Porque nos pronunciamos: ¡no, al voto militar!
Huaraz,
Director: Pelayo Luciano Salazar
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Porque nos pronunciamos: ¡no, al voto militar!

Por: CAPITAN DE NAVIO CJ ® REYNALDO SHOLS PEREZ.

Ex asesor jurídico de la marina de guerra del Perú, fiscal militar, procurador publico y sub-inspector general de la justicia militar.

La Constitución Política del Perú, en su artículo 169 establece que “las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional no son deliberantes”.  Añade que “están subordinadas al poder constitucional”.  En tanto que el artículo 171 señala que “las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional participan en el desarrollo económico y social del país y en la defensa civil de acuerdo a la ley”.

Para mi, este es el punto de partida para restringirle cualquier otra función o derecho, pero no porque sean “ciudadanos de segunda clase”, sino por el contrario, porque son el baluarte de la Nación para la defensa del Estado y la soberanía del territorio. 

Sus componentes, seres humanos privilegiados, que luego de ser seleccionados, instruidos, capacitados, perfeccionados en la carrera militar, asumen la misión de velar por la seguridad nacional del territorio y sus nacionales, compatriotas a quienes ellos aman, respetan y custodian permanentemente, noche y día, y por ello se enorgullecen de asumir dicha función, vistiendo el uniforme de la patria, en buena cuenta, son apolíticos.  Ese es su norte y preocupación, cualquier otro quehacer, ejercería una distracción en su tarea primordial, mucho más si se trata de anunciarles que desde un determinado momento, van a tener que votar, evaluar la política y a los políticos, tener que verse inmersos en un panorama distinto a su diario discurrir por el territorio nacional y todo el misionamiento encomendado por la Carta Magna.

No debemos olvidar que en nuestro ámbito castrense es común y rutinario escuchar al Jefe de la dependencia militar o Jefe de Cámara; es decir, a quien preside el comedor de oficiales o personal subalterno que “no se permite hablar de religión, política ni de mujeres”, a fin de no polemizar, ni inmiscuirse en asuntos de distinta naturaleza al ámbito militar.  Y, esto ya se ha patentizado en una malograda intervención de un general del Ejército, cuando en plena formación, durante una actividad netamente castrense, profirió frases altisonantes en contra del candidato que proviene precisamente de las filas de ese Instituto Militar.

También comentaremos algunos artículos que tratan idéntica problemática, a favor y en contra, en el Perú y en  otros países latinoamericanos, con alguna posición doctrinaria, postura de un congresista y hasta de un partido político.

Inicialmente, diremos que como consecuencia de una mediática campaña, promovida por políticos –intuimos el propósito de conquista del voto militar-, se produjo la reforma de los artículos 31 y 34 de la Constitución Política del Perú, y así abruptamente, dentro del panorama de libertades ciudadanas y de libre ejercicio de los derechos políticos, específicamente en el numeral 34, consagra que “los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional tienen derecho al voto y a la participación ciudadana, regulados por ley.  Pero enfatiza de que “no pueden postular a cargos de elección popular, participar en actividades partidarias o manifestaciones ni realizar actos de proselitismo, mientras no hayan pasado a la situación de retiro, de acuerdo a ley”.

Que distante están los tiempos en que, al momento de solicitar mi postulación a un Instituto Militar, como en mi caso, un profesional preveniente de la vida civil, ostentando un título profesional, no debía estar inscrito en ningún partido político, ni tener contacto alguno, ya que los Servicios de Inteligencia del Estado y del propio Instituto al que uno aspiraba a pertenecer o ya militando en filas, lo tenía en observación permanente.  Y eso para nosotros era lo adecuado, en vista de que considerabamos incompatible todo contacto o nexo con agrupaciones políticas, distintas a las sociedades intelectuales, cívico-patrióticas a las que incluso nos incorporabamos como socios militares activos y adherentes.

En tal situación, mediante la Resolución Nª 317-2005-JNE de fecha 27 de Octubre del 2005, se aprueba el Reglamento sobre el ejercicio del voto de los miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú, y a través del cual se dictan pautas y las limitaciones que son inherentes a todo ciudadano en pleno ejercicio de su derecho del sufragio; es decir, se les prohibe ser candidatos, personeros, realizar actividades proselitistas, hacer propaganda y participar con uniforme en manifestaciones de carácter político.  Sin embargo, en forma incongruente, dispone ciertas condiciones a observar el personal militar en actividad que va a ejercer el derecho al voto, como el relativo a que asistirán vistiendo uniforme, no portando armas y obtendrán facilidades de parte de los presidentes de mesa para la emisión del voto.  Igualmente, se legisla que podrán ser dispensados del ejercicio del voto, cuando razones del servicio le impidan asistir al centro de votación.  De otro lado, no se ha considerado la llamada modalidad y ventaja de las denominadas “mesas de transeúntes”, las cuales bien podrían haber dado solución inmediata a los impedimentos para asistir al centro de votación por razones del servicio; además se tiene conocimiento de que no existe un padrón de militares y policías.  Pero esta medida es a todas luces discriminatoria para los ciudadanos civiles que no tendrán ese privilegio, con la consiguiente incomodidad y perjuicio económico para sus magras economías y atentatorias para ejercer libre y adecuadamente el ejercicio al voto.
Finalmente, en el contexto reglamentario de la ley que le concedió el derecho al sufragio al militar en situación de actividad, se dicta la Resolución Jefatural Nª 036-2006-J/ONPE, de fecha 7 de Febrero del 2006, en donde se dispone el llamado derecho al “voto rápido”, consistente en dar facilidades al personal militar, a fin de que no haga fila o cola para emitir su voto.

