| Marco jurídico en
España
España es uno de los países europeos pioneros en legislar el uso de la firma electrónica, junto con Alemania e Italia. El Real Decreto-Ley sobre la Firma Electrónica fue aprobado en septiembre de 1999, antes que la Directiva comunitaria, que no aparece hasta el 13 de diciembre del mismo año. La importancia del Real Decreto radica en el hecho que otorga a la firma electrónica el mismo valor jurídico que la firma manuscrita. Además, España cuenta con el polémico Anteproyecto de Ley sobre Comercio Electrónico que establece que, en caso de transacciones electrónicas internacionales, la ley aplicable es la del consumidor. Esta decisión ha desatado una fuerte polémica, ya que dificulta enormemente que las empresas vendan sus productos y servicios en más de un país. Además, tampoco no está claro cuál es el Tribunal Competente en caso de conflicto. Polémica Por si esto fuera poco, el Parlamento Europeo ha aprobado finalmente una Directiva sobre Comercio Electrónico que establece precisamente lo contrario que el anteproyecto de ley español i que tendrán que integrar todos los estados miembro a las respectivas legislaciones antes que acabe el próximo año. Según la normativa comunitaria, cualquier empresa afincada en la Unión Europea podrá ofrecer productos y servicios por Internet cumpliendo las normas del Estado miembro en el que opere, con independencia de dónde estén ubicados los lugares web y los servidores. Así, la normativa europea establece que la empresa no estará obligada a preocuparse por las legislaciones vigentes en el resto de los 14 Estados miembros, ya que se aplicará la normativa del país de origen de la empresa prestadora del servicio. La Directiva comunitaria establece también diversos mecanismos para proteger al consumidor, entre ellos, la obligación de enviarle un acuse de recibo en caso de hacerse un contrato virtual. En España, además del Anteproyecto de Ley sobre Comercio Electrónico, disponemos de diversas normativas que regulan buena parte de los aspectos que intervienen en toda transacción comercial on line: desde la Ley de Contratación de Condiciones Generales y el desarrollo del artículo 5 sobre la Contratación Telefónica o Electrónica a la Ley de Venta a distancia, la Ley de Venta fuera del establecimiento mercantil o la Ley de Propiedad Intelectual. Incertidumbres y temores A pesar de todo, el desconocimiento del marco jurídico aplicable a las transacciones electrónicas continúa siendo uno de los principales obstáculos al desarrollo definitivo del comercio on line en Europa. La protección de los derechos del consumidor ante pagos no autorizados, la legislación aplicable en caso de transacciones internacionales, la normativa relativa a la calidad de los productos o servicios... son algunas de las cuestiones que más preocupan. A continuación, presentamos una lista de enlaces sobre legislación del comercio electrónico:
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