibérica se debe fundamentalmente a la concentración en estas regiones de factores económicos fuertemente consumidores de agua como el turismo, la actividad económica y urbanística y sobre todo la agricultura intensiva. En este sector la demanda se incrementa, además, por la ineficiencia de los sistemas de riego, la pérdida del recurso en las infraestructuras de regulación y la ampliación de superficies de regadío con fines económico-especulativos.

Desde este Consejo se recomienda una planificación hidrológica que garantice un consumo de los recursos hídricos racional y eficiente. Las soluciones a los conflictos y problemas expuestos pasan por adoptar políticas de desarrollo basadas en la moderación del consumo y en la optimización del uso del agua y no en el incremento descontrolado de la demanda y en el desarrollo irracional de las actividades socioeconómicas vinculadas al uso de este recurso. La implantación de técnicas de ahorro, la reutilización de los recursos, la desalinización del agua del mar, o la modernización de los regadíos se presentan como algunas de las medidas a adoptar para solucionar los problemas hidrológicos.

De igual forma se considera imprescindible buscar un modelo de desarrollo económico justo, equilibrado y sostenible, que evite las desigualdades interterritoriales. La ejecución del Plan Hidrológico Nacional en sus actuales términos únicamente incrementaría los desequilibrios.

El modelo actual de gestión, basado en la oferta ilimitada del recurso, ha provocado la sobreexplotación de las aguas superficiales y subterráneas, agravando los problemas de contaminación, produciendo graves alteraciones en el medio ambiente y contribuyendo al mal uso del agua y a la destrucción de los ecosistemas ribereños. Las soluciones pasan por una planificación hidrológica diferente basada en los principios del desarrollo sostenible, la gestión de la demanda del recurso agua y la conservación del patrimonio hídrico dentro de la estricta unidad de cuenca.

El trasvase del Ebro se considera una obra con grandes repercusiones territoriales y medioambientales y está en desacuerdo con la filosofía de la Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas, que no recomienda los trasvases como alternativa para solucionar los problemas hidrológicos de las cuencas. El trasvase del Ebro y sus infraestructuras son inadmisibles desde el punto de vista ambiental y socioeconómico.

Lo que con el Vº Bº del Sr. Presidente, en la ciudad de Zaragoza a 2 de octubre del 2000, como Secretario del Consejo de Protección de la Naturaleza de Aragón,

CERTIFICO: EL PRESIDENTE, José A. Sánchez Navarro. EL SECRETARIO, Antonio Padró Simarro

 

Noticias                                              Asociación Río Aragón-COAGRET
El País, 4 de abril de 2002
El fiscal pide ocho años de cárcel para el secretario de Estado de Fomento

Blanco aprobó una presa sin informes técnicos
MIKEL MUEZ / JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ | Pamplona / Madrid

La fiscalía del Tribunal Superior de Madrid reclama ocho años y seis meses de cárcel y otros diez de inhabilitación en el cargo para Benigno Blanco, actual secretario de Estado del Ministerio de Infraestructuras y secretario de Estado de Aguas de Medio Ambiente cuando ocurrieron los hechos. El fiscal le imputa prevaricación, falsedad documental e infidelidad en la custodia de documentos. Le acusa de haber aprobado en 1996 el proyecto del embalse de Santaliestra (Huesca) a sabiendas de que carecía de los preceptivos informes geotécnicos y de que su construcción podía haber acarreado 'una catástrofe' en la zona.

Blanco tendrá que sentarse en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial de Madrid para responder de esos tres delitos. Junto a él también figuran como acusados otros seis ex altos cargos y técnicos de Ministerio de Medio Ambiente. Entre ellos, Tomás Ángel Sancho Marco, ex presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE); Carlos Manuel Escartín Hernández, ex subdirector general de Obras Hidráulicas; José María Vizcaíno, ex subdirector del Área de Presas, y Mikel Zueco Ruiz, director de proyectos técnicos. Para éstos, las penas solicitadas fluctúan entre 17 años de inhabilitación y 11 años de cárcel. El escrito de acusación incluye delitos de fraude y estafa para tres de los acusados: Francisco Fiteni Rodríguez, director técnico de la CHE; Íñigo Barahona Fernández, ingeniero de caminos, y el citado Mikel Zueco.

Este escrito de acusación de la Fiscalía es fruto de la querella interpuesta en 1999 por el Ayuntamiento de Santaliestra contra los promotores y responsables del embalse proyectado en la localidad, cuya construcción anuló hace sólo unos meses la Audiencia Nacional.

El juzgado de Madrid que investigó estos hechos, el número 38 de Madrid, archivó la causa a fines del año pasado, pero tuvo que reabrirla de inmediato y abrir juicio oral contra los acusados tras recibir una orden en ese sentido de la Audiencia.

