Héctor de Mauléon
Acteal, Chiapas
a
matanza de Acteal se pudo haber evitado. Pero nadie quiso
impedirla”. El 22 de diciembre de 1997, horas antes de
que comenzara el ataque, tres personas que en la comunidad de
Quextic habían presenciado los preparativos de la agresión,
lograron llegar a la ermita donde 250 desplazados iniciaban
una jornada de oración y ayuno, y comunicaron al catequista
Alonso Vázquez Gómez lo que se avecinaba. Pero el
catequista de la Diócesis de San Cristóbal sólo se
encogió de hombros. Les dijo:
—Que sea lo que Dios quiera.
Y después entró en la ermita para
continuar la oración. Así firmó la sentencia de muerte de
45 miembros de su rebaño. Y también, la suya propia:
—Fue de los primeros en caer—,
dice, a tres años de la masacre, el indígena tzotzil
Mariano Pérez Cura.
Construida con sucios tablones de
madera, que presentan las huellas de al menos una docena de
impactos, la ermita de Acteal permanece cerrada con candado
desde hace tres años. “Ya no queremos rezar
aquí”, dice Pérez Cura.
Después, relata:
—Aquí estábamos cuando entraron.
Llegaron disparando, divididos en tres grupos. Todos llevaban
traje de Seguridad Pública, eran 100 ó 150... No sé.
Quedé borracho por el miedo, bolo por el miedo. No sabía si
era sábado o domingo, tenía temblor, calentura y
enfermedad.
Frente a las barrancas que se precipitan
justo detrás de la ermita abandonada, Pérez Cura muestra al
reportero el sitio donde hace tres años, confundido entre
los muertos, logró sobrevivir a la masacre. Con un temblor
en los labios, recuerda:
—Cuando comenzaron los disparos,
hombres y mujeres salieron corriendo hacia el arroyo.
Querían esconderse. Pero los otros ya los habían rodeado,
tenían cercado el campamento. Los niños lloraban y ellos
los oyeron, oyeron dónde estaba la gente, vieron donde
estaba la gente, y le dispararon de cerca. Yo estaba ahí, en
medio de donde murieron los 45, viendo de dónde viene,
quién era el que disparaba... A las cinco de la tarde
gritaron, chiflaron, y cada grupo supo dónde estaba el otro:
unos por la ermita, otros por la carretera... Se fueron más
tarde.
—Seguían sonando los disparos
cuando llegaron los de Seguridad Pública: pasaron, en un
camión, por arriba del campamento —relata otro de los
sobrevivientes, Manuel Pérez Pérez—. Yo les avisé:
“Aquí hay tiros. Nos están matando”. Pero ellos
dijeron: “No tenemos derecho de ir a ver. Ai que
se maten entre ellos”.
Tres años después, los desplazados de
Acteal siguen teniendo una certeza: fueron masacrados por
paramilitares pagados por el gobierno. “El gobierno lo
preparó todo. No quiere que nos organicemos, no quiere que
haya organizaciones, quiere que toda la vida sigamos siendo
priistas”, dice Pérez Pérez.
Hoy, en este campamento habitado por 785
desplazados, casi nada ha cambiado. La miseria se sigue
respirando. Está en los niños que corren entre el lodo y en
los hombres que tosen en las casuchas de lámina y madera. La
humedad y el frío hinchan los tablones de las casas.
—La Cruz Roja nos da despensas cada
15 días –dice Lázaro Arias Gómez, integrante de la
mesa directiva de la organización civil Las Abejas—.
Pero no alcanzan: son cuatro kilos de maíz y dos de frijol
para cada persona. Los niños están desnutridos, nos estamos
muriendo de hambre, pero tenemos que seguir aquí: no hay
condiciones para el retorno.
Agrega el subsecretario de la mesa
directiva:
—Todos los días llegan rumores de
que la matanza viene otra vez, de que los paramilitares
quieren entrar otra vez. Pero las autoridades dicen que hay
tranquilidad, dicen que no debemos preocuparnos. Lo mismo
dijeron en 1997 y por eso tuvimos 45 muertos. El 12 de
noviembre hubo un operativo en Los Chorros, pero no avanzó:
los habitantes de esa comunidad están organizados y
bloquearon las carreteras y golpearon a los ministerios
públicos. Por eso no aparecieron las armas. Pero nosotros
somos testigos de que las tienen, somos testigos de que los
paramilitares siguen armados, y de que sueltan rumores
diciendo que van a regresar para acabarnos.
