Reflexiones finales
La celeridad e intensidad de los cambios derivados del proceso de
globalización, así como la multiplicidad de actores y foros de negociación
simultáneos han introducido transformaciones profundas en la orientación,
en el diseño y en la instrumentación de las políticas económicas
internacionales de todos los países, en particular en la última década.
En el caso de América Latina y el Caribe, estas transformaciones se
suman a los nuevos paradigmas que sustentan las políticas domésticas de
desarrollo, también emprendidas hace aproximadamente diez años, en grados
y ritmos distintos, en nuestra región. En los nuevos contextos económicos
nacionales e internacionales, se ha vuelto imprescindible articular las
políticas internas de desarrollo y modernización con los objetivos e
instrumentos de las políticas exteriores. Las agendas de ambas políticas,
tal como se evidencia en materia de relaciones comerciales, de
financiamiento externo, o de consolidación de los esquemas de integración
regional, se mezclan ya que se retroalimentan constantemente.
Debido a la interdependencia que caracteriza a la globalización, las
implicaciones del entorno sobre las economías nacionales tienden a ser
automáticas y rápidas, a veces impredecibles y, a menudo, incontrolables.
Es por ello que uno de los temas más analizado y comentado hoy en día es
el de las limitaciones que el entorno internacional impone a la soberanía
de los Estados en su concepción tradicional. La necesidad de abordar con
nuevos enfoques el concepto de soberanía en la formulación de las
políticas externas implica también poner en evidencia el margen de acción
- bien sea individual o colectivo- que sigue estando al alcance de los
Estados y, por consiguiente, la capacidad de respuesta y de propuesta,
nuevamente individual o colectiva.
La América Latina y el Caribe tiene ante sí, en los próximos años, una
agenda de relaciones externas que ofrece múltiples campos para lanzar
iniciativas propias, fortalecer nuevas alianzas y explorar vías alternas o
modalidades novedosas, tanto en el tratamiento de los temas de las
negociaciones económicas internacionales como en sus relaciones con los
principales interlocutores de la región. Bien sea mediante acciones
puntuales y de corto plazo, o mediante planes de gran alcance y con metas
de largo plazo, los países latinoamericanos y caribeños pueden consolidar
posiciones y plantear ideas en los terrenos comercial, financiero, e
institucional.
En el campo del comercio internacional, los próximos meses van a ser
cruciales para el proceso de instrumentación de las aperturas de mercados
iniciadas durante la Ronda Uruguay y como producto de sus acuerdos. La
posibilidad de un resurgimiento de prácticas proteccionistas es,
probablemente, uno de los impactos más serios de la crisis financiera
actual, que puede incidir negativamente sobre la participación de la
región en el comercio mundial así como sobre los avances de los procesos
de integración regional y subregional. Temas como la armonización de
políticas macroeconómicas dentro de los esquemas de integración, el uso de
las medidas antidumping y la concertación en la formulación de las
estrategias comerciales centrarán la atención de los ministerios de
comercio y de los sectores empresariales en el corto y mediano plazo, en
foros como la OMC, el ALCA y los acuerdos intraregionales. Se presentarán
presiones contradictorias entre la necesidad de proteger el mercado
nacional ante las nuevas competencias externas y el efecto de movimientos
de capital impredecibles y la importancia de evitar alteraciones en las
aperturas ya comprometidas.
Varios elementos de incertidumbre dificultarán la definición de
objetivos de la política comercial de los países latinoamericanos y
caribeños. Por ejemplo, es difícil pronosticar si la próxima ampliación de
la Unión Europea tendrá repercusiones positivas o negativas para nuestra
región en materia de apertura del mercado agrícola, o en cuanto a la
posición de la Unión en las relaciones con América Latina y el Caribe y
con sus bloques subregionales. Otras disyuntivas que también plantean
retos a la capacidad de acción y reacción ante la evolución del sistema
económico global se referirán a la necesidad de jerarquizar las
negociaciones y los compromisos futuros: ¿el ALCA además de los esquemas
intraregionales, o el ALCA en sustitución de dichos esquemas? ¿el ALCA
además de la APEC o además de un mayor acercamiento con la Unión Europea?
La jerarquía de las prioridades en las políticas comerciales se
establecerá, además, tomando muy en cuenta la preparación y evolución, en
Ginebra, de la "Ronda del Milenio", cuyo alcance se vislumbra desde ahora
como mayor que el de la Ronda Uruguay. Al margen de esa nueva Ronda de
negociaciones comerciales multilaterales, uno de los temas centrales
seguirá siendo la activa participación de América Latina y el Caribe en la
OMC, foro multilateral destinado a cobrar, para la región, una importancia
creciente ante la eventualidad de que se multipliquen las controversias
comerciales.
En el campo monetario y financiero internacional, la actual crisis
sistémica y sus graves implicaciones para toda América Latina y el Caribe
conducen a reflexionar y diseñar propuestas sobre el funcionamiento de las
instituciones existentes desde los acuerdos de Bretton Woods. Temas como
la necesidad de disponer de mecanismos eficaces y confiables de alerta
temprana, de encontrar un adecuado equilibrio entre aperturas y controles
a los flujos de capital, de administrar las bonanzas y no sólo las
recesiones, de definir e instrumentar "buenas prácticas" en la gestión de
los sistemas financieros nacionales dominarán la agenda financiera. Además
del tratamiento técnico que se le seguirá dando a estos y a otros aspectos
de las finanzas internacionales que han registrado cambios a la luz de la
crisis, habrá que considerar, desde un punto de vista político, la
gobernabilidad del sistema financiero global.