El actual número dos de Fomento cometió los supuestos delitos que le imputa el fiscal tras ser nombrado, en julio de 1996, secretario de Estado de Aguas del Ministerio de Medio Ambiente, en la etapa en la que su titular era Isabel Tocino. El fiscal de Medio Ambiente de Madrid, Emilio Valerio, califica de 'escandalosa' la 'maquinación' en la que participó Blanco para construir 'a toda costa' la presa de Santaliestra. Con su actitud, vulneró 'flagrantemente' la legislación medioambiental y 'despreció la seguridad' de la obra. Es decir, que aprobó el proyecto a sabiendas de que éste carecía del preceptivo informe geotécnico, necesario para conocer las características del suelo sobre el que se iba a levantar la presa, y obviando el peligro que su construcción podía acarrear a los habitantes de la zona. 'La ejecución del proyecto, aprobado definitivamente por la resolución de 26 de mayo de 1997 devendría en una catástrofe de considerables proporciones', subraya el fiscal en su escrito.

Informes desaparecidos

El fiscal imputa también a Blanco un delito de infidelidad en la custodia de documentos: le culpa de 'la desaparición de informes' que advertían con nitidez del peligro de construir la citada presa. Según el fiscal, la ex ministra Tocino, tras recibir informes que avisaban del peligro que suponía construir una presa en la zona elegida, encomendó a Blanco y a Escartín que los analizasen. Pero éstos 'no tramitaron los informes que les remitió la ministra ni ordenaron su estudio'.

Blanco, Escartín y Sancho accedieron a sus cargos entre mayo y julio de 1996, según el fiscal. La llegada de los tres supuso un nuevo impulso para la creación del embalse, presupuestado en 120 millones de euros (20.000 millones de pesetas) y por entonces objeto de numerosas quejas vecinales e informes que desaconsejaban su creación.

Uno de los altos cargos que, por escrito, habían advertido inicialmente de las irregularidades del proyecto, el también acusado José María Vizcaíno, cambió de actitud tras varias reuniones con Blanco y Escartín, según el fiscal. Tras esas entrevistas, Vizcaíno optó por ocultar informes de los técnicos Moisés Rubín de Celis y Gaspar Zaragoza, técnicos del Área de Tecnología y Control de Estructuras, que denunciaban la ausencia de los preceptivos sondeos en la zona.

Las obras del proyecto de embalse de Santaliestra nunca llegaron a iniciarse. El plan fue anulado por sentencia de la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional dictada el pasado 23 de noviembre de 2001.

Los jueces invalidaron el proyecto de la presa tras calificar la actuación de Blanco de 'insólita y anómala' y 'contraria al sentido común'. Y es que dio luz verde al embalse pese a que tenía la 'firme constatación' de que no se había realizado ningún sondeo en la cerrada donde, sobre el río Ésera, iba a construirse. La idea inicial era que el embalse tuviese una altura de 100 metros y una capacidad de 80 hectómetros cúbicos.

'Me sorprende mucho'

Benigno Blanco indicó ayer a este periódico que ignoraba el contenido del escrito del fiscal de Madrid. Aseguró que, sobre este tema, tenía 'la conciencia intelectual, moral y jurídica, tranquila', y añadió: 'A lo mejor pudo cometerse un fallo administrativo, pero buscarle trascendencia penal a este asunto me sorprende mucho'. Blanco agregó que su decisión no consistió en la aprobación definitiva del proyecto: 'Yo aprobé el proyecto pero condicionado a que antes se hiciesen los estudios geológicos de la zona'. Además agregó que, como secretario de Estado, siempre se ha abstenido de actuar 'en aquellas decisiones relacionadas con Iberdrola', compañía para la que trabajó antes de acceder a ese cargo.

benignoblancoytomassancho.jpg (12903 bytes)  Benigno Blanco y Tomás Sancho(el PERIÓDICO DE ARAGÓN)

 

La Fiscalía del TSJM pide 8 años de cárcel y 20 de inhabilitación para Benigno Blanco, Carlos Escartín, exdirector general de Obras Hidráulicas, y José María Vizcaíno, exsubdirector de Proyectos y Obras, por su actuación en el proyecto de Santaliestra. Los acusa de prevaricación, falsedad en documento e infidelidad en la custodia de documentos.

Además, solicita 11 años de prisión y 16 de inhabilitación para Francisco Fiteni, exdirector técnico de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), ahora jubilado; Miguel Zueco, director del proyecto y que aún trabaja en la confederación, e Iñigo Barahona, coautor. Están acusados de prevaricación y de delitos continuados de falsedad en documento público y de fraude. Para Tomás Sancho, expresidente de la CHE que trabaja ahora en una consultora privada de ingeniería, pide la inhabilitación por siete años.

