El Estado ausente

UN PAIS FUERA DE CONTROL
Desde los entes reguladores hasta la Oficina Anticorrupción, toda la burocracia de control contemplada por el Estado es ineficiente y no cumple con su función. Es un país donde el Gobierno quiere usar el poder sin que nadie lo controle y donde sólo las tragedias movilizan a cambiar, aunque por poco tiempo

A las 21.15 del viernes 26 de abril de 1985 el fuego alcanzó los seis pisos del edificio de la Clínica Saint Emilien, donde había internadas 410 personas de todas las edades. Hubo 78 víctimas mortales. La mayoría murió de asfixia. Luego de lo que entonces era el peor incendio registrado en la Argentina, comenzaron los interrogantes sobre la seguridad en los centros de salud y los geriátricos. Y se reforzaron los controles. Por un tiempo, claro.

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A las 20.54 del martes 31 de agosto de 1999, un Boeing 737 de la empresa LAPA carreteó sobre la pista del aeroparque Jorge Newbery y terminó arrasando con el alambrado perimetral de la estación aérea, cruzó la avenida costanera Rafael Obligado y se estrelló. Hubo 67 muertos, entre ellos el piloto, que tenía su licencia vencida. Luego, comenzaron los interrogantes sobre la seguridad aérea. Y se reforzaron los controles. Otra vez, por un tiempo, claro.

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Después de que el joven Sebastián Cabello mató con su auto a una veterinaria y a su hijita de tres años, mientras corría una picada en la Avenida Cantilo y circulaba a 140 km/h, se reforzaron los controles de velocidad en las calles y avenidas porteñas. Duró poco, claro. Llegó después, el año último, el turno de los cinturones de seguridad, pero la moda oficial de controlar esa obligación (que debería ser una costumbre aprendida desde la infancia) también pasó muy pronto. Como ocurre casi siempre.

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Después de que 190 personas, la mayoría jóvenes, murieran por el incendio ocurrido el jueves 30 de diciembre último en el local República Cromagnon, descubrimos que falla la seguridad en las discos. Y, otra vez, comienzan los controles.

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¿Por qué siempre llegan los controles después de las tragedias? ¿Por qué los argentinos casi nos acostumbramos a perder vidas en tragedias evitables? ¿Por qué los controles estatales fallan casi siempre?

Habría que empezar por reconocer el desapego que solemos mostrar muchos argentinos -tanto funcionarios como particulares- llegado el momento de tener que acatar las leyes y normas dictadas para regir nuestro comportamiento y la posibilidad de vivir en sociedad.

"Nadie debe descuidar su propia responsabilidad dentro del sistema. Tenemos que cambiar nuestra cultura y trabajar para que todos quieran respetar determinadas reglas. Si no, el Derecho se convierte en ficción y no hay control estatal que alcance. Si no asumimos ese compromiso todos, vamos a estar buscando el camino siempre", reflexiona Carlos Alberti, presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal.

Según Alberti, para mejorar las instituciones debemos empezar por someternos a los organismos de control, con las consecuencias que ello acarree. "Pero hay que revitalizar esos organismos, que no pueden mirar con un solo ojo -agrega-. Tienen que ser independientes y autónomos, como marca la Constitución Nacional".

Para que el control sea eficaz, explica Julio Comadira, síndico general de la Nación durante la presidencia de Eduardo Duhalde y profesor titular de Derecho Administrativo de las universidades de Buenos Aires, Católica y Austral, "es preciso que concurran, como mínimo, las siguientes condiciones: por un lado, un diseño normativo del órgano o ente de control que le otorgue facultades suficientes para el cumplimiento adecuado de su misión y le brinde, asimismo, a su titular garantías formales de independencia (exclusión de poder jerárquico del controlado sobre el controlador, estabilidad en el cargo de este último, etc.).

"Y, por otro, es necesario que el controlador tenga idoneidad específica para el ejercicio de la función (ético-republicana y técnica) objetiva y formalmente garantizada por un procedimiento de selección público (concurso)".

