CAPITULO II
MARCO TEÓRICO
2.1. Antecedentes de la Investigación
Los antecedentes principales más
importantes son los siguientes.
Berrocal y Vázquez,
artículo Revista Bit No. 113. (1999)
En este artículo presentan una visión
general del comercio electrónico y su situación actual, incluyendo los
siguientes aspectos: ámbito y tipos de comercio electrónico, ventajas, problemas
técnicos, legales, organizacionales e iniciativas que están impulsando el
desarrollo del comercio electrónico.
A pesar del gran avance del comercio
electrónico en los últimos años, la mayoría de las experiencias comerciales
actuales están todavía lejos del ideal que puede representar el comercio
electrónico en el futuro, tanto por problemas legales como técnicos.
Para que el mercado electrónico sea
realmente un mercado global es necesario tener un entorno legal que resuelva
adecuadamente los aspectos de seguridad y privacidad, validez legal de los
documentos comerciales en forma electrónico, fiscalidad, derechos de propiedad
intelectual, etc. Para evitar la aparición o consolidación de leyes nacionales
restrictivas o incompatibles que dificulten el
comercio electrónico, su regulación debe abordarse de la forma más global
posible, a escala mundial.
Un segundo requisito para el desarrollo
del comercio electrónico es la existencia de un conjunto básico de estándares
implementados en herramientas de comercio electrónico integradas, abiertas e
ínter-operables. Todavía hay pocos estándares asentados en la industria y
proliferan las propuestas de diversos órganos y consorcios, normalmente
incompatibles entre sí.
La solución de los problemas anteriores
requiere la actuación de centros de investigación, organismos de normalización,
asociaciones de la industria y Administraciones Públicas con el objetivo común
de crear un entorno de comercio electrónico accesible, seguro, fácil de usar,
que genere confianza entre los usuarios, en particular entre los ciudadanos y
las empresas pequeñas. La confluencia de soluciones técnicas, tanto a nivel de
aplicaciones como de infraestructura de red, y soluciones legales adecuadas
permitirá realizar en todo su potencial las ventajas del comercio electrónico,
mejorando los negocios actuales y abriendo la posibilidad de otros nuevos.
Traducción y adaptación del documento Electronic
Commerce- An Introduction. (Introducción al Comercio Electrónico), realizada en
los Servicios Informáticos de la Sociedad de Planificación y Desarrollo, SOPDE,
SA.
Con este documento se pretende dar una
visión general del comercio electrónico como medio para la revolución del
comercio. Se ha puesto especial énfasis en la importancia de una perspectiva
global. Y se sugiere que el impacto del comercio electrónico será arrollador
tanto en las empresas como en la sociedad en su conjunto.
A pesar de que aún quedan temas abiertos
por resolver, el comercio electrónico ya está en marcha y además de forma
acelerada. Es fundamental una revolución de “abajo arriba”. Empresas de todo el
mundo están estableciendo una presencia electrónica básica sobre una red global
abierta, aprendiendo de la experiencia, y siendo paulatinamente más sofisticadas
en el uso que hacen de las tecnologías.
Mientras que los niveles más avanzados de
comercio electrónico presentan aún retos sustanciales, los niveles más básicos
están ya bien establecidos y soportados en soluciones normalizadas.
Aunque el comercio electrónico está
creciendo muy rápidamente, aún quedan temas abiertos que deben ser resueltos
para obtener de él todo su potencial. Entre otros:
Privacidad y seguridad:
El comercio electrónico necesita de mecanismos eficaces
para garantizar la privacidad y la seguridad de las redes abiertas. Estos
mecanismos deben proporcionar confidencialidad, autentificación, esto es,
permitir a cada parte que intervenga en una transacción asegurar la identidad de
la otra parte y fidelidad o no repudiación, esto es, asegurar que las partes que
intervienen en una transacción no puedan posteriormente negar su participación.
Ya que el reconocimiento de mecanismos de seguridad y privacidad depende de
certificaciones de una tercera parte cualificada (tales como el cuerpo
gubernamental), el comercio electrónico requiere el establecimiento de un
sistema de certificación global.
Interconectividad e interoperatividad:
Llevar a cabo todo el potencial del comercio
electrónico requiere acceso universal, cada empresa y cada consumidor debe poder
acceder a todas las organizaciones que ofrezcan productos o servicios, sin
importar la localización geográfica o la red específica a la que dicha
organización esté conectada. Esto a su vez exige una normalización universal
para la interconexión e interoperatividad de redes.
Riesgo: Un
factor que puede limitar el crecimiento del comercio electrónico es la falta de
recursos e iniciativas. Existe el peligro de que muchas empresas, sobre todo las
pequeñas, puedan estar en desventaja simplemente por quedar al margen de este
tipo de posibilidades y oportunidades. De aquí que sea una necesidad urgente
promover iniciativas, dar publicidad a ejemplos afortunados y promover la
formación y el entrenamiento.