Benigno Blanco solicitó ayer comparecer ante la comisión de Medio Ambiente del Congreso para explicar su actuación. La acusación del fiscal, entre otras muchas cuestiones, destaca su relación con la compañía eléctrica Iberdrola, de la que fue (hasta mayo del 96) director de los servicios jurídicos. La Fiscalía destaca que al aprobar definitivamente el proyecto (en mayo del 97), Blanco reconoció el derecho que tenía Hidroeléctrica de Cataluña, filial de Iberdrola, al aprovechamiento del río Esera (regulado por Santaliestra)

. bb3.jpg (3949 bytes) Sr. BLANCO  a la izquierda de la mesa.  bb4.jpg (2905 bytes) cortando la cinta


La acusación cree que el alto cargo pudo favorecer a una hidroeléctrica
J. A. H. / M. M. | Madrid / Pamplona

El secretario de Estado Benigno Blanco aprobó el proyecto de embalse de Santaliestra el 26 de mayo de 1997. Según el fiscal Emilio Valerio, el actual número dos del ministro Francisco Álvarez Cascos 'carecía de competencia objetiva' para tal aprobación, que correspondía a la Dirección General de Obras Hidráulicas. Sostiene el fiscal que la actuación de Blanco fue 'dañina' para los intereses públicos y favorecía a la empresa Hidroeléctrica de Cataluña, SA (participada por Iberdrola), a la que se adjudicó directa y exclusivamente el aprovechamiento hidroeléctrico del río Ésera, en el que se iba a construir la presa. 'En este expediente no se adjudicó ningún derecho sobre ese río a nadie', explicó ayer Blanco.

El fiscal recuerda que Blanco había estado vinculado con anterioridad a la citada compañía, en la que ocupó la dirección de los servicios jurídicos de Iberdrola, entre otros cargos de confianza. Para la Fiscalía, 'resulta evidente el interés que guiaba al acusado Benigno Blanco para aprobar el proyecto, llegando a violar su competencia objetiva y su obligación de inhibición señalada en el artículo 2.3 de la ley 12/95 de Incompatibilidades de los Altos Cargos'.

Además, la Fiscalía destaca 'la incongruencia, desde el punto de vista del interés público, que no desde el interés privado de empresas constructoras o concesionarias de centrales hidroeléctricas, de diseñar un embalse justificado en su utilidad para el riego'; máxime, 'cuando la capacidad del mismo era de 80 hectómetros cúbicos, frente a los 574 hectómetros cúbicos que admite la regulación del río Ésera'.

Asimismo, el fiscal afirma que Blanco y Tomás Sancho, ex presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), firmaron, en junio de 1998, un convenio con una sociedad privada de capital público, Aguas de la Cuenca del Ebro, SA (ACESA), cuya creación diseñó Blanco para 'gestionar privadamente la construcción y explotación de diversas obras hidráulicas vinculadas a la presa'. Al frente de ella situó al propio Sancho. Tras firmar ese convenio, la licitación del embalse de Santaliestra pasó 'por arte de magia', indica el fiscal, de 124 millones de euros a 150 millones de euros.

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El País, 5 de abril de 2002
La oposición exige a Álvarez Cascos que releve en Fomento a Benigno Blanco
J. A. HERNÁNDEZ | Madrid

El PSOE, Izquierda Unida, Iniciativa per Catalunya y Ecologistas en Acción pidieron ayer al ministro de Fomento, Francisco Álvarez Cascos, que destituya al secretario de Estado de Infraestructuras, Benigno Blanco, para quien la fiscalía de Madrid solicita ocho años de cárcel por delitos de falsedad, prevaricación e infidelidad en la custodia de documentos. La fiscalía acusa a Blanco y a otros seis ex altos cargos del Ministerio de Medio Ambiente de haber aprobado en 1996, cuando Blanco era secretario de Estado de Aguas, la construcción de un embalse en Santaliestra (Huesca) sin los preceptivos informes geológicos del terreno, entre otras irregularidades.

El portavoz socialista de Medio Ambiente en el Congreso, Víctor Morlán, calificó de 'gravísimas' las imputaciones de la fiscalía y señaló que Blanco debe 'presentar inmediatamente su dimisión por su responsabilidad política'. 'Si Blanco no toma esta iniciativa, es el Gobierno el que debe promover su cese', destacó.

Joan Saura, presidente de Iniciativa per Catalunya, también reclamó el relevo de Blanco por entender que 'carece ahora de autoridad moral y política' para ser el número dos de Fomento. 'Es escandaloso', dijo, 'que alguien que puede haber aprobado un proyecto prevaricando y beneficiando a una compañía esté ocupando un cargo público'. Para Ecologistas en Acción, la conducta de Blanco refleja 'la supeditación de la política hídrica del Gobierno a los intereses de las constructoras y las eléctricas'.

Álvarez Cascos y la dirección nacional del PP defendieron, por su lado, el comportamiento de Blanco. El portavoz del PP, Rafael Hernando, dijo: 'Se trata de la acusación de un fiscal, lo que no implica absolutamente nada, y además sobre un asunto que ya fue archivado por otro tribunal'. Según él, el origen de esta denuncia 'es político y partidista'.

El ministro Álvarez Cascos respaldó 'la integridad y honorabilidad profesional' de Blanco y calificó de 'insidia inaceptable' que se hagan 'insinuaciones de conductas reprochables'.

