UNA JUSTICIA DE PERROS RABIOSOS
Por: Marcelo Larrea para Adital
La Corte Suprema de Justicia, se debate ahora en la mayor crisis, con sus magistrados envueltos en escándalos de corrupción, enriquecimiento ilícito, compra venta de sentencias, ejercicio ilegal de sus funciones, tráfico de influencias, actuaciones a las órdenes de los partidos políticos. Para mayor degradación en este contexto los magistrados del alto tribunal, se proponen instituir un sistema de auto-juzgamiento.
Quito-Ecuador. Adital. Marcelo Larrea*.- Ecuador está estremecido por la emergencia a la escena pública de una cadena de escándalos de corrupción en la Corte Suprema de Justicia.
La crisis apareció cuando el diputado León Febres Cordero, ex – Presidente de la República, presionó al Presidente de la Corte, Armando Bermeo, para que dicte una orden de prisión en contra del ex –Jefe de Estado Gustavo Noboa, a quien había declarado que lo perseguiría como “perro rabioso”. Luego de una primera negativa, Bermeo amenazado por las presiones políticas que anunciaron su enjuiciamiento por actos de corrupción en la adquisición de un edificio para la Corte y su destitución, transfirió el caso a una Sala de lo Penal, dominada por el partido socialcristiano de Febres Cordero, que ordenó la detención de Noboa.
Más allá de los méritos procesales suficientes, para que Noboa sea procesado, el caso expuso cómo la justicia está sometida a los sentidos caninos de Febres Cordero y no al derecho y al debido proceso.
Inmediatamente, aparecieron denuncias que exponen la hedionda descomposición de la Corte Suprema. Magistrados millonarios en dólares que no pagan impuestos y no han declarado sus bienes y que hoy, cuando lo han realizado, mantienen la información como reservada. Compra y venta de sentencias, que hasta la fecha han sido encubiertas por la Corte y el Consejo de la Judicatura. Y el ejercicio ilegal de funciones paralelas públicas y privadas.
Pero éstos hechos de por sí censurables, sólo son las manifestaciones epidérmicas de la descomposición de la justicia en su conjunto, instituida por una Resolución ilegal del Congreso, que en abierta violación de la Constitución y del pronunciamiento de la Consulta Popular de 1997, cesó a la Corte Suprema precedente, sin motivación jurídica alguna y designó a los actuales magistrados.
Ese acto estuvo dirigido a castigar al entonces Presidente de la Corte, Carlos Solórzano, quien en 1995 ordenó la detención del Vicepresidente Dahik, en un juicio penal por el manejo ilegal de fondos públicos, cuando la partidocracia en su enjuiciamiento político en el Congreso, había resuelto lavarse las manos y no absolverlo ni censurarlo. La intolerancia con una Corte que iba acumulando actuaciones independientes, estalló cuando, Solórzano, intervino en contra del salvataje del Banco Continental que ocasionó un perjuicio al Estado de cientos de millones de dólares y ordenó la prisión de las autoridades de la Junta Monetaria y el Banco Central, los instrumentos claves a través de los cuales el Fondo Monetario Internacional gobierna la economía ecuatoriana.
La actual Corte ha sido un instrumento clave para la ejecución del salvataje generalizado de los banqueros, que se beneficiaron de créditos ilegales del Banco Central por 2.000 millones de dólares, por el congelamiento de los depósitos e inversiones de millones de ciudadanos a su favor y por la entrega del mercado de divisas a su control que condujo a la destrucción de la soberanía monetaria del país, a la devaluación vertiginosa del Sucre y su sustitución por el dólar. La justicia desapareció y la Corte ha funcionado como un órgano de encubrimiento de una cadena de delitos que le han producido pérdidas al país por más de 9.000 millones de dólares, la migración de cientos de miles de ecuatorianos e incluso el suicidio de decenas y decenas de personas que perdieron todos sus ahorros.
A estos delitos de la Corte, se suma la abolición de la gratuidad de la justicia, ejecutada en su gestión y ahora entre otros crímenes, su pretensión de crear un procedimiento para auto-juzgarse y auto-sancionarse, lo que atenta contra el principio esencial del derecho universal que establece la independencia y separación absoluta del juez respecto del juzgado.
* Marcelo Larrea, es director de la revista “el Sucre”.