El incendio en la discoteca: la errática estrategia en el área de verificaciones y fiscalizaciones Ocho políticas de inspecciones en seis años
Desde De la Rúa hasta Ibarra, nunca hubo un rumbo estable; de la centralización al Plan Cristal

El ex presidente creó la dependencia que finalmente estalló en manos de Ibarra, luego de dos cámaras ocultas que sugirieron hechos de corrupción
Quiénes estuvieron a cargo de los controles

Sin una política firme y constante, cuesta creer que algún organismo pueda funcionar adecuadamente. Y esto es, justamente, parte de lo que sucedió con el control en la ciudad de Buenos Aires, donde en los últimos seis años se cambiaron ocho veces la estrategia y los funcionarios a cargo del área.

Fernando de la Rúa, Enrique Olivera y Aníbal Ibarra no coincidieron en los medios para alcanzar el fin de habilitar y fiscalizar correctamente los locales comerciales de la ciudad.

Así, desde 1999 en adelante, la errática política de control desembocó en la virtual intervención que, desde anteayer, conduce Juan José Alvarez.

Los vaivenes comenzaron en enero de 1999, cuando, tras reiteradas denuncias de corrupción, De la Rúa disolvió las direcciones generales de Policía Municipal y de Registros y Certificaciones. Unos meses antes de las elecciones que lo convirtieron en presidente de la Nación, el entonces jefe de gobierno resumió ambas dependencias en la Dirección de Habilitaciones y Verificaciones (DGVH), que años más tarde complicaría la gestión de Aníbal Ibarra.

En el comienzo del mandato de De la Rúa, la estrategia de las inspecciones dependía de la Secretaría de Gobierno, a cargo de Enrique Mathov, y estaba centralizada.

Cuando De la Rúa deja el gobierno porteño al vicejefe, Enrique Olivera, éste sanciona un decreto (el 1015) que descentraliza el poder de policía. Así, en 2000, Olivera resolvió que alrededor de 200 inspectores debían trabajar en los centros de gestión y participación (CGP), de manera que atacaran los problemas que surgieran de las quejas de los vecinos. O sea: debían ocuparse del control barrial.

Originalmente, la lógica de la descentralización incluía la creación de las comunas, cuya organización suponía una cuota mayor de poder que la que históricamente tuvieron los CGP. La mayoría de los inspectores, por lo tanto, debía trabajar en las comunas, mientras que sólo una porción menor quedaría centralizada. Este último grupo se ocuparía de las problemáticas generales, como la habilitación y el control de los estadios y de las discotecas.

En agosto de 2000, Olivera dejó el gobierno y, en su lugar, asumió Aníbal Ibarra, que volvió a centralizar las inspecciones, aunque mantuvo el poder de policía en la DGVH, dependencia que confió a Horacio Spandonari.

La sospecha eterna
La DGVH estalló cuando en dos cámaras ocultas se sugirió la implicación de inspectores en casos de corrupción. Ante la crispación pública provocada por las supuestas revelaciones -en verdad, las imágenes no ofrecieron pruebas claras sobre la corrupción en el control y las inspecciones-, Ibarra echó a Spandonari, intervino la dirección general y nombró como nuevo titular a Martín Schmukler, encargado del "operativo limpieza". Curiosamente, en enero de 2003, por decreto, Ibarra nombró a Spandonari miembro del directorio de la Obra Social de la ciudad (Obsba).

Tras la intervención de Schmukler, durante la cual fueron despedidos decenas de inspectores, en mayo de 2002 Ibarra volvió a cambiar: centralizó todo el poder de policía en la nueva Secretaría de Control Comunal y nombró allí a la hoy diputada nacional Silvana Giudici. Hasta entonces, las áreas de control estaban diseminadas por todo el organigrama porteño.

Con pocos recursos humanos para trabajar, Giudici le dio entidad a la Unidad Polivalente de Inspecciones (UPI), conformada por profesionales que debían trabajar en grupos de seis o siete personas. Cada equipo estaría integrado por conocedores de diversas funciones relativas al control y la fiscalización. Uno sabría la parte legal de la habilitación, otro se ocuparía de la referida a los planos, un tercero entendería de incendios y así sucesivamente.

Ya con Fabiana Fiszbin como subsecretaria (desde diciembre de 2003 Giudici dejó Control para ocupar una banca en Diputados), en agosto de 2004 Ibarra disolvió la UPI y creó la Dirección General de Fiscalización y Control, a cargo de Gustavo Torres. Esta es la dependencia que nunca envió un equipo de inspectores a corroborar in situ que República Cromagnon estuviera en condiciones.

Desde la tragedia del jueves 30 de diciembre, el sistema explotó y puso en jaque la carrera política de Ibarra y de varios funcionarios porteños más. En principio, renunciaron Fiszbin y el secretario de Justicia y Seguridad Urbana, Juan Carlos López.

Anteayer, luego de una ingeniería política que contó con la aprobación -¿el permiso?- de Néstor Kirchner, de Eduardo Duhalde y de Alberto Fernández, Ibarra nombró como nuevo titular del área a Juan José Alvarez, hombre de perfil más alto, ex ministro nacional de Justicia, ex ministro bonaerense de Seguridad y ex intendente de Hurlingham.

Alvarez llegó, echó a 27 funcionarios y prometió el Plan Cristal, un proyecto de transparencia para el control y las habilitaciones. Es el octavo cambio en seis años. Una demostración de que sin una política estable no hay sistema que aguante.

Por José Ignacio Lladós
La Nacion, Domingo 9 de enero de 2005

Demasiadas vueltas
Fernando de la Rúa
Por denuncias de corrupción, antes de dejar la Jefatura de Gobierno disolvió dos direcciones generales y creó la Dirección de Verificaciones y Habilitaciones (DGVH).

Enrique Olivera
Resolvió por decreto la descentralización de las inspecciones. Así, la mayoría de los controladores pasó a los centros de gestión y participación (CGP) y sólo un grupo reducido quedó centralizado.

Aníbal Ibarra
Eliminó la DGVH tras dos cámaras ocultas, creó y luego disolvió la UPI, y armó la Dirección de Fiscalización, que nunca controló Cromagnon.