Prevaricación y falsedad

Blanco y otros seis ex altos cargos del Ministerio de Medio Ambiente tendrán que sentarse en el banquillo de los acusados para responder del total de seis delitos (entre ellos, prevaricación, fraude, falsedad y estafa) que les imputa la fiscalía de Madrid. Blanco está acusado de aprobar en 1996 la construcción del citado embalse, pese a la ausencia de los preceptivos informes geotécnicos del terreno, para supuestamente favorecer a una compañía hidroeléctrica. Blanco ha negado haber favorecido a ninguna empresa y asegura que, sobre este asunto, tiene 'la conciencia intelectual, moral y política, muy tranquila'.

La presa, aún sin construir, fue presupuestada en 120 millones de euros (unos 20.000 millones de pesetas).

Asociación Río Aragón-COAGRET

El País. Miércoles, 23 de mayo de 2001

El Gobierno admite que el trabajo de un ex alto cargo puede violar la ley

Escartín, ex director de Obras Hidráulicas, fichó por una constructora

CARLOS E. CUÉ | Madrid

El ministro de Administraciones Públicas, Jesús Posada, admitió ayer en el Congreso que el ex director general de Obras Hidráulicas, Carlos Escartín, pudo incumplir la Ley de Incompatibilidades de altos cargos. IU denunció en marzo que Escartín, uno de los padres del polémico Plan Hidrológico Nacional, fichó por una constructora tres meses después de participar en la adjudicación de un embalse a una unión temporal de empresas en la que estaba esa firma.

Para sorpresa de la oposición, convencida de que Posada negaría absolutamente todo, el ministro relató ayer durante una comparecencia en el Congreso solicitada por IU que, tras las denuncias aparecidas en la prensa, la Dirección General de la Inspección analizó el caso y descubrió que Escartín violó el artículo 2.4 de la Ley de Incompatibilidades de altos cargos, de 1995. En él se dice: 'Durante los dos años siguientes a la fecha de su cese los altos cargos no podrán realizar actividades privadas relacionadas con expedientes sobre los que hayan dictado resolución en el ejercicio del cargo'.

Escartín fichó en septiembre de 2000 por ACS como responsable de contratación. Sólo tres meses antes había participado en la adjudicación a una unión temporal de empresas, en la que estaba esa constructora, de las obras del recrecimiento del embalse de Yesa. Cuando Escartín decidió dejar la administración para pasar a la constructora nadie le puso ninguna objeción, según relató Posada. Pero en marzo, cuando se publicó la denuncia de IU, la Inspección pidió los datos a Medio Ambiente y éste reconoció que el ex director de Obras Hidráulicas había dictado 'varias resoluciones en relación con la citada empresa'.

Anular el contrato

Posada, en cualquier caso, no dio el incumplimiento por definitivo. Anunció que ya ha pedido un informe a los servicios jurídicos del ministerio. Si los resultados coinciden con la tesis de la inspección, el ministro aseguró que pedirá a Escartín que anule su contrato porque, en caso contrario, le abrirá un expediente sancionador.

Presentación Urán, la diputada de IU encargada de enfrentarse ayer al ministro, estaba muy satisfecha del resultado de la comparecencia. La coalición dará ahora 'un margen de tiempo razonable' al ministerio para que elabore el informe jurídico. Después pedirá sus resultados y exigirá al ministro que cumpla con la palabra que dio en el Congreso y le pida a Escartín que anule su contrato con la constructora. Además, la oposición pidió la modificación de la ley para que la inspección actúe de oficio y no, como en este caso, movida por la publicación en la prensa de la noticia.

El incumplimiento del artículo 2 de la Ley 12/1995 es considerado como una falta grave o muy grave si se ha producido 'daño manifiesto' a la Administración. Pero las sanciones que la propia ley establece se limitan a la 'declaración y publicación del incumplimiento de la Ley y la publicación de esta declaración en el Boletín Oficial del Estado'. Nada dice la ley de suspensión de un contrato privado por el hecho de haber cometido una falta grave. El ministro Jesús Posada, por tanto, fue más lejos que la propia norma al anunciar que 'habrá que instar' a Carlos Escartín a que 'anule su contrato' con ACS.


El ex director general de Obras Hidráulicas trabaja en una constructora de presas

IU critica además que otro dirigente que elaboró el Plan Hidrológico trabajó en Iberdrola
CARLOS E. CUÉ | Madrid

Gaspar Llamazares, coordinador general de IU, denunció ayer que Carlos Escartín, ex director general de Obras Hidráulicas que colaboró en la elaboración del Plan Hidrológico Nacional, trabaja ahora como responsable de contratación en una constructora que se encarga del recrecimiento del embalse de Yesa (Zaragoza), una de las inversiones más polémicas del plan por su impacto ambiental. Llamazares también criticó que Benigno Blanco, ex secretario de Estado de Aguas y hoy secretario de Estado de Infraestructuras, trabajara antes como asesor de la empresa eléctrica Iberdrola.

Izquierda Unida, una de las organizaciones que con más vehemencia se opone al Plan Hidrológico Nacional que impulsa el Gobierno, entiende que, además de los motivos de interés ecológico y de diseño territorial que desaconsejan el plan, hay pruebas de 'complicidades entre la responsabilidad pública y vinculaciones privadas' que ponen 'bajo sospecha' todo el proyecto.