El presidente Néstor Kirchner, desde que llegó al poder, planteó la necesidad de mejorar la calidad institucional del país y los controles del Estado y acusó al menemismo por su deterioro. Sin embargo, al menos en el plano de los controles, Kirchner no hizo otra cosa que recorrer el camino que públicamente critica.

El Presidente, lejos de elegir a personas reconocidas por su trayectoria e insospechadas de parcialidad, optó por allegados políticos al jefe de gabinete o por ex funcionarios patagónicos sin experiencia para comandar los organismos de control.

Ocurre en la Sindicatura General de la Nación (Sigen), el órgano de control interno del Poder Ejecutivo Nacional, que está a cargo de Claudio Moroni, un ex compañero de Alberto Fernández en la Superintendencia de Seguros y cuya síndica general adjunta, Alejandra Minnicelli, es esposa del ministro de Planificación, Julio de Vido.

Desde el mes último, pasa también en la Oficina Anticorrupción (OA), un organismo que funciona en la órbita del Ministerio de Justicia y que creó Fernando de la Rúa en diciembre de 1999 para suplir la poca efectividad que tenía la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas (FNIA), que no depende del Gobierno sino del Ministerio Público Fiscal. A cargo de la OA fue designado Abel Fleitas Ortiz de Rozas, reconocido especialista en Derecho de Familia y ex socio político y viceministro de Gustavo Beliz.

Fleitas Ortiz de Rozas no tiene ninguna experiencia en materia de control de corrupción y, ni bien llegó al cargo, le pidió la renuncia al director de Transparencia, Nicolás Raigorosky, para nombrar a su mano derecha Osvaldo Pitrau, que debe 63 cheques librados sin fondos, carga con nueve juicios ejecutorios en su contra y fue declarado deudor incobrable por el Banco Central de la República Argentina (BCRA).

"La OA atraviesa su peor momento. Hasta ahora siempre había estado a cargo de personas con mucha trayectoria que venían de la Justicia penal y no tenían experiencia en la rosca política. Con su independencia se fue construyendo un organismo respetado ante la sociedad, aun en el momento del que se vayan todos. Ahora, todo parece haber cambiado", dice, molesto, un funcionario que trabaja desde la creación del organismo y pide reserva de su nombre.

La FNIA, donde a fines de 2003 llegó por concurso Manuel Garrido, ex director de Investigaciones de la OA, también está lejos de ejercer un control efectivo sobre el Estado. "La Fiscalía está mejor que cuando llegué, porque venía de muchos años de inactividad, pero está a años luz de lo que debe ser", admite Garrido en diálogo con LA NACION.

De hecho, su principal trabajo del año fue preparar un diagnóstico para proponer cambios organizacionales y reformas normativas al procurador general de la Nación, Esteban Righi, y al Congreso, y sólo se presentaron siete denuncias judiciales en todo 2004.

Uno de los proyectos de ley preparados por Garrido busca que todos los organismos del Poder Ejecutivo acepten someterse plenamente al control de la FNIA. En la actualidad, según un informe interno, eso no ocurre en la Jefatura de Gabinete y los ministerios del Interior, Justicia, Educación y Defensa, ni en algunas secretarías de Estado, como la de Turismo, Legal y Técnica y Agricultura, Ganadería y Pesca, entre otras.

El otro organismo de control, la Auditoría General de la Nación, que depende del Congreso, sigue a cargo de Leandro Despouy, un hombre designado por el radicalismo que venía de la Cancillería. "La propia lógica de la Auditoría, en la que el PJ y la UCR, como partidos gobernante y principal de la oposición, se reparten el poder, hace que el organismo no sea demasiado eficiente", reconoce uno de sus principales funcionarios.

Hace casi un año, la Auditoría y la Corte Suprema de Justicia firmaron un convenio para que el organismo de control ayudara al Poder Judicial a mejorar en materia de transparencia. "Todavía no han hecho nada, absolutamente nada", dice el directivo de una ONG que sigue de cerca los cambios en la Justicia y pide no ser identificado.

