National Post
© 2000 Southam Newspapers Inc.
Esto es una Locura (Mito del Padre Abusador
Parte 3 de 3 )
Los Padres
Divorciados que pagan las pensiones de sus hijos se encuentran
atrapados en una pesadilla burocrática
Por Donna Laframboise
La hija de Stan Gal, Vanesa tiene 23
años y trabaja como vendedora especialista en la IBM de Canada.
Sin embargo, el gobierno de Ontario le retiene cada mes 322
dólares de su nómina como pensión para ella.
Gal trabaja en Oficina Municipal
Regional de York al norte de Toronto, y le han dicho que las
deducciones continuaran hasta que su antigua esposa, Halina Ogonek
considere que su hija no va a ir mas a la Universidad, o hasta que
consiga una orden judicial para este fin.
Como muchos otros padres divorciados
en todo el país, Gal, cuya esposa ha mantenido ella sola la
custodia; ha descubierto que la pensión infantil es una pesadilla
burocrática. No hay análisis ni balances para protegerse contra
tales pagos sin garantías, ni tampoco tienen en cuenta los cambios
que ocurren en las vidas de la gente que paga esta pensión.
Si se encuentran en desempleo, son
obligados a trabajar subempleados o a tiempo parcial, son
insultados o atacados, se les dice que para tener en regla las
obligaciones de las pensiones infantiles, deben de contratar a un
abogado y conseguir una sentencia judicial. Incluso en los casos
en su hijo llegue a vivir con ellos o pase a ser acogido por las
autoridades de protección del menor, es la misma historia. Consiga
una sentencia judicial.
Los once años de separación han sido
financieramente difíciles para Gal. Ahora, después de mantener a
su hija durante cinco años mas de la mayoría de edad, está
teniendo dificultades para probar que ella no ya no es solo una
estudiante.
En julio de 1997, Gal y Ogonek
firmaron un acuerdo en presencia de un oficial de juzgado que
después de estar escrito a maquina y refrendado por un juez, se
convirtió en sentencia judicial. Esta obliga a Ogonek a permitir a
Gal con “consentimiento escrito” a que pueda acceder a la
“información médica y educacional” para cuidar de sus hijos.
Seis semanas mas tarde, Victor Slater,
abogado de Ogonek, informó a Gal por escrito: “En relación con la
emisión de información médica y educacional, ninguna le será
proporcionada sobre Vanessa Lynn Gal. En relación (a los otros
dos chicos, ahora de edades de 13 y 17) por favor haga sus
preguntas caso por caso y las preguntas serán enviadas a nuestro
cliente”
Desde 1995, Gal recibió una serie de
cartas del Instituto de Vanessa diciéndole que desde que su hija
había cumplido 18 años, el colegio no estaba autorizado a enviarle
sus notas sin el consentimiento de ella. Le dijeron del colegio.
“Vanesa nos ha indicado que ella no desea que se le envíe la
información por usted solicitada”.
Aunque Vanesa, que todavía cobra los
cheques Navideños de su padre, se inscribió en la Universidad
McMaster a últimos del 1996, continua negando a su padre la
información. En Julio de 1998, para cumplimentar el su solicitud
para trabajar en el proyecto contra la droga, ella le envió a él
un documento que confirmaba que ella estaba inscrita como
estudiante en 1997-98. Aunque su compañía de seguros, le envió una
carta pidiendo confirmación de inscripción cada año académico,
ella no le envió ninguna carta mas.
El dolor de Gal por la perdida de su
relación con la niña, que solía preguntarle a él si era la niña de
sus ojos, y a quien él respondía “justo mi corazón”...., está
fuera de medida. “No conozco a una hija de 23 años”, decía
“conozco a una hija de 13 años. “Hay muchas cosas que me he
perdido todos estos años”.
Pero hoy, está centrado en una
pregunta: Es su hija estudiante a tiempo completo o no?. Esta es
una pregunta que Vanesa no quiere contestar. Cuando el National
Post le dejo a ella un mensaje de voz en el número de IBM, su
madre devolvió la llamada diciendo “Tu la estas hostigando en su
lugar de trabajo, y no quiero que la llames mas” .
Gal no se opone a pagarle la pensión
“No tengo un problema en afrontar mis obligaciones financieras con
los niños. Pero llega un momento en que uno se siente abusado, y
es justo como yo me estoy sintiendo ahora”.
Con sus dos hijos menores, también
ocurrió una cosa parecida en la educación secundaria, Gal temía
ser llamado y tener que acudir repetidamente a los juzgados para
aclara asuntos que serían tonterías. “Esto es una locura”, decía
Anne Cools senadora Liberal. “Cada acto simple que requiere
corroboración legal es sumamente caro. Cada cambio de
circunstancias puede precisar volver y volver atrás, es un
procedimiento que está mas allá de las posibilidades financieras
de la mayoría de la gente”. También es un enorme gasto de tiempo
judicial.. En dos diferentes reuniones, Cools y el MP Liberal
Roger Gallaway (Sarnia-Lambton) se han dado cuenta de la situación
en que se encontraba el propio Gal.