Carlos Escartín fue director general de Obras Hidráulicas con el anterior equipo de Medio Ambiente, dirigido por Isabel Tocino. Como tal, según IU, fue uno de los responsables de elaborar el Plan Hidrológico que luego ha aprobado el equipo dirigido por Jaume Matas.

IU reveló ayer que el nombramiento de Escartín como responsable de contratación de la constructora ACS se produjo en septiembre de 2000, sólo tres meses después de que, como responsable de Medio Ambiente, participara en la adjudicación a la unión temporal de empresas formada por ACS, Ferrovial Agromán y FCC las obras del recrecimiento del embalse de Yesa, algo que Llamazares calificó de 'curioso'. El coste de la obra es de 18.889 millones de pesetas. Además, el coordinador general de IU aclaró que la empresa a la que ahora pertenece Escartín recibe el 60% de las adjudicaciones en materia hidrológica.

La Ley de Incompatibilidades de Altos Cargos de 1995 determina que 'durante los dos años siguientes a la fecha de su cese los altos cargos no podrán realizar actividades privadas relacionadas con expedientes sobre los que hayan dictado resolución en el ejercicio del cargo' (artículo 2.4). Este periódico intentó ayer, sin éxito, recabar la versión de Escartín sobre esta supuesta incompatibilidad que le atribuye IU.

Llamazares también criticó que Benigno Blanco, actual secretario de Estado de Infraestructuras, se encargase en la pasada legislatura de Aguas y Costas cuando durante nueve años había sido asesor jurídico y secretario del Consejo de Administración de la empresa eléctrica Iberdrola, también vinculada a las obras del Plan Hidrológico. Blanco contestó ayer con una nota en la que confirmaba este extremo y argumentaba: 'Nadie puede poner en duda la honestidad con la que he trabajado tanto en la actividad privada como pública'.

Ambos altos cargos participaron en la elaboración del Plan Hidrológico del PP, por lo que Llamazares acusó al Gobierno de utilizar los 'millones de pesetas del erario público' que suponen las obras del plan para 'pagar y dar beneficios a los amigos del PP'.

Ante la posible existencia de irregularidades en el desarrollo del Plan Hidrológico, IU pedirá información en el Parlamento sobre los altos cargos relacionados con la elaboración de proyectos y adjudicación de obras del plan.

Dos juzgados investigan si ex altos cargos de Medio Ambiente prevaricaron al aprobar dos presas en Aragón
JOSÉ A. HERNÁNDEZ | Madrid

Dos juzgados de Madrid, el 19 y el 38, investigan a ex altos cargos del Ministerio de Medio Ambiente en relación con la aprobación del proyecto de adjudicación de obras de los embalse de Santaliestra (Huesca) y Yesa (Zaragoza). Entre los querellados figuran Benigno Blanco Rodríguez, ex secretario de Estado de Aguas y Costas y en la actualidad secretario de Estado de Infraestructuras, y Carlos Manuel Escartín Hernández, ex director general de Obras Hidráulicas del Ministerio de Medio Ambiente.

La investigación es fruto de querellas presentadas por ayuntamientos próximos a estos embalses. A Blanco y Escartín se le atribuyen supuestos delitos de prevaricación (dictar resoluciones injustas a sabiendas). Blanco está citado para declarar como querellado, mientras que Escartín prestó declaración el pasado 15 de febrero, como imputado, ante el Juzgado 19 de Madrid, que dirige Miguel Ángel Fernández.

El fiscal de Medio Ambiente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Emilio Valerio, imputa a Escartín haber autorizado el recrecimiento del embalse de Yesa pese a existir informes técnicos que lo desaconsejaban por el 'alto riesgo' para el ecosistema y los vecinos de la zona. Se da la circunstancia, según las diligencias judiciales, de que el proyecto de obras de recrecimiento del embalse de Yesa fue adjudicado a la empresa ACS, Actividades de Construcciones y Servicios, en la que Escartín ocupa ahora el cargo de responsable de contratación. Escartín admitió ante el juez que el 4 de junio de 1999, en su calidad de director general de Obras Hidráulicas, 'dictó la resolución para el concurso de adjudicación del proyecto y posterior construcción del recrecimiento de la presa de Yesa'. Esta obra, dijo Escartín, se declaró 'de interés general' y se enmarca dentro del llamado Pacto del Agua por Aragón. Añadió que cesó como alto cargo del Gobierno el 31 de agosto de 2000 para incorporarse a ACS. Precisamente, ésta es la empresa a la que se ha adjudicado la obra, cuyo importe es de 18.889 millones.

En su declaración, Escartín afirmó que supo que 'ACS estaba interesada empresarialmente' en el citado proyecto cuando se abrieron las ofertas del concurso, 'entre noviembre y diciembre de 1999'. Pero subrayó que 'no participó en la mesa de contratación' del concurso. Fuentes jurídicas de la acusación replican que 'el departamento que dirigía Escartín informó a favor de conceder la obra a ACS'.

