La Comunidad Europea exige mayores controles a la inmigración
Huérfanos de Madre Patria: la expulsión de argentinos de España creció un 30 por ciento en lo que va del año

Se acabó la "inmunidad". Cerca de 50.000 ciudadanos de nuestro país viven en condición irregular en territorio español. Historias dramáticas a uno y otro lado del océano. Más información en la Edición Impresa.

La expulsión de ciudadanos argentinos de España creció casi un 30 por ciento más en lo que va de este año, con respecto a todo 2006. Según esas cifras, la supuesta “inmunidad” que parecían darnos los estrechos vínculos con la Madre Patria ya no es la misma.

Hasta hace unos años existía un pacto tácito de buena voluntad de España para con la Argentina que implicaba que los controles eran más laxos que con respecto a otros países.

“Pero ahora es la Comunidad Europea la que presiona a España a que sea más rigurosa con respecto al ingreso de argentinos. Es que luego estos inmigrantes que ingresan como turistas pueden trasladarse por el resto del espacio Schengen”, explican desde la Cancillería argentina.

Según las últimas cifras, de fines de 2006, cerca de 50.000 argentinos aún siguen viviendo en una situación irregular. Si son detenidos, las sanciones pueden ser económicas, con multas de entre 300 y 6.000 euros, o la expulsión del territorio nacional, con prohibición de entrada en España (y en el resto de países del espacio Schengen) durante un período mínimo de tres años y un máximo de diez.

En la práctica, la norma general es la expulsión, previa la tramitación del correspondiente procedimiento administrativo. Mientras se espera el trámite de expulsión, las autoridades tienen la posibilidad de tomar algunas medidas para garantizar su efectividad. Una de ellas, tal vez la más cuestionada, es el internamiento en los centros de inmigrantes.

Lois Perez Leira, presidente del movimiento Argentinos en el Exterior, explica que “los argentinos no son el principal ‘target’ de los agentes de control de la inmigración. Muchos compatriotas que logran pasar desapercibidos los primeros tres años de estadía en España, estabilizados en un lugar y sin trasladarse demasiado, tienen la posibilidad de obtener un permiso de residencia apelando a la figura de ‘arraigo social’”.

“En general. los conciudadanos son descubiertos sin papeles en operativos puntuales. Por ejemplo, cuando hay controles por ETA, o si te pescan en una inspección laboral o un control de tránsito. En esos casos sí no hay demasiada alternativa, generalmente te llevan detenido y te inician el trámite de expulsión”, asegura Leira.

Perfil.com, 23.09.2007

Julio viajó a España para ser padrino de su sobrino. Pero lo rechazaron en el aeropuerto de Barcelona. Foto: ANGEL AMAYA

TESTIMONIOS

Historias dramáticas a uno y otro lado de la frontera

—¡El argentino! Búsquenlo que tiene un llamado –grita alguien con acento extraño.

Es lunes 27 de agosto, son las siete de la tarde hora española y Sebastián García (30 años, nacido en Montegrande, provincia de Buenos Aires) se sorprende al escuchar a alguien del otro lado de la línea. Hace más de 20 días que está detenido en el Centro de Internación de Inmigrantes de Valencia. “Esto es bastante parecido a una cárcel. A las 10.30 nos dan el desayuno, después nos sacan al patio, de 14 a 16.30 debemos dormir. Yo comparto celda con otras seis personas de Colombia, Ecuador y Bolivia. La comida no es buena, pero se deja comer. Hay sólo tres teléfonos para comunicarnos con el exterior, que debemos compartir entre todos, así que imaginate lo que es eso. Qué decirte, uno se va acostumbrando a superar el día a día. Yo sólo quiero que el tiempo pase y poder volver a Montegrande, a comer un asado con los amigos. Ya no quiero saber más nada de España.”

Sebastián explica que no tiene mucho más tiempo porque debe liberar el teléfono. Pero intenta resumir cómo llegó hasta ese lugar. Hace cuatro años dejó Argentina para instalarse en España. A los 10 días ya había conseguido trabajo de “fontanero”. Todo iba bien hasta que un viernes después de cenar con unos amigos, a la salida de un bar le pidieron documentos. “No tengo, les dije, y no intenté contradecirlos. Me tomó de sorpresa.” Se lo llevaron detenido y al día siguiente ya estaba en el Centro de Internamiento. “Me quiero volver. Pero no son cosas que pueda decidir yo. El abogado que me puso mi jefe dice que las cosas están complicadas, que tengo que esperar. Como les dicen a todos. Mis dos abuelos son gallegos y siempre me hablaban de lo bonito que era esto. Esperaban que algún día pudiera venir. No pensé que iba a terminar así.”