2.3. Bases Legales.
2.3.1. Ley Orgánica de Telecomunicaciones de Venezuela.
Se decreta la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, publicada
en Gaceta Oficial No. 36.970 el 12 de junio de 2000 en la República Bolivariana
de Venezuela.
Esta ley tiene por objeto, establecer el mareo legal de
regulación general de las telecomunicaciones, a fin de garantizar el derecho
humano de las personas a la comunicación y a la realización de las actividades
económicas de telecomunicaciones necesarias para lograrlo, sin más limitaciones
que las derivadas de la Constitución y las leyes (Art. No. 1).
Los objetivos generales previstos en su Art. No.2,
referente a esta ley son:
1.
Defender los intereses de los usuarios, asegurando su derecho al acceso a
los servicios de telecomunicaciones, en adecuadas condiciones de calidad, y
salvaguardar, en la prestación de estos, la vigencia de los derechos
constitucionales, en particular el del respeto a los derechos al honor, a la
intimidad, al secreto en las comunicaciones y el de la protección a la juventud
y la infancia. A estos efectos, podrán imponerse obligaciones a los operadores
de los servicios para la garantía de estos derechos.
2.
Promover y coadyuvar el ejercicio del derecho de las personas a
establecer medios de radiodifusión sonora y televisión abierta comunitarias de
servicio público sin fines de lucro, para el ejercicio del derecho a la
comunicación libre y plural.
3.
Procurar condiciones de competencia entre los operadores de servicios.
4.
Promover el desarrollo y la utilización de nuevos servicios, redes y
tecnologías cuando estén disponibles y el acceso a éstos, en condiciones de
igualdad de personas e impulsar la integración del espacio geográfico y la
cohesión económica y social.
5.
Impulsar la integración eficiente de servicios de telecomunicaciones.
6.
Promover la investigación, el desarrollo y la transferencia tecnológica
en materia de telecomunicaciones, la capacitación y el empleo en el sector.
7.
Hacer posible el uso efectivo, eficiente y pacífico de los recursos
limitados de telecomunicaciones tales como la numeración y el espectro
radioeléctrico, así como la adecuada protección de este último.
8.
Incorporar y garantizar el cumplimiento de las obligaciones de Servicio
Universal, calidad y metas de cobertura mínima uniforme, y aquellas obligaciones
relativas a seguridad y defensa, en materia de telecomunicaciones.
9.
Favorecer el desarrollo armónico de los sistemas de telecomunicaciones en
el espacio geográfico, de conformidad con la ley.
10.
Favorecer el desarrollo de los mecanismos de integración regional en los
cuales sea parte la República y fomentar la participación del país en organismos
internacionales de telecomunicaciones.
11.
Promover la inversión nacional e internacional para la modernización y el
desarrollo del sector de las telecomunicaciones.
12.
Defender los intereses de los usuarios, asegurando su derecho al acceso a
los servicios de telecomunicaciones, en adecuadas condiciones de calidad, y
salvaguardar, en la prestación de éstos.
Art. 12. En su condición de
un servicio de telecomunicaciones, toda persona tiene derecho a:
Numeral 9: Que en la
contratación de servicios de telecomunicaciones se utilicen los modelos de
contratos previamente autorizados por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones
y a obtener copia de los mismo.
Art. 13. En su
condición de usuario de un servicio de telecomunicaciones, toda persona tiene el
deber de:
Numeral 7. Respetar las
disposiciones legales, reglamentarias, las normas que dicte la Comisión Nacional
de Telecomunicaciones y las condiciones generales de contratación de los
servicios.
Art. 16. La habilitación
administrativa es el título que otorga la Comisión Nacional de
Telecomunicaciones para el establecimiento y explotación de redes y para la
prestación de servicios de telecomunicaciones, a quienes hayan cumplido con los
requisitos y condiciones que a tales fines establezca dicho órgano, de
conformidad con esta Ley. Las actividades y servicios concretos que podrán
prestarse bajo el amparo de una habilitación administrativa se denomina
atributos de la habilitación administrativa, los cuales otorgan los derechos y
deberes inherentes a la actividad para la cual ha sido habilitado el operador,
de conformidad con lo establecido en los Art. 14 y 15 de esta Ley.
Art. 20. La Comisión Nacional de Telecomunicaciones establecerá,
atendiendo a las particularidades del tipo de redes y servicios de que se
trate, las Condiciones Generales a las cuales deberán sujetarse los interesados
en obtener una habilitación administrativa en materia de telecomunicaciones, de
conformidad con las previsiones de esta Ley. En todo caso, de conformidad con
los reglamentos respectivos, las condiciones generales deberán estar orientadas
a garantizar, entre otros aspectos:
1.
El cumplimiento por parte de la persona que resulte beneficiaria de la
habilitación administrativa de los requisitos esenciales para una adecuada
prestación de servicio, el correcto establecimiento o explotación de una red.
2.
Mecanismos idóneos para la información y protección de los derechos de
los usuarios o contratante de servicio.