Escartín declaró que decidió trabajar para ACS tras descartar 'varias ofertas de consultoras y constructoras', y negó que le 'constase' la existencia en Hacienda 'de un informe' que pone de relieve su 'incompetencia' para aprobar el proyecto técnico de ese embalse.

NOTA DE PRENSA                                       Asociación Río Aragón-COAGRET

Viernes 16 de febrero de 2001

El principal embalse del PHN por su capacidad (1500 Hm3) -fundamental para el trasvase de 1050 HHHHHm3 de la cuenca del Ebro-, el recrecimiento de la presa de Yesa, en el Pirineo aragonés, está en los Tribunales por las irregularidades cometidas en su tramitación, con delitos de presunta prevaricación.

Los imputados son: Dolores Carrillo, ex-directora de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y actual asesora de Loyola de Palacio en la Unión Europea; Carlos Escartín, ex-director general de Obras Hidráulicas y Calidad de las Aguas, y actual director de contratación de la empresa ACS; y Carlos Vázquez, secretario técnico del citado Ministerio.

Los tres están acusados de haber actuado injusta y arbitrariamente en la resolución de la Declaración de Impacto Ambiental, trámite administrativo imprescindible para la aprobación del proyecto. El documento aprobado fue declarado en 1992 incorrecto e insuficiente por la propia Administración. La Fiscalía de Medio Ambiente ha emitido en este sentido un informe demoledor que avala la denuncia por prevaricación.

Los tres declararon ante el juez los días 14 y 15 pasados, con las siguientes conclusiones:

Carlos Escartín contrató Yesa sin tener competencias para ello
El ex-director general que contrató Yesa trabaja actualmente en una de las empresas adjudicatarias

Carlos Escartín, ex-director general de Obras Hidráulicas que firmó la aprobación del expediente de contratación de las obras de recrecimiento del embalse de Yesa, reconoció ayer en el Juzgado número 19 de Madrid que trabaja actualmente como director de contratación de la empresa ACS, una de las integrantes de la UTE adjudicataria de estas obras. Además, la Intervención Delegada determina que la competencia para firmar este documento y disponer la apertura del procedimiento de adjudicación corresponde al secretario de Estado del Ministerio de Medio Ambiente, y en ningún caso atribuye competencias a los directores generales. Estos datos fueron aportados ayer por María José Beaumont y José Luis Beaumont, letrados del Ayuntamiento de Artieda, tras concluir las diligencias por la querella por supuesta prevaricación presentada por este Consistorio en relación con la aprobación de la declaración de impacto ambiental (DIA).

La titular del Juzgado, Ana María Pérez Marugán, tomó ayer declaración a Carlos Escartín y a Carlos Vázquez, secretario técnico del MIMAM hasta el pasado 26 de enero. Los abogados explicaron tras las comparecencias que "el hecho de que Escartín no tuviera competencias para llevar a cabo la licitación y la contratación significa que no actuó de forma superficial, en algo definido como urgente y revestido por el interés general y por tratarse de una de las obras del Pacto del Agua. La adjudicación a una UTE en la que está la empresa en la que él trabaja ahora fue posible precisamente por sus actuaciones. Estos hechos van a tener consecuencias en los tribunales".

Añadieron que los dos ex-funcionarios "han reconocido la realidad de una resolución que responde a la decisión de un alto cargo administrativo, pese a tener unos informes previos en los que se especificaba que la DIA era deficiente e insuficiente. Se licitó una nueva, pero en tres meses se decidió aprobar lo anterior. Se tomó una decisión injusta y a sabiendas, y esto es prevaricación. La explicación de los imputados es que el concurso para una nueva DIA se hizo por si era solicitada, pero como resultó no ser necesaria, la anularon. En todo caso, no está acreditado que llevaran a cabo esta anulación y pensamos que se trata sólo de una maniobra de su línea de defensa".

Una vez oídas las declaraciones de los imputados, se está en condiciones de solicitar la paralización cautelar de las obras, aunque todavía no se ha planteado. Además, se va a pedir al MIMAM la acreditación de la anulación de la convocatoria de concurso de la nueva DIA y se va a solicitar la declaración del profesor Antonio Casas, autor de un informe sobre los riesgos geológicos del recrecimiento.

Las diligencias han sido "determinantes" porque los tres declarantes –Dolores Carrillo, ex-directora general de Calidad y Evaluación Ambiental compareció el día 14- "han reconocido los hechos básicos y ser los autores y firmantes de las resoluciones, aunque no les quedaba otro remedio. Sus otras líneas de actuación han sido imputarse de unos a otros, justificarse de forma impropia o no recordar algunas cuestiones", añadieron los letrados.
 