En los últimos siete años la cantidad de argentinos que decidió instalarse en España buscando un futuro mejor creció más del 180%. Sólo entre 2000 y 2003 llegaron más personas desde Argentina que las que se habían establecido a lo largo de dos últimas décadas, según datos del informe Argentinos hacia España (“sudacas” en tierras “gallegas”). Los que no lograron tramitar la doble ciudadanía ingresaron al país como turistas, esperando en algún momento poner al día su situación. Algunos lograron “los tan ansiados papeles” a partir de la regularización de 2005. Pero, según las últimas cifras de fines de 2006, cerca de 50.000 argentinos aún siguen viviendo en una situación irregular.

Y si bien los argentinos que son rechazados en los aeropuertos tienen iniciado un trámite de expulsión o son retornados forzosamente al país alcanzan una proporción muchísimo menor que la de otras comunidades, lo cierto es que historias como la de Sebastián sirven de muestra para entender que esa supuesta “inmunidad” que parecían darnos los estrechos vínculos con la Madre Patria no siempre es tal.

Clandestinos. “La lucha contra la inmigración clandestina debe encararse sin complejos. La llegada irregular de inmigrantes es una gran lacra que tiene a los propios inmigrantes como primeras víctimas. El refuerzo de los sistemas de control en costas y fronteras –y la cooperación con los países de origen para evitar la salida de sus ciudadanos– ha hecho posible que hoy en día se esté repatriando más que nunca, y a países en los que nunca se había hecho.” El discurso de la secretaria de Estado de Inmigración de España, Consuelo Rumí, en las últimas Jornadas sobre Juventud Inmigrante, Empresa y Sociedad no deja dudas.

La vertiginosa llegada de extranjeros ha desbordado en los últimos años a España. Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas, mientras que en 2000 había 924.000 residentes extranjeros, la cifra hoy asciende a 4.145.000. Esto ha motivado un refuerzo estricto de controles y la implementación de nuevas normativas, muchas de ellas polémicas como el proyecto que recomienda a los policías a utilizar chalecos de fuerza y cascos para inmovilizar a los inmigrantes irregulares que se resistan durante su repatriación en aviones.

Tampoco ayuda el hecho de que el proceso de regularización de inmigrantes, que se puso en marcha en febrero de 2005, no haya sido ciento por ciento efectivo. “La normalización dio lugar a muchas incidencias, en general fue considerado un ‘fracaso’ por la oposición al gobierno socialista. Se pretendió regularizar a unos dos millones de personas consiguiéndose que lo hicieran unas 700.000, aproximadamente”, explica a PERFIL la doctora María Pilar Bernabéu Solano, especialista en Extranjería y miembro del Real e Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza.

Con respecto a los “ilegales”, la ley es clara: “Encontrarse irregularmente en territorio español por no haber obtenido la prórroga de estancia, carecer de autorización de residencia o tener caducada más de tres meses la mencionada autorización” es considerado una infracción grave según la ley de extranjería. Las sanciones pueden ser económicas, con multas de entre 300 y 6.000 euros, o la expulsión del territorio nacional, con prohibición de entrada en España (y en el resto de países del espacio Schengen) durante un período mínimo de tres años y un máximo de diez. “La decisión de qué sanción imponer lo determina la Administración, de acuerdo a cada caso. En la práctica, la norma general es la expulsión, previa la tramitación del correspondiente procedimiento administrativo”, explica Bernabeú Solano.

Mientras se espera el trámite de expulsión, las autoridades tienen la posibilidad de tomar algunas medidas para garantizar su efectividad. Una de ellas, tal vez la más cuestionada, es el internamiento en los centros de inmigrantes. “Estos centros son muy criticados porque se manejan con la ‘lógica de excepcionalidad’. No tienen una normativa interna como una cárcel para regular las visitas o los derechos de los detenidos”, explica el argentino Nicolás Sguiglia, que en 2002 fue detenido cuando participaba en una protesta frente al Centro de Internamiento de Extranjeros de Málaga. Después de la gran repercusión pública de su caso, logró que se levantara la orden de expulsión y que condenaran a los policías que le habían pegado en esa oportunidad.