El Dr. Fidel Ramírez Prado, en su Ensayo “El Voto de los Militares”, publicado por la Universidad Alas Peruanas en el año 2002, analiza que “en un marco conceptual de participación ciudadana en general, los militares y policías deben estar presentes y un punto de partida es el sufragio al que tienen derecho para integrarse saludablemente en una nueva y moderna corriente democrática, pues como está demostrado, en países desarrollados, ello no politiza a las instituciones militares y policiales, todo lo contrario, les devuelve su condición de ciudadanos”.
Pero advierte una preocupación cuando comenta que “por cierto, el voto por si solo no es suficiente si es que no se desarrolla paralelamente una gran educación cívica y reglamenta las formas como asistir al sufragio en las urnas y como participar en política activa, garantizando estar exentos de proselitismo interno, militancia en partidos políticos, asistencia a manifestaciones políticas, locales y formas de emitir el voto”.  Pero de que educación cívica estamos hablando, si en la educación primaria y secundaria se ha abolido esta materia, al igual que la instrucción pre-militar y hasta la educación física, con lo que al pequeño ciudadano se le niega la cultura política y de formación ciudadana.
Este autor recapitula la experiencia jurídica en otros países y no obstante, argumentar para su tesis que casi en la mayoría de naciones, los militares ejercen su derecho al voto, caso EE. UU. Francia, España, Italia, Bielo Rusia o Canadá y hasta en países pequeños como Ucrania y Nicaragua o, en países sudamericanos como Brasil, Uruguay o Venezuela, no deja de abrigar una serie de dificultades en nuestro medio.
Así mismo, analiza que en el contexto mundial existen varias formas constitucionales de considerar a los miembros de las fuerzas armadas y policías en la participación política a través del sufragio, con prácticas administrativas distintas en el sistema electoral.  Entre aquellas se destacan:

  1. Aquellos países donde se considera al voto militar muy importante, otorgando el derecho a elegir, más no ser elegidos estando en la situación de actividad.
  2. Aquellos países en los cuales los militares pueden elegir y ser elegidos estando en actividad (Cuba, Italia, Francia).
  3. Aquellos países en que sólo lo ejercen los oficiales, más no el personal subalterno no profesional.
  4. Aquellos países que no tienen fuerzas armadas, tan solo policía, cuyos integrantes tienen derecho solo al voto (Panamá).
  5. Aquellos países donde no les es permitido ejercer este derecho (países latinoamericanos, africanos, asiáticos o del tercer mundo).