Dolores Carrillo, actual asesora de Loyola de Palacio

La ex-directora general que firmó la Declaración de Impacto Ambiental lo hizo a sabiendas de que ésta era incompleta e insuficiente

La ex-directora de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente, Dolores Carrillo, declaró el 14 ante la titular del Juzgado número 19 de Madrid que desconocía que se hubiera publicado una resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por la que se convocaba el concurso de una nueva declaración de impacto ambiental (DIA) para el proyecto de recrecimiento del embalse de Yesa, aunque en su día ella misma pidió un informe al secretario técnico para saber en qué forma la vinculaba esta resolución, ya que informes internos del propio Ministerio denunciaban que la DIA de Yesa era incompleta e insuficiente, razón por la cual se convoca un segundo concurso.

Según la información facilitada por los abogados del Ayuntamiento de Artieda, “Dolores Carrillo no ha tenido argumentos sólidos para rebatir los nuestros y ha declarado que creía que el estudio de impacto ambiental se limitaba al vaso del embalse, es decir, que no se han realizado valoraciones de otros impactos, como los sociales, las carreteras o las obras auxiliares, ni tampoco del proyecto en su conjunto, con las zonas regables”. Carrillo, actual asesora de la comisaria europea Loyola de Palacio, indicó que no tenía por qué evaluar nada más, “pero la normativa vigente establece que la valoración ha de hacerse de todo el proyecto en su conjunto”, señaló Luis Solana, alcalde de Artieda. Añadió que “también ha quedado de manifiesto que falta el estudio geológico o de riesgo sísmico que obligatoriamente debería haberse hecho. Dolores Carrillo ha declarado que esta cuestión no era de su competencia”.

Dijo no tener conocimiento oficial, ni de que se hubiera publicado, la resolución firmada por Carlos Escartín respecto al concurso para elaborar una nueva DIA, pese a que ella misma pidió un informe al secretario técnico, Carlos Vázquez, para saber en qué modo le vinculaba, y afirmó que “en ningún momento ha recibido presiones en el cargo que ocupó para firmar ésta u otras DIA”, señaló el alcalde de Artieda.

Acciones judiciales
En estos momentos, 14 son las acciones judiciales iniciadas contra el proyecto de recrecimiento de Yesa:
  • 6 contenciosos-administrativos contra resoluciones diversas.
  • 6 quejas ante la Comisión Europea por vulneración del derecho comunitario.
  • 1 querella criminal contra tres ex altos cargos del Ministerio de Medio Ambiente.
  • 1 denuncia por destrucción del Patrimonio Histórico-Artístico (Camino de Santiago)

Además, se ha denunciado ante la UNESCO la destrucción que supondrá del Camino de Santiago, Patrimonio de la Humanidad.

Todas estas acciones judiciales son iniciativa de los Ayuntamientos de Artieda y Jaca, y de las asociaciones Río Aragón, APUDEPA y Ecologistas en Acción.

A continuación, se puede ver de forma pormenorizada cada una de ellas.

El ayuntamiento de Artieda y la Asociación Río Aragón han acudido a la vía judicial, con resultado positivo. Tres recursos contencioso-administrativos, presentados el 7 de septiembre de 1999, fueron admitidos a trámite al mes siguiente:
  1. Recurso contra la resolución de la Dirección de Calidad y Evaluación Ambiental, de 30 de marzo de 1999, publicada en el BOE número 97 de fecha 23 de abril de 1999, por la que se formuló la Declaración de Impacto Ambiental (DIA). Se admitió a trámite el requerimiento de nulidad por la vía administrativa y ahora ocurre lo mismo en la judicial, a través de la Sección octava del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Posteriormente ha sido rechazado, acción contra la que se ha presentado el correspondiente recurso, actualmente en trámite.
  2. Recurso contra el acuerdo del Consejo de Ministros del 4 de junio de 1999 por el que se autoriza la celebración del contrato de obra. El Tribunal Supremo lo admitió a trámite.
  3. Recurso contra la resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y Calidad de las Aguas del 4 de junio de 1999, publicada en el BOE el 8 del mismo mes, por la que se anunció el concurso de obra con proyecto para el recrecimiento de Yesa, y la addenda con las medidas correctoras de impacto ambiental y el Plan de Restitución Territorial de su entorno (Navarra y Zaragoza), con un presupuesto indicativo de 23.000 millones de pesetas.
El ayuntamiento de Artieda ha acudido a la vía penal, presentando una querella criminal el día 13 de abril de 2000 contra tres ex-altos cargos del Ministerio de Medio Ambiente por delitos de prevaricación (dictar una resolución a sabiendas de que ésta es injusta):
  1. Contra Carlos Manuel Escartín Hernández, ex Director General de Obras Hidráulicas. 
  2. Contra Dolores Carrillo Dorado, ex Directora General de Evaluación y Calidad Ambiental, por prevaricación como firmante de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA).
  3. Contra Carlos Vázquez Cobos, Secretario Técnico del citado ministerio.

La querella criminal es admitida a trámite el 24 de noviembre de 2000 por el Juzgado de Instrucción n.º 24 de Madrid, con el informe favorable de la fiscalía (más información).

El 14 y 15 de febrero los querellados comparecen ante el juez (más información).