Ellos dijeron que los padres
divorciados no deberían verse forzados a pagar las pensiones
infantiles pasada la mayoría de edad, solamente porque los hijos
permanezcan en el colegio. “ Los padres que aun permanecen casados
no están legalmente obligados a financiar la educación
secundaria”. Decía Cools. “ Pero los padres divorciados están
siendo obligados por los juzgados a hacerlo. Esta es una terrible
discriminación en razón el estado marital”.
En el 1997, cuando se pasaron las
enmiendas a la ley del Divorcio, la Cámara de los Comunes remitió
una modificación al Senado que decía que un individuo que había
alcanzado la mayoría de edad, podía seguir recibiendo la pensión
debido a enfermedad, incapacidad, “conseguir una educación
razonable” u “otra causa”.
Back in 1997, when
amendments to the Divorce Act were passed, the House of Commons
submitted a bill to the Senate that said an individual who had
reached the age of majority could still qualify for child support
due to illness, disability, "pursuit of reasonable education," or
"other cause."
El Senado rehusó pasar la moción hasta
que la frase el “conseguir una educación razonable” fuera
eliminada, pero esto no ha parado a los jueces, quienes
rutinariamente deciden que una educación superior es “otra causa”.
“Los juzgados están haciendo esto
Bajo cuerda”, decía Coos. “Acaso el Parlamento intento con
las palabras “u otra causa” incluir la educación universitaria?.
La respuesta es no.
“Hay un incomprensible e ilógico
elemento en esta ley” añadía Gallaway. Un hombre de 30 años puede
ser declarado un niño con motivo de una pensión para educación
secundaria, mientras que un chico de 14 años puede ser considerado
un adulto en razón de la ley criminal”.
Ciento cincuenta kilómetros al Norte
de la casa de Gal, otro empleado municipal de una pequeña
localidad relataba unos sucesos similares. En relación con la
protección de la intimidad de su hijo menor, “Robert” pidió que ni
su comunidad ni su nombre fueran dichos.
Cuando la primera esposa de Robert le
dejó en 1987, el continuó sacando adelante a su hijo e hija en el
domicilio familiar. Después de terminar el Instituto, su hijo fue
al colegio comunitario ente 1990 y 1993. Robert aportó la mitad
de los costes de educación (mantenimiento y cuidado), por eso su
hijo no tuvo necesidad de créditos escolares.
En 1994, después de salir con una
mujer durante varios años, Robert se volvió a casar. Estando en
contra de su segundo matrimonio, su hija de 17 años, abandonó el
hogar y se fue a casa de una prima. Dos años mas tarde, justo
antes d empezar en la universidad, se fue con su madre biológica –
quien reclamó a Robert una pensión infantil para financiar la
educación de su hija..
“No estoy diciendo que mi hija no
merezca dinero”, decía Robert. “Ella lo merece. Nosotros le
decimos que venga hablaremos y llegaremos a alguna conclusión. Yo
le he llamado para conseguir que nos encontremos. Y sus palabras
fueron “No tengo que hablar contigo. Mi madre y su abogado dicen
que el juez te hará pagar”.
" Después de 10 minutos de audiencia
en Enero de 1997, el Juez Thomas Wood, dictaminó que Robert
debería contribuir con 1000 dólares mensuales a la educación de su
hija – sin fijar limite. Aunque la guía federal de pensiones
infantiles indican que un padre que gana lo que gana Robert
47.000 dólares al año debería pagar unos 600 dólares al mes de
pensión a un hijo, el juez no explicó justificación alguna para
haber escogido una cantidad significativamente mayor.
En un suspiro, el salario de Robert se
quedó en la mitad. El apeló y ocho meses mas tarde, fue confirmada
por una corte de apelación compuesta por tres jueces. Que
siguiendo por el mismo camino, no aportaron explicación alguna.
Solamente decía: “ Este tribunal ordena que la Apelación está
desestimada”
De acuerdo con Robert, ambos abogados,
su abogado inicial y su consejero de apelación estaban tan en
desacuerdo con estas decisiones, que le cobraron un total de unos
10.000 dólares de minuta entre los dos.
En los pasados tres años, Robert (sus
pagos terminaron solamente en el último mes de Enero), ha pagado
38.000 dólares a su hija para educación secundaria. No ha habido
una sentencia judicial obligando a su madre biológica a hacer una
aportación similar. Tampoco los juzgados le dijeron a esta joven
que ella misma tenía la responsabilidad de aportar una parte de
los costes.
