"Cuando no recordamos lo que nos pasa/ nos puede suceder la misma cosa./
Son esas mismas cosas que nos matan la memoria/ nos queman las ideas/ nos quitan las palabras./
Si la historia la escriben los que ganan/ eso quiere decir que hay otra historia/ la verdadera historia/
quien quiera oír, que oiga".
Lito Nebbia, cantor argentino.
Enviamos la presente denuncia, que hace relación al nombramiento que la empresa petrolera española REPSOL hiciera como Gerente de Seguridad de la misma, al General de Policía Paco Urrutia, uno de los principales jefes de la Policía secreta ecuatoriana (el SIC-10), denunciado por delitos de lesa humanidad y graves violaciones a los derechos humanos cometidos durante el Gobierno del Ing. León Febres Cordero (1984 a 1988).
APDH del Ecuador
REPSOL DESIGNA A GRAL. PACO URRUTIA GERENTE DE SEGURIDAD EN ECUADOR
Alexis Ponce, Vocero nacional de la APDH del Ecuador
Quito, octubre 23 de 2003
OFICIO No. 5523-APDH-03
Señor Ingeniero
Carlos Arnao
GERENTE DE LA EMPRESA REPSOL YFP EN ECUADOR
Presente
"La impunidad sigue vigente en tanto y en cuanto los autores y sectores que participaron en su gestación y desarrollo, o que contribuyeron a su permanencia, continúan ejerciendo directa o indirectamente el poder social, mediático, policial, judicial o político, porque esto les permite protegerse de cualquier intento investigador y continuar desarrollando su actividad ilícita, incompatible con la defensa de los derechos elementales sobre los que se basa una democracia".
Juez español Baltasar Garzón.-
Introducción:La Asamblea Permanente de Derechos Humanos, APDH del Ecuador ha accedido a una copia de un correo electrónico de la empresa petrolera española REPSOL YFP, que lleva por título “Incorporación”, dirigido a Ecuador Repsol YFP por “Ecuador Comunicación Interna”, en el que reseña un mensaje del área de Recursos Humanos de su empresa asentada en nuestro país, donde notifica que: “El lunes 11 de agosto/2003, se incorpora al General (r) Paco Eduardo Urrutia como Gerente de Seguridad Física, reportando de forma directa al Country Manager”.
Añade el mensaje de la Empresa : “El Sr. Urrutia tiene una dilatada experiencia profesional, habiendo alcanzado los más altos puestos en la Policía Nacional, recibiendo numerosas condecoraciones a lo largo de su carrera. Tendrá bajo su responsabilidad el establecer los lineamientos y el coordinar las distintas actuaciones en materia de seguridad física a nivel país”, y concluye: “Le damos una cordial bienvenida. Saludos, RRHH Ecuador”.
Con estas consideraciones, solicitamos a su empresa en Ecuador que se sirvan certificar por escrito el contrato y nombramiento del Sr. General de Policía en servicio pasivo, Paco Urrutia, como Gerente de Seguridad Física de REPSOL YFP en Ecuador, a la vez que nos permitimos expresarles las siguientes informaciones y reparos que deben ser conocidas por su empresa, el Gobierno español y la opinión pública de España:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS Y SOLICITUD DE EXPLICACIONES:
1) Independientemente de que toda empresa, privada o pública, está en el derecho de contratar a quien le plazca para desempeñar las funciones que desee, existen limitaciones de carácter ético y legal que las empresas privadas y públicas deben autoimponerse a la hora de contratar o nombrar su personal. En el presente caso, REPSOL YFP debe establecer los límites que, en materia de derechos humanos, la normativa de su país de origen, España, le obliga a guardar para la contratación de su personal en cualquier parte del mundo; y, más aún, los criterios éticos que la normativa internacional de derechos humanos invoca a las empresas privadas, entre ellas las empresas transnacionales petroleras.
2) Para el caso que nos ocupa, REPSOL no puede aducir como prioridad la “libertad de contratación privada” por encima de principios éticos y jurídicos que su nación de origen, el país del “juez transnacional” Baltasar Garzón, ha incorporado a su legislación, y los pactos, convenios e instrumentos internacionales que ha suscrito o ratificado, especialmente la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos y, sobre todo, el Estatuto de Roma (Corte Penal Internacional), a la hora de imponer a sus súbditos el respeto y la promoción de los derechos humanos.
