La Audiencia Provincial de Badajoz ha dictado sentencia absolutoria, con todos los pronunciamientos
favorables, en el caso del alcalde de la localidad pacense de Torremegía, Benito Benitez, procesado
por los supuestos delitos de malversación de caudales públicos y exhumación ilegal de cadáveres. El
alcalde, militante del PTE y obrero acogido al seguro de desempleo, fue procesado por denuncia
presentada por el concejal de UCD Julián Membrillo en la Delegación de Sanidad de Badajoz,
referente a la exhumación de cadáveres, y por otra acusación del gobierno civil de la provincia, ya que
Benito Benítez pagó algo más de 9.000 pesetas del empleo comunitario a los ocho hombres que
trasladaron los restos mortales de 33 republicanos fusilados en 1936 del cementerio viejo al nuevo, a
petición de los familiares. El fiscal solicitaba para el alcalde de Torremegía tres años de suspensión en
el cargo, lo que significaba su desposesión, ya que el plazo que queda hasta las próximas elecciones
municipales es menor, y una multa de 25.000 pesetas por la presunta exhumación ilegal.La sentencia
afirma que «habiendo surgido en numerosos familiares de personas muertas a principios de la guerra
civil el deseo de que sus restos fueran trasladados de la fosa común en el cementerio viejo al nuevo
fue reconocido este sentir por el procesado, trabajador manual y alcalde desde las últimas elecciones,
sometiéndolo al pleno municipal, que lo aprobó, autorizándose al propio alcalde para gestionar dicho
traslado con los familiares, conviniéndose que los gastos de colocación de lápidas fueran de cargo de
estos últimos y los restantes a cargo de los fondos del empleo comunitario». La sentencia dice también
que el traslado de los restos se hizo de manera voluntaria y que entre las personas que participaron en
el mismo había algunos familiares que trabajaban ese día en las obras, subvencionadas por los fondos
del empleo comunitario, «abonándose a los trabajadores de dicho fondo los salarios de aquellos días,
sin que aparezca acreditado que el enterramiento disminuyese la jornada laboral del empleo
comunitario».
La Audiencia Provincial de Badajoz estima que no existe delito de exhumación ilegal por no haber
intencionalidad dolosa, al ser admisible el error de prohibición -es decir, el desconocimiento de que no
pudiera efectuarse el traslado de los restos-, máxime dadas las circunstancias concurrentes. Asimismo,
la sentencia afirma también que no hay delito de malversación de caudales públicos, «ya que las
subvenciones cuya administración se atribuye no parece fueran destinadas a fines distintos de los
previstos.
Fuente: El País
Inés Guerrero y Encarna Galán dieron dinero para pagar las 50.000 pesetas que el juzgado exigió al
alcalde en concepto de responsabilidad subsidiaria, ante la denuncia por malversación de fondos. Lo
único que tenía el alcalde, fácilmente embargable, y que pudiera costar 50.000 pesetas, era la vaca. El
juzgado la embargó y los vecinos la desembargaron. Para las dos mujeres, que vieron fusilar a sus
parientes y han aguardado 43 años para enterrarlos como ellas piensan que merecían, «la posibilidad
de sanción contra el alcalde es incomprensible, porque ha hecho lo que los familiares llevábamos
pidiendo mucho tiempo».
Fuente: El País
Los alcaldes de la comarca de Barros, que se reúnen periódicamente, han calificado públicamente
como modélica la forma en que el Ayuntamiento de Torremegía invierte los fondos que se envían
desde el Gobierno Civil de Badajoz. Tras las elecciones municipales del pasado año, UCD tiene
alcaldes en once de los veintiún ayuntamientos que componen la comarca. En Torremegía, el PTE
obtuvo cuatro concejales, tres UCD y dos el PSOE. El pacto de izquierda permitió a Benito Benítez
ser el primer alcalde de izquierdas en el pueblo de La familia de Pascual Duarte, después de 43
años.Durante la vendimia, el pasado año, y la huelga que se generó en septiembre en la tierra de
Barros, el alcalde, otro concejal del PTE y un vecino fueron encarcelados durante tres días como
presuntos instigadores. Antes, poco después de hacerse cargo de la alcaldía, Benito Benítez recibió en
el ayuntamiento a una comisión de familiares de los vecinos fusilados en 1936. Era la cuarta vez que
los familiares intentaban, alcalde tras alcalde, desde hacía años, que los restos mortales fueran sacados
de la fosa común y dignamente enterrados.
«El 28 de junio de 1979», dice Benito Benítez, «expuse al pleno del ayuntamiento el deseo de los
familiares, y los concejales me pidieron que negociase con ellos la forma en que se iba a realizar el
traslado desde el cementerio viejo al nuevo. Volví a reunirme con los familiares y llegamos al acuerdo
de que la mano de obra se costease con fondos del empleo comunitario y que la lápida de la tumba
fuese colocada en el centro del patio del nuevo cementerio. Este acuerdo se llevó al pleno del 28 de
julio y ningún concejal se opuso. Incluso un concejal de UCD, Francisco Fernández Rosas, dijo que
un tío suyo, fusilado en 1936, estaba en la fosa común. El día 16 de agosto, casi todos los familiares
fueron a trabajar en la exhumación de los restos. Algunos de los trabajadores del empleo comunitario
fueron allí, voluntarios, después de terminar el tajo del día. La cuadrilla que trabajó en las fosas fue de
seis personas el primer día y cuatro el segundo, y se les pagaron en total diez jornales a 945 pesetas».