Art. 21. La duración de las
habilitaciones administrativas no podrá exceder de veinticinco años; pudiendo
ser renovada por iguales períodos siempre que su titular haya cumplido con las
disposiciones previstas en esta Ley, en sus reglamentos, en las Condiciones
generales establecidas por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones y en la
habilitación respectiva.
Art. 22. La modificación de
las condiciones generales de las habilitaciones administrativas por parte de la
Comisión Nacional de Telecomunicaciones, se hará con previa consulta pública,
según el mecanismo que establezca el reglamento respectivo. Cuando se
modifiquen las condiciones generales, la Comisión Nacional de
Telecomunicaciones establecerá un plazo razonable de adaptación para los
habilitados preexistentes, quienes deberán ajustarse a los nuevos requerimientos
en el plazo establecido, so pen de aplicación de las sanciones que establezca la
ley.
Art. 37. Son competencias de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones
las siguientes:
Numeral 12: Aprobar las
Condiciones Generales de los contratos de servicios de telecomunicaciones.
2.3.2. Código Civil.
El Código civil venezolano, presenta la siguiente
clasificación de los contratos en tres categorías:
1.- Los contratos bilaterales y Contratos unilaterales
(Art. 1134)
Contrato bilateral:
es cuando cada parte está obligada a una prestación, pero
es necesario también que estas prestaciones estén en relación de
interdependencia entre sí, de modo que cada prestación aparezca como el
presupuesto necesario de la prestación de otra parte.
Contrato unilateral:
es aquel en la que una sola de las partes se obliga. Tales
son, por ejemplo la donación, el mutuo y el comodato, el mandatario gratuito, la
fianza gratuita, etc..
2.- Los contratos onerosos y los gratuitos. (Art 1135)
Contratos onerosos:
se caracteriza porque cada parte hace un sacrificio
económico para conseguir como contrapartida una ventaja de la otra, lo cual
supone que esta última sacrifica también algo. La onerosidad es un carácter que
se da siempre en los contratos bilaterales.
Contratos gratuitos, es el que nos asegura una ventaja sin que tengamos
que hacer esfuerzo ninguno.
3.- Los contratos aleatorios y los conmutativos. (Art 1136)
Contratos Aleatorios:
es aleatorio cuando para ambos contratantes o para uno de
ellos, la ventaja depende de un hecho casual, es decir, cuando en relación con
el sacrificio que por ella se paga, no resulta determinable en el momento de la
celebración del contrato, sino que sólo se revelará por el curso de los
acontecimientos, es decir, es el que tiene por objeto un hecho fortuito o
eventual, que puede acaecer o no.
Contratos conmutativo: Cuando la ventaja que cada parte pretende obtener
de la otra y el sacrificio que ofrece a cambio de aquélla, puedan ser
determinados por cada parte en el mismo momento de la celebración del contrato.
Tal ocurre con la venta, el arrendamiento y, en general con todos los contrato
bilaterales que no sean de los que caracterizamos como “aleatorios”. Sin
embargo, y debido a esta insuficiencia, la doctrina clásica incorporó otras
modalidades.
4.-Contratos consensúales, contratos reales y solemnes.
Contratos consensúales:
Cuando se perfecciona por el simple consentimiento de las partes, Ej. El
arrendamiento, la venta, contrato de trabajo, etc.
Contrato Real: cuando no
basta el simple consentimiento sino que se requiere la remisión de la cosa
objeto del contrato. Ej., el comodato, el mutuo, el depósito y la prenda.
Contrato solemnes: cuando,
no bastando tampoco el simple consentimiento para el perfeccionamiento del
contrato, se requiere que las partes cumplan alguna formalidad, distinta de la
remisión de una cosa, para que el contrato adquiera existencia. Ej., la
hipoteca, la donación, el seguro, el mandato judicial, la letra de cambio, etc..
5.- Contratos nominados e innominados.
Contratos nominados: Son
los que reciben una denominación especial de la ley, como
todos los que hemos mencionado.
Contratos innominados: Son los que no tienen un nombre especial en los
códigos, estos suelen ser fuerzas nuevas, creadas por el desarrollo social; el
contrato colectivo de trabajo y el contrato de edición, son ejemplos de ésta
formas.
6.- Contratos principales y accesorios.
Contratos principales: Son todos los contratos
que se caracterizan por no presuponer alguna obligación preexistente y que
constituye la categoría más frecuente.
Contrato accesorio: Se llama accesorio, cuando depende de la lógica y
jurídicamente de una obligación que le sirve de fundamento, su función, es
garantizar el cumplimiento de una obligación previamente establecida. Ej., la
prenda, la hipoteca, la fianza, etc..
7.- Contratos de
ejecución instantánea y de ejecución sucesiva.
Algunos contratos comportan una sola ejecución, en cuanto
que tal ejecución agota toda su razón de ser. Se llama de ejecución instantánea
queriendo significar no que el contrato reciba ejecución inmediata, sino que se
ejecuta mediante una solución única, Tal ocurre con la permuta, la venta y el
préstamo sin interés.
8.- Contratos de adhesión y Contratos paritarios.