Como en e caso de Stan Gal, la hija
de Robert se oponía a darle información sobre los cursos que
estaba haciendo o las notas que sacaba. “No es normal que uno
espere de alguien, que pague los estudios universitarios de un
hijo que no quiere hablar con el”. Decía Cools . “Simplemente no
se hace”.
Además, decía, esto es jugar a dos
barajas , “Una persona no puede pasar en un momento de ser un
niño a ser un adulto”. Aun el senador citaba casos legales, en los
que el mismo juez decía a un padre divorciado que debía pagar la
educación de un hijo adulto, en la siguiente ocasión, decía que el
padre no tenía derecho de inmiscuirse en que colegio iba su hijo
ya que era un adulto capacitado para tomar sus propias
decisiones.
En 1998, la segunda esposa de Robert
hizo una presentación oral en un congreso federal para la
investigación de asuntos del divorcio. Ella apuntaba que aunque
seguramente esto no había sido la intención del legislador, la
pensión que ella recibía de su anterior esposo para sus dos hijos
menores, estaba de hecho subvencionando la educación de la hija
mayor de Robert.
“Nosotros no podremos posiblemente
vivir con su sueldo después de que se haga la sentencia”, dijo en
el National Post. Todavía con deudas, la pareja ahora no tiene
ahorros, están preocupados por sus posibilidades para ayudar a sus
dos restantes hijos con los gastos de la educación secundaria,
estarán limitados y están anticipando sus años de retiro con
consternación.
“Esto realmente me fastidia cuando leo
los titulares de “Padres Negligentes”, decía la esposa de Robert.
“Porque pienso: ¿No tienen ni idea. No creen que esto pueda ser
tan malo. Incluso mi cuñado, el marido de mi hermana decía: ‘no
me estas contando todo, esto no puede pasar en Canada’. Y yo le
decía, ‘Esto pasa en Canada y estoy avergonzada de que ocurra’”.
Pero el titular “Padre negligente”
llama la atención, incluso cuando contrasta con los hechos. Niall
Preston trabajador de correos, un candidato al NDP a las
elecciones provinciales de Manitoba en 1995, se retiró de la
candidatura después de un articulo del ‘Sun Winnipeg’ con el
titular “Padre Negligente del NDP quiere ser MLA”
Lo cierto, es que Preston no era un
padre negligente. El estaba al corriente del pago de la pensión
compensatoria a su ex esposa y a su hijo pequeño. Pero siete meses
antes, el hijo de 17 años de la pareja había dejado la casa de su
madre en Regina y se había ido a vivir con su padre a Winnipeg.
Preston, que estaba a la espera de una
actualización para que la burocracia legal tomara en cuenta las
nuevas circunstancias de su familia, fue encontrado culpable de
nada menos que de no haber seguido mandando 350 dólares mensuales
a su anterior esposa para el hijo que ya no vivía con ella.
Pero no fue solo eso, su ex esposa y
el oficial del gobierno insistían en que Preston debía de ser
condenado. Gary Doer, su contrincante – y ahora primer ministro en
Manitoba—le criticaban a el públicamente. “en nuestro sistema, el
juzgado toma una decisión usted tiene que cambiarla en el
juzgado,” Decía Doer en la prensa, apuntando que Preston había
también violado la política interna del NDP.
Hazel McBride, un psicoterapeuta de
Toronto, cuenta una historia similar referente a un chico con
tendencias suicidas, a quien atendió durante tres años a
principios de los 90. El chico había sido echado de casa por su
madre y ahora estaba viviendo con su padre, quien apenas era capaz
de llegar a fin de mes, después de encontrarse con que su paga era
embargada por atrasos de la pensión infantil.
“El padre era un trabajador
abnegado”, decía cBride. “ El trabajaba en dos empleos, comenzando
a las seis de la mañana. Trabajaba en la construcción y trabajaba
hasta las 10 de la noche en otro empleo. Con la recesión, había
sido despedido y esta es la razón de que dejara de hacer los
pagos.”
McBride decía que ella telefoneó a la
oficina de pensiones infantiles en mas de una ocasión sobre este
caso. “Yo personalmente hablé con la gente de pensiones sobre
esto. Estaba furiosa. Y ellos básicamente decían: ‘no importa
donde está viviendo el chico, la sentencia judicial dice que la
madre debe recibir la pensión’. Hemos intentado conseguir
medicación gratuita para el chico, muestras de laboratorios,
porque el padre no podía aportar las medicinas. Y la madre, que
vive extremadamente bien porque se ha vuelto casar y no tiene sin
duda ninguna dificultad económica, coge el dinero y no hará nada”.