El día 17 de agosto, alrededor de mil personas se reunieron en el cementerio católico municipal de
Torremegía, como reza a la entrada, para inhumar los restos de 33 vecinos del pueblo fusilados el
domingo 14 de septiembre de 1936, a las tres de la tarde. Muchos de los presentes, familiares de los
fusilados, habían llegado desde los pueblos de alrededor. Pocos días después, el alcalde recibió una
comunicación del juzgado en la que se daba cuenta de la denuncia que, a instancias del concejal de
UCD Julián Membrillo, se había presentado en la delegación de Sanidad de Badajoz por la
exhumación de los restos mortales y, posteriormente, otra acusación del Gobierno Civil de Badajoz,
por presunta malversación de caudal público. Las responsabilidades subsidiarias del acusado fueron
fijadas en 50.000 pesetas, y el juzgado ordenó el embargo de la vaca propiedad del alcalde, ya que
Benito Benítez, trabajador del empleo comunitario en su pueblo, no tenía esa cantidad.
"Hacía 43 años que no iba al cementerio"
Inés Guerrero Benítez tiene 79 años, es viuda desde hace 43 y hace cuarenta que vive enfrente de uno
de los que, aquel 14 de septiembre, fusilaron a su marido, junto a las tapias del cementerio. «Cuando
nos enteramos en el pueblo que habían empezado la guerra, nos fuimos al campo. Cuando supimos
que habían terminado los tiros, volvimos. A los cuatro días llegaron recogiendo a los hombres y se los
llevaron al palacio, un granero, donde decían que iban a hacerles unas preguntas. Durante quince días
estuvimos llevándoles comida.
Un día que iba a llevar una cajetilla de tabaco a mi marido me dijeron que se habían llevado a los
hombres en un camión a Mérida. Yo le dije a Luis, un amigo, que me llevara en el coche a Mérida,
pero cuando salimos a la carretera vimos que el camión estaba parado al lado del cementerio y allí, en
la tapia, les dieron los tiros. Allí, fusilados, estaban mis dos hermanos, Manuel y Julián, mi marido,
Juan Antonio Cerrato, y otro que iba a ser cuñado mío, Juan Antonio García».
« Sí, sí, vi cómo los fusilaban y sé quiénes son los que iban en el camión que los llevó hasta el
cementerio y que les pegaron los tiros. Los conozco. Uno de ellos era el Látigo Negro, pero este mote
se lo pusieron después, por la norma en que hacía trabajar a los jornaleros. Otro era uno de los de
Paredes, que lo mató el tren... Cuando fusilaron a mi marido, me quedé con dos hijos, uno de dos años
y otro de ocho meses, y estaba embarazada de tres meses. Nunca les he dicho a mis hijos quiénes los
mataron, porque, sobre todo uno de ellos, tiene un genio muy malo».
Hace cuarenta años que Inés Guerrero vive enfrente de uno de los que intervinieron en el fusilamiento
de sus familiares, «y en ese tiempo mi boca no se ha abierto para llamarle criminal ni nada. Desde que
los fusilaron nunca he ido al cementerio. Ni siquiera cuando se murieron mi padre y mi madre fui a
alumbrarlos, porque no tenía el gusto de ir. Desde que mataron a los hombres no he sido mujer y
desde que saqué los restos no estoy buena».
En 1936, Torremegía tenía alrededor de setecientos habitantes, y entre los meses de septiembre y
diciembre de ese año fueron fusilados más de cuarenta hombres. La mayoría de las mil personas que
en agosto pasado acudieron al cementerio eran familiares de los fusilados. Por primera vez en cuarenta
años se reunieron a recordar algo que todos ellos, como Inés Guerrero o Encarna Galán, a quien
fusilaron un hermano, habían callado a sus propios hijos. Las fotos amarillentas de las alcobas
tomaron vida y los ánimos se encresparon en el pueblo al conocer que al alcalde lo podían destituir
por acceder a algo que muchos pedían hace años.
Según el artículo 59 del reglamento de cementerios, no es necesario pedir permiso más que a los
familiares para realizar un traslado de restos una vez transcurridos diez años desde la muerte. Los
famliares no sólo dieron su asentimiento, sino que pagaron las 50.000 pesetas que se pedían al alcalde.
Torremegía, hoy, es un término municipal de más de 6.000 hectáreas en el que se extiende, muy
blanco, un pueblo de 1.930 habitantes. De las quinientas familias del pueblo, 120 viven del empleo
comunitario. Desde el pasado mes de enero, el ayuntamiento ha recibido alrededor de ocho millones
de pesetas, que han permitido trabajar a 120 parados durante un total de 75 días. Durante el tiempo
que lleva el alcalde Benítez se han asfaltado todas las calles menos una, se ha hecho un parque que se
inaugura hoy, se ha dotado a la estación de un andén de cuatrocientos metros, se ha concluido el
alcantarillado, se está realizando la acometida de agua potable en las casas, se han mejorado los
servicios públicos y se ha prohibido la circulación en la calle que hace las veces de paseo desde las
nueve de la noche hasta la madrugada, para que no haya peligro de atropellos a la hora del paseo.
Fuente: El País