Contrato paritario:
En la clasificación tradicional del contrato, se discuten y se establecen en el
momento de su celebración las cláusulas y condiciones del mismo mediante la
libre y pareja cooperación de los contratantes, de modo que cabe la posibilidad
de un regateo y puede decirse que las partes intervinientes del contrato se
tratan de igual a igual, de donde le viene la denominación de contrato
paritario.
Contrato de adhesión: En este tipo de contrato se encuentra plena
aplicación el principio de la autonomía de la voluntad, donde queda excluido
toda posibilidad de regateo y discusión entre las partes.
9.- Contratos privados y públicos.
Las personas de derecho público pueden realizar actos
susceptibles según el derecho privado de producir efectos jurídicos en una misma
esfera patrimonial, en lugar de usar de sus prerrogativas de derecho público.
La diferencia entre estos tipos de contratos se manifiesta
de ordinario en la aplicación de ciertas reglas particulares (imposición de
procedimientos de licitación, incorporación forzosa de ciertas cláusulas,
exigencias de ciertas opiniones previas, autorizaciones, aprobaciones, etc., y
también sobre el objeto, la causa o la forma del específico contrato.
2.3.3. Código de Comercio.
En el Código de Comercio se contemplan las regulaciones de
los comerciantes en sus operaciones mercantiles y los actos de comercio que se
realicen aunque no sean ejecutados por no comerciantes.
2.3.4. Ley de Condiciones Generales de Contratación. (Ley
7/1998. 13 de abril. España)
La presente Ley tiene por objeto la transposición de la
Directiva 93/13/CEE del Consejo de 5 de abril de 1993 sobre cláusulas
abusivas en los contratos celebrados con consumidores, así como la regulación de
la condiciones generales de la contratación, y se dieta en virtud de los títulos
competenciales que la Constitución Española atribuye en exclusiva al Estado en
el artículo 149 párrafo 1, normas 6 y 8, por afectar a la legislación mercantil
y civil.
Se ha optado por llevar a cabo la incorporación de la
Directiva citada mediante una Ley de Condiciones Generales de la Contratación,
que al mismo tiempo, a través de su disposición adicional (la primera),
modifique el mareo jurídico preexistente de protección al consumidor,
constituido por la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los
Consumidores y Usuarios.
La protección de la igualdad de los contratantes, es
presupuesto necesario de la justicia de los contenidos contractuales y
constituye uno de los imperativos de la política jurídica en el ámbito de la
actividad económica. Por ello la Ley pretende proteger los legítimos intereses
de los consumidores y usuarios, pero también de cualquiera que contrate con una
persona que utilice condiciones generales en su actividad contractual. Se
pretende así distinguir lo que son cláusulas abusivas de lo que son condiciones
generales de la contratación.
Una cláusula es condición general cuando está predispuesta
e incorporada a una pluralidad de contratos exclusivamente por una de las
partes, y no tiene por qué ser abusiva. Cláusula abusiva es la que en contra de
las exigencias de la buena fe causa en detrimento del consumidor un
desequilibrio importante e injustificado de las obligaciones
contractuales, y puede tener o no el carácter de condición general, ya que
también puede darse en contratos particulares cuando no existe negociación
individual de sus cláusulas, esto es, en contratos de adhesión particulares.
Las condiciones generales de la contratación se puede dar
tanto en las relaciones de profesionales entre sí como de éstos con los
consumidores. En
uno y otro caso, se exige que las condiciones generales formen parte del
contrato, sean conocidas o -en ciertos casos de contratación no escrita- exista
posibilidad real de ser conocidas, y que se redacten de forma transparente, con
claridad, concreción y sencillez. Pero además se exige, cuando se contrata con
un consumidor, que no sean abusivas.
El concepto de cláusula contractual abusiva tiene así su
ámbito propio en la relación con los consumidores. Y puede darse tanto en
condiciones generales como en cláusulas predispuestas para un contrato
particular al que el consumidor se limita a adherirse. Es decir, siempre que no
ha existido negociación individual. Esto no quiere decir que en las condiciones
generales entre profesionales no pueda existir abuso de una posición dominante.
Pero tal concepto se sujetará a las normas generales de nulidad contractual. Es
decir, nada impide que también judicialmente pueda declararse la nulidad de una
condición general que sea abusiva cuando sea contraria a la buena fe y cause un
desequilibrio importante entre los derechos y obligaciones de las partes,
incluso aunque se trate de contratos entre profesionales o empresarios. Pero
habrá de tener en cuenta en cada caso las características específicas de la
contratación entre empresas.