La participación de América Latina y el Caribe en este debate debería
ser acorde con sus necesidades en materia de financiamiento del desarrollo
y con los esfuerzos domésticos hechos desde hace más de una década para
estabilizar y abrir sus economías. Las expectativas que han generado los
modelos de apertura e inserción en la globalización se enfrentan ahora a
los costos derivados de la vulnerabilidad de las economías en desarrollo
ante las turbulencias incontroladas del sistema.
En este sentido, más que en épocas anteriores, las políticas
financieras y monetarias de los países de la región no sólo articulan
constantemente las necesidades internas con el manejo de los impactos
externos, sino que además no pueden concebirse aisladas ni de las
políticas comerciales ni de las discusiones que se están desarrollando en
torno al funcionamiento de instituciones como el Fondo Monetario
Internacional y el Banco Mundial. Una manifestación de que las políticas
monetarias y financieras tienen una dimensión global se deriva del papel
de las agencias clasificadoras de
riesgo y su gravitación en las economías nacionales y en la
internacional. El peso que han adquirido estos nuevos actores privados y
transnacionales, cuyas acciones están destinadas a satisfacer las
necesidades de operadores en los mercados financieros de corto plazo, hace
reflexionar en torno a la posibilidad de disponer de agencias regionales
que evalúen los riesgos desde una perspectiva de desarrollo menos
inmediata. Alternativamente se pudiera considerar establecer algún "código
de conducta" similar a los códigos de conducta multilaterales.
En este campo de la moneda y finanzas internacionales quizás más que en
el comercial se entrelazan consideraciones y objetivos a la vez políticos
y económicos, institucionales y técnicos, nacionales y regionales, que
afectan las estrategias de todos y cada uno de los países. Es también en
este campo donde luce particularmente importante identificar el margen de
acción de los países de la región y la capacidad de adoptar políticas
activas, e incluso, de pensar en modelos de desarrollo distintos.
Asimismo, la similitud de intereses entre los países de la región en
materia de estabilidad del sistema y acceso a fuentes de financiamiento
externo da pie para vislumbrar muchas oportunidades de concertación y
acciones conjuntas, tanto a nivel de la región como con otras regiones,
sobre todo para compensar la existencia de foros de decisión "informales"
como los que reúnen a las potencias industrializadas. Cualquier reforma de
la "arquitectura financiera internacional" no tendrá viabilidad ni
eficacia desde el punto de vista de los intereses de América Latina y el
Caribe sin su participación, con propuestas concertadas. En este sentido,
sería conveniente contar con una normativa general que asegure que el
sistema tenga un carácter genuinamente multilateral.
La agenda de las relaciones externas de la región es, inevitablemente,
un reflejo de la multidisciplinaridad que caracteriza la globalización.
Definir posiciones de negociación y metas estratégicas únicamente en forma
sectorial (en lo comercial, en lo financiero, en lo cultural, por
ejemplo), o en función de foros específicos (el hemisférico, el
multilateral, el intraregional) no sólo limita las potencialidades de las
acciones sino que restringe su eficacia. Al igual que el acontecer
internacional no está conformado por compartimentos estancos, las
políticas externas no pueden ser fragmentadas.
En efecto, parece ser más relevante que en la década pasada el análisis
y la toma de decisiones que abarque los aspectos "horizontales" de la
agenda económica internacional. Problemas como el tratamiento de las
asimetrías y el papel de los actores privados o no gubernamentales en el
escenario económico global son de naturaleza estructural, trascienden un
área determinada, y requieren ser abordados con visión integral y de largo
plazo. Asimismo, deberían prevalecer enfoques integrales en el momento de
definir posiciones nacionales en el marco del ALCA, donde no sería
conveniente perder de vista que la idea de una zona de libre comercio
hemisférica es tan sólo una pieza dentro del conjunto de elementos
políticos, económicos y sociales que han conformado las Declaraciones
presidenciales de las dos Cumbres de 1994 y 1998 y que están destinados,
en principio, a transformar las relaciones hemisféricas. La posibilidad de
que en un futuro no tan lejano se celebren negociaciones multilaterales
"intersectoriales" donde participen las empresas como protagonistas -
desplazando el papel central de los gobiernos- incita a visualizar nuevas
relaciones entre sector público y sector privado en la formulación de las
políticas económicas externas.
La inserción exitosa de los países de América Latina y el Caribe en la
economía globalizada dependerá de la competitividad de sus empresas y de
sus exportaciones, de sus tasas de crecimiento, de las inversiones
extranjeras que logre captar y de su solvencia y credibilidad en los
mercados de capital. Pero dependerá también de la calidad de sus políticas
económicas externas, de su capacidad de llevarlas a cabo en función de
modelos de desarrollo propios y tomando como sustento la identidad de la
región.