En Winnipeg en 1998, los oficiales de
la oficina de pensiones continuaron embargando el subsidio de
desempleo de Phillip (no es su nombre real) y enviando el dinero
su antigua esposa, meses después de que su hija (cuya identidad
está protegida por ley) fuera sacada del hogar materno por las
autoridades de protección el menor.
Aunque una simple llamada de un
oficial gubernamental a otro podría haber resuelto el asunto, a
Phillip se le pidió que contratara a un abogado y que esperara
cinco meses hasta que la orden de pensión fuera terminada por el
juez. Nunca ha recibido ningún reembolso.
Ross Bailey, un ingeniero de
mantenimiento aéreo de la Abbotsford, B.C. tenía una historia
similar que contar, sobre la irresponsabilidad del sistema de
pensiones infantiles respecto a las realidades de vida de la
gente.
En el 1998 escribió una angustiada
carta a Ujjal Dosanjh que por entonces, como abogado general,
..... era el responsable de sistema de recaudación de la B. C.
Pensones infantiles. Bailey explicaba que su antigua esposa se
había ido con los dos hijos de la pareja a New Brunswick cinco
años antes y que los gastos de conferencias telefónicas, viajes y
alojamientos, que el había realizado intentando mantener contacto
eran ínmesos.
Aunque el pago de las pensiones de 800
dólares al mes eran en base a su salario de 36.000 dólares
anuales, como consecuencia del stress asociado a su situación
familiar, Bailey había ido despedido de sus trabajo seguro en
1997 y mas tarde recontratado a tiempo parcial. Como su salario
bruto anual ese año fue de solo 22.000 dólares, y como el se vio
forzado a contratar a un abogado en New Brunswick, los atrasos
comenzaron a acumulársele.
“Todavía estoy obligado a pagar 800
dólares al mes, y para ver a mis hijos este verano he tenido que
sacar un crédito y financiar mis tarjetas de crédito”, en su
carta se leía “ estoy gastando 1.300 dólares mensuales mas de lo
que gano.... Me han dicho (los empleados de la oficina de
pensiones) que debo pagar, que la pensión infantil no está en
relación con mis circunstancias personales, o si no se ordenará el
embargo de mis salarios cuando trabaje o de todo mi subsidio de
desempleo cuando no trabaje. Como se supone que viviré?. Como se
supone que podré ver a mis dos hijos?. Como podré pagar los
atrasos de la pensión infantil cuando se me acaben los créditos?
La petición de ayudad de Baileys fue
secundada por John Van Dongen, su MLA (liberal). Van Dongen dijo a
Dosanh, ahora primer ministro de la Columbia Británica, que había
conocido a Bailes “personalmente durante muchos años”. Él es
escribía, “un sincero, honesto y responsable padre de familia. “La
carta decía que Baileys había sido advertido por especialistas en
quiebras que “una declaración de quiebra no elude o evita una
pensión infantil. En otras palabras, el entendía que una sentencia
de mantenimiento de una familia invalida cualquier cosa incluyendo
el subsidio que otorga la ley a una persona arruinada..
Van Dengen decía que Baileys era uno
de los muchos hombres en similares circunstancias con quien había
contactado en su oficina. “Cuando un padre no custodio pierde su
trabajo... el sistema se toma mucho tiempo para responder”,
escribía.” En el caso de Baileys, el término justo son años dada
la manera como han actuado el juzgado de New Brunswick y el de
Columbia Británia.”.
En su respuesta a Van Dongen, Dosanjh
decía que el retraso del juzgado estaban fuera de su control.
Después de reiterar que Baileys era aún responsable de 800 dólares
mensuales y que estaba a punto de que se le retiraran su carnét
de conducir y la licencia de piloto y de ingeniero de aviación,
terminaba su carta con lo siguiente: “Este gobierno considera las
pensiones infantiles como una obligación seria y que estamos
obligados asegurar que los padres reciben la asistencia que
necesitan y que los hijos reciben la pensión que se merecen.
Gracias por su carta.
Baileys ha visto a sus hijos solamente
dos veces en los últimos dos años. Después de tres años y miles de
dólares en costas legales, un juzgado de New Brunswick
recientemente le redujo la pensión al pago de 635 dólares al mes.
“Tengo 48 años y he sido siempre capaz de resolver los problemas
por mi mismo”, decía Baileys. “Pero ahora me encuentro
financieramente desesperado. No puedo pagar abogados, pensiones
infantiles y los miles de dólares que me cuesta anualmente ver a
mis hijos. No puedo mantenerme del aire. Y no hay nadie a quien
pueda pedir ayuda.
Traducido con permiso del autor por A. L. D. S
http://www.razberry.com/laframboise/full_texts/divorce/deadbeat2.htm