En este sentido, sólo cuando exista un consumidor frente a
un profesional es cuando operan plenamente la lista de cláusulas contractuales
abusivas recogidas en la Ley, en concreto en la disposición adicional primera de
la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y
Usuarios, que ahora se introduce. De conformidad con la Directiva transpuesta,
el consumidor protegido será no sólo el destinatario final de los bienes y
servicios objeto del contrato, sino cualquier persona que actúe con un
propósito ajeno a su actividad profesional. En el artículo 10 bis y en la
disposición adicional primera de la misma Ley, que lo desarrolla, se han
recogido las cláusulas declaradas nulas por la Directiva y además las que con
arreglo a nuestro Derecho se han considerado claramente abusivas. Con ello se
ejercita la facultad del Estado obligado a transponer la Directiva comunitaria
de poder incrementar el nivel de protección más allá de las obligaciones mínimas
que aquélla impone. La Ley se estructura en siete Capítulos, tres disposiciones
adicionales, una disposición transitoria, una disposición derogatoria y tres
disposiciones finales.
El Capítulo I,
relativo a “Disposiciones Generales”, recoge el concepto de condición general de
la contratación basado en la predisposición e incorporación unilateral de las
mismas al contrato. En su formulación se han tenido en cuenta orientaciones
jurisprudenciales anteriores, las aportaciones doctrinales sobre la materia y
los criterios utilizados por el Derecho comparado.
Se regula también su ámbito de aplicación tanto desde un
punto de vista territorial como objetivo, siguiendo en lo primero el criterio de
inclusión no sólo de los contratos sometidos a la legislación española sino
también de aquéllos contratos en los que, aún sometidos a la legislación
extranjera, la adhesión se ha realizado en España por quien tiene en su
territorio la residencia o domicilio. En definitiva, cuando la declaración
negocial se haya producido en territorio español regirá (en cuanto a las
condiciones generales) la ley española, conforme al Convenio sobre la Ley
aplicable a las Obligaciones Contractuales, abierto a la firma en Roma el
19 de junio de 1980, ratificado por Instrumento de 7 mayo 1993 (B.O.E. 19 julio
1993), al atribuirle el carácter de disposición imperativa (artículos 3 y 5.2
de dicho Convenio).
Desde el punto de vista objetivo se excluyen ciertos
contratos que por sus características específicas, por la materia que tratan y
por la alienidad de la idea de predisposición contractual, no deben estar
comprendidos en la Ley, como son los administrativos, los de trabajo, los de
constitución de sociedades, los que regulen relaciones familiares y los
sucesorios. Tampoco se extiende la Ley -siguiendo el criterio de la Directiva- a
aquéllos contratos en los que las condiciones generales ya vengan determinadas
por un Convenio internacional en que España sea parte o por una disposición
legal o administrativa de carácter general y de aplicación obligatoria para los
contratantes. Conforme al criterio del considerando décimo de la Directiva,
todos estos supuestos de exclusión deben entenderse referidos no sólo al ámbito
de las condiciones generales, sino también al de cláusulas abusivas regulados en
la Ley 26/1984 que ahora se modifica.
La Ley regula además en este Capítulo los requisitos para
que la incorporación de una cláusula general se considere ajustada a Derecho, y
opta por la interpretación de las cláusulas oscuras en la forma más
ventajosa para el adherente.
El Capítulo II sanciona
con nulidad las cláusulas generales no ajustadas a la Ley, determina la
ineficacia por no incorporación de las cláusulas que no reúnan los requisitos
exigidos en el Capítulo anterior para que puedan entenderse incorporadas al
contrato. Esta nulidad, al igual que la contravención de cualquier otra norma
imperativa o prohibitiva, podrá ser invocada en su caso por los contratantes
conforme a las reglas generales de la nulidad contractual, sin que pueda
confundirse tales acciones individuales con las acciones colectivas de cesación
o retractación reconocidas con carácter general a las entidades o corporaciones
legitimadas para ello en el Capítulo IV y que tienen un breve plazo de
prescripción.
En el Capítulo III
la Ley crea un Registro de Condiciones Generales de la Contratación, de
acuerdo con lo previsto en el artículo 7 de la Directiva y conforme a los
preceptos legales de otros Estados miembros de la Unión Europea. Registro que se
estima sumamente conveniente como medio para hacer efectivo el ejercicio de
acciones contra las condiciones generales no ajustadas a la Ley. Se trata de un
Registro jurídico, regulado por el Ministerio de Justicia, que aprovechará la
estructura dispensada por los Registradores de la Propiedad y Mercantiles. Ello
no obstante, las funciones calificadoras nunca se extenderán a lo que es
competencia judicial, como es la apreciación de la nulidad de las cláusulas, sin
perjuicio de las funciones estrictamente jurídicas encaminadas a la práctica de
las anotaciones preventivas reguladas en la Ley, a la inscripción de las
resoluciones judiciales y a la publicidad de las cláusulas en los términos en
que resulten de los correspondientes asientos. La inscripción en este Registro,
para buscar un equilibrio entre seguridad jurídica y agilidad en la
contratación, se configura como voluntaria, si bien legitimando ampliamente para
solicitar su inscripción a cualquier persona o entidad interesada, como fórmula
para permitir la posibilidad efectiva de un conocimiento de las condiciones
generales.
Ello no obstante, se admite que en sectores específicos el
Ministerio de Justicia, a instancia de parte interesada o de oficio, y en
propuesta conjunta con otros departamentos ministeriales, pueda configurar la
inscripción como obligatoria.
