La mesa secreta y "tranquilo que nosotros no lo matamos"

Durante nuestra primera estadía en Inírida tomábamos las decisiones inmediatas con total autonomía.  Esas tenían que ver con nuestra alimentación, nuestra vivienda y el transporte.  Las más claves había que consultarlas con Bogotá, pero de todos modos no teníamos jefe distinto a la encargada de Opción en la red, Margarita, y Dairo, de la COC, ambos en la capital.  Sólo que en la mesa departamental se necesitaba una coordinación y una claridad que nosotros no teníamos.  Además, como iba a venir Díaz Uribe, funcionarios de todos los fondos y periodistas de los diarios nacionales, no se podía salir con un chorro de babas.  Así que por vía aérea llegaron Adalgiza Laverde, directora del PNR, Enrique Sandoval, economista asesor del PNUD, y María Consuelo Ramírez, la representante del Guainía ante la red en la casa republicana, justo en frente del palacio de Nariño.  Ellos nos ayudaron a que las mesas sectoriales llegaran a un acuerdo; sobre todo en seleccionar los lugares a donde debían dirigirse los recursos para cada programa.

Adalgiza y Enrique eran muy efectivos, se conocían las reglamentaciones al derecho y al revés; eso ayudaba mucho a la hora de definirse con la comunidad.   María Consuelo guardaba silencio en casi todas las reuniones y dejaba que ellos hicieran.  La verdad no sé el sentido real de su puesto, pues su paso por el Guainía fue muy silencioso.  Sólo puedo decir que me dió una pequeña orientación con respecto a los componentes de cada proyecto.  El caso es que los tres estuvieron con nosotros en las cuatro mesas y ajustaron al dedillo la toma de las más importantes decisiones.

Con ellos hubo una mesa en la oficina contigua al despacho del gobernador.   Estaban casi todos los empleados de la secretaría de planeación departamental, el gobernador encargado, Rojas Tomedes, el alcalde encargado, ellos tres y nosotros.  Se discutía sobre los recursos reales que se tenían para el Guainía y los que se podrían utilizar para la realización de la mesa departamental.  Los desplazamientos de los representantes rurales, su alimentación y los refrigerios salían muy costosos, sobre todo teniendo en cuenta los precios que tenía que pagar la gobernación por la gasolina.  Cómo el estado paga con tres meses de retraso, oficialmente no se compra a precio del mercado, sino mucho más caro.   Había pues que negociar con los recursos que podían conseguirse en Bogotá y los que tenía la gobernación para salir del impase.  El caso es que Sandoval sacó unos fajos de formas continuas de líneas verdes y dijo "esto para que no salga de entre nosotros..." y explicó que esos datos que tenía eran recursos del presupuesto nacional que venían por Findeter.  Indicaban partidas asignadas por los congresistas locales para proyectos a realizar en el Guainía.  Una pavimentación de la vía al aeropuerto paralela, programas de empleo en el Guaviare, pistas de aterrizaje para el nivel rural y cosas así.  El problema era que todos ellos eran recursos asignados sin proyecto, una violación clara de la legislación vigente.  Adalgiza y el economista los reconocieron como rentas de destinación específica y se sentían indignados, pero también reconocían la necesidad de hacer uso de ellos, pues se trataba de necesidades más que reconocidas en el departamento.

La vaina era que no tenían proyecto.  La UDECO y las secretarías no tenían la capacidad técnica para realizarlos, capacitaciones relámpago costarían lo mismo que los proyectos, así que tenían que arreglárselas como pudieran.  No sé en que quedaron esos proyectos, si se realizaron o no, si siquiera llegaron los dineros, pero eran auxilios parlamentarios en vivo y en directo y eran (son) la práctica común en el congreso, con la venia de los fondos de cofinaciación.   Todos los que manejan recursos del estado lo saben y están demasiado comprometidos como para hacer algo.  Un cambio de constitución no convierte a los congresistas de la noche a la mañana en opositores del sistema de los auxilios (léase clientelismo).  Los constituyentes podían oponerse, pero el aparato que los generaba (genera) siguió como si nada, con todo y edificios llenos de técnicos acostumbrados a gestionarlos como lo más común del mundo.

Los pueblos que generan los recursos no saben qué se hace con ellos, no saben con claridad cuándo se los sacan, pero entienden que no van a dar justamente donde ellos lo necesitan.  Donde lo necesitan los políticos sí.  Ellos los manejan, no nosotros.  Esos recursos fueron aprobados por la presidencia, para controlar los políticos acostumbrados a ese tipo de cosas, como si fueran folklore.  "¡No podrán quitárnoslos!" nos dijo "doña Graciela Ortíz de Mora", y ahí están vivitos y coleando...

Eso no es nada, si lo comparamos con la situación de derechos humanos de los detenidos en el Guainía.  Para ellos no existía el Habeas Corpus, pues en todo el departamento no había Defensor del Pueblo hasta mayo del 95 y a la personera le tocaba "doblarse".  Como sólo hay un municipio inmenso, no se daba abasto; a duras penas alcanzaba para el casco urbano.

