Las telecomunicaciones, tienen un alto valor estratégico para cualquier gobierno, tanto desde el punto de vista de Seguridad como de desarrollo económico.
Los gobiernos, son los ven desplazar su presencia en el plano global por el mayor protagonismo en el plano de hardware y software sobre el que se basa la creación del ciberespacio. Por ello, se plantean problemas sobre el gobierno o la autoridad que deba regir en las redes de telecomunicaciones a escala global, y por ende su conectividad.
El Plan de Acción aprobado por las Naciones Unidas en la Conferencia de Ginebra de diciembre de 2003, abogó porque todos los gobiernos nacionales alentasen antes de 2005 la preparación de ciberestrategias nacionales, en particular las encaminadas a la creación de las capacidades humanas necesarias.
En la concepción e implementación de ciberestrategias nacionales, “las partes interesadas deberán tener en cuenta las necesidades y preocupaciones locales, regionales y nacionales. Debe invitarse al sector privado a participar en proyectos concretos de desarrollo de la sociedad de la información en los planos local, regional y nacional”.
Para ello, el documento afirma que debe: “Iniciarse en cada país un diálogo estructurado entre todas las partes interesadas, por ejemplo, a través de asociaciones entre los sectores públicos y privado, para elaborar ciberestrategias encaminadas al logro de la sociedad de la información y para intercambiar prácticas óptimas”.
Cuales son los condicionantes que desde nuestro ordenamiento jurídico operan en la configuración de las nuevas redes de telecomunicaciones, configuradoras como apreciamos, del nuevo escenario internacional. Lo primero que cabe destacar, en este sentido, es el lamentable desajuste “de los referentes jurídicos para la cultura tecnológica del ciberespacio”. Y ello por cuanto de un lado, los aspectos relacionados con las nuevas tecnologías han sido objeto de una legislación sectorial prolija, dispersa, centrada en los aspectos parciales del problema, y por lo general, paradójicamente poco interconectada.
Los grandes núcleos de población integran una mayor complejidad de gestión Pública, y en ellos se tienen mayor desarrollo las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) es decir, se concentran los recursos y las potencialidades que en el mapa que diseñábamos pueden operar como las nuevas centralidades territoriales.
La proyección, de los referentes jurídicos, en la realidad del uso de Internet, además de plantear importantes retos a los Poderes Públicos, no puede desconocer sus potencialidades. Pues como expresara Sánchez Blanco: “si a los Poderes Públicos les corresponde abrir caminos para que la sociedad y las actividades empresariales se desarrollen incorporando renta y riqueza, que distribuya sus efectos inducidos en el conjunto de la comunidad, prestando atención a los desajustes que actúan de modo negativo a la cohesión del conjunto social. Internet es una vía consolidada por efecto de la mutua confluencia de sociedad y empresas”.
Por ello, se exige en primer lugar, que los Poderes Públicos atiendan como referencia inicial a las necesidades técnicas que requiere la sociedad de la información, y en segundo lugar, que el mandato constitucional de remover obstáculos- que nuestro texto Constitucional consagra implique la lucha contra los desequilibrios sociales y territoriales sobre los que Internet se proyecta, en lo que no es más que la definición a escala nacional de la ciberestrategia demandada ya por instancias supranacionales. Lo que sin duda, está siendo exigido, desde la necesaria implementación de los recursos telemáticos en la gestión pública, que permiten hablar ya de registros telemáticos y de Administración electrónica.
Infografia
http://www.ub.es/geocrit/sn/sn-170-30.htm