El carácter eminentemente jurídico de este Registro deriva
de los efectos “erga omnes” que la inscripción va a atribuir a la declaración
judicial de nulidad, los efectos prejudiciales que van a producir los asientos
relativos a sentencias firmes en otros procedimientos referentes a cláusulas
idénticas, así como del cómputo del plazo de prescripción de las acciones
colectivas, además del dictamen de conciliación que tendrá que emitir su
titular. En definitiva, el Registro de Condiciones Generales va a posibilitar el
ejercicio de las acciones colectivas y a coordinar la actuación judicial,
permitiendo que ésta sea uniforme y no se produzcan una multiplicidad de
procesos sobre la misma materia descoordinados y sin posibilidad de acumulación.
El Capítulo IV
regula las acciones colectivas encaminadas a impedir la utilización de
condiciones generales que sean contrarias a la Ley, como son la acción de
cesación, dirigida a impedir la utilización de tales condiciones generales; la
de retractación, dirigida a prohibir y retractarse de su recomendación, siempre
que en algún momento hayan sido efectivamente utilizadas, y que permitirá actuar
no sólo frente al predisponente que utilice condiciones generales nulas, sino
también frente a las Organizaciones que las recomienden; y la declarativa,
dirigida a reconocer su cualidad de condición general e instar la inscripción de
las mismas en el Registro de Condiciones Generales de la Contratación. Todo ello
sin perjuicio de la posibilidad de ejercitar las acciones individuales de
nulidad conforme a las reglas comunes
de la nulidad contractual o la de no incorporación de determinadas cláusulas
generales. La Ley parte de que el control de la validez de las cláusulas
generales tan sólo corresponde a Jueces y Tribunales, sin perjuicio de la
publicidad registral de las resoluciones judiciales relativas a aquéllas a
través del Registro regulado en el Capítulo III y del deber de colaboración de
los profesionales ejercientes de funciones públicas.
Este Capítulo IV también regula la legitimación
activa para la interposición de las acciones colectivas de cesación,
retractación y declarativa, incluyendo entre las entidades legitimadas a las
Asociaciones de Consumidores y Usuarios, aunque sin ser las únicas por ser mayor
el campo de actuación que tiene la Ley. También se regula la legitimación
pasiva, el plazo de prescripción (considerándose suficiente a efectos de
seguridad jurídica dos años desde la inscripción de las condiciones generales en
el correspondiente Registro, sin perjuicio de su posible ejercicio en todo caso
si no hubiera transcurrido un año desde que se dictase una resolución judicial
declarativa de la nulidad de las cláusulas), las reglas de su tramitación y la
eficacia de las sentencias, que podrán ser no sólo invocadas en otros
procedimientos sino que directamente vincularán al juez en otros procedimientos
dirigidos a obtener la nulidad contractual de cláusulas idénticas utilizadas por
el mismo predisponente.
El Capítulo V regula la
publicidad, por decisión judicial, de las sentencias de cesación o retractación
(aunque limitando la publicidad al fallo y a las cláusulas afectadas para no
encarecer el proceso) y su necesaria inscripción en el Registro de Condiciones
Generales de la Contratación. VI. El Capítulo VI regula la obligación
profesional de los Notarios y de los Registradores de la Propiedad y Mercantiles
en orden al cumplimiento de esta Ley, así como de los Corredores de Comercio en
el ámbito de sus respectivas competencias.
El Capítulo VII regula
el régimen sancionador por el incumplimiento de la normativa sobre condiciones
generales de la contratación, en particular la persistencia en la utilización o
recomendación de cláusulas generales nulas.VIII. La Disposición adicional
primera de la Ley está dirigida a la modificación de la Ley 26/1984, de 19 de
julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. En la línea de
incremento de protección respecto de los mínimos establecidos en la Directiva,
la Ley mantiene el concepto amplio de consumidor hasta ahora existente,
abarcando tanto a la persona física como a la jurídica que sea destinataria
final de los bienes y servicios, si bien debe entenderse incluida también -según
el criterio de la Directiva- a toda aquella persona que actúe con un propósito
ajeno a su actividad profesional aunque no fuera destinataria final de los
bienes o servicios objeto del contrato. A diferencia de las condiciones
generales, se estima procedente que también las Administraciones Públicas queden
incluidas, como estaban hasta ahora, en el régimen de protección de consumidores
y usuarios frente a la utilización de cláusulas abusivas.
La Ley introduce una definición de cláusula abusiva,
añadiendo un artículo 10 a la Ley 26/1984, considerando como tal la que en
contra de las exigencias de la buena fe cause, en detrimento del consumidor, un
desequilibrio importante de los derechos y obligaciones contractuales. Al mismo
tiempo se añade una Disposición adicional primera a la citada Ley 26/1984
haciendo una enumeración enunciativa de las cláusulas abusivas, extraídas en
sus líneas generales de la Directiva, pero añadiendo también aquellas otras que
aún sin estar previstas en ella se estima necesario que estén incluidas en el
Derecho español por su carácter claramente abusivo.