La situación de los presos se debe al centralismo, pues sus casos los manejan todos desde Villavicencio, a telepatía supongo.  Allá está todo: los directorios políticos, las regionales de Policía, ejército, los fondos de cofinaciación, Caja Agraria y así.  Las instituciones que hay en el Guainía son todas dependencias.  Tal vez el ICBF tenga un grado más alto de descentralización, pero lo dudo.  Los recursos que llegan son escasos, toca hacer malabares para llegar a los poquitos niños que cubre.  A eso se añade que las madres comunitarias desertan apenas tiene el subsidio de vivienda y toca pasar de la una a la otra.   ¡Si ni siquiera los recursos asignados y las fechas límites se cumplen! Bogotá mismo las pone y Bogotá mismo las rompe.

La plata no llega.  Estuve tres meses con las esperanza de ver ejecuciones, pero nada.  Las fechas límites eran al 31 de junio, pero en julio ya se hablaba de que en agosto, cuando se hubiera acabado el invierno, y me comentaban que si estaban de buenas la fecha real iba a ser en noviembre.  Llegué no más a la identificación de beneficiarios, en seis meses.  Seis meses en los que el nivel central "pensaba" organizarse en lo que correspondía al nivel rural.  Seis meses en los que se reunía a la gente, se le explicaba, se volvía a reunir una y otra y otra vez.  Los proyectos no se pueden elaborar en 2 días, pero antes es que la gente responde, después de saber lo que es una promesa de político.

Los campesinos colombianos, los indígenas y hasta nosotros nos hemos vuelto profesionales en esperar lo que no llega.  Con los presupuestos que se le adjudican a la salud, la educación y la vivienda no alcanza para más.  Se los comen la burocracia, los “lagartos”, el transporte y otros "ítems".  Lo que llega no es ni la décima parte y llega muy muy tarde.  Había esperanzas de que hubiera una ejecución en el barrio Los Libertadores de Inírida, pero del programa de un alcalde iniciado en el 92.  No he vuelto al Guainía y lo más probable es que todavía estén esperando.

Una vez estaba en el restaurante en donde almorzaba todos los días, conversando con el director del SISBEN.  En esas llegó el director de la caja de compensación, todo azarado y enojado.  Decía que no le gustaba tener encima a los fiscalizadores, que así no se podía trabajar, que eso no servía para nada, que no sabía que hacer para quitárselos de encima.  Yo le recordé que yo también fiscalizaba y el dijo que no, que eso era diferente y añadió " pero tranquilo, que nosotros no lo matamos".  Lo dijo como entre chanza y en serio, pero me hizo recordar el caso de Giraldo, en el Valle.  Este tipo se metió a seguir todos y cada uno de los casos de corrupción en el departamento, y lo amenazaron.  Tuvo que cambiar las hijas de colegio, le metieron dos granadas a la casa con todo y protección policial, no podía salir a la calle porque de pronto lo mataban y parece que murió de un ataque cardíaco cuando intentaban sacarlo por Venezuela.   Casi gritaba que el gobierno de Gaviria tenía que garantizar el derecho a la vida, que él tenía derecho a vivir en territorio colombiano y por eso rechazaba las ofertas de irse a vivir en el exterior.  El mismo decía que la mafia de la corrupción era más grande que la del narcotráfico y no era sólo nacional, funcionaba internacionalmente y se metía por donde quiera encontrara funcionarios igualmente corruptos.

En Corea, en Bélgica, en España, en Alemania, en Japón...  En todas partes se ha visto, y es justamente la mafia que está en el poder.  La ONU no más es una legalización de ella: Las armas atómicas están prohibidas para todo el mundo, excepto para E.U., Rusia, Francia, Inglaterra y China, que son los que más tienen.  Ellos son los garantes de la paz en el mundo y manejan el consejo de seguridad a voluntad.  La asamblea general debe callar ante el consejo de seguridad y acatar sus resoluciones.  Un diplomático brasileño decía que la carta de San Francisco no era sino un premio para los que se armaron primero.  Si Irán, Argentina, Pakistán o cualquier otro decide fabricar una bomba atómica, es inmediatamente condenado.  Si lo hacen los miembros permanentes del consejo de seguridad, no pasa nada.  Después de todo, ellos tienen un arsenal como para borrarnos a todos del mapa.  Otra bombita no es nada comparado con eso.

¡Ven al campo, amigo mío! Escucha a gente desconfiada que no tiene afán, que conversa y discute.  Trabajar la tierra, dar de comer después de ver crecer la planta te hace distinto.  Tu sudor físico, tu mente sencilla hace más fácil la felicidad.  Porque Foucault puede encontrar relaciones de poder en medio del amor, pero el campesino no es Foucault.  Porque caminar por la vida no es lo mismo que sentarse en ella.