"Este Gobierno mostró algunas señales positivas, pero la vocación de transparencia debe ser permanente y los nombramientos sospechados en varios organismos de control no ayudan para nada a esa línea", subraya Alberti. Con él coincide Horacio Bersten, secretario de la Unión de Usuarios y Consumidores y profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires: "No quiero ser terrible con este gobierno, porque en cuanto a las tarifas no ha estado mal. Pero desde el punto de vista de los organismos de control no ha hecho nada, absolutamente nada".

Cuando se privatizaron los servicios públicos en la década del noventa, se creó un sistema de entes reguladores cuya función es la de velar por el cumplimiento de las obligaciones asumidas por las empresas y defender a los usuarios. Dos de ellos fueron creados por ley -el de la electricidad y el de gas- y los demás, por decreto.

En la actualidad, ninguno está regularizado y todos se encuentran a cargo de interventores designados por el Presidente y cuestionados por las asociaciones de consumidores por su falta de experiencia e idoneidad.

El ente regulador de las empresas del gas, Enargas, está a cargo del contador Fulvio Madero, que fue designado por decreto y no pasó por el concurso que dispone la ley ni cuenta con ratificación parlamentaria. El directorio cuenta con sólo tres de los cinco directores que establece la norma y uno de ellos no posee título universitario, uno de los requisitos. Es un maestro mayor de obras, un oficio muy respetable por cierto, aunque no idóneo para esta función.

La situación no es mejor en el ENRE, que se encarga del sector eléctrico. El organismo no tiene presidente desde hace más de dos años porque se congeló el concurso público para seleccionar a los directores. La conducción la ejerce el vicepresidente, Ricardo Martínez Leone, que ingresó en el ente en representación de las provincias. Según un informe de la Unión de Usuarios y Consumidores, el ENRE no reclama a las empresas multas millonarias destinadas a los usuarios y excluidas de la Resolución 308 del Ministerio de Economía, que dispuso que las multas destinadas a los entes no deben ser cobradas sino que pasan a engrosar la negociación con las privatizadas. El organismo, según la Unión, está en condiciones de cobrarle ya 14 millones de pesos a Edesur, 7 millones a Edelap y 43 millones a Edenor. Pero no lo hace.

La Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC), que se ocupa de verificar el funcionamiento de las empresas de telefonía, está intervenida desde hace casi tres años y, el 30 de diciembre último, el Gobierno extendió la intervención hasta fines de 2005 y ratificó la designación del interventor Ceferino Namuncurá, que ejerce en forma unipersonal todas las funciones del directorio del organismo.

En la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), que se ocupa del control de los camiones, ómnibus y colectivos, ocurre algo similar. Tiene como interventor a Pedro Ochoa, que también concentra todas las funciones. Y el Orsna, organismo que regula los aeropuertos, quedó en manos del brigadier Horacio Orefice, que igualmente llegó sin concurso.

Los demás organismos, la Administración General de Puertos y los organismos de control del agua y los concesionarios viales, Occovi, no están mucho mejor, aunque este último es el único que cobra las multas a las empresas porque quedó excluido de la Resolución 308 del ministro Roberto Lavagna.

A mediados del año último, el Gobierno envió al Congreso un proyecto de ley para dictar un nuevo marco regulatorio para los servicios públicos, que preveía la revalorización de los organismos de control. Pero la puja con las privatizadas y el FMI hizo que luego perdiera interés en la aprobación de esa iniciativa.

"El Gobierno quiere ejercer el poder sin compartirlo y sin controles. Ninguno de estos personajes sabe nada sobre la materia que debe controlar ni sobre controles en general -opina Bersten-. Desde la Presidencia trataron de poner a personas de confianza, sin ninguna experiencia, para tener controlada el área y no sufrir contratiempos."

Por Laura Zommer
La Nacion, Domingo 9 de enero de 2005