3) No es materia de este documento exponer el presunto rosario de anomalías a los derechos sociales, económicos y ambientales que la Empresa asentada en varios países de América Latina supuestamente ha cometido, sino provocar un espacio de debate y denuncia de la situación de los derechos humanos en España, Ecuador y la comunidad internacional, y exponer a la empresa REPSOL los siguientes hechos:
4) ¿Puede una empresa privada o pública, local o transnacional, contratar los servicios de un ciudadano denunciado en el pasado (1996-1997) por presuntas violaciones a los derechos humanos y “crímenes de lesa humanidad” (tortura sistemática y ejecuciones extrajudiciales, por ejemplo), contraviniendo así principios que en materia de DDHH han suscrito y ratificado España y nuestro país?
5) ¿Puede REPSOL YFP y su representación subsidiaria en Ecuador contratar para Gerente de Seguridad “a nivel de todo el país”, a un alto Oficial de Policía que fuera denunciado por los familiares del ciudadano ecuatoriano Ricardo Merino, como autor material de la ejecución de este joven en 1987, mientras se hallaba desarmado y dormido en una casa en Cuenca, como denunciara el ex-policía subalterno del General Urrutia, el agente Hugo España Torres en el libro "El Testigo" publicado en agosto de 1997, en el documental televisado por el Canal Ecuavisa el 2 de septiembre del mismo año y en la prensa nacional durante el período agosto a noviembre de 1997?
¿Puede REPSOL YFP nombrar al General Paco Urrutia Gerente de Seguridad Física de toda su empresa, sin sopesar los graves precedentes que en materia jurídica y ética de derechos humanos estaría inscribiendo no solamente para Ecuador, sino para otros países de América Latina, donde opera su empresa?
6) REPSOL puede argüir que no conocía el pasado o las denuncias en contra de Urrutia, de quien, empero, en el mensaje electrónico en mención destaca que “tiene una dilatada experiencia profesional, habiendo alcanzado los más altos puestos en la Policía Nacional, recibiendo numerosas condecoraciones a lo largo de su carrera”.
7) Por ello, bien vale la pena informar a REPSOL y sus representantes en Ecuador, los siguientes datos históricos, puesto que su empresa, según el correo en refernecia, ya hasta le dio la "cordial bienvenida" a Paco Urrutia en el mensaje electrónico citado.
SINTESIS HISTORICA / CASO GENERAL PACO URRUTIA:
a) En 1997 a solicitud del senador chileno Jaime Naranjo Ortiz y por pedido expreso de la Asamblea Permanente de Derechso Humanos APDH, el entonces canciller del Ecuador (y ex-Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos), Dr. José Ayala Lasso, por instrucción del presidente de la República, Dr. Fabián Alarcón, ordenó el retiro del Coronel Paco Eduardo Urrutia Ortega, del cargo de "Agregado Policial" de la embajada ecuatoriana en Santiago de Chile y “su inmediato retorno al país”, por los antecedentes del Oficial en casos de violación a los derechos humanos, derivados de la acusación interpuesta por los familiares del ya citado Sr. Ricardo Merino Serrano y de las denuncias de su ex-subalterno en la Policía secreta ecuatoriana, el SIC-10, el mencionado agente Hugo España Torres, testigo clave del caso de tortura, asesinato y desaparición de los hermanos Restrepo Arismendy. La resolución oficial tomada por el Gobierno ecuatoriano de la época le fue informada a la APDH por el Subsecretario Administrativo del Ministerio de RREE de la época, Dr. Patricio Palacios, mediante Oficio No. 4840-3 SA-MRE.
b) Luego de esa orden gubernamental, Urrutia retornó al país pero la Comandancia de la Policía impuso al poder civil su tradicional política de "enroque": No procedió a separar al oficial Urrutia o a determinarle funciones que no tuvieran que ver con la seguridad pública, sino que lo nombró jefe de la entonces recientemente creada CICC (Coordinación de Inteligencia y Control Conjunto), que los defensores de DDHH denunciaron y lograron objetar con éxito.