Atrapados entre el miedo y el hambre,
los desplazados de Acteal pasan los días mirando las nubes
que rozan la punta de las montañas. “Es tiempo de
cosechar café y no podemos ir a cortarlo. Tenemos miedo de
que nos estén esperando, tenemos miedo de que vuelvan a
emboscarnos”, dice Pérez Pérez.
Para Lázaro Arias Gómez, la única
seguridad de los desplazados, “nuestra única esperanza
de vida”, consiste en no olvidar la matanza. Por eso, en
la cañada donde cayeron los cuerpos, siempre hay coronas de
flores. Por eso, quienes vivieron la masacre, no dudan en
recordarla:
“El gobierno sigue sin dar justicia”
—Eran las once y media cuando
entraron, vinieron disparando. Algunos traían pasamontaña y
algunos pañuelo rojo. Algunos traían en la punta del
cañón un pedacito de listón rojo, y otros un pañuelo rojo
amarrado a la mano –relata Manuel Pérez Pérez—.
Todos nos escondimos. Pero a las mujeres las delataron los
niños. Me acuerdo que los niños lloraban y al poco rato se
oía el disparo, veíamos el humo de los fusiles y los
cuerpos tirados de los muertos. Sentí que íbamos a morir
todos, sólo estábamos esperanzados de muerte. Fui el
primero en salir, creí que habían muerto mis familiares,
creí que me iba a esperar la muerte. Ya pasaron tres años.
Pero el gobierno no da justicia, sigue sin dar justicia.
Para los desplazados, el lugar más
importante de Acteal es el panteón donde descansan las
víctimas. Se trata de un cuadrángulo de ladrillo rojo, al
que cada día acude la gente para rezar y encender veladoras.
En una de las paredes cuelgan las fotografías de los
muertos, con sus nombres y fechas de nacimiento. En otra se
exhiben tres cuadros realizados por artistas locales: en uno
de ellos, Samuel Ruiz conforta a las mujeres y les seca las
lágrimas.
—A tres años de distancia seguimos
sin saber qué pasó –dice José Montero, abogado del
Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas.
El abogado tiene razón: aunque la PGR
consignó a 89 personas como responsables de la masacre, pudo
descubrir, sin embargo, que varios testigos “llegaban a
declarar, aleccionados para dar listas de nombres de los
supuestos responsables”. Esa cosecha de odio, que
sirvió para vengar afrentas ancestrales, escondió todavía
más la verdad. Prosigue Montero:
—Los resultados de las
investigaciones son poco satisfactorios. Se ha acreditado que
en la matanza hubo organización, ejecución y presencia de
Seguridad Pública. Pero la PGR sólo llegó hasta ese nivel.
Nunca indagó a los autores intelectuales o responsables
indirectos, nunca rastreó las líneas de apoyo financiero y
político que hicieron posible la masacre. Se sabe que hubo
estructura, mando y apoyo gubernamental. Se sabe que estuvo
involucrado el ejército. Pero esas investigaciones no han
tenido frutos satisfactorios.
Prosigue el abogado:
—¿Quién ordenó a los servidores
públicos vinculados con la masacre no intervenir? ¿Quién
ordenó darles protección a los grupos civiles armados? Si
nadie lo ordenó, la omisión por parte del gobierno de Julio
César Ruiz Ferro representa una responsabilidad de carácter
penal. El gobernador es responsable directo de la matanza.
¿Por qué no se le juzgó? La PGR descubrió que un capitán
del ejército, Germán Parra, devolvió fusiles que les
habían sido decomisados a un grupo de priistas. “Son
amigos”, dijo. La PGR entregó esos datos a la
Procuraduría de Justicia Militar, pero la Procuraduría ha
sido hermética: no ha informado nunca sobre el avance de las
investigaciones. El general Rafael Macedo de la Concha se
limitó a negar sistemáticamente que hubiera mandos del
ejército vinculados con paramilitares. Pero la PGR comprobó
que hubo militares relacionados, demostró que al menos uno
de ellos, Mariano Pérez, entrenaba a los grupos civiles
durante sus vacaciones. De un modo u otro, en Acteal hay
responsabilidad del Estado Mexicano. Mientras no se persiga
esa responsabilidad, la matanza seguirá impune. Sigue hasta
hoy impune. n