En septiembre de 2000 el ayuntamiento de Artieda y la Asociación Río Aragón presentan una queja ante la Comisión Europea por vulneración de diversas directivas medioambientales que presenta el proyecto del recrecimiento de Yesa. 
En enero de 2001 el ayuntamiento de Artieda presenta recurso ante la Audiencia Nacional contra la adjudicación de la obra del recrecimiento de Yesa. La Asociación y el ayuntamiento de Jaca se unen a dicho recurso.

Infórmate aquí sobre el juicio contra tres ex altos cargos del Ministerio de Medio Ambiente

 

Otras acciones judiciales
  • La Asociación de Acción Pública para la Defensa del Patrimonio Aragonés (APUDEPA) ve admitidas a trámite dos denuncias: una queja en Europa contra el Estado español por la afección al Camino de Santiago, y otra ante el Justicia de Aragón (ambas el 4 de noviembre de 1999).

  • El ayuntamiento de Jaca ha presentado un contencioso administrativo contra la vinculación del proyecto de abastecimiento de agua a Zaragoza y el recrecimiento de Yesa.

  • En febrero de 2000, Ecologistas en Acción ha presentado un contencioso-administrativo en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid contra una resolución del Ministerio de Medio Ambiente por la que se rechazaba un recurso de esta organización en el que se pedía la nulidad de la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto de recrecimiento de Yesa (más información).

  • En septiembre de 2000, el ayuntamiento de Jaca presenta una queja ante la Unión Europea por atentado contra la libre competencia en la licitación del recrecimiento de Yesa (más información).

  • En noviembre de 2000, la Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza interpone ante la Unión Europea una queja por el proyecto de abastecimiento de agua a Zaragoza y su entorno desde Yesa recrecido (más información). 

  • En mayo de 2001, APUDEPA pone una denuncia por destrucción de 40 metros del Camino de Santiago a la altura de San Juan de Maltray. La Asociación se une a dicha denuncia (más información).

  • El 3 de septiembre de 2001, Río Aragón y APUDEPA presentan en París un informe a ICOMOS (la agencia de la UNESCO encargada de los sitio Patrimonio  de la Humanidad), sobre la propuesta de delimitación del Camino de Santiago realizada por el Gobierno de Aragón, y las afecciones que tendrá dicha propuesta en la ruta jacobea (más información).

  • El 24 de octubre de 2001, la Comisión Europea admite parcialmente a trámite la queja presentada por el ayuntamiento de Jaca por atentado contra la libre competencia en la licitación del recrecimiento de Yesa (más información).

  • Noviembre de 2001 es admitido el contencioso administrativo del ayuntamiento de Jaca por la vinculación del proyecto de abastecimiento de agua a Zaragoza y el recrecimiento de Yesa (más información). 

  • El Secretario de Estado de Aguas, Pascual Fernández, deberá prestar declaración ante la Audiencia Nacional (más información).

  • El 24 de noviembre de 2001, Ecologistas en Acción ha denunciado ante la Comisión Europea al gobierno español por las afecciones medioambientales del recrecimiento de la presa de Yesa (más información).

  • El 28 de noviembre de 2001, el ayuntamiento de Jaca aprueba en pleno la interposición ante la Comisión Europea de una denuncia contra el gobierno aragonés por la defectuosa delimitación de Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) en el entorno afectado por el recrecimiento de la presa de Yesa (más información).

  • El 16 de enero de 2002: la Comisión Europea admite a trámite la denuncia de Ecologistas en Acción contra el Estado Español por el recrecimiento de Yesa (más información).

  • En marzo de 2002, el ayuntamiento de Jaca decide coordinar con la Asociación Río Aragón y el Ayuntamiento de Artieda sus actuaciones contra el recrecimiento de Yesa en todas las comparecencias y solicitudes ante la Audiencia Nacional.

Infórmate aquí sobre el juicio contra tres ex altos cargos del Ministerio de Medio Ambiente

Acciones judiciales contra otros embalses (4-XII-2001)

Asociación Río Aragón-COAGRET

Teléfonos de contacto:

Luis Solana, alcalde de Artieda: 653 666 572 – 948 439 341

Alfredo Solano, presidente de la Asoc. Río Aragón: 653 666 571

Guillermo Lacasta, vocal de la A. Río Aragón: 974 356 156 – 974 356 202

Asociación Río Aragón Contra el Recrecimiento del Embalse de Yesa
50683-Artieda (Zaragoza) Tfno.-fax: 948 439 341
E-mail:  rio.aragon@jaca.com  -  página web: http://yesano.com
 
INFORME CIENTÍFICO SOBRE EL IMPACTO MEDIOAMBIENTAL DEL PHN

-¡Montañés es hora de saber
de quién son los ibones!;
la lluvia, ¿de quién es? ...
Te dirán hoy lo mismo que ayer:
-Las aguas son de todos
... Sus frutos, ¡ya lo ves!

-¡Montañés, arriba de una vez!
¡Esquilas y clamores,
tocan a somatén!
... y quizás nos quieran entender:
Futuro y casa hundidos,
¡ya hay poco que perder!

"Manifiesto de invierno"

© La Ronda de Boltaña, 2001

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