CUANDO LO INMORAL ES LEGAL
 
Hemos sido testigos -y seguimos siéndolo-, de una serie de situaciones que ponen de manifiesto la ineficiencia de nuestro sistema administrativo y la inmoralidad de aquellos que, dentro de las más altas posiciones del mismo, hacen uso de su poder, no para corregir los errores e inconsistencias de nuestro patético modelo, sino para aprovecharse de ellos y hacer gala de una supuesta legitimidad que no deja de ser intolerable e indecente.
 
Estas primeras líneas se fundamentan en la realidad de nuestro Panamá y de sus insanas reglamentaciones, que no dejan de abrirle paso a la corrupción y a la insensata desvirtuación de la labor administrativa.  No pretendo hablar de los privilegios legislativos ni de prebendas político partidistas dentro de la maquinaria gubernamental, ese tema ya está hablado; tampoco de nepotismo, ni de amiguismos, ni de ninguno de los demás vicios que conocemos; ya todos estamos concientes de estas verdades y no pretendo hacer eco en los oídos sordos de quienes se identifican con ellas.  Mucho menos pretendo hablar de buscar fórmulas para el adecentamiento de esta clase política, ya corroída por los desmanes de la infame corrupción; esto sería como tratar de convertir al diablo en cristiano.
 
Vamos a hablar de nuestro modelo administrativo que hoy, más que nunca, ha demostrado su irremediable caducidad.  No se puede aspirar a construir una Nación más sensata, responsable, productiva, eficiente y pujante; en base a sistemas y reglamentaciones que nunca, ni en un millón de años, van a permitir concretar tan augusto fin.  Nuestras legislaciones están inertes, repletas de leyes que no se cumplen y que nadie hace cumplir; hartas de artículos y disposiciones que tratan de “solucionar” situaciones y, al final, dan cabida a peores escenarios; fundamentadas, en gran parte, en una Constitución raquítica, madre de todos nuestros vicios, padrina de la dictadura y abogada de la corrupción de nuestra insipiente y demagógica democracia.
 
Sistema indecente es este, que permite que presidentes y vicepresidentes de la República; legisladores o ocupantes de cualquier otro cargo de elección popular, anden desarrollando, en medio de sus periodos, campañas proselitistas dentro de sus colectivos políticos, como ya hemos visto en más de una ocasión y estamos por ver en más de un partido, en las próximas semanas; como si no hubiese trabajo que hacer dentro del Gobierno.  Igual de inmoral es un modelo administrativo, que permite que un legislador pueda ocupar otros cargos públicos, que existan toda clase de insanos privilegios, que nuestro parlamento sea tan improductivo, que un magistrado de la Corte sea nombrado de manera tan poco profesional, que un representante de corregimiento tenga más poder que el alcalde, que un corregidor sea nombrado de a dedo por el alcalde, así como lo hace el Ejecutivo con un gobernador.  Esto, sin contar que se permiten las partidas discretas, las circuitales, la insana caja común y el patético modelo centralista, que no deja de ser arcaico e improductivo.
 
Es intolerable que un sistema permita que una ley pueda ser modificada por una resolución del ejecutivo, que se pueda administrar a partir de decretos-leyes, que un Código vaya por encima de la Constitución, que una reglamentación viole la propia ley que dice reglamentar y que se creen y sancionen leyes, por el solo hecho de hacerlo y no manteniendo un sistema que permita la ordenación lógica de las mismas y el acceso del ciudadano al mundo de legislaciones, que repletan los archivos de la Asamblea y de la Presidencia; en su mayoría leyes vigentes e inaplicadas.
 
Podría enumerar más realidades inmorales-legales que debemos cambiar, pero con esta muestra es suficiente; al verlas, me pregunto como es posible que aún se crea que no es necesario refundar nuestro país desde la más profunda de sus raíces.  Es prudente que los ciudadanos decentes de esta Nación, independientemente de lo que haga o deje de hacer nuestra sorda clase gobernante, tomemos las medidas para hacer realidad lo que añoramos y echar por tierra, para siempre, lo que detestamos.  La Constituyente no es la solución de todos los problemas, pero es el inicio del duro camino, hacia un Panamá nuevo y honroso; sin ella no se puede reinstituir a la patria, con ella todos seremos partícipes del cambio de aquellas cosas que ensucian y desmoralizan nuestra dignidad nacional.
 
Jueves 13 de junio de 2002
 
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