Sin embargo, expone que hubo una mala experiencia en los Estados Unidos de Norteamérica, durante las elecciones presidenciales en que se enfrentaban George Bush y Al Gore, en el sentido de que el llamado voto temprano por correo, concedido a los militares que se hallaban en las distintas bases norteamericanas de Europa y en El Pacífico, presentó dificultades, por causas de las comunicaciones.
Prosigue en su análisis de la región, pintando el caso de Venezuela, que de acuerdo al artículo 330 de la Constitución de la República Bolivariana, puesto en práctica en las elecciones del 28 de mayo del 2000, se concedió el derecho al sufragio de todos los integrantes de las fuerzas armadas en situación de retiro o en actividad.
Para el analista político del Instituto de Libre Empresa, Enrique Burga Denegri, ha existido desde la Constitución de 1933 un arrebato a este derecho, bajo el pretexto de la no deliberación de las FF. AA.; que la negativa a otorgarle ese derecho obedece a que sus componentes tienen que votar usualmente, por razones del servicio, en lugares distintos a su residencia; finalmente, de que tienen la labor de custodiar el orden el día de las elecciones.
En un artículo captado por internet titulado “Militares y Policías”-¿Derecho al Voto a Cuentagotas?, elaborado por el congresista Luis Guerrero Figueroa, con aspiraciones a una primera magistratura, establece un contexto sobre el Proyecto de Ley para dar el derecho al voto a los militares y policías, afirmando de que se encuentra en la última etapa en el Pleno del Congreso de la República y  se detalla una posición peregrina la que adoptó otro congresista, el abogado Natale Amprimo, a la sazón también candidato presidencial, para que el derecho al voto de los militares fuera gradual y recién a partir del proceso del 2011.  De otro lado, el ex Jefe de la ONPE, Fernando Soldevilla, se pronuncia porque este ejercicio del derecho al voto para los militares debería ser gradual, desde el 2007, primero para las elecciones municipales, luego para las regionales y finalmente para las elecciones generales.
Quiere decir que la ley no es lo suficiente firme, sólida o infranqueable.
Así mismo, en la República Bolivariana de Venezuela, a decir del Editorial de la Revista “Venezuela Analítica”, en 1996, se describía un panorama contradictorio por las corrientes esgrimidas en torno a concederles a los militares el derecho al voto, dado que en un país de tentaciones dictatoriales, ningún esfuerzo será más válido que mantenerlos en su actual status de no deliberantes y de ciudadanos apolíticos; no partidaristas.  En ese año ya se hablaba de que como los partidos políticos han sido tan descalificados que se habla de un Consejo Supremo Electoral apolítico, sin representantes de partidos.  Hasta ese momento se consideraba en todos los ámbitos venezolanos que no era pertinente la idea de concederles el voto a los militares.   Pero pasa el tiempo y llega el 13 de Abril del 2000, en el que diametralmente se cambia de rumbo político y se Reglamenta el Voto de los Militares, por mandato de la Disposición Transitoria Octava y el artículo 293 numeral 1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con el artículo 39 del Decreto Sobre el Régimen de Transición del Poder Público, dictado por la Asamblea Nacional Constituyente; es así que se concede el derecho al voto a los militares, pero con una serie de consideraciones a razones del servicio.
En otro rincón del mundo, en la República Dominicana, Santo Domingo, en el diario La República se consigna la información acerca de que tanto legisladores, miembros de la Junta Central Electoral y dirigentes de la sociedad civil se oponen a que se incluya en una reforma constitucional el derecho al voto de los miembros de las FF. AA. y la Policía Nacional.  De otro lado, el Presidente del Senado, el Juez de la Junta Central Electoral, el Director Ejecutivo de Participación Ciudadana y el senador Tonty Rutinel Domínguez se pronunciaron a favor del voto a los militares.  Sin embargo, tanto el Senador José Tomás Pérez y Vicente Castillo se oponen a que los militares voten en las elecciones debido a que aún muchos de ellos mantienen una idea autoritarista.
Finalmente, agregan que el país no está preparado para asumir un reto de esa naturaleza, porque podría atentar contra la estabilidad democrática, por el manipuleo del voto militar.
En tanto, el magistrado del Tribunal de Elecciones, Luis Nelson Pantaleón Gonzalez, considera que el caso debe ser sopesado pues el país carece de la institucionalidad para permitir el voto a los militares y policías; en vista de que el militar es formado tradicionalmente con el sentido de respeto a la orden de sus superiores.  Y esto me recuerda que otro adagio propio de los cuarteles es que las “ordenes se cumplen sin dudas ni murmuraciones”.  Por ello, me pregunto; ¿es acaso que todo cambió?  No, de ninguna manera, todo sigue igual e incluso con la tensión permanente de que el hombre uniformado se debe estar preguntando a su vez, ¿cuál será la tendencia del Instituto, será conveniente para el futuro de mi carrera, o, tal vez, se estarán observando y calificando los servicios de inteligencia del Instituto?

En nuestro país, una connotada lideresa del Partido Aprista Peruano, la Dra. Mercedes Cabanillas Bustamante, se pronuncia porque en el Perú al igual que la gran mayoría de naciones latinoamericanas, se padeció la secuela de un militarismo antidemocrático; y que, no obstante ello, los militares y policías como el resto de ciudadanos nunca han vivido al margen de la realidad, ni han permanecido ajenos a sus contradicciones.  Agrega de que no podemos ignorar de que aquellos tienen conciencia de pertenencia a capas sociales, aunque no le expresen políticamente.  Sigue en su postulado considerando de que el derecho al voto de los militares y policías no quiebra la formación en ellos, ni pone en riesgo la propia institucionalidad militar ni la democracia.  Funda su posición en base a la Declaración Universal de Derechos Humanos y amparado por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, instrumentos internacionales obligatorios para el Perú.  Bastará estas afirmaciones, fundamentaciones, cuando otro es el vivir en dependencia militar, cuartel, base o unidad operativa; en donde ya no solo se debe tomar el tiempo necesario para cumplir la tarea encomendada, sino que ahora también, se debe pensar y meditar en un ámbito que de por si le es ajeno al militar o policía y que no tiene ninguna experiencia en sistemas horizontales, sino en la verticalidad de su propia organización.

Por todo ello, con el respeto que me merecen, la reforma de la Constitución, las normas legales expedidas en forma reglamentaria, las discrepancias y muy ilustradas o ponderadas opiniones, emito mi parecer de abogado-militar, porque a la luz de esta experiencia o experimento, el Perú tendrá un resultado que por el bien de la Nación, debe ser saludable de una u otra forma.

En conclusión, me permito enfatizar –y esta es mi opinión- de que nuestro país no debe convocar a los militares y policías en situación de actividad para que participen del ejercicio de un derecho que a todas luces debe estar solo reservado para los ciudadanos civiles, por la naturaleza de su función dentro del panorama nacional, dejando a salvaguarda su valía como miembros del Sector Defensa e integrantes de las Instituciones tutelares de la República.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

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