La constituyente, en forma discriminatoria, determinó en el artículo transitorio 17 que «la primera elección popular de gobernadores en los departamentos de Amazonas, Guaviare, Guainía, Vaupés y Vichada» se hicieran «a más tardar en 1997». Las razones apenas se revisaron, comparadas con la tremenda importancia que parecían tener todas las demás. Las intendencias y comisarías no tenían la infraestructura necesaria para realizar las elecciones, pero tampoco la tenían para realizar las nacionales, como tampoco la tienen las zonas rurales de Antióquia o Cundinamarca. De hecho el suroriente todavía no tiene la capacidad de registrar los resultados electorales para senado y cámara, pero eso parece no importarles. Si el problema hubiera sido únicamente ese, también se habría retardado la elección en San Andrés y Providencia.
Desde la capital se tiene la idea (en mucho acertada) de que San Andrés es un sitio chévere, donde todo el que puede va a pasar sus vacaciones y disfruta del paisaje y los hoteles. Los nuevos departamentos, en cambio, se piensa que están dominados por la guerrilla; una verdad a medias que tiene su origen en la ineficiencia y el desinterés del estado.
Postergar la capacidad de elección de estos territorios no sólo fue una maniobra electoral, sino que también excluyó elementos políticos que la clase política considera peligrosos o una "seria amenaza para la seguridad nacional", sin importar que algunos fueran pacifistas. Aún si fueran pro-guerrilleros, es lo mismo que si se le negara el voto a los habitantes de las laderas de Bogotá, Cali o Medellín porque se ha demostrado que en esos lugares hay milicias populares. ¡Como si las elecciones fueran un premio a las comunidades que no se han "contaminado" con la presencia guerrillera, y como si esa presencia pudiera ser determinada por las comunidades mismas! Es común castigar al civil desarmado, a la víctima más indefensa del conflicto, por algo que es responsabilidad de los gobernantes, de los que manejan la economía y de los mismos cuerpos de "seguridad".
Las elecciones en el suroriente se hicieron en 1994, tres años después de la promulgación de la constitución. En los años intermedios los gobernadores fueron designados por el presidente y la carta magna nada dice sobre preguntar a las comunidades su opinión, no habla ni siquiera de una reunioncita. Como si fuera poco, en el artículo transitorio 39, le da a la presidencia la facultad de «expedir decretos con fuerza de ley que aseguren la debida organización y funcionamiento de los nuevos departamentos» por 3 meses. Y añade que «el gobierno podrá suprimir las instituciones nacionales encargadas de la administración de las antiguas intendencias y comisarías y asignar a las entidades territoriales los bienes nacionales que a juicio del gobierno deban pertenecerles». Es decir, se dejó todo en manos de la presidencia; se podía eliminar instituciones que los habitantes siempre hubieran considerado benéficas o perpetuar las innecesarias y/o corruptas. De hecho no hay datos suficientes como para tomar una decisión a cabalidad. Lo normal hubiera sido reemplazar los datos faltantes por los que suministrara la comunidad de viva voz en reuniones, pero ¿se consultó a la comunidad?
Como cosa rara, en la Asamblea Nacional Constituyente no había una sola persona oriunda de los "territorios nacionales". Los guerrilleros venían casi todos de la zona andina y sólo tuvieron un representante directo por pura casualidad. Cuando Marcos Chalita reemplazó a Francisco Maturana por el M-19, la base del movimiento exclamó que "por fin había uno de los suyos". Meses más tarde, la desbandada del M, cartas de la madre de Pizarro y declaraciones de los reinsertados pondrían en evidencia la desconfianza hacia sus propios dirigentes. Los dos indígenas que lograron a brazo partido su asiento, Francisco Rojas Birry y Lorenzo Muelas, de Chocó y Cauca respectivamente, sólo conocieron el suroriente nacional después de clausurada la ANC. Fueron a dar allá como parte de su trabajo político. Algunos en el Guainía me contaron que hicieron reuniones, hablaron con la gente, y así y todo nadie les hizo caso. Permanecieron muy poco tiempo en Inírida y sus discursos no se diferenciaban mucho de los de los políticos tradicionales. De hecho, meses después Muelas sólo obtuvo respaldo por circunscripción nacional en el Cauca y Rojas Birry fue escogido como concejal, pero en Bogotá.
No es de extrañar que haya cierto aire foráneo, "blanco", en lo poco que habla la Constitución sobre la otra mitad de la nación. La constituyente no le hizo la más mínima mella a la concentración del poder, las formas impuestas ("decretos con fuerza de ley") y su correspondiente desdén hacia una población tan dispersa. Se pasó por el lado de los más pobres y, como siempre, apenas si se les miró.