La regulación específica de las cláusulas contractuales en
el ámbito de los consumidores, cuando no se han negociado individualmente (por
tanto también los contratos de adhesión particulares), no impide que cuando
tengan el carácter de condiciones generales se rijan también -por los preceptos
de la Ley de Condiciones Generales de la contratación.
La Disposición adicional segunda modifica la Ley
Hipotecaria para acomodar las obligaciones profesionales de los Registradores de
la Propiedad a la normativa sobre protección al consumidor y sobre condiciones
generales, adecuando a las mismas y a la legislación sobre protección de datos
de las labores de calificación, información y publicidad formal. Dentro del
ámbito de la seguridad jurídica extrajudicial, bajo la autoridad suprema y
salvaguardia de Jueces y Tribunales, las normas registrales, dirigidas a la
actuación profesional del Registrador, dados los importantes efectos de los
asientos que practican, deben acomodarse a los nuevos requerimientos sociales,
con la garantía añadida del recurso gubernativo contra la calificación, que goza
de la naturaleza jurídica de los actos de jurisdicción voluntaria todo lo cual
contribuirá a la desjudicialización de la contratación privada y del tráfico
jurídico civil y mercantil, sobre la base de que la inscripción asegura los
derechos, actos y hechos jurídicos objeto de publicidad.
La Disposición transitoria prevé la inscripción voluntaria
de los contratos celebrados con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley,
salvo que norma expresa determine la obligatoriedad de su inscripción en el
Registro de Condiciones Generales de la Contratación, y ello sin perjuicio de la
inmediata aplicación de los preceptos relativos a las acciones de cesación y
retractación.
La Disposición derogatoria deja sin efecto el punto 2 de la
Disposición Adicional Segunda de la Ley 36/1988, de 5 de Diciembre, de
Arbitraje, como consecuencia de la reforma del artículo 10 número 3 de la Ley
26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.
La Disposición final primera regula el título competencial, atribuyendo
aplicación plena a los preceptos de la Ley por tratarse de materias afectantes
al Derecho Civil y Mercantil, y por la regulación de un registro jurídico
estatal.
La Disposición final segunda regula la autorización al
Gobierno para el desarrollo reglamentario de la Ley.
XIV. La Disposición final tercera determina la fecha de entrada en vigor de la
Ley.
2.3.5. Reglamento de la Ley de Condiciones Generales de Contratación. Real
Decreto 1828/1999. 03 de Diciembre.
Este Real Decreto, regula la contratación electrónica con
condiciones generales de contratación. Se trata de un importante avance para el
comercio electrónico en nuestro país, ya que en él se establecen las garantías
que deben ofrecerse a los consumidores y usuarios en la contratación basada en
la simple adhesión a unas cláusulas previamente redactadas, de forma unilateral
y sin posibilidad de negociación, por el comercio oferente.
Este es el sistema utilizado por la práctica totalidad de
los comercios en Internet y por cualquier otra actividad comercial que vaya
dirigida a un elevado número de destinatarios. La Ley de Condiciones Generales
de Contratación establece la posibilidad de que la aceptación de las cláusulas
que regulan la transacción electrónica se efectúe sin presencia física de las
partes intervinientes y sin necesidad de firma convencional. Este Real Decreto
desarrolla las condiciones en que dicha modalidad de contratación puede tener
lugar.
Deber de información previa:
El comercio oferente debe facilitar al consumidor, de modo
veraz, eficaz y completo, información sobre todas y cada una de las cláusulas
del contrato, y remitirle, por cualquier medio adecuado a los medios utilizados
en Internet para establecer la comunicación a distancia: página Web y correo
electrónico. Esta información deberá facilitarse con
carácter previo a la celebración del contrato, y como mínimo, en los tres días
naturales anteriores a la misma.
Confirmación documental.
Una vez celebrado el contrato, el comercio deberá enviar al
consumidor de forma inmediata y, como máximo en el momento de la entrega de la
cosa, o inicio de la prestación del servicio, justificación por escrito de la
contratación efectuada, en la que constarán los términos de la misma. El usuario
puede escoger cualquier otro soporte duradero como un disquete informático o el
disco duro donde almacena los mensajes de correo electrónico recibidos.
Derecho de resolución:
El consumidor dispondrá de un plazo de siete días hábiles,
a partir de la recepción del producto, para resolver el contrato sin incurrir en
penalización ni gastos algunos, incluidos los correspondientes a la devolución
del bien.
Carga de la prueba:
Corresponde al comercio oferente la prueba de la existencia
y contenido de la información previa de las cláusulas del contrato celebrado a
través de Internet, de la entrega al consumidor de las condiciones generales, de
la justificación documental de la contratación efectuada, de la renuncia expresa
al derecho de resolución, así como de la correspondencia entre la información,
entrega y justificación documental y el momento de sus respectivos envíos.
Para ello, el comercio puede utilizar
cualquier medio de prueba admitido en derecho, como el sistema de certificación
de condiciones generales de contratación.
