La Ley sobre Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas (Lmdfe), la Ley sobre Delitos Informáticos y las nuevas Ley de Licitaciones y Ley de Registro Público y del Notariado ubican a Venezuela entre los países con mayor desarrollo de marco legal para operaciones en línea de Latinoamérica, según expone Maritza Escalona, presidenta de la Cámara Venezolana de Comercio Electrónico, Cavecom-e.

En opinión de la ejecutivo, aún es necesario el mejoramiento de la infraestructura tecnológica del país, el adiestramiento de quienes van a operarla y la difusión de sus posibilidades y ventajas. No obstante, “no se puede afirmar que Venezuela se encuentra en un estado de retraso en lo que a legislación para Internet se refiere”, aclara Escalona.

Según Gerardo Pagés, consultor jurídico del Centro Nacional de Tecnologías de Información (CNTI), “hace poco más de dos años no había forma de demostrar ante un tribunal que un negocio realizado a través de Internet era válido jurídicamente. Hoy, Venezuela ha superado a muchos países y se ha puesto a la vanguardia en lo que se refiere a legislación para Internet.”

Todavía hay camino por recorrer

Pese a los avances conseguidos con las leyes para el sector de TI en el país, algunos especialistas consideran necesaria la formulación de reformas o el desarrollo de reglamentos que instrumenten su aplicación. Estos requerimientos se manifiestan especialmente para canalizar el poder de compra del Estado.

Ya desde noviembre del 2001, en el marco del Foro Aplicabilidad de la Ley de Licitaciones ante el Nuevo Marco Legal de Comercio Electrónico, organizado por Cavecom-e, se recomendó la reforma de esta ley. En esa ocasión, se precisó la necesidad de normar la publicidad electrónica de los procesos licitatorios y de que las firmas electrónicas tuvieran explícitamente el carácter legal de las firmas autógrafas.

Otro de los aspectos cuestionados en el actual marco legal gira en torno a la magnitud de las penas previstas para las infracciones en Red. Sin embargo Beatriz Di Totto, co-redactora de la Ley sobre Delitos Informáticos, y Fernando Fernández, abogado y socio de Baker & McKenzie, consideran suficiente una reforma gradual del Código Penal para establecer adecuadamente las sanciones, según informó el diario El Nacional, en su edición del 8 de marzo.