c) Paco Urrutia pasó entonces a dirigir el Comando de Policía de Guayas, en un contexto en el que aumentaron los casos de abuso policial, llegando a “batir récord” durante la declaración de los Estados de Emergencia en esa provincia, entre cuyos casos destacó el de agresión a bala al editorialista de Diario “Hoy”, Sr. Joaquín Hernández Alvarado. Durante la permanencia del Sr. Urrutia como jefe policial del Guayas, extrañamente en la ciudad porteña aparecieron listas anónimas con los nombres de presuntos delincuentes a ser eliminados, y se hizo cotidiano el aparecimiento de cadáveres N.N. (“ningún nombre”) en la vía Perimetral, crímenes sin investigación policial ni sanción judicial, de los cuales se responsabilizó en varias ocasiones a escuadrones de la muerte, en casos que el Sr. Urrutia calificó pública y superficialmente de “vendettas entre delincuentes”.
d) Lo ocurrido en Argentina y Chile a ciudadanos denunciados o acusados de violaciones de DDHH, permitió a varios defensores de DDHH ecuatorianos insistir en el tema, pues algunos de los principales oficiales denunciados de haber participado en el grupo de exterminio anti-subversivo SIC-10, se hallaban en la plaza policial más fuerte, Quito, entre 1998 y 2000. Entre ellos: los oficiales Paco Urrutia, Edgar Vaca y Wilson Alulema, denunciados en el libro "El Testigo" por su ex-compañero Hugo España, quien incluso reconoció las “casas de seguridad” del SIC-10 en Cuenca, Guayaquil y “La Casa de Irene” en Quito, que era como denominaban, “musicalmente”, al principal centro de inteligencia y tortura en el país durante la década de los ochenta.
e) El oficial Alulema había salido de la jefatura de la policial Oficina de Investigación del Delito, OID de Manabí, en ese período, luego de las inculpaciones judiciales en el caso Pedro Baque (caso de ejecución extrajudicial de dos personas e intento de asesinato del testigo sobreviviente, Sr. Pedro Baque, denuncia reconocida en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH-OEA). Fue trasladado a la CICC y a la Dirección de Inteligencia de la Policía en Quito. En tanto, el oficial Edgar Vaca, ex-jefe de la Dirección Nacional de Investigaciones y denunciado como uno de los jefes del SIC-10 en la década de los ochenta, cuando gobernaba el país el Ing. León Febres Cordero, actuó de Director de Educación y hasta conferencista de DDHH de la Policía Nacional, y pasó a prestar funciones en la Comandancia General, es decir la cúpula policial. Finalmente, Urrutia pasó a la Dirección Nacional de Inteligencia.
f) Durante el mandato del Dr. Gustavo Noboa Bejarano, a pesar de los insistentes reclamos y advertencias de los defensores de DDHH que le exhortamos respetar las leyes nacionales e instrumentos internacionales en materia de DDHH, Paco Urrutia y Edgar Vaca, los oficiales más cuestionados en una década, fueron ascendidos a Generales, pasando Urrutia a ser Director de la Jefatura Nacional de Inteligencia y Vaca Director del ISSPOL.
g) Finalmente, a poco de instalarse el gobierno del Ing. Lucio Gutiérrez y ocupar altas funciones de Estado su cohorte de ex-Oficiales de Policía y de FFAA, Edgar Vaca fue "premiado" por el Sr. Presidente Gutiérrez, a pesar de los nuevos reclamos de los defensores de DDHH. Se le designó Comandante General de la Policía, en tanto que Paco Urrutia quedaba como uno de los tres jefes máximos de la cúpula policial, preparándose para un proable y futuro cargo de Comandante General. Ambos oficiales salieron por disposición presidencial meses después, en medio de la falta de transparencia informativa y del ocultamiento, hasta hoy, de las verdaderas causas de su separación.
h) Ahora bien: hay sectores que sostienen que el Coronel (r) de P.N., Napoleón Villa, cuñado del presidente Gutiérrez, privilegiaría “favores” a las empresas de seguridad privadas manejadas por varios ex-oficiales de la Policía Nacional y del Ejército, como serían los casos de las empresas: LAAR Seguridad, PARACHUTES (hoy DENEF), POLIDOS y AS.