INFOGRAFÌA
1.- En esta introducción al comercio electrónico trataremos de
esbozar los pasos necesarios para construir un sitio Web de comercio
electrónico…
http://geneura.ugr.es/~jmerelo/e-comercio101/
2.- En este Site
podremos encontrar una serie de artículos, comentarios y cursos sobre el
comercio electrónico o e-Comerce…
http://www.e-global.es/forums.html
3.-
Este foro es para intercambiar información sobre temas jurídicos del comercio
electrónico: normativa, legislación, jurisprudencia, contratos, mediación y
arbitraje, fiscalidad y obligaciones tributarias.
http://www.e-global.es/forum9.html&sid=633a67a34646201cc887dfd140fe539d
4.- En este curso online enseñamos
a construir el
Modelo de Negocio en Comercio
Electrónico de una empresa a través de una metodología que involucra
todos los componentes del e-commerce.
http://www.e-global.es/cursos-comercio-electronico.htm
5.- Esta es una de
las leyes por las cuales se rige el comercio electrónico en Venezuela y el
mundo…
http://www.cavecom-e.org.ve/bin_cavecome/main/templates/seccion.asp?seccID=72
6.- Trabajo
detallado sobre el comercio electrónico… Utilizado en este estudio como base
teórica.
http://www1.monografias.com/trabajos15/comercio-electronico/comercio-electronico.shtml#LEYES
7.- Este
monográfico es una introducción a esta nueva manera de hacer negocios. Debido al
gran volumen de información que existe alrededor de este tema, hemos pensado en
hacer una colección especial sobre comercio electrónico.
http://www.noticias.info/partners/espaciopyme/aii_001.shtm
8.- Este trabajo
es una base teórica mas de este trabajo de investigación….
http://www.fundarco.org/pdf/proyectos_europeos/febat/curso_comercio_electronico.pdf
9.-
En este artículo su autora analiza la situación del
Comercio Electrónico hoy en día, y no sólo desde el punto de vista geográfico,
sino que también desde muchas otras perspectivas. Y todo ello con el fin de
discernir si podemos llegar a una idea de globalización.
http://www.delitosinformaticos.com/ecommerce/globalizacion.shtml
10.-
Aspectos Jurídicos de los
Contratos por Internet…
http://www.monografias.com/trabajos12/monogrr/monogrr2.shtml#aspect
11.-
Ley sobre Condiciones Generales de la Contratación.
http://civil.udg.es/normacivil/estatal/contract/lcgc.htm
12.- Ley Orgánica de las
Telecomunicaciones en Venezuela.
http://www.tsj.gov.ve/legislacion/LT_ley.htm
13.- Condiciones
Generales de Contratación.. Tiene como objetivo el estudio desde un punto de
vista doctrinal y legal de la contratación electrónica, cuando en ésta se
utilizan los contratos de adhesión (CGC).
http://www.libreriaconsulta.com/index.html?target=p_411.html&lang=es
14.-
Este libro va más allá de lo anecdótico y analiza con detalle
cuáles son los riesgos inherentes al WWW y cómo reducirlos. Si usted es
un internauta común o el administrador de sistemas responsable de la seguridad
de un servidor muy importante, esta obra le dice todo lo que debe saber.
http://www.agapea.com/Seguridad-y-comercio-en-la-Web-n8641i.htm
15.- Imparte una
clase muy práctica orientada a plantear los aspectos cruciales que permitan
diseñar un modelo de negocio rentable basado en servicios Web.
http://www.cierzo-development.com/noticiero/index.php?p=33
16.- El comercio
electrónico en Internet conforma el nuevo territorio de los mercados digitales,
que en algunas ocasiones se sitúa en las fronteras de la ley. ¿Cómo puede y debe
regularse esta actividad realizada en la geografía virtual del ciberespacio?
¿Cuáles son sus bases legales y normativas? ¿Qué papel tienen el Estado y el
Sector Privado? ¿Cómo cambian las relaciones internacionales y los esquemas de
tributación?
http://www.comala.com/inv.asp?sec=10&cod=21449
17.- Este libro
contiene un análisis completo de las diversa herramientas y servicios que se
pueden utilizar para iniciar y desarrollar un negocio basado en Internet.
http://www.comala.com/inv.asp?sec=10&cod=21221
18.- Este libro le
ofrece un análisis comparativo del derecho europeo, norteamericano e
internacional, preparado por un equipo de expertos de siete países que explican
con claridad los aspectos legales de las actividades en línea.
http://www.comala.com/inv.asp?sec=10&cod=610
19.- El comercio
electrónico unido al código de barras y al intercambio electrónico de documentos
son el pilar fundamental de todo el proceso que permite a las empresas ser más
eficientes y flexibles en sus operaciones internas, trabajando más de cerca con
sus proveedores, para ofrecer mayores beneficios a sus clientes…
http://www.gestiopolis.com/recursos2/documentos/fulldocs/mar/mktyne.htm#5