Indicadores Laborales

Menores impuestos o mayor desregulación?

Juan Luis Bour

El deterioro de la situación fiscal en 1999 sin duda parece haber sorprendido al Gobierno, más allá de los aportes extraordinarios provenientes de las privatizaciones, de la reforma impositiva del ’98, y de los ingresos del Fondo de Incentivo Docente. La caída de los ingresos además se proyecta para el año próximo, permitiendo estimar un déficit que sólo en el Gobierno Nacional no sería inferior al 3% del PBI, aún cuando la economía recupere un suave crecimiento. Este panorama es el que habría decidido tanto al Ministerio de Economía, como a los economistas de los dos partidos políticos principales, a evaluar suspender la rebaja de contribuciones patronales que debía tener lugar ya en agosto y completarse hacia fin de año. La coincidencia de intereses proviene del hecho que la "ganancia" fiscal aparecería tanto en 1999 como en el año 2000, pues se descuenta que la rebaja no se volvería a implementar durante algún tiempo.

La marcha atrás en reducir impuestos ha sido evaluada por algunos como una medida inevitable, en la medida que los recursos fiscales son notoriamente escasos durante la recesión. También es cierto que la reducción de los impuestos al trabajo elimina una distorsión en el mercado de factores, que en principio está financiada por la reforma tributaria de 1998. En la medida que algunos elementos de dicha reforma no hayan quedado en pie, puede entenderse el razonamiento de recortar la baja de impuestos a lo que las finanzas permitan. Sin embargo, no hay duda que la suspensión de la rebaja de impuestos tendrá efectos negativos en el corto y largo plazo sobre el mercado de trabajo. Este es el primer punto que discuto a continuación. Pero no es el único. Sucede que es posible compensar en buena medida el negativo efecto de suspender la baja de impuestos, con otras medidas que favorezcan al mercado laboral, y que no tengan costo fiscal. Estas medidas podrían entenderse como una compensación por la (transitoria) marcha atrás, y evitarían la pésima señal que conlleva la imprevisibilidad tributaria.

La Argentina tiene una historia de idas y vueltas en materia tributaria, que en la presente década incluye cambios significativos tanto en materia de aranceles de importación, como de impuestos internos y específicos, y en particular en materia de imposición al trabajo. En este último aspecto recordemos la baja en el ’94, aumentos en el ’95, bajas en el ’96 y aumentos a fines del ’98 (cuando se eliminaron exenciones a los contratos cortos). Recordemos además que en octubre de 1980 las contribuciones patronales se habían reducido 20 puntos, para reemplazarlas por un aumento del IVA, y que 10 años después estaban casi en su nivel anterior. El mensaje en materia de impuestos al trabajo es claro: toda reducción tiene corta vida, pues a la larga, la incapacidad de recaudar por otras vías, o de reducir el gasto, o el lobby sectorial, llevan las tasas a un nivel parecido al del pasado. Por algo resultan importantes en la Argentina los arreglos que establecen la "estabilidad tributaria", como el Código de Minería.

Si el trabajo fuera un factor variable, los cambios en materia tributaria permitirían ajustes más o menos rápidos: los empresarios reducirían en forma casi inmediata el empleo, ajustando la tecnología a los cambios en los precios relativos de los factores (incluyendo los impuestos). No habría efectos apreciables sobre el empleo de largo plazo, pues las empresas ajustarían casi instantáneamente a los cambios en el precio relativo del trabajo. Sin embargo en la medida que el trabajo es un factor relativamente inmóvil o fijo (por costos de indemnización), el ajuste del nivel de empleo sólo se realiza en el margen. El mensaje para las empresas en la Argentina es: si los cambios impositivos son frecuentes, mejor reducir la exposición de la firma a dicha fuente de volatilidad. Mejor entonces reducir la demanda de empleo, al menos en el margen. Ello no sólo afecta el empleo en el corto plazo sino también en el largo plazo, porque se reduce la exposición a un factor volátil, con costos de ajuste. En suma, la volatilidad tributaria, junto con la inflexibilidad, implican un menor nivel de empleo formal. Por supuesto siempre es posible que aumente el empleo informal y la ilegalidad: es precisamente ello lo que parece haber venido ocurriendo en la última década, donde la proporción de "informales" creció desde 27% a 37% del total de asalariados.

Desregulación laboral

Frente al problema fiscal de 1999/2000 (y bastante más allá, es de presumir), es posible compensar el daño que sobre el mercado laboral provocaría la suspensión de la baja de impuestos, por un compromiso que incluya diversas cuestiones:

1. El establecimiento de un compromiso que toda mejora en la recaudación se destinará, al menos en un porcentaje, a reducir las contribuciones patronales, asumiendo que el resto pretenderá reducir el desequilibrio fiscal, incrementando el superávit primario. Dicho compromiso puede extenderse en el tiempo, pero es importante que no resulte vago o de fácil elusión. En lo hechos reemplazaría la Ley de Convertibilidad Fiscal, con un compromiso cierto de asignación de fondos a mejorar las pe