Al colocar los contratos de resguardo de seguridad para ministerios y empresas más poderosas del Estado en manos de esas empresas privadas de seguridad, estarían dándoles a las mismas el control conexo de aproximadamente cuatro mil a siete mil guardias, según cálculos conservadores, lo que provoca más de un resquemor ciudadano por las implicaciones graves de paramilitarización creciente del país.
i) En tal sentido, estamos demandando del Presidente Gutiérrez y su cuñado el General (r) Napoleón Villa, que observen y respeten el principio legal de que el monopolio de la Fuerza pública debe estar únicamente en manos del Estado y sus organismos, y no de círculos privados, aún cuando presuntamente sean cercanos amigos o aliados del círculo de poder.
EXHORTACION:
8) Ahora que hemos sido informados que el Sr. Paco Urrutia ha sido nombrado por la empresa REPSOL YFP, Gerente de Seguridad para todo el territorio nacional, donde -según ha trascendido- podría aplicarse el concepto de “mano dura” en el control de los conflictos sociales que podría desatar la empresa en poblaciones de las áreas de concesiones petroleras, es dable rememorar estas denuncias que en el pasado existen contra el General (r) Paco Urrutia, a fin de que la empresa REPSOL, en sujeción a principios internacionales claramente establecidos en materia de DDHH suscritos por España, así como a la normativa constitucional de su país de origen, España, cuanto del Ecuador, país donde opera su subsidiaria, se abstenga de ese nombramiento y proceda a su separación inmediata.
Del particular informaremos a la Embajada de España en Ecuador, al Gobierno y Parlamento en Madrid, al juez Baltasar Garzón, a los organismos internacionales de DDHH y sociedad civil.
Gracias por su respuesta y colaboración.
Atentamente,
Alexis Ponce
VOCERO APDH DEL ECUADOR
Fuente:
Archivo de la APDH del Ecuador.
Con copia:
- Sr. Dr. Baltasar Garzón, Magistrado Juez de la Audiencia Nacional de, España. Madrid (e-mail personal)
- Organizaciones Españolas e Internacionales de DDHH.
- APDH-E (Asociación Pro-Derechos Humanos de España).
- Equipo Nizkor de DDHH España.
- Secretaría Ejecutiva de la CIDH-OEA.
- Parlamentarios de la Unión Europea.
- Embajadas de Unión Europea en Ecuador.
Anexos:
- Libro "El Testigo", agente de policía Hugo España Torres.
- Copia del video "Nunca Más" del 2 de Sptbre. de 1996, televisado por el Canal Ecuavisa de Ecuador.
- Copias de archivo de prensa de la época.
- Denuncia interpuesta por la familia del Sr. Ricardo Merino.
Extracto de Ponencia de Dr. Baltasar Garzón: "JUSTICIA PENAL INTERNACIONAL, DDHH Y TERRORISMO".
"Como crisol de todos los valores supremos del ser humano -tanto en el campo ético como político, económico o doctrinal-, la democracia alcanza su verdadero sentido en la medida que garantiza y protege aquellos derechos porque permite una mejor identificación de los violadores de los mismos y la persecución y castigo de los culpables. Esta democracia es incompatible con la impunidad porque la erradicación de ésta es la mejor defensa que puede tener aquélla. La impunidad es la herencia negativa de la sociedad, que deja una marca en la conciencia individual y colectiva de un pueblo o de una sociedad determinada coartándoles la hora de dar respuesta a los problemas que las afectan. En definitiva, la impunidad, sea cual fuere su origen, altera la historia y produce consecuencias sobre la familia y el propio entorno social en el que se desarrolla, aparte de deformar el conocimiento crítico de lo cotidiano, de la información o la participación política. Es decir, hay una especie de vacío que no se llena con meras reflexiones teóricas sino con una actitud crítica y una acción beligerante frente a aquélla. La inactividad es caldo de cultivo para que esa impunidad crezca y hunda sus raíces en un terreno abonado por aquellos que generaron sus causas".
Dr. Baltasar Gazón, discurso en la Universidad Nacional de La Plata, Argentina. Comisión Provincial por la Memoria, Argentina.