Invisible “sudaca”. “Los argentinos sin papeles, en general, no tienen problemas con los controles policiales. Por un lado, porque son ‘invisibles’, no suele haber rasgos físicos que los diferencien de la población autóctona. Por otro, porque hasta ahora los argentinos no hemos tenido la imagen ante la opinión pública española de ‘inmigrantes’, con lo que esa imagen implica de carga negativa. Aunque esto empieza a cambiar últimamente”, explica Walter Actis, miembro del equipo de investigación Colectivo Ioé de Madrid.

Lois Perez Leira, presidente del movimiento Argentinos en el Exterior, explica que, “a diferencia de otras colectividades de extranjeros, los argentinos no son el principal ‘target’ de los agentes de control de la inmigración. Muchos compatriotas que logran pasar desapercibidos los primeros tres años de estadía en España, estabilizados en un lugar y sin trasladarse demasiado, tienen la posibilidad de obtener un permiso de residencia apelando a la figura de ‘arraigo social’”. “En general. los conciudadanos que son descubiertos sin papeles en operativos puntuales. Por ejemplo, cuando hay controles por ETA, o si te pescan en una inspección laboral o un control de tránsito. En esos casos sí no hay demasiada alternativa, generalmente te llevan detenido y te inician el trámite de expulsión”, asegura Leira.

Las distintas asociaciones de inmigrantes reconocen que, además, la situación cambia entre una y otra región de España. No existe un acoso policial generalizado. Hay zonas más “calientes como islas Canarias, Barcelona, Valencia, Cataluña, o Andalucía. Allí es más probable encontrar policías de civil o uniformados haciendo controles de documentación en estaciones de trenes, micros y otros espacios públicos. Los argentinos son una de las comunidades más importantes de la Costa del Sol, hay cerca de 16.000 sólo en Málaga. En los últimos dos años, las organizaciones en derecho de los inmigrantes hemos constatado un aumento de las detenciones y órdenes de expulsión a conciudadanos. Las deportaciones, si bien se pueden parar, gracias a la labor de los abogados y militantes, ya son cosa frecuente”, explica Sguiglia.

Hasta hace unos años existía un pacto tácito de buena voluntad de España para con la Argentina que implicaba que los controles eran más laxos que con respecto a otros países. “Pero ahora es la Comunidad Europea la que presiona a España a que sea más rigurosa con respecto al ingreso de argentinos. Es que luego estos inmigrantes que ingresan como turistas pueden trasladarse por el resto del espacio Schengen”, explican desde la Cancillería argentina.

Según el Cuerpo Nacional de Policía, unos 200 extranjeros son rechazados cada mes en el aeropuerto de El Prat, de Barcelona. Los sudamericanos figuran entre los más inadmitidos, seguidos de los asiáticos y africanos. “Se han endurecido mucho las normas. No sabés la cantidad de gente que están devolviendo en las fronteras. Antes se armaba mucho escándalo cuando rechazaban a un argentino, ahora se ha vuelto habitual”, comenta Diego Arcos, presidente del Casa Argentina en Barcelona.

“El Gobierno piensa que ya está todo resuelto y no es cierto. Si bien la gran oleada de argentinos que llegó a partir de 2001 se frenó y se logró regularizar a una parte importante de ellos, quedan cosas por resolver. Desde acá las asociaciones trabajamos en silencio, y muchos deconocen que anualmente está creciendo la cantidad de argentinos a los que ni siquiera se les permite que pisen suelo español”, asegura Leira. Arcos se suma en el reclamo. “La última vez que vino Cristina a Madrid ni nos recibió. Logramos entrar a una cena que organizaban en el Ritz y tuvimos que hacer una gestión para que viniera a saludar a la mesa de entidades argentinas.”

Laura Bris es marplatense, tiene 28 años y hace casi tres que vive en Valencia. A pesar de que está de novia con un uruguayo, quiere casarse con un español. Aunque parezca incomprensible, para ella no lo es. Hace un mes, el gobierno español le inició un trámite de expulsión. Confiesa que ya empezó a perder el miedo de salir a la calle, pero siente que si ella no encuentra una manera de quedarse, nadie más podrá ayudarla. “Me dijeron que casarse es una de las maneras más seguras para poder quedarme. Voy a esperar qué pasa y si no